Letras Históricas 26:e7358

Orden político y corrupción en Nueva Galicia: el caso de Santiago de Vera, presidente de la Audiencia de Guadalajara, 1593–1605

 

Political order and corruption in Nueva Galicia: The case of Santiago de Vera, president of the Audiencia of Guadalajara, 1593–1605

 

 

Víctor M. González Esparza

vicmago0421@gmail.com

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Avenida Universidad 940, Ciudad Universitaria, 20100, Aguascalientes

ORCID: 0000-0002-4271-3880

 

Fecha de recepción: 27 de enero del 2022

Fecha de aceptación: 11 de mayo del 2022

DOI: https://doi.org/10.31836/lh.26.7358

 

 

 

 

 

Resumen: Este artículo reflexiona sobre el orden político y la corrupción en Nueva Galicia a través del caso de Santiago de Vera, presidente de la Audiencia de Guadalajara entre 1593 y 1605. Para ello, se presentan nuevas lecturas de las fuentes documentales disponibles, como la visita completa del juez Paz de Vallecillo y las cartas del propio Vera al Consejo de Indias. Con ellas, se analiza el tema, no desde la diferencia entre lo público y lo privado – propia del Estado moderno – sino a partir de la negociación entre las diferentes instancias, especialmente respecto de la preservación de la confianza de la Corona y, en algunos casos, de la población misma.

 

Palabras clave: Audiencia de Guadalajara, corrupción, orden político, monarquía pluricéntrica, Santiago de Vera.

 

 

Abstract: This article offers a reflection on the political order and corruption in Nueva Galicia through the case of Santiago de Vera, president of the Audiencia of Guadalajara between 1593 and 1605. En order to do this, I present new readings of the available textual sources, such as the visit of Judge Paz de Vallecillo and Vera's own letters to the Council of the Indies. Hence, I analyze the subject, not from the difference between the public and the private – typical of the modern Staten – but from the negotiation between the different instances, especially in terms of maintaining the confidence of the Crown and, in some cases, of the population itself.

 

Keywords: Audiencia of Guadalajara, corruption, pluricentric Monarchy, political order, Santiago de Vera.

 

 

 

 

Introducción

 

El tema de la corrupción se ha posicionado en la actualidad como un tema central en la opinión pública de las frágiles democracias latinoamericanas. Sin embargo, no existen suficientes estudios con perspectiva histórica sobre este viejo problema que requiere nuevas respuestas. La mayor parte de los estudios, sobre todo desde la perspectiva ‘estatalista’, es decir, desde el Estado moderno y la división entre lo público y lo privado, han terminado por confundir el tema sobre todo para el Antiguo Régimen. Más aún, especialmente en la historiografía anglo y eurocentrista, se ha terminado por considerar a la corrupción como un tema inamovible propio del mundo hispanoamericano, como parte de la herencia colonial, perdiendo toda perspectiva histórica.

Comprender no significa justificar, sino encontrar los contextos y las condiciones específicas que puedan ayudarnos a explicar un proceso o comportamiento en particular. Por ello, dentro del mundo académico, es necesario conocer la especificidad del Antiguo Régimen y la complejidad de un fenómeno como el de la corrupción con el fin de tener una comprensión histórica de los procesos. Porque en ocasiones, como ocurriera en las comedias de Ruiz de Alarcón, la verdad puede ser sospechosa.

Existen varios debates historiográficos que pueden ayudarnos a comprender de manera más integral el mundo novohispano. El primero tiene que ver con las relaciones entre la monarquía castellana y los diferentes reinos, a partir de la propuesta de John Elliott entre otros, de observar a la monarquía compuesta, no como un poder absoluto, sino más bien plural y fragmentado, lo cual implicó un proceso de constante negociación entre la centralización propuesta desde Felipe II y la multiplicidad de instancias como las audiencias u obispados, proceso que hizo preguntarse a un relevante historiador inglés en dónde residía la autoridad en las Indias (Elliott, 2009; Parry, 1993). Este debate ha permitido pasar de la idea de un Estado absolutista centralizador a otro en donde los actores regionales juegan cada vez más un papel protagonista (Hausser y Pietschmann, 2015; Pietschmann, 1998).

Otro debate tiene que ver directamente con el tema de la corrupción el cual se ha observado en general a partir del tipo ideal del Estado moderno elaborado por Weber entre otros, donde la diferenciación entre lo privado/público ha sido un elemento central para distinguir lo patrimonial de lo moderno. Lo que trajo consigo el imaginario del Estado moderno ha sido la diferenciación tajante entre los recursos públicos de los privados – sociedad política vs. sociedad civil –, de tal manera que la corrupción se interpretó a partir del uso privado de recursos públicos. Esta visión ha permeado los estudios históricos particularmente sobre el mundo iberoamericano, olvidando por ejemplo la peculiar organización política “antes del Leviatán”, como lo sugirió Hespanha (1996, pp. 10–11). Se trata de ir más allá del anacronismo que ha predominado al observar desde el “estatalismo” la organización política del Antiguo Régimen.

Habría que recordar que el orden político establecido por la monarquía castellana en el siglo XVI fue lo más moderno para su época, como lo sugirió Pietschmann, que además fue construido de manera plural y a partir de “una justicia de jueces y no de leyes” (1989, p. 162) por lo que cuando un juez era corrompido, dice Garriga, perdía “la cualidad definitoria de su condición, que es la capacidad de juzgar sin acepción de personas” (2017, p. 26). Por ello quienes comenzaron por estudiar la corrupción como parte constitutiva del sistema político y económico de la monarquía hispana, como el elemento que “engrasaba la maquinaria”, han terminado por reconocer las especificidades históricas y reflexionar sobre diferentes concepciones sobre lo que se entendía por corrupción en el Antiguo Régimen y el Estado nacional (Pietschmann, 2016a; 2016b).

Es importante señalar que cada vez son más los estudios sobre el tema de la corrupción en el Antiguo Régimen, aunque ciertamente en ocasiones se unifican diferentes materias y significados con un mismo nombre. Como lo ha recordado Garriga, en la tradición pre-moderna el concepto de corrupción estaba asociado a un cambio de estado (2017, p. 25). Corromper era un verbo que implicaba un proceso de descomposición, de impureza, tal y como lo registró el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Cobarruvias, donde se señalaba que el verbo podría implicar por ejemplo: “corromper las buenas costumbres [...] corromper los jueces, cohecharlos [...], corromper la doncella, quitarle la flor virginal” al degradar su estado de pureza; “corrupción, pudrimiento”, como la corrupción de los huesos que era una “enfermedad gravísima”; para terminar con “Corruptela, término forense” (De Cobarruvias, 1611, p. 243). Esta última acepción que no refiere Garriga (2017) es importante porque tiene que ver precisamente con la administración de justicia, y en esos términos con la asociación primigenia con el orden político.

En el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (RAE, 1729), la primera referencia al verbo corromper está asociada con “viciar, destruir, depravar y dañar alguna cosa”; también con lo que el Diccionario de De Cobarruvias había acentado; es decir, “con violar la pureza y la virginidad de la doncella”, pero también y ello es relevante con “sobornar o cohechar, o ganar al Juez u otra persona con dádivas” (pp. 621–22). Esta definición incluye también el concepto de corrupción, asociado a “Putrefacción, infección”, así como a la “alteración, destemplanza del vientre”; es decir, a la diarrea. Para agregar finalmente que el término está asociado “metafóricamente [...] al vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, como corrupción de costumbres”. Finalmente, esta misma referencia asocia “Corruptela” a la “mala costumbre, o abuso introducido contra la ley, que no debe alterarse” (RAE, 1729, pp. 621–22).

Lo anterior nos muestra las diferentes concepciones sobre el tema entre lo tradicional y lo moderno al relacionar el verbo corromper con vicio o abuso, pero también a la idea prevaleciente en la monarquía castellana sobre el acto de corromperse vinculada a la justicia de los jueces, al castigo de los excesos cometidos por los servidores del rey, por lo que sí se comprende como un abuso de las leyes, pero vinculadas a lo administración de justicia y no a un código en específico.

Michel Bertrand (2013, pp. 46–62) le dio seguimiento al concepto de corrupción en los diccionarios franceses y muestra cómo las definiciones están relacionadas con una dimensión moral vinculada al desorden, al acto como hemos visto de degenerarse, y que en todo caso surge el vocablo de corrupción conforme se va construyendo la distinción entre las esferas públicas y privadas. Y anota que tanto el verbo como el concepto estarían vinculados al mal gobierno para señalar una mala práctica administrativa. Sin embargo, lo relevante de su análisis es que recomienda ser muy prudentes con un concepto que es cambiante y llevar a cabo un esfuerzo de ‘historización’; es decir, de analizar por ejemplo las instituciones como relaciones de poder, como espacios de negociación, y tratar de evitar los discursos moralizantes, incluso del mismo periodo y abandonar la perspectiva funcionalista que insiste en la dicotomía patrimonialismo/modernidad.

Un aspecto que habría que considerar también es que las instituciones y los agentes de la monarquía hispánica tenían como principal función proteger los intereses del rey, ya que todos eran parte de una gran familia, por lo que cuando los servidores cometían un delito no se les acusaba de corrupción, sino de abusar o de defraudar la confianza del rey a través de la Real Hacienda. Para el siglo XVI, se comenzó a revivir la idea del servicio público vinculado al bien común y en varias cédulas reales, como en la Recopilación de Leyes de Indias se delimitaron las funciones y lo que tenían que evitar por ejemplos los oidores de audiencias, por lo que se trató de frenar abusos para establecer ciertos equilibrios y mecanismos de control en los reinos. Pero quizá la perspectiva más atractiva al respecto es explorar lo que la gente consideraba como buen o mal gobierno y hasta dónde se establecían los límites a los excesos, tanto de la burocracia como de los propietarios (Andújar Castillo y Ponce Leiva, 2017, pp. 11–14).

Este debate ha traído consigo una nueva perspectiva menos ‘estatista’; es decir, menos desde los Estados nacionales centralizados a fin de repensar el poder y la economía en el Antiguo Régimen (Hespanha, 1996). Para el caso hispanoamericano han sido relevantes los estudios sobre la corrupción desde otros referentes más allá de la división entre la normatividad y la realidad o entre la justicia de los jueces y de las leyes, y analizarla a partir de las creencias en común de lo que era justo o no en un momento determinado, así como de las negociaciones entre las diferentes instancias; por ejemplo, entre el Consejo de Indias y las audiencias, entre estas y los obispados e incluso al interior mismo de las audiencias. En el estudio de caso que proponemos sobre Santiago de Vera, presidente de la Audiencia de Guadalajara entre 1593 y 1605, solo el contexto específico puede darnos una perspectiva compleja y una mejor comprensión de los distintos actores involucrados.

 

El caso de Santiago de Vera

 

Santiago de Vera había seguido una larga carrera burocrática en Indias, pero fue especialmente conocido en Nueva Galicia, donde fue nombrado en 1572 oidor de la Audiencia de Guadalajara, mientras fungía como oidor en la Audiencia de Santo Domingo. Llegó a ser alcalde del crimen en Nueva Galicia hasta 1583, año en que fue nombrado capitán general y presidente fundador de la Audiencia de Manila, la cual fue cerrada en 1589, por lo que De Vera regresó como oidor a la Audiencia de México y finalmente fue nombrado presidente de la de Guadalajara entre 1593 y 1605. Así, la mitad de sus años de servicio y quizá los más fructíferos los llevó a cabo en Guadalajara, donde tendría amistad con familias cuyos antepasados también fueron judíos como la de Temiño de Bañuelos. Santiago de Vera había heredado de sus abuelos y bisabuelos maternos la infamia de su origen, cuestión sobre la que lidiaría durante toda su vida (Hillerkuss, 2015, p. 63; Miralles de Imperial, 1950, pp. 564–66). El autor Miralles de Imperial y Gómez narra una primera intervención controvertida del oidor De Vera a favor del presidente Mejía de la Audiencia de Santo Domingo, en contra de la expulsión del arzobispo Carvajal en 1570, y de cómo finalmente De Vera, siendo alcalde de la Cancillería en la Ciudad de México, salió bien librado por su relación con la Santa Inquisición ante el señalamiento de limpieza de sangre entre 1581 y 1583 – cuando sus abuelos maternos habían sido condenados por el Santo Oficio –; en 1584, una cédula del Consejo de su Majestad ordenaba a la Inquisición mexicana sobre el caso De Vera “no se entrometan en esto” (Miralles de Imperial, 1950, pp. 559–63). En este caso como en otros, se ve ya el soporte que Santiago de Vera tendría de Eugenio de Salazar, el poeta, y de los religiosos de la Compañía de Jesús.

Una de las preguntas centrales de quienes han biografiado al doctor Santiago de Vera, ha sido cómo es que salió bien librado de fuertes conflictos con arzobispos, presidentes de audiencia, oidores, entre otros, además de sus problemas ante la Inquisición para mostrar su limpieza de sangre. Para esta carrera de más de 40 años habría que considerar la protección que recibió durante toda su carrera por parte de Eugenio de Salazar a quien De Vera consideraba como primo – probablemente segundo – escritor prolífico y agente imperial relevante en las audiencias americanas, lo cual lo llevó a ser parte del Consejo de Indias (Maldonado, 1995, p. 97). Eugenio de Salazar (1530–1602), tuvo una amplia carrera burocrática en altos cargos desde gobernador en Canarias (1567–1570), oidor de la Audiencia de Santo Domingo (1573–1577), fiscal de la Audiencia de Guatemala (1576–1581), fiscal de la Audiencia de México (1582) y oidor de la misma (1589), se doctoró con cánones en la Universidad de México (1591), y llegó a ser su rector, hasta llegar al Consejo de Indias (1601–1602), por lo que se trata de un personaje importante en la burocracia vireinal. Fue además un autor prolífico y de acuerdo con estudios recientes un poeta innovador. Además del testamento y codicilo de Eugenio de Salazar, el autor Maldonado (1995, pp. 129–36) reproduce una carta dirigida a Santiago de Vera en donde muestra la cercanía con el presidente de la Audiencia y el especial cariño que le tenía a la hija de este, Leonor de Vera Rodríguez, y a su esposo Fernando Altamirano alcalde mayor de Valladolid. Eugenio de Salazar recomendó a Santiago de Vera para ser el primer presidente y gobernador de la Audiencia de Filipinas y lo hizo para que fuera presidente de la Audiencia de Guadalajara; al morir Salazar en 1602, como es de suponerse, la protección a de De Vera comenzó a disminuir (Carriazo, 2017).

Sin embargo, en abril de 1605, Santiago de Vera, al recordar su trayectoria de 40 años continuos al servicio de su majestad, destacaba que contribuyó a la pacificación del reino de acuerdo con lo realizado por el doctor Orozco, y finalmente pidió licencia permanente con goce de sueldo ya que la

 

[...] Posición con que quedo no me da más lugar para el escribir a Vuestra Majestad con más largueza y por las muchas y ordinarias acusaciones [que] me cargan, he determinado de suplicar a su Majestad se me de licencia para me Recoger en mi casa haciéndome mío del salario enteramente de Presidente desta Audiencia.[1]

 

De Vera solicitó así licencia permanente con goce de sueldo de 3 500 pesos al año, la cual no disfrutaría por su muerte el 15 de enero de 1606 (Hillerkuss, 2015, p. 70). Después de su muerte, se llevaría a cabo una visita a la región, realizada por el oidor Paz de Vallecillo, para determinar la veracidad de las acusaciones del alguacil mayor de Guadalajara, Jerónimo Conde.

Santiago de Vera fue conocido por los cronistas Tello y De la Mota Padilla como alguien que “gobernó con toda rectitud [...] y así, en su tiempo, floreció el reino y hubo grande unión entre los vecinos, y entre los tribunales eclesiásticos y seculares” (De la Mota Padilla, 1870, p. 247).[2] Sin embargo, un descubrimiento de Chevalier (1999) comenzó a cambiar la perspectiva sobre quien fuera presidente de la Audiencia de Guadalajara a principios del siglo XVII.

Chevalier llegó a comentar no solo que la hacienda Ciénega de Mata era un “ejemplo notable” de la formación de los latifundios, sino también que el caso de Santiago de Vera era “el ejemplo más impresionante” que podría explicar la manera en que se vinculaban la burocracia y los hombres ricos del norte; es decir, el origen de los grandes latifundios en la Audiencia de Guadalajara. También había referido al carácter patriarcal de estos mecanismos, basados en favorecer a criados y familiares (Chevalier, 1999, pp. 259–61), lo cual relaciona estas historias con el nepotismo y quizá con sus orígenes judíos (Hillerkuss, 2015, p. 63). Chevalier conoció las acusaciones en contra del presidente de la Audiencia hechas por Jerónimo Conde y recomendó el documento a Juan B. Iguínez, el cual lo publicó a principios de los años setenta del siglo pasado (Conde, 1971, pp. 1–29).

Thomas Calvo analizó el caso de Santiago de Vera al estudiar los círculos de poder en Nueva Galicia, un poder que, según el autor, se ejerció con violencia e incluso terror, de tal forma que lo que caracterizaba este dominio era la ausencia de un contra-poder: “el elemento esencial es la ausencia – por lo menos momentánea – de todo contra-poder a nivel de las Indias” (1989, p. 138). Más aún, con base en la acusación de Jerónimo Conde de 1602, señaló que: “ya por 1600 hay algo podrido en el reino de Nueva Galicia” (p. 138).[3] Vale la pena analizar con más detenimiento el documento acusatorio de Jerónimo Conde. Hillerkuss (2015) realizó también una revisión de este documento, al igual que lo habían hecho Chevalier en 1999 y Calvo en 1989, por lo que hay varias correspondencias con mi trabajo. Sin embargo, hay dos aspectos que pueden contribuir a una nueva lectura del caso de Santiago de Vera y ayudar a entender su permanencia en la alta burocracia indiana: la fecha del documento de Jerónimo Conde es de 1602, y no de 1607, porque Conde refiere que no se le dé el documento al protector de Vera, que en ese momento se encontraba en el Consejo de Indias. Desde luego, el papel clave que jugaría Eugenio de Salazar hasta su muerte en 1602 para manetener a De Vera en altos puesto de la administración en Indias.

Este fue alguacil mayor y regidor de la ciudad de Guadalajara del Nuevo Reino de Galicia a principios del siglo XVII. Es importante señalar que su informe contra Santiago de Vera lo envió al rey en 1602, no en 1607, como lo refieren Iguínez y Hillerkuss; es decir, antes que Santiago de Vera dejara la presidencia de la Audiencia en 1605, como lo muestra la lectura misma del documento. Más allá de si se trata de un documento que describe la realidad neogallega, lo que es relevante en este momento es analizar los referentes a los excesos de un funcionario de audiencia; es decir, qué prácticas eran consideradas como un abuso o un exceso a los ojos de los mismos agentes locales.

Varias cuestiones son importantes en la denuncia de Jerónimo Conde. Primero la relación de De Vera con Eugenio de Salazar, oidor del Consejo Real de las Indias (1600–1602), a quien De Vera consideraba primo, por lo que Conde advierte que esta acusación no debiera leerla De Salazar porque temía la represión del presidente de la Audiencia. Este es el segundo punto, el ambiente de intimidación y de violencia que había propiciado De Vera entre los vecinos, según su acusador, sobre todo entre los vecinos más pobres.

En una ciudad de 125 vecinos con alrededor de 3 000 personas en ese momento, comenta Conde, Santiago de Vera tenía 37 deudos y parientes y a su vez los hijos y yernos otros tantos, de tal manera que “es mucha gente de poder y mando” en una ciudad tan corta en donde: “no hay más de ciento y sesenta casas” (1971, p. 8). Habiendo tantos funcionarios “no es posible que todos puedan dar gusto a tanta máquina de jueces” (p. 8). Las acusaciones de tiranía, de maltrato y venganza incluso contra los descendientes de los “conquistadores beneméritos” (p. 8), que habían opinado que el presidente de la Audiencia solo beneficiaba a sus allegados y parientes, tuvieron su ejemplo en el caso de Juan Alonso Guerrero y su esposa, los cuales terminaron siendo desterrados de Nueva Galicia.

Pero el sustento de ese mal gobierno, continuaron las acusaciones de Conde, era el negocio de los ganados que el presidente De Vera había quitado a los vecinos de la ciudad y la región, a favor de un ejercicio patriarcal o patrimonialista del poder. Conde mencionó incluso un trato entre Fernando Altamirano yerno del presidente y Gaspar de Vera sobrino del presidente y alcalde mayor de Teocaltiche, que entre “deudos y parientes y lo tienen atravesado con más de doscientos mil pesos de oro común que entre todos ellos traen el dicho trato” (1971, p. 9).

El problema con los ganados especialmente de los novillos de Altamirano era que habían acabado con los sembradíos de los pueblos de indios, afectando así la alimentación de las comunidades y con ello propiciaron altas tasas de mortalidad de la población. Quien se atrevió a denunciar estos excesos, como el fraile Fernando de León de la orden de los agustinos, fue severamente reprehendido por el presidente, lo cual causó “grandísima lástima” (Conde, 1971, p. 10). Altamirano era el enlace además para traer mercancías de la Ciudad de México, que se vendían en repartimiento forzoso, y enviar novillos y mulas de retorno a dicha ciudad y a los reales de minas como Zacatecas, Fresnillo y Sombrerete en donde tenía tiendas y carnicerías, controlando así el mercado y los precios; además, con un elemento de defraudación, no pagar adecuadamente las alcabalas, que era lo que más le preocupaba al denunciante.

Conde nos ofrece entonces una pauta para el comportamiento de Santiago de Vera: formar una red de poder entre familiares y protegidos que controlaba el negocio de los ganados, incluso a través del abigeato, y de otras mercancías por las que no pagaba las alcabalas, defraudando de esa manera a la Real Hacienda. El mismo Conde explica el mecanismo para el enriquecimiento: “para sacar tantas sumas de hacienda como cada uno saca de dichos cargos [...] llevan fuera del reino a vender a la Nueva España” toda clase de novillos, mulas, puercos, etcétera, así como maíces, chile y trigo, de tal manera que “toda esta tierra y el día de hoy está acabada y destruida por los grandes excesos que este presidente ha hecho y hace con la codicia” (1971, p. 18). Adicionalmente, Conde realiza una comparación que distinguiría a católicos de luteranos, la ambición por el dinero: “que si no son luteranos, no lo pudieran hacer otros por ganar como ganó [se refiere al hijo ilegítimo de Santiago de Vera] tanta suma de dineros que fue y es cosa admirable y de gran espanto” (p. 18). Las acusaciones de Conde serían solo el inicio de una serie de cargos contra el presidente Santiago de Vera, los cuales continuarían incluso después de su muerte por la visita secreta que realizara el oidor Paz de Vallecillo.

 

La visita de Paz de Vallecillo y su sentencia

 

En los primeros años del siglo XVII en la Nueva Galicia, era más importante que la regularización de la tierra el ordenamiento de los ganados, tanto para impedir que invadieran las sementeras como para evitar el abigeato. Dada la escasez de ganados en el reino, el oidor Juan de Paz de Vallecillo, en su visita realizada entre 1606 y 1607 a la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara, tuvo como objetivo castigar a los causantes de ello por lo que esta visita vendría a ahondar en las acusaciones de Jerónimo Conde. Es importante considerar los dos casos en particular que castigaría el visitador Paz de Vallecillo: el de Gaspar de Vera, sobrino del presidente de la Audiencia de Guadalajara, Santiago de Vera, y el de Pedro Mateos, el primer propietario que daría pie al latifundio de Ciénega de Mata en la Nueva Galicia (Calvo, 2000, pp. 33–93).

Thomas Calvo, quien diera a conocer parte del informe de Paz de Vallecillo, comentó que entre 1600 y 1620 existió un esfuerzo de información y reorganización notables al menos para la Nueva Galicia, lo que permitió incluso la reconsideración del gobierno de Felipe III. En particular destacan los trabajos del leal servidor Paz de Vallecicillo, quien fuera funcionario por más de 30 años de la Corona; oidor de la Audiencia de Guadalajara entre 1596 y 1608, y finalmente fiscal del crimen de la Audiencia de México hasta 1626 año en que se jubiló. Su visita “a las partes más pobres” de la Nueva Galicia la realizó entre el 22 de noviembre de 1606 y el 5 de junio de 1607, con la misión especial de remediar algunos excesos entre Teocaltiche-Lagos y Aguascalientes, especialmente el abigeato; es decir, la extracción excesiva e ilegal de vacunos, aunque a través de su visita también pudo fundar pueblos, ampliar los tributarios y tratar de enderezar alguno que otro entuerto (Calvo, 2000, pp. 33–38).

Lo publicado por Calvo, como él mismo lo reconoce, es solo una parte del legajo de más de 800 fojas que integró el oidor, incluso con versiones diferentes sobre el mismo informe; de tal manera que en el expediente hay información más precisa, por ejemplo, sobre los principales acusados que fueron Gaspar de Vera y Pedro Mateos. El primero además de ser sobrino del presidente de la Audiencia Santiago de Vera (Calvo, 1989, p. 137; Conde, 1971, p. 19), fue alcalde mayor de Teocaltiche en estrecha relación con Lagos y Aguascalientes, ya que de hecho pocos años después las tres poblaciones integrarían una misma Alcaldía (Becerra Jiménez, 2008, pp. 229–32). Las acusaciones sobre este personaje por parte de los propios estancieros de la región y recuperadas en la lista de 31 cargos señalados por el visitador Paz de Vallecillo, tuvieron que ver fundamentalmente con las compras de becerros, novillos y maíces en gran cantidad para llevarlos fuera del reino de Nueva Galicia a la Ciudad de México sin pagar alcabalas, además de beneficiar solo a familiares y amigos con sus acciones (Calvo, 2000, pp. 39–40). El licenciado Paz de Vallecillo comentó incluso que la pena sugerida es menor al daño, dado que se trata del sobrino del presidente de la Audiencia de Guadalajara. Esta carta es relevante, ya que no solo describe sino también comenta sus acciones para reorganizar la región, como el de repartir tierras a indios y organizarlos en pueblos, cuidar de sus labranzas que eran tomadas por españoles, recomendar más atención a las minas de San Luis, etcétera.[4]

En la Real Provisión para que Paz de Vallecillo llevara a cabo su visita estaba

 

[...] la querella que dio el capitán Francisco Tavera y consortes vecinos de la villa de Lagos contra Pedro Mateos de Ortega y Diego Mateos su hijo y consortes culpados sobre decir haberles herrado, muerto y sacado sus ganados y hecho y mandado hacer vaqueadas y rehaladas, fuera de tiempo, contra las leyes y ordenanzas. (Calvo, 2000, p. 76)

 

Habiendo hecho las averiguaciones,

 

[...] condenó al dicho Pedro Mateos en cuatro años de destierro de este reino de Galicia, dos precisos y dos voluntarios y en diez mil pesos de oro común: la mitad para la real Cámara y de la otra mitad los cuatrocientos para ciertas obras [...] y los cuatro mil y seiscientos restantes para gastos de justicia. (Calvo, 2000, p. 76)

 

Llama la atención que los historiadores del latifundio de Ciénega de Mata no hallan profundizado en esta sentencia del juez Paz de Vallecillo llevada a cabo a principios de 1607: Alcaide Aguilar (2004, p. 41) menciona por ejemplo que desconoce los motivos por lo que un oidor no reconoce a Pedro Mateos como alférez de Lagos, cuando el motivo era claramente la sentencia de Paz de Vallecillo, y el otro autor de la monografía sobre los Rincón Gallardo menciona la sentencia pero no la analiza (Gómez Serrano, 2016, p. 47). De hecho también se encontraron culpables a Diego Mateos, hijo de Pedro, y a un grupo de abigeos entre españoles, mestizos, mulatos e indios colaboradores del dicho Pedro Mateos, quien inmediatamente presentó apelación a la Audiencia.

En una carta al rey en abril de 1607, Paz de Vallecillo comenta de su visita a “los valles y villas de los Lagos y de Aguascalientes y pueblos de Teocaltiche” por querellas de los vecinos de los Lagos “sobre hurtos de ganados” y así tener la visión de un oidor ya que dicha querella es contra Pedro Mateos “poderoso y rico”, y para el Consejo de Indias “hombre poderoso de aquella tierra”.[5] Dada la dificultad de

 

[...] poder bien claro probarlos los abigeatos que había habido sino mediante los muchos indicios, presunciones y otras conjeturas, no hice la condenación de la ley real de los abigeos, aunque sus muchas transgresiones en estos reinos requieren de su ejecución por el remedio de tantos daños como en esta materia hay.[6]

 

Menciona entonces la condena impuesta de los 10 000 pesos de oro común y cuatro años de destierro, aunque por la apelación pende la condena de la Real Audiencia.

La persecución de la extracción de ganados tenía su explicación en la baja de la existencia y cría de ganados en la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya. El propio Paz de Vallecillo lo explica al comentar que en los contornos de Guadalajara para los años de 1594 y 1595 se habían herrado más de 23 000 becerros, y para el año de 1602 no llegaron a 8 000 “y ahora se entiende no llegan a 5 mil”.[7] Más aún, en los llanos de Lagos y Aguascalientes, se herraban más de 50 000 becerros para luego llegar a poco más de 40 000.[8] Estudiando las causas de ello y analizando las ordenanzas de los ganaderos, Paz de Vallecillo comenta que realizó nuevas ordenanzas que envió a la Real Audiencia y observa que deben también considerarse en la Nueva España, ya que “pareciera que el daño deste Reino es provecho de aquel en cuanto a las sacas de ganados”, por lo que convendría una cédula real para que el virrey y la Real Audiencia miren mucho la disminución de los ganados que es de “tanta importancia para estas repúblicas”, y se aplique la ley real de los abigeos.[9] Además, recomienda algo en particular: que los dueños de estancias de ganados no tengan a su servicio vaqueros “negros mulatos libres” que son los que ayudan más a este daño, sino a indios para su servicio; igualmente que el alcalde de hermandad o Mesta anduviese siempre en estos reinos con fuerza de gente para que procediese contra todo tipo de gente vagabunda.[10]

Referir a la hermandad o Mesta tenía un especial significado, ya que esta instancia fue la encargada de evitar el daño a las sementeras, además de organizar la trashumancia y frenar el robo de los ganados, particularmente a partir de las Ordenanzas de la Mesta de 1574 (Miranda, 1944, p. 5). El testimonio de Paz de Vallecillo muestra la necesidad de que la Mesta interviniera en un momento crítico y de abusos tanto de funcionarios como estancieros, sugiriendo además que dicha institución no se encontraba en funciones en la región, lo cual coincide con otros testimonios sobre el escaso control de la Mesta a los estancieros del septentrión, dado que su conformación era fundamentalmente de propietarios de ganados y tierras (Marín Barriguete, 1996, p. 62).

Por toda la explicación dada y las recomendaciones propuestas, el caso de Gaspar de Vera estuvo relacionado con la extracción de ganados sin pagar alcabalas; es decir, defraudando a la Real Hacienda, no obstante, ser el Alcalde mayor de Teocaltiche. El de Pedro Mateos lo relacionó el licenciado Paz de Vallecillo claramente con el abigeato, con el robo a estancieros y defraudación fiscal. Habría que recordar que el contrabando de un reino a otro era severamente penado por las leyes de Indias, particularmente en momentos de crisis; de igual manera el robo de ganados fue uno de los delitos más castigados, como podemos reconocer en el castigo señalado para Pedro Mateos.

Paz de Vallecillo le dedica un informe especial a Pedro Mateos dirigido al virrey, toda vez que explica cómo este personaje tiene organizado toda una forma de extracción y robo de los ganados especialmente de Lagos y Aguascalientes, para llevarlos por los caminos de Michoacán, San Luis-San Luis de la Paz y León, donde existe especialmente un rodeo y en donde se les ponen diferentes hierros para ser llevados a la Ciudad de México. Incluso describe cómo Pedro Mateos se apoyó en vaqueros negros y mulatos para trasladar los ganados por los diferentes espacios; todo ello con la connivencia de los diferentes funcionarios reales, por lo que solicita al virrey sean nombradas personas que no estén cegados por la codicia y se aplique la ley de los abigeos a fin de que haya menos ladrones y más ganados y labranzas, así como más beneficios a la Real Hacienda vía las alcabalas. De hecho, concluye este informe Paz de Vallecillo comentando que los castigos se impusieron pensando en las alcabalas defraudadas. En febrero de 1608, Paz de Vallecillo volvió a enviar el informe de la visita con todo el recorrido y con todas las copias de la visita mandadas al virrey. Comenta por ejemplo que la estancia y labor de las Peñuelas es de Pedro Mateos y que la villa de Aguascalientes tiene “12 vecinos, sitio frío llano y de buenas tierras, tiene su beneficiado”. [11] En noviembre de 1608, le enviaron a Paz de Vallecillo una real cédula para que deje de escribir directamente al rey y lo haga a través de la Audiencia.[12] En febrero de 1609, Pedro Mateos fue nombrado fiscal o alcalde del crimen en la Audiencia de México y una de sus primeras acciones fue atraer los casos de delincuentes de la Nueva Galicia.[13] Los límites a las acciones de funcionarios y estancieros estaban dados en función de no defraudar la Real Hacienda y con ello la confianza del rey, el gran Pater familias. Por lo que más allá de su sentencia, Mateos fue rehabilitado y al mismo tiempo encargado de administrar justicia en la misma región en que fue condenado

A través de diferentes procedimientos, como el recibir mercedes gracias a los contactos con la burocracia imperial o realizar contratos de compraventa y concentrar las propiedades sin necesariamente poblarlas, Paz de Vallecillo también reconocería el mecanismo por el cual, en un espacio, no obstante de grandes extensiones territoriales, se acaparaban los recursos.

Cuando Paz de Vallecillo se refirió a Pedro Mateos como hombre “poderoso y rico” sabía de lo que hablaba. La relación entre Pedro Mateos y Santiago de Vera ha sido mencionada pero no suficientemente documentada y analizada. De acuerdo con el testimonio de los herederos Rincón Gallardo, Santiago de Vera le otorgó a Mateos no solo un número importante de mercedes de tierras cerca de ojos de agua, sino también: ‘Corridas de Mesteñas’; es decir, corridas de bestias cimarronas que habían pertenecido a otros personajes desde la conquista y colonización del septentrión como Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra y Juan de Saldívar, otorgadas originalmente por Antonio de Mendoza en los años cincuenta del siglo XVI. Se trataba de sitios mercedados, incluidos los ganados supuestamente cimarrones existentes en ellos y que fueron refrendados hacia fines del siglo XVI para Mateos.[14] De las mercedes de Santiago de Vera que terminaron en manos de Pedro Mateos hasta el año de 1605, con base en el propio inventario de los Rincón Gallardo a fines del siglo XVII, se conocen las mencionadas en la Tabla 1. Cabe mencionar que el cuadro de Gómez Serrano y Delgado Aguilar está incompleto, ya que señala que las tierras adquiridas por Pedro Mateos para el año de 1608 eran 30 sitios de ganado mayor, 2 de ganado menor y 60 caballerías (Gómez Serrano y Delgado Aguilar, 2006, p. 61).

 

 

Tabla 1

Mercedes otorgadas por la Audiencia de
Guadalajara hasta 1605 que quedaron en manos de Pedro Mateos

 

Años e Instancia	De ganado mayor	De ganado menor	Caballerías de tierra
1569–1577	4	Sin datos	10
1585–1605 Entregadas por Santiago de Vera	29	2	98
Total hasta 1605	33	2	108

 

Fuente: ARG, caja 2, exp. 2, 1550–1697: Inventario de las Tierras de Ciénega de Mata.

 

Los 33 sitios de ganado mayor mercedados por Santiago de Vera, y que fueron adquiridos directa o indirectamente por Pedro Mateos entre 1585 y 1605, representaron una tercera parte de las haciendas de los Rincón Gallardo y más de 60% de las caballerías de tierra, teniendo como base la Memoria realizada para Francisco Feijoo en junio de 1697.[15] A ellos habría que agregar los cinco sitios de ganado mayor, mercedados también por Santiago de Vera al padre Alonso de López, quien los vendió a Pedro Mateos en 1 000 pesos en julio de 1597 en la villa de Lagos por intermediación de Pedro de Cuéllar – un personaje central en el clan de Santiago de Vera, en especial para el manejo de las carnicerías –, y que confirmaban los sitios y caballerías en el que se establecería propiamente Ciénega de Mata. Estos 38 sitios de ganado mayor ubicados entre los dos caminos que transitarían entre la Ciudad de México, Guanajuato y Zacatecas representaron el origen del latifundio más importante en esta región entre San Felipe, Lagos, Teocaltiche, Aguascalientes y Pinos. Un latifundio que contó con grandes extensiones de pastizales, con ojos de agua en prácticamente cada merced de tierras y estratégicamente posicionado entre los caminos reales para abastecer a las ciudades mineras y a la Ciudad de México.

No obstante, con la sentencia de Paz de Vallecillo del 9 de noviembre de 1607, Pedro Mateos de Ortega recibió del propio virrey Luis de Velasco el nombramiento de alférez mayor de la villa de Lagos, el cual fue rematado en la real almoneda de la Ciudad de México con el apoyo de Francisco Rincón Altamirano – yerno de Mateos –, por lo cual se les ordena a presidente y oidores de la Real Audiencia de Guadalajara, así como al cabildo y regidores de la dicha villa, le “admitan y reciban al uso y ejercicio del dicho oficio de tal alferez mayor de la dicha villa como en este título se declara”.[16] El último día del año de 1609, quizás por respeto a la sentencia de que pasara al menos dos años en el exilio del reino, tomó posesión del cargo y un testigo reconoció en Pedro Mateos que “siempre lo ha tenido y tiene por hombre honrado y en quien concurren las calidades de derecho necesarias para el tal oficio”.[17] Sin embargo, este cambio en la posición de Mateos por la llegada del nuevo virrey: de ser acusado a pasar a ser acusador, no obstante la insistencia del cabildo de que se cumplieran todas las formalidades del nombramiento, como la de solicitar la aprobación del rey que no había llegado y el que un oidor – probablemente conocedor de la sentencia de Paz de Vallecillo en 1607 – se abstuviera de ratificar su nombramiento; todo ello tenía que ver con el cargo y castigo de los más costosos en ese momento, realizado por Paz de Vallecillo en su visita a la región contra Pedro Mateos.

 

¿Quién fue Santiago de Vera?

 

El hallazgo de nueva documentación ha permitido dudar de la verdad hasta ahora contada. Se trata de las cuentas en la construcción del hospital San Miguel en Guadalajara bajo la administración del cabildo eclesiástico, las cuales por reales cédulas en 1600 y 1604 fueron dichas cuentas encargadas al presidente de la Audiencia de Guadalajara: Santiago de Vera. Después de varios intentos frustrados por el retraso en la entrega de la información solicitada, el auditor Diego Nieto Maldonado puesto por Santiago de Vera, llegó a una primera conclusión de que faltaron por comprobar más de 53 000 pesos – 53 729 pesos y 7 tomines para ser exactos – de un total de 84 718 pesos, 2 tomines y 10 gramos de oro común en los ingresos sacados de los diezmos para dicha construcción.

El proceso no llegó a concluirse quizá por la intervención del obispo De la Mota y Escobar, quien renovó la administración del hospital y amplió sus servicios a toda la población. Sin embargo, de acuerdo con Thomas Hillerkuss y Esparza Álvarez (2019, p. 42), el conflicto tuvo como víctima al presidente Santiago de Vera, quien habría denunciado el fraude en la construcción del hospital.

Pero, ¿qué podemos agregar sobre Santiago de Vera? A través de la correspondencia de la Audiencia con el rey, trataré de perfilar a este alto funcionario de la Corona. En una consulta de 1583 para definir al presidente de la Audiencia de Filipinas, el Consejo de Indias menciona que el doctor Santiago de Vera había sido muchos años oidor de la Audiencia de Santo Domingo y de Nueva Galicia, así como el alcalde más antiguo de la Audiencia de México, por lo que concluye: “y ha dado buena cuenta de sus cargos y se tiene por hombre querido, buen letrado y suficiente”.[18] Habría que recordar que de la Audiencia de Santo Domingo, Santiago de Vera fue suspendido dos años en el servicio al rey por una cuenta pendiente a resultas de la visita realizada a dicha Audiencia por el licenciado Valdivia, por lo que su toma de posesión como oidor de la Audiencia de Guadalajara de junio de 1572 tuvo que esperar los años de suspensión. También siendo alcalde del crimen de la Ciudad de México tuvo acusaciones en contra, particularmente de los oidores de la primigenia Audiencia de Manila: Pedro de Rojas y Gaspar de Ayala, al grado de que se tuvo que enviar una real cédula a ambos para que tuvieran “gran respecto a vuestra cabeza, pues el dicho presidente – Santiago de Vera – como lo debiérades entender Representa a mi persona”.[19]

El 30 de junio de 1584 reportaba su llegada a las Filipinas.[20] Un año después, solicitó una plaza de oidor en la Audiencia de México, alegando ya cansancio por su edad y atendiendo a su esposa doña Isabel.[21] Desde que se dio a conocer su nombramiento como gobernador y capitán general de Filipinas, se preveía un enfrentamiento con los oidores Melchor de Ávalos y Pedro de Rojas y con el fiscal de la Audiencia de Manila, el licenciado Gaspar de Ayala, por lo que en marzo de 1586, De Vera presentó una amplia querella contra ellos dados los conflictos de jurisdicción, en especial por formar un grupo que solo los favorece en relación con la esclavitud y servicio de los indios, solicitando se les intimase. El fiscal De Ayala informó por su parte que sus acciones fueron para responder a las muchas necesidades de soldados y capitanes, así como de alcaldes y corregidores, que sirven al rey y que requerían ser proveídos.[22]

El 26 de junio de 1586 el propio presidente Santiago de Vera reconocía “la necesidad y pobreza que la gente de guerra pasa por no les haber Vuestra Magestad mandado dar salario ni estipendio alguno lo cual llega a extremo tal que muchos soldados mendigan de en puerta en puerta”, por lo que solicita al menos 25 000 pesos al año con que se pudiera pagar mucha de la gente de guerra.[23] Ello permitiría que se poblase y “cesaran los daños que los soldados hacen y vejaciones a los naturales”.[24] Insistía además que los oidores y el fiscal han desacreditado

 

[...] la facultad y poder que de VM tengo y la autoridad de mi persona [...] se han aunado y confederado los oidores, fiscal y secretario de manera que si eran antes entre sí enemigos se han hecho una masa para medar pesadumbre [...] y pues también tiene entendido VM cuanto importa que las cabezas sean obedecidas y respetadas y los inconvenientes que de lo contrario resultan y que en esta tierra conviene más que en otra por estar tan remota de Vuestra real persona.[25]

 

Al no tener el mando omnímodo y estar dividida la provincia, el riesgo de perderla era mucho; terminó solicitando nuevamente licencia para ir a su plaza de oidor de la Audiencia de la Ciudad de México, de no tenerla, pedía irse a su casa a terminar su vida. Por real cédula nuevamente, de acuerdo con lo solicitado por el presidente De Vera, se les ordenó a los oidores y al fiscal de la Audiencia de Manila le guardaran el respeto debido al gobernador y presidente de la Audiencia y de que no excedieran sus atribuciones.[26]

Con este testimonio podemos darnos cuenta de la fidelidad de Santiago de Vera a las órdenes del rey, de su atención a los límites permitidos y los excesos cometidos por oidores y fiscal en ese momento del gobierno en Filipinas. Santiago de Vera fue respetado en su cargo y autoridad por el Consejo de Indias frente a su conflicto con los oidores de Manila, cosa que no sucedería en el conflicto como veremos con los de Guadalajara.

Su salida de Filipinas se debió finalmente no a que se le concediera solo licencia, sino a que el rey había decidido quitar la Audiencia temporalmente. En una consulta del presidente del Consejo de Indias, comentó que se había decidido efectivamente “se quite por ahora la Audiencia real de las Filipinas y poner gobernador que asista tanto al gobierno como a las cosas de la guerra – a lo que a mi entendimiento mucho ha convenido”.[27] Además, consultaba la opción de que Santiago de Vera regresara como oidor a la Audiencia de México, donde había sido alcalde, “y sería acrecentamiento, y de la visita no resultó cosa notable porque VM se deje de servir de él, solamente fue condenado en mil pesos y que restituyese a los indios ciertas tierras mal habidas”; en contraparte, el fiscal Gaspar de Ayala fue sido suspendido por casar a su hija con alguien del mismo reino.[28]

Esta consulta deja ver que Santiago de Vera salía bien librado de su actuación en Filipinas, no obstante que pagara 1 000 pesos de multa resultado de la visita que le hicieran y que además restituyese tierras “mal habidas” a los indios. Su salida de Filipinas la realizaría a fines de 1589, después de restablecer una buena relación con la Audiencia – incluso permitió al fiscal De Ayala ocupar un solar perteneciente a la Corona para hacer su casa – por lo que se le concedió mantener el salario hasta su llegada a la Ciudad de México. Sin embargo, el siguiente gobernador de Filipinas recibió una real cédula en la que se le ordenaba quitar a la sobrina de Santiago de Vera, Lucrecia de Vera, la encomienda de Amador Arriarán, la cual le había sido otorgada por su tío después de la muerte de Arriarán, ya que no se habían casado. Esta información la había proporcionado el fiscal De Ayala en un informe pormenorizado de todas las actividades en la isla.[29] Todavía tres años después de haber salido de su cargo en Manila, ya como oidor de la Audiencia de México, se le acusaría a Santiago de Vera de la mala construcción de un fuerte en Manila, al mismo tiempo que se le proponía para presidente de la Audiencia de Guadalajara.[30]

Santiago de Vera había ascendido dentro de la burocracia imperial comenzando, como varios oidores, desde la Audiencia de Santo Domingo, pasando por la de Guadalajara, por la de México, por la presidencia de la Audiencia de Manila y finalmente como presidente de la Audiencia de Guadalajara. Había realizado una carrera en Indias de primer nivel, transitado los cambios de rey y de corte, al parecer positivamente, dado el ascenso de su amigo y benefactor Eugenio de Salazar al Consejo de Indias en 1600.

Ese mismo año, como se ha comentado, se le ordenó tomar las cuentas a administradores y personas que habían tenido a su cargo el Hospital de Guadalajara.[31] Dada la resistencia del cabildo eclesiástico por entregar adecuadamente las cuentas, el conflicto escaló a niveles administrativos y en tiempo que el presidente Santiago de Vera ya no pudo ver los resultados de su denuncia (Hillerkuss y Esparza Álvarez, 2019, p. 41). Al recibir la real cédula de mayo de 1600, el presidente De Vera comentó que, a pesar de haber recibido más de 30 000 ducados para su construcción en los últimos 10 años: “El hospital es muy pobre y mal servido y que ni tiene médico ni botica y pocas camas y muy desproveído de las demás cosas, y me manda Vuestra Magestad haga tomar cuenta a los administradores y mayordomos del y que en el dicho hospital se haga buen acojimiento a los pobres”.[32]

El contador Diego Nieto Maldonado fue nombrado por el presidente de la Audiencia para tomar las cuentas sobre el hospital de San Miguel y, después que los administradores de dicho hospital no obedecían la orden de entregar libros y cuentas, finalmente en un primer recuento de la información entregada informó de un descargo de 84 718 pesos, 2 tomines y 10 granos y medio de oro hasta el año de 1599, y 42 399 pesos de gastos ordinarios en la construcción del hospital.[33]

En el mismo año de 1602, un tema que había estado aparentemente superado volvió a resurgir: la guerra a los indios rebeldes de la Nueva Vizcaya. Y con ello, la disputa por los temas de la Guerra y de la Real Hacienda entre el virrey, por una parte, y el gobernador de Nueva Vizcaya y el presidente de la Audiencia de Guadalajara por la otra. El virrey Gaspar de Zúñiga trató de dejar en claro que esos temas de Hacienda y Guerra le correspondían, ya que las gobernaciones, sin reconocer la presidencia de la Audiencia, eran subordinadas y “podría errarse la conservación de la paz sino estuviese reducido todo a una cabeza, y fuera de esto sin permisión del Virrey no puede el Gobernador gastar un Real”.[34]

El estudio de las audiencias y sus diferentes jurisdicciones había señalado a la Audiencia de Guadalajara como subordinada. Sin embargo, a partir del trabajo de Fernando Muro Romero, se puede apreciar la lucha que llevaron a cabo presidentes y oidores de dicha Audiencia para tener mayor autonomía del gobierno virreinal, particularmente en materia de Guerra y Hacienda (Muro Romero, 1975, pp. 203–9). El primer presidente de la Audiencia de Guadalajara, Jerónimo de Orozco (1572–1580), logró que el virrey Martín Enríquez, después de insistentes y esclarecedoras explicaciones, cediera el gobierno en materia de Guerra y Hacienda a la Audiencia, logrando así sentar las bases de lo que sería una nueva estrategia de pacificación en el septentrión, al cuestionar particularmente el nombramiento de soldados y capitanes de guerra desde la Ciudad de México que solo propiciaban la rebelión al esclavizar a los indios como botín de guerra (González Esparza, 2021, pp. 66–75).

 En esta estrategia de defensa a los indios para lograr la pacificación, contribuyó el oidor Diego Santiago de Riego en quien, Orozco confiaría plenamente, hasta su ascenso como fiscal en la Ciudad de México (Hillerkuss, 2018, p. 217). A la muerte de Jerónimo de Orozco, esa misma lucha la mantendrían los oidores incluso en contra del marqués de Villamanrique, quien llegó a amenazar a todo el reino con lo que se llamaría “la pequeña guerra” de Guadalajara (Greenleaf, 1968, pp. 119–35). Este conflicto de jurisdicciones llegó a representar los deseos de autonomía y de buen gobierno en el reino de la Nueva Galicia (Olveda, 2014, 15–50), si bien los conflictos entre el centro y la Audiencia de Guadalajara se mantendrían hasta bien entrado el siglo XVII.

Muestra de este conflicto es una provisión real librada por el doctor Santiago de Vera en 1602, en la que comisionó a Diego Ramírez Barrio, “para hacer entradas entre indios de la Nueva Galicia llevando facultad de administrar justicia y hacer poblaciones entre ellos”.[35] Esta provisión fue integrada al amplio expediente que el virrey Gaspar de Zúñiga mandó al Consejo de Indias para mostrar las diferentes órdenes en materia de Guerra, ya que el virrey había nombrado a otro capitán de guerra. Más aún, la política de pacificación del virrey reestablecía la vieja consiga de que se hiciera la guerra “a fuego y a sangre con mucho rigor” contra los “bárbaros [...] por estar aquella tierra aún no muy asentada ni de Paz – y con – otras naciones no reducidas que me toca cuidar a mi”.[36] Por su parte, el presidente Santiago de Vera insistía en que el capitán Arciniega, capitán de la frontera de Guainamota, junto con los religiosos, mantenían una política de poblamiento antes de guerra, por lo que mandó reconstruir conventos e iglesias en donde los había.[37]

Prueba del conflicto también abierto entre la Audiencia y el virrey fue la suspensión de dos de los principales colaboradores del presidente de la Audiencia. En febrero de 1603, el virrey suspendió al oidor Palma de Mesa y al licenciado Pinedo, fiscal de la Audiencia de Guadalajara, por no contar con licencia del rey para que su hijo e hija respectivamente se casaran, a lo que el presidente Santiago de Vera logró una licencia para poder servir sus oficios hasta fin del año de 1604.[38] La licencia se otorgó con riesgo de perder sus salarios si no obtenían la dispensa real.

Por su parte, el Consejo de Indias mandó solicitar información sobre Diego Nieto Maldonado, contador de cuentas y resultas de la Real Hacienda de las cajas de Guadalajara y Zacatecas, a lo que Santiago de Vera contestó que

 

[...] ha usado en su oficio y en el que se le han encargado su ministerio con mucho cuidado y diligencia, es hombre noble y de mucha confianza, y de quien Vuestra Magestad se podrá servir en cualquier cosa que fuere servido de encargar le será útil a vuestra Real Hacienda y descargará la real conciencia de Vuestra Magestad.[39]

 

Esta carta del presidente de la Audiencia se enviaba por la opinión contraria que el virrey había hecho sobre Nieto Maldonado.

En una carta del 10 de abril de 1603, el presidente de la Audiencia informó al rey que con la llegada del obispo De la Mota y Escobar, quien estuvo fuera recorriendo el reino y “me ha ayudado bien”, las cuentas del hospital se continuaron y con el apoyo del obispo las cuentas pudieron terminarse.[40] Al mismo tiempo, comenta que los indios rebeldes se habían pacificado y que en Guainamota se habían enviado frailes de la Compañía de Jesús en vez de franciscanos, de acuerdo con las órdenes reales. Se dejaron de lado también las órdenes del virrey, lo que muestra una vez más que en materia de Guerra y Hacienda se respetó el trabajo de la Audiencia de Guadalajara. Además, el presidente De Vera aprovechó para comentarle al rey que, “no obstante sus más de cuarenta años de servicio no ha recibido alguna merced en particular”, ya que tiene a su hijo con necesidad “y no tiene con que se poder sustentar conforme a su calidad y servicios”, por lo que le solicita “le mande hacer merced de alguna cosa con que pueda vivir ”.[41]

Para noviembre del mismo año, Santiago de Vera le envió una breve pero significativa carta al rey aclarándole que él no ha “enviado ni suplicado hasta ahora” su jubilación, y que sería premiar contra su voluntad a los que lo han pedido en su nombre el dejar de servirle en esta plaza, a menos que “se haga con el honor con que sus criados suelen dejar de servir y dejándome el salario que con esta plaza me ha mandado dar enteramente”, así como con la “aprobación que he dicho se sirva hacerme merced a mis hijos pues mis méritos y servicios los han merecido”.[42] Esta última carta daba cuenta que, ante la muerte de Eugenio de Salazar a fines de 1602, la presencia de Santiago de Vera en una plaza importante como era la presidencia de la Audiencia de Guadalajara, comenzaba a ser cuestionada desde diferentes instancias, incluso por los oidores mismos.

La siguiente carta del presidente De Vera al rey sería hasta el 10 de abril de 1604, en la que abiertamente comentó que quienes solicitaron su jubilación son los oidores, ya que estos “pretendieron tener la gobernación del Reyno y que con ellos y no solo yo la tuviese”.[43] Comenta de las diferencias y competencias con los oidores, por lo que mandó solicitar una real cédula “para que yo solo la tuviese y mandó a los oidores no se entrometiesen ni me impidiesen en ella”, por lo que la recibieron con disgusto y “muchas veces no me dejan gobernar con libertad”.[44] Un frente más se abría para el presidente De Vera y trató de ejemplificar la pérdida de su autoridad:

 

[...] y así por haber sido este Reyno abundantísimo de ganado vacuno que es el principal sustento de los españoles y naturales, por ser la carne muy barata y por haber sacado para fuera de él grandísisma cantidad de vacas y haberlas muerto y terneras ha venido a tanta disminución que casi no se haya para el abasto de las carnicerías y vale tan cara que los pobres no la pueden comprar ni aprovecharse de ella, y para remediarlo prohibí la matanza de vacas y terneras y por no ser bastante el remedio nombre juez contra los matadores y ladrones que de ordinario las hurtan, y la audiencia me ha ido a la mano diciendo que aunque pueda hacer ordenanzas, no puedo nombrar quen las execute y lo mismo pretenden en otras cosas de gobierno.[45]

 

De Vera solicitó nuevamente al rey: “mande proveer lo que sea servido y particularmente en lo que toca a la matanza de vacas y cría del ganado mayor que si ésta falta, faltará el sustento general y particularmente de pobres”; en los comentarios al margen pidió también que se atendiera lo que dice respecto de la falta de carne, pero que entre tanto no se enviara la cédula real que solicitaba el presidente De Vera contra los oidores.[46]

El 26 de octubre del mismo año de 1604, ante la pregunta del presidente del Consejo de Indias sobre el conflicto de jurisdicciones entre el virrey y la Audiencia, el oidor Paz de Vallecillo comentó que lo tocante a los temas de Hacienda y Guerra le correspondían al virrey, por lo que incluso en ello Vera perdía sus atributos como presidente de la Audiencia.[47]

Los soportes del presidente Santiago de Vera se agotaban y un año después, en abril de 1605, presentaba el expediente de su jubilación. En enero de 1606, Diego Nieto Maldonado, el contador de las cajas reales, informaba de la muerte de Santiago de Vera y de la toma de cuentas del hospital de San Miguel de Guadalajara. Sobre el presidente y gobernador escribió:

 

[...] por su antigüedad y amor con todos causó sentimiento en no pocos; esta tierra está muy delgada y conviene que el que la hubiese de gobernar sea Padre de República y amigo de los pobres con quien se reparta y cumpla lo que Vuestra Magestad tan cristianamente tiene mandado.[48]

 

Sin haber conocido la carta del contador en donde informaba de la muerte del presidente, por cédula real del 27 de marzo de 1606 se le ordenaba todavía a Santiago de Vera que se guardara la costumbre de dar la paz a los oidores.[49] Ese mismo año se realizaría la visita del oidor Paz de Vallecillo, que hemos reseñado previamente. Finalmente, por real cédula del 8 de noviembre de 1608, se le ordenaba al nuevo presidente de la Audiencia de Guadalajara que se hiciera justicia en las demandas puestas por el fiscal y algunos particulares contra los bienes del doctor Santiago de Vera.[50]

Habría que agregar la participación del nuevo virrey Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, quien desde su llegada a la Nueva España en 1605 observó como prioritario limitar la autoridad de presidentes y gobernadores “descompuestos, mal obedecidos y peor opinados”, en particular de la Nueva Galicia en las esferas de Guerra y Hacienda.[51] El virrey marqués de Montesclaros había solicitado incluso la desaparición de la Audiencia de la Nueva Galicia por los pocos trabajos realizados, los costos de tener presidente y oidores, y los excesos cometidos al tener el control de las jurisdicciones de Guerra y Hacienda; de acuerdo con sus indagaciones, la plata estaba “descaminada y diezmada” en la caja de Guadalajara, para lo cual proponía a un gobernador dependiente del virrey con el fin de no tener dos cabezas sobre asuntos tan relevantes y la extinción de la Audiencia de Guadalajara.[52]

 

Reflexiones finales

 

Las acusaciones contra Santiago de Vera desde 1602 por Jerónimo Conde, quizá comenzaron a ser escuchadas tras la muerte de Eugenio de Salazar, protector y pariente lejano del presidente. La visita de Paz de Vallecillo confirmaría los excesos de Santiago de Vera, de sus familiares y allegados, así como también de los mecanismos para formar una de las oligarquías más poderosas en la región.

Los conflictos con el cabildo eclesiástico por las cuentas del hospital de San Miguel; la muerte de su amigo y protector en el Consejo de Indias, Eugenio de Salazar; la disputa con el virrey Gaspar de Zúñiga por los temas de Hacienda y Guerra; la llegada de un nuevo virrey decidido a acabar con los excesos de presidente y oidores en la Nueva Galicia, y finalmente, el conflicto con los oidores al interior de la misma Audiencia, terminaría por dejar solo y literalmente enfermo a Santiago de Vera. Únicamente habría que mencionar que Paz de Vallecillo era uno de los oidores en conflicto con el presidente De Vera y el encargado de llevar a cabo de manera secreta la visita ordenada por el Consejo de Indias para revisar los excesos cometidos por el presidente y sus familiares. No obstante, esta visita logró dar a conocer que muchas de las denuncias de Jerónimo Conde tenían una base de verdad, por más sospechosa que pudiera ser. Y más aún, que la visita de Paz de Vallecillo mostró que existían contra-poderes para limitar los abusos de los funcionarios, sobre todo si se les encontraba que habían defraudado a la Hacienda y patrimonio real. De hecho, la multa impuesta a los condenados por Paz de Vallecillos: Gaspar de Vera y Pedro Mateos, era para compensar dicho fraude a las arcas reales.

Esta manera de enfrentar los abusos y los excesos de algunos funcionarios nos habla de un concepto diferente al de corrupción contemporánea; no se trataba de diferenciar lo público de lo privado propio del Estado moderno, sino de satisfacer la conciencia y la confianza del rey, quien era el gran Pater familias, y sus funcionarios parte de la misma. Gracias a ello, los agentes de la monarquía podían hacer negocios privados como compensación por sus servicios, siempre y cuando no defraudaran el patrimonio real y contaran con el apoyo del Consejo de Indias. En este sentido, los instrumentos de residencia y las visitas contra los excesos o abusos de los funcionarios eran parte de la negociación entre diferentes instancias de la monarquía pluricéntrica. Esto permitió la autonomía relativa y el enriquecimiento de sus servidores y súbditos, como una forma de compensar los servicios y contribuciones prestados a cambio de lealtad al rey.

Es difícil pensar en Santiago de Vera desde la dicotomía de hombre honrado o corrupto, pues sería más comprensible a partir de qué tanto el rey y sus consejeros le habían perdido la confianza de acuerdo con las diferentes informaciones recibidas, particularmente después de la muerte de su protector. Al terminar conflictuado con todas las instancias, desde el virrey hasta los propios oidores de la Audiencia, pasando por el cabildo eclesiástico, Santiago de Vera difícilmente pudo sostenerse a pesar de sus más de 40 años en el servicio. Difícilmente pudo ser el ‘padre de la república’ quien el contador de Hacienda, Nieto Maldonado, recomendó para gobernar la Nueva Galicia.

 

 

 

 

Lista de Referencias

 

 

Archivos

 

AGI – Archivo General de Indias. Sevilla, España.

Consultado en línea a través del Portal Archivos Españoles (PARES): https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html

ARG – Archivo Rincón Gallardo. Aguascalientes, México.

Consultado a través de la digitalización a cargo del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes.

 

 

Fuentes primarias editadas

 

Calvo, T. (Ed.) (2000). La Visita del oidor Juan de Paz de Vallecillo (1606–1607). En J. P. Berthe, T. Calvo, T, y Á. Jiménez Pelayo (Eds.) Sociedades en construcción, la Nueva Galicia según las visitas de oidores (1606–1616) (pp. 33–93). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Hillerkuss, T., y Esparza Álvarez, A. K. Y. (2019). Tan lejos de dios y del rey y tan cerca de las tentaciones impías. El hospital de San Miguel y los prebendados del cabildo eclesiástico de Guadalajara hacia 1600. Zacatecas: Texere Editores.

 

Literatura secundaria

 

 

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