Letras Históricas 26:e7365

Regulación, vigilancia y descontrol en los espacios de venta y consumo de bebidas alcohólicas en Culiacán durante la Revolución mexicana (1911–1915)

 

Regulation, surveillance, and lack of control in the spaces for the sale and consumption of alcoholic beverages in Culiacan during the Mexican Revolution (1911–1915)

 

 

Iván Francisco León Velarde

ivelarde93n@gmail.com

Universidad Autónoma de Sinaloa

Josefa Ortiz de Domínguez s/n., Ciudad Universitaria, 80013, Culiacán, Sinaloa

ORCID ID: 0000-0002-5788-763

 

Jesús Rafael Chávez Rodríguez

rafaelchavez@uas.edu.mx

Universidad Autónoma de Sinaloa

Josefa Ortiz de Domínguez s/n., Ciudad Universitaria, 80013, Culiacán, Sinaloa

ORCID ID: 0000-0003-0955-2357

 

Fecha de recepción: 26 de mayo de 2022

Fecha de aceptación: 11 de julio de 2022

DOI: https://doi.org/10.31836/lh.26.7365

 

 

 

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar las estrategias implementadas por el estado para controlar el funcionamiento de los espacios de venta de bebidas alcohólicas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante la Revolución mexicana, de 1911 a 1915. Este trabajo se sustenta en un enfoque cualitativo que permite examinar los decretos, acuerdos emitidos durante las sesiones de cabildo, bandos de policía, expedientes del ramo criminal y notas de la prensa sinaloense sobre el tema. Se argumenta que hubo una ausencia importante de control y vigilancia en los espacios etílicos, lo cual imposibilitó el cumplimiento de las normativas, así como la complicidad de miembros del gobierno local para que las cantinas operaran de manera ilegal.

 

Palabras clave: bebidas alcohólicas, clandestinidad, regulación estatal, Revolución mexicana, vigilancia comercial.

 

 

Abstract: The objective of this article is to analyze the strategies implemented by the state in order to control the space operation for the sale of alcoholic beverages in the city of Culiacán, Sinaloa, during the Revolution, from 1911 to 1915. This work is based on a qualitative approach that allows examining the decrees, agreements issued during the council sessions, police factions, files of the criminal branch and relevant notes from the Sinaloa press. We argue that there was a significant lack of control and surveillance in the so-called ‘ethylic spaces’, which made it impossible to comply with the regulations, as well as the complicity of members of the local government so that the saloons operated illegally.

 

Keywords: alcoholic beverages, clandestineness, commercial surveillance, Mexican Revolution, state regulation.

 

 

Introducción

 

La estabilidad política que logró el régimen porfirista fue la piedra angular que condujo al diseño de mecanismos para regular los usos que se les daba a los espacios de venta y consumo de bebidas alcohólicas, ante el crecimiento demográfico y espacial que experimentaban las principales ciudades y los peligros que implicaba continuar con marcos regulatorios que no obedecían a la realidad finisecular.  A la par de los vínculos económicos y comerciales que México estableció con el extranjero, llegaron al país nuevas ideas y saberes sobre los daños que generaban las libaciones alcohólicas en la salud de las personas (Menéndez, 2011, p. 12), lo cual avivó el discurso de que la práctica etílica[1] era el catalizador de la inmoralidad, las transgresiones, los vicios y la delincuencia en las sociedades modernas (Piccato, 1997, pp. 77–121). Lo anterior sirvió como sustento a las autoridades porfiristas para robustecer los métodos de control administrativo a cantinas y expendios de licores, especialmente a los que eran frecuentados por las clases trabajadoras, pues se decía que este grupo social era el más dependiente a la bebida. Así, se reestructuró el sistema de gravámenes y los horarios permitidos para su funcionamiento; en algunos casos se señalaron límites espaciales en cuanto a su ubicación en las ciudades y las características externas que debían de tener los recintos (Pulido, 2014, pp. 17–52).

Ahora bien, ¿qué tan importantes eran los espacios de venta y consumo de bebidas alcohólicas en Sinaloa y Culiacán? Si nos remitimos al censo realizado a finales del siglo XIX, se ve claramente que Culiacán estaba entre los tres principales distritos con más puntos expendedores de licores en la entidad. Los registros locales señalaban la existencia de 657 establecimientos – de un total de 4 252, distribuidos en los 10 distritos sinaloenses – lo que representa cerca de 15% del total (Cañedo, 1905, p. 458). Los números fueron aumentando en los años siguientes, y para 1900 ya eran 4 980 puntos de venta en todas las jurisdicciones de la entidad, entre cantinas, licorerías, expendios de cerveza y restaurantes con venta de alcohol (León, 2022, p. 77). Si hacemos un contraste con otras latitudes del país, llama la atención que a principios del siglo XX se registraran en Sinaloa más expendios de alcohol que en el Distrito Federal – actual Ciudad de México – a pesar de que este último contaba con una población más elevada y un mayor dinamismo económico.

En el Distrito Federal vivían 720 643 habitantes, tenía 3 430 expendios de alcohol registrados y había uno por cada 210.1 personas (Pulido, 2014, p. 26), mientras que, en Sinaloa, como se puede ver en el Censo General y División Territorial de la República Mexicana. Estado de Sinaloa (1987, pp. 11-16) y el Censo General de la República Mexicana. Estado de Sinaloa (1905, pp. 1-5), eran 296 701 habitantes, y 4 980 puntos expendedores: uno por cada 59.5 personas (Pulido, 2014, p. 26). Ahora bien, si tomamos en cuenta las 123 665 personas adultas contabilizadas en 1897, en Sinaloa (Censo General, 1987, pp. 11–16), la relación sería de un espacio etílico por cada 29 adultos. Si dividimos según el género observamos que hubo un punto expendedor por cada 14.8 hombres adultos y uno por cada 14.2 mujeres. Realizando este mismo contraste vemos que –en años cercanos– en el Distrito Federal hubo un expendio por cada 85.5 personas adultas: uno por cada 40.6 hombres y uno por cada 44.9 personas del sexo femenino (Censo General, 1905, pp. 1–5; Pulido, 2014, p. 26). Lo anterior no solamente es un indicador de lo extendido que estaba el negocio de expender alcohol en Sinaloa y Culiacán, sino un marco de referencia sobre la arraigada cultura etílica en este punto del noroeste mexicano, en el tránsito que va del Porfiriato a la Revolución.

La Revolución mexicana fue un proceso que planteó la reformulación de la estructura social, un momento de profundos cambios políticos, socioeconómicos y culturales que evidenció muestras importantes de decadencia (Escalante, 2018, p. 226). En términos políticos-administrativos, uno de los efectos más inmediatos que trajo consigo en el norte de México, fue la subsecuente voluntariedad de gobernadores y munícipes para renunciar a sus puestos, meses antes de que los ejércitos federales fueran abatidos por las fuerzas revolucionarias, ya que la permanencia en el poder exigía riesgos que muchos no estaban dispuestos a mantener (Knight, 2010, pp. 362–63). Esto fue un aspecto crucial, pues hacía más de 30 años que el cese de cargos administrativos no era producto de la guerra y la disputa militar. En términos sociales e ideológicos, la revolución maderista planteó la reformación de la conciencia de la clase trabajadora, crear un hombre nuevo y sin los vicios de antaño. Reafirmó la importancia de combatir la vagancia, el alcoholismo y los espacios que promovían su consumo, pero tomando en cuenta las fallas que tuvo el régimen porfirista para obtener mayores aciertos (Knight, 2010, p. 604).

Si nos remitimos al ámbito local, se observa que la guerra, los disturbios, los saqueos, el rumor y el pánico ocasionado por los enfrentamientos durante la revolución pusieron en entredicho las capacidades de las nuevas autoridades para mantener seguras las poblaciones sinaloenses. La vigilancia en las calles y el control social de prácticas como el consumo de alcohol en espacios públicos y establecimientos comerciales fueron claves para no potencializar el peligro, ante las claras muestras de descontrol, las transgresiones y los crímenes que se vivieron en villas y ciudades sinaloenses (Perea, 2009, pp. 121–77; Velarde, 2019, pp. 184–89). De ahí que la revalorización de las leyes, códigos y estatutos relacionados con la operatividad de cantinas y expendios tuvieran una importancia medular, pues era necesario someterlos a nuevas reglas para que el orden público prevaleciera en la medida de lo posible. Aunque hubo lugares y momentos en que se llegó a prohibir la apertura de cantinas y la venta de alcohol (Méndez, 2007, p. 251), fue a partir de la regulación que los gobiernos modularon el arraigado consumo de embriagantes de la población y la apertura comercial de sus puntos de venta.

Sobre la historiografía del alcohol, ya se han realizado investigaciones importantes en el nivel nacional desde un enfoque político, social y cultural. Tres de los referentes que se encuentran en este primer rubro son William Taylor, Teresa Lozano Armendares y Sonia Corcuera , cuyos trabajos se publicaron a finales de los ochenta y principios de los noventa. En el caso de William Taylor (1987), la primera edición de Embriaguez, Homicidio y Rebelión en las Poblaciones Coloniales Mexicanas se publicó en inglés, en 1979, permitieron repensar los significados que encerraba dicha práctica en el universo simbólico de las comunidades indígenas y campesinas, así como la manifestación de una embriaguez como una forma de rebelión ante las imposiciones políticas y religiosas. A partir de ello, tomaron protagonismo aspectos relevantes como el papel que desempeñaba la embriaguez en la realización de ceremonias y rituales, una manera de anteponerse al catolicismo durante los primeros años de la colonia (Corcuera, 1991). En este sentido, también adquirió notoriedad en análisis de la política virreinal en relación con la distribución de vinos y aguardientes provenientes del viejo continente, así como aquellos líquidos que eran elaborados en territorio novohispano, ante la identificación de redes de tránsito ilegal y la existencia de una estructura de corrupción en la fabricación y comercialización de bebidas que abarcaba a diferentes grupos de poder: autoridades religiosas, civiles, hacendados y comerciantes en general (Lozano, 1995). Esto conllevó a una nueva dirección investigativa respecto del  alcohol; es decir, a una diversificación temática que introdujo otros elementos como los saberes, el discurso dominante y las dificultades generadas por las libaciones etílicas en sociedades que habían experimentado las rupturas del orden colonial.

Es en esta coyuntura en donde emergen los aportes historiográficos de Pablo Piccato (1997, p. 91) que analizan los discursos sobre el alcoholismo a finales del siglo XIX, el cual, señala, surge en un momento donde los grupos sociales más privilegiados – i.e., políticos, empresarios e intelectuales – establecen formas de diferenciarse de la cultura popular, bajo el argumento de que su superioridad moral era la característica que los convertía en la imagen del progreso y la trasformación porfiriana. Así, el autor hace constatar el predominio de una visión exclusivista sobre el alcoholismo que potencializaba la singularización de los sectores populares como dependientes a la bebida, con tendencias al robo, al crimen y los vicios, y que al mismo tiempo justificaba la represión policial y los mecanismos de control. Esta propuesta analítica, acompañada del binomio alcohol-crimen que se observa en otros trabajos de Piccato (2010), dio pie a nuevas producciones que ahondaron en la estructura penal y las contradicciones entre lo establecido por la ley y la aplicación de castigo. Los sujetos que cometían alguna clase de delito en estado de embriaguez podían ser absueltos de toda culpa debido al estado de inconciencia en que se encontraban. Por ejemplo, el caso del trabajo paradigmático de Elisa Speckman (1999), quien profundizó en las ideas, los imaginarios y prejuicios en torno al criminal porfirista. Su aporte principal radica en la identificación de la fragilidad entre las fronteras del viejo orden judicial y el nuevo sistema, pues en la práctica los magistrados no administraban justicia de acuerdo con los lineamientos establecidos.

En este contexto, el estudio del consumo de bebidas embriagantes en relación con su funcionalidad ceremonial – como en los trabajos de Corcuera (1991) y Taylor (1987) – migró en dirección al saber científico y la influencia de la criminología europea en las producciones científicas de médicos mexicanos, y la aplicación de políticas prohibicionistas como un intento de reproducir medidas impuestas en otros países durante las primeras décadas del siglo. De la amplia variedad de trabajos, resaltan los de Nadia Menéndez Di Pardo (2011, 2019), María Autrique Escobar (2016) y Jesús Méndez Reyes (2007). La primera de ellas examina el desarrollo de un quehacer médico supeditado a los aportes y las discusiones científicas que llegaban a México desde Europa por diferentes canales de comunicación: prensa, congresos, revistas, tesis, entre otros, (Menéndez, 2011), así como la construcción de la figura del ebrio durante el contexto de las campañas antialcohólicas de los años treinta (Menéndez, 2019). Mientras tanto, Autrique Escobar (2016) parte del hecho de la existencia de un movimiento transnacional de corte religioso, que a la par del influjo cientificista, tuvo presencia en México debido al apoyo que brindaron algunas asociaciones religiosas para inferir en las decisiones de los gobiernos posrevolucionarios, y que estos promovieran la temperancia como una política de Estado. Sobre esto último también profundizó Jesús Méndez Reyes (2007), aunque desde su perspectiva, las campañas antialcohólicas de las décadas de 1920 y 1930 tuvieron más cercanía con la institucionalización de un nacionalismo que promovía la abstinencia como una forma de adherirse al nuevo proyecto moralizador, y así crear un “hombre nuevo, sano de cuerpo y espíritu libre de pensamiento y acción” (p. 244), como resultado de la coyuntura social revolucionaria.

De igual forma, destacan abordajes que encuentran en el alcohol una variable fundamental para comprender los significados que se despliegan cuando se socializa en espacios como cantinas, tabernas o casas de juego, así como para interpretar los imaginarios en torno al crimen, la violencia y los vicios en sociedades que experimentan un amplio desarrollo urbano y demográfico.

Sobre lo primero, Diego Pulido Esteva (2014) ha analizado la sociabilidad de los sectores populares de la Ciudad de México, específicamente los encuentros e interacciones que se producían cuando el consumo de alcohol se llevaba a cabo, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Mas allá de la realidad política y económica de la temporalidad aludida, Pulido Esteva profundiza en el entorno más inmediato de los actores que acudían a los espacios etílicos, su realidad cotidiana. Es por ello que en su investigación toma un papel crucial el análisis de los cantineros, actores sociales que entretejieron redes de corrupción e ilegalidad que rebasaba los esfuerzos policiales. También se analizan las regulaciones emitidas por las autoridades capitalinas, las burlas a las normativas, el servicio público de gendarmería y su recurrencia a prácticas ilegales, al igual que la predilección del pulque por los capitalinos, los vínculos del alcohol y los estereotipos sobre los puntos de encuentro (Pulido, 2014, pp. 11–19).

La manera en que Pulido Esteva reconstruye lo que él llama “sociabilidades etílicas”[2] nos habla de una reflexión metodológica importante. Los folletos, cuadernillos, hojas sueltas e ilustraciones impresas en talleres artesanales exponen formas de representar las libaciones. Este material -textual y visual-, producido y consumido en los mismos sectores populares, le permite acercarse a sus formas de ver y de sentir, cómo los grupos sociales “dan sentido al mundo que le es propio” (Pulido, 2014, p. 139). Con otras palabras, accede a su objeto de estudio como representaciones, pero ahí encuentra elementos que se desenvuelven cuando se sociabiliza: exaltaciones, diversión, charla, brindis y sufrimientos compartidos.

Por último, destaca un aporte reciente de Odette Rojas (2019). Su producción está dirigida al análisis de alcohol en un contexto sociohistórico que va desde la formalización de los movimientos antialcohólicos en México en 1929 hasta su declive, aunado con la conformación de Alcohólicos Anónimos en 1946. A diferencia de los trabajos de Piccato y Menéndez, centrados en el discurso y los saberes médicos en torno al consumo de alcohol, los aportes de Rojas tienen otra ambición. Toma elementos propios de la historia urbana, del delito y la administración de justicia, bajo la premisa de que en esos años el consumo de alcohol y los peligros sociales que representaba adquiere singularidades, no solamente por la influencia del movimiento temperante en gran parte de occidente, la prohibición norteamericana de 1920 o la emergente moral nacionalista posrevolucionaria  – lo cual también marca un giro diferente a los trabajos de Autrique y Méndez –, también por el acelerado incremento poblacional y espacial que presenta la metrópoli, la extensión de los cinturones periféricos, la configuración de nuevos barrios populares y la proliferación de la nota roja, misma que jugaba un papel determinante en la manera en que los lectores citadinos imaginaban la ciudad (Rojas, 2019, pp. 23–24).

Así, identifica que, en comparación con años previos, la medicina y sus señalamientos sobre el alcoholismo tuvieron un papel secundario en comparación con el ámbito criminológico. (Rojas, 2019, p. 336). Las alusiones sobre el incremento de la criminalidad en el espacio urbano debido al consumo de alcohol le llevaron en tres direcciones: a) contrastar expedientes criminales y con ello puntualizar aquellos casos en donde la embriaguez ameritaba una sanción judicial; b) el atinado empleo de la cartografía como una herramienta metodológica para exponer el panorama etílico citadino, la localización de los puntos de encuentro y su correlación con las escenas criminales que protagonizaban los actores en estado de ebriedad; c) la manera en que la prensa capitalina informaba dichas eventualidades: las periferias, los bajos fondos, como puntos de mayor peligrosidad criminal, la metrópoli representada como un espacio hostil en donde la modernidad sucumbe ante los vicios (Rojas, 2019, p. 343). Si se observa desde un ángulo más amplio, el trabajo de Rojas invita al lector a problematizar y reflexionar sobre las fantasías, las expectativas, los prejuicios, los miedos, los temores y los contrastes que despertaba la modernidad posrevolucionaria en las principales ciudades del país, y donde el alcohol, su consumo y sus espacios eran parte importante de esa coyuntura.

Ahora bien, en cuanto a las  contribuciones locales, se enmarcan en un enfoque regional que ha ido cambiando a la luz de nuevas propuestas, en este caso los estudios históricos presentados por Ojeda (2006) y Román (2012) se centran en la historiografía de corte político y económico, bajo el tema del crecimiento industrial del ramo alcoholero de los siglos XIX y XX; mientras que las propuestas de Vidales y Frías (2015) y Brito (2011) centran su análisis en las políticas cuya finalidad es controlar los circuitos ilegales y las prácticas inmorales en la sociedad de la primera parte del siglo XX; asimismo, entre las contribuciones más recientes se encuentran los trabajos de Hernández (2010) y León (2018) que abordan temas sociales y fiscales en torno a la producción y consumo de alcohol, lo que conlleva a la revisión más variada de nuevas fuentes, como los archivos municipales y la prensa local.   

Las investigaciones expuestas, tanto nacionales como locales, apoyan en el sentido de que son un referente imprescindible para identificar y reflexionar sobre los aspectos que encierran la práctica etílica, las ideas, los saberes y los discursos que marcan una pauta para definir las tendencias alcohólicas de diferentes grupos sociales, el sentido de identidad y pertenencia que se genera al libar en compañía, las dificultades que conlleva la distribución de los líquidos, ante las redes clandestinas de comercio que se han presenciado desde tiempo virreinales. Así mismo, las estrategias y la tecnificación del ramo alcoholero, al igual que la vigilancia en los espacios que venden alcohol y la presencia de irregularidades que entretejen redes de corrupción.

Dicho de esta manera, nuestro trabajo se inserta en una preocupación compartida por varios historiadores en relación con las bebidas alcohólicas; sin embargo, comprendemos que los esfuerzos por examinar la regulación de estos puntos neurálgicos,[3] al igual que los mecanismos de control social y la vigilancia policial en los espacios urbanos durante los años convulsos de la revolución, han priorizado la Ciudad de México como punto de análisis. La singularidad de este artículo radica en que es un estudio social sobre el alcohol y sus espacios de venta y consumo en Culiacán, una ciudad septentrional con ritmos y estilos de vida muy propios. Entendemos el concepto regulación, tal como lo expone Juan Montero Pascual (2014, p. 25), desde una perspectiva de control administrativo que conlleva a establecer un orden social y político, una herramienta que aglutina reglas y acciones coercitivas que moldean y organizan el desarrollo de una acción, de una práctica social o de una actividad económica. De ahí que consideremos a los expendios de licores, tabernas o cantinas – indistintamente del sector social que los frecuente – como establecimientos cuya funcionalidad está supeditada por una serie de estatutos y normativas que inciden no solamente sobre sí mismo, sino también en aquellos aspectos de la realidad social donde se efectúan. Por lo tanto, las regulaciones de este tipo estaban encaminadas a mantener el control social; esto último entendido como los instrumentos que buscaban establecer el orden y el funcionamiento bajo un esquema de valores, exigencias y requisitos para el desarrollo de la vida social y pública ante las necesidades que traía consigo el contexto político y social de la revolución (Demarchi y Ellena, 1986, p. 401).

Derivado de lo anterior surgen las siguientes preguntas: ¿por qué se vuelve tan importante para los sucesivos gobiernos que asumieron el poder municipal en Culiacán controlar y regular los espacios de consumo y distribución de bebidas alcohólicas?, ¿qué medidas fueron tomadas por el Estado y la autoridad municipal?, ¿cómo se relacionan alcohol y violencia durante los años revolucionarios y en qué medida la guerra afectó o fomentó la clandestinidad?, ¿qué actores sociales se vincularon al consumo y distribución ilícita de embriagantes?, ¿cuáles fueron las estrategias de vigilancia y control que se aplicaron?

El objetivo del presente artículo es analizar las regulaciones y las estrategias para controlar los espacios en donde se vendían dichos líquidos dentro de la ciudad de Culiacán, como expendios, cantinas y burdeles, enmarcado en el contexto de la Revolución mexicana, específicamente entre 1911 y 1915, etapa en que hubo mayor inestabilidad política, social y militar en términos regionales. Subyacen tres objetivos particulares: a) analizar los efectos que ocasionó la revolución en cuanto a la operatividad de puntos expendedores de alcohol tras el triunfo del maderismo; b) examinar la manera en que las disputas generadas por los enfrentamientos fomentó la violencia y la clandestinidad, así como los actores que se vincularon al consumo y su distribución ilegal; c) analizar los mecanismo de vigilancia y control que se implementaron en los espacios etílicos con la finalidad de resguardar el orden en la ciudad y poblados circunvecinos.

La hipótesis que se plantea es que el fenómeno revolucionario incidió en la manera de regular el funcionamiento de los puntos expendedores, entre ellas: restringir los horarios de apertura, modificar los cobros e impuestos y prohibir la entrada a determinadas personas. Pero a pesar de que se quiso controlar las alteraciones al orden público con el cierre de cantinas y expendios, el consumo y las reuniones no se detuvieron. La práctica etílica se diversificó en espacios públicos y privados mientras el conflicto revolucionario seguía su curso.

El trabajo se divide en tres momentos principales. El primero de ellos se relaciona con los efectos que ocasionó el contexto en el funcionamiento de los puntos expendedores de bebidas embriagantes de Culiacán, cuando las fuerzas maderistas llegaron a la ciudad y asumieron el mando político a finales de mayo de 1911. Para ello, se examinaron las formas de regularlos días previos y posteriores a la fecha aludida, los reglamentos y horarios al igual que las solicitudes de los expendedores para continuar con el negocio aún en momentos en que se había restringido la venta de licores, vinos y cervezas. Dicha información se obtuvo de los decretos emitidos el cabildo municipal de Culiacán, en el Archivo Histórico Municipal de Culiacán (AHMC), cuyo análisis documental tomó en cuenta el desarrollo del proceso revolucionario; es decir, qué estaba sucediendo en la capital del estado y sus poblados circunvecinos que interfería gradualmente en las medidas regulatorias aplicadas.

El segundo momento hace referencia al descontrol social y público que se vivió cuando los ejércitos zapatistas – rebeldes en contra de los gobiernos maderistas – tomaron la capital del estado, entre el 15 de abril y el 1 de mayo de 1912, particularmente en aquellas situaciones en donde el consumo desmedido de alcohol motivaba el desenfreno, el hurto y la venta clandestina. Aquí se analizaron las disposiciones municipales en el AHMC sobre los puntos expendedores días antes de que los zapatistas llegaran a la ciudad; las notas informativas del periódico El Correo de la Tarde para conocer las circunstancias que se desarrollaron en Culiacán cuando fue presa del temor por los excesos cometidos por los ejércitos, consultados en el Centro Regional de Documentación Histórica y Científica, y expedientes del ramo criminal para identificar si hubo crímenes cometidos por personas alcoholizadas que llegaron a los juzgados, en el acervo del ramo Criminal de Archivo de Concentración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (ACSTJES).

En la tercera parte se exponen los mecanismos implementados por las autoridades huertistas para mantener el orden público a partir del control del consumo de alcohol en cantinas, tabernas y expendios –dado la impopularidad de su gobierno y los brotes de insurrección–, la implementación de las fuerzas policiacas para dicho motivo, las dificultades que enfrentaron para lograr sus objetivos, así como un breve paréntesis del papel que tuvo la venta de los líquidos y el funcionamiento de los puntos expendedores los primeros meses en que el huertismo sucumbió en la localidad. Para ello se hace uso de las disposiciones emitidas por el gobierno huertista en el distrito de Culiacán, en el AHMC, y el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, donde se identificaron algunos elementos del bando de policía de 1913 en relación con la vigilancia y control del consumo de alcohol y sus puntos de encuentro.

 

Espacios de venta y consumo de bebidas embriagantes después de mayo de 1911

 

Entre enero y mayo de 1911 las fuerzas porfiristas y maderistas protagonizaron enfrentamientos militares en diferentes puntos geográficos del estado de Sinaloa. Poblados circundantes a la ciudad de Culiacán fueron testigos de encuentros hostiles entre ambas facciones, lo cual hizo que el gobierno porfirista prohibiera la apertura de espacios de venta y consumo de bebidas embriagantes como una medida para salvaguardar el orden público.[4]

Previo a la fecha aludida, el bando de policía señalaba que los espacios autorizados para vender alcohol como abarrotes, cantinas y expendios de cervezas – indistintamente de la clase social que las frecuentara – podían abrir al público desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 de la noche. Si el titular del establecimiento lo deseaba, podía extender su horario de cierre, con la condición de que solicitara un permiso especial a la prefectura del distrito. La lógica del cobro adicional variaba según las características del punto expendedor; es decir, si ofrecía un entretenimiento adicional a la venta de licores, como contar con mesas de billar o juegos de azar,[5] aunque por lo general el monto a pagar de las cantinas y tabernas era de $5.00 a $10.00 mensuales (Cañedo, 1905, pp. 449–50).

Del 20 al 31 de mayo de 1911, la ciudad fue escenario de luchas y enfrentamientos, paralizando la dinámica comercial y generando inseguridad y temores en la población. No obstante, cuando el triunfo de la revolución maderista ya era más que evidente, no faltaron personas – adeptos o simpatizantes – que salieran a las calles para celebrar la caída del régimen porfirista (Velarde, 2019, pp. 150–51). Es así que el espacio público citadino se volvió el epicentro de los festejos; la música, los bailes, los juegos de azar y la embriaguez se expresaron en la plaza principal, en domicilios particulares y otros puntos de Culiacán. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas en la población proyectaba un posible desabasto de los líquidos, motivo por el cual algunos comerciantes ordenaron traer grandes cantidades de licores de otros estados y así satisfacer la demanda local. Tal fue el caso del señor B. Laveaga, “quien trasladó un furgón desde Guaymas a Culiacán, conteniendo grandes cantidades de cerveza”.[6]

Pasaron los días y la venta de bebidas embriagantes tomó un giro estrepitoso en la ciudad. La nueva autoridad no había emitido ninguna normativa que volviera a autorizar la venta de dichos líquidos en cantinas, tabernas y abarrotes, causando incertidumbre entre los comerciantes que se dedicaban a este ramo. Además, que estos últimos solicitaban a las autoridades la restitución de aquellas contribuciones que se habían realizado previo a los sucesos de mayo, al igual que la exoneración de impuestos durante los meses de junio y julio.[7]

Reembolsan a Honorato Rodríguez y demás signatarios, las sumas correspondientes a seis días del mes de mayo pasado que pagaron en la Tesorería Municipal por concepto de impuestos sobre cantinas y billares, comunicándoles que las contribuciones del mes de junio ya les fueron condonadas. Asimismo, se les advierte que no es posible decretar la disminución de ese gravamen, debido al mal estado de la Hacienda Municipal.[8]

 

Las peticiones de los cantineros a la autoridad local fueron aumentando conforme pasaron los días, y para finales del mes de julio, el gobierno decidió reestablecer la venta de embriagantes de lunes a sábado, así como reembolsar algunos cobros que fueron efectuados días antes de los enfrentamientos entre federales y maderistas.[9] Ante la respuesta favorable, los cantineros intentaron negociar la disminución – en adelante – de las cuotas municipales, bajo la premisa de que no podían cubrir las cantidades fijadas debido a las afectaciones económicas que tuvieron durante el tiempo en que sus negocios permanecieron cerrados, de ahí que solicitaran una nueva forma de regular y reglamentar sus establecimientos acorde con las circunstancias del momento. El gobierno maderista se negó a disminuir los impuestos municipales, argumentando la mala situación hacendaria y lo mucho que se necesitaría la recaudación íntegra en los meses sucesivos, tanto de puntos expendedores de alcohol como de otros establecimientos comerciales.[10]

Sobre esto último, debe señalarse que un año antes, los impuestos asignados a expendedores y productores de bebidas destiladas representaron 17% de los ingresos más significativos para el ayuntamiento; solo por debajo de los cobros al predial y la matanza de ganado, lo cual explica la relevancia de su captación íntegra para las finanzas municipales y su interés por continuar con el mismo esquema porfirista.

 

Tabla 1

Captación de ingresos en el distrito de Culiacán, 1910

 Fuente: López (1986, p. 108).

 

Mientras en Culiacán se negociaba el cobro sucesivo de impuestos con los expendedores, en otros lugares de México se llevaban a cabo medidas más rigurosas. En Aguaprieta, Sonora, el titular del cuerpo de policía impulsó una ley que prohibía la venta de embriagantes en la localidad; en Chihuahua se lanzó “una campaña en contra de las cantinas, los casinos, de la vagancia y del san lunes” (Knight, 2010, pp. 604–05); mientras que en Tlaxcala se legisló en contra del juego y el alcoholismo.

Desde el plano discursivo, las autoridades maderistas locales contradecían lo que en términos prácticos realizaban; es decir, se comprometían públicamente a acabar – definitivamente – con la venta de alcohol, su consumo y los juegos de azar en toda la entidad, cuando al mismo tiempo se efectuaban las negociaciones con los dueños de cantinas y expendios. El gobernador José Rentería, por ejemplo, aseguraba que el combate contra el alcoholismo y los espacios que impulsaban los vicios iban a ser una prioridad en su administración, una manera de diferenciarse de las malas prácticas que permeaban en la sociedad, producto del descuido del régimen anterior, y así establecer el nuevo proyecto moral que traía consigo la revolución, sobre todo para campesinos y obreros, donde se consideraba que la dependencia al alcohol era mayor.

 

El Sr. Don José Rentería, nuestro actual Gobernador, inteligente, progresista, amante del orden y moralidad, deseoso del adelanto del estado que gobierna, se ha fijado en este terrible mal social, y en su programa de gobierno dice: vigilar por la moralidad pública y al efecto suprimir todo permiso de juego ilegal e interponer todo medio legítimo contra el alcoholismo. De esta manera se mantendrá al hombre falto de templanza en ciertos límites, que no le permiten, cuando menos, ser un mal ejemplo para la generación que se levante, que se procure por medio de la educación adecuada, que sea sobria, fuerte e inteligente y no una rémora del progreso y de la civilización, para que eleve a nuestra querida patria a la altura que se merece.[11]

 

Pese al énfasis del discurso revolucionario que se comprometía a eliminar los vicios de antaño en la sociedad, no se identificó durante el gobierno maderista ninguna medida de control administrativo que perpetuara la prohibición de apertura y venta de alcohol, entre 1911 y 1913, salvo momentos claves, cuando la seguridad en el espacio público debido a los rumores de guerra y enfrentamientos en poblados circunvecinos hacían necesario el cierre de cantinas, puntos expendedores y otros espacios de ocio que potencializaban el desorden, la delincuencia y el deambular citadino. No obstante, las muestras de desacato, la clandestinidad y la insistente evasión de las normativas que se identificaron en lo sucesivo rompieron las negociaciones que se estaban llevando a cabo.

Hasta este momento se han expuesto tres puntos importantes: a) la discontinuidad que ocasionó la revolución en cuanto a la regulación de espacios etílicos durante los primeros meses; b) la respuesta de los cantineros, comerciantes y locatarios al ver que la autoridad municipal no permitía su apertura aun cuando la coyuntura político-militar había disminuido en el distrito; c) las negociaciones entre expendedores y autoridades para acordar un nuevo sistema regulatorio.

La insistencia de los expendedores de alcohol en la reestructuración del sistema reglamentario de espacios etílicos en Culiacán no disminuyó con el pasar de los días. Ante esto, el gobierno del estado y las autoridades distritales, con ayuda del cuerpo de gendarmería, accionaron mecanismos de inspección y vigilancia para identificar si se respetaba el cierre de puntos de venta y consumo, como pasó en 1911, ya que en los meses de mayo y junio se prohibió la venta de alcohol,[12] con el propósito de contrarrestar la presión que estaban ejerciendo los locatarios. Los resultados de la requisa mostraron que varios cantineros y abarroteros comercializaron los líquidos cuando la autoridad lo había prohibido.

Uno de ellos fue Januario Leyva, a quien se le negó un rembolso tras identificarse que jamás cerró su cantina en los días de disputa, abriendo su local tanto de día como de noche.[13] Así como en Aguaruto,[14] en un caso donde se le preguntó a un celador si la cantina de Baltazar Villegas había cerrado sus puertas en los días que los revolucionarios estaban rondando cerca de la población,[15] a lo que el celador respondió que “la cantina nunca estuvo cerrada en la fecha aludida, y que la venta de alcohol jamás se detuvo en los días consecutivos”.[16] Situación similar ocurrió en el puerto de Altata, donde se decomisaron 30 cajas de damajuanas – aproximadamente 1 200 litros – de mezcal a una mujer que traficaba en los alrededores.[17]

Lo anterior no solo nos habla de las prácticas ilegales de expendedores en circunstancias coyunturales, en un contexto lleno de distractores políticos y sociales, sino de la afición de la población por las bebidas alcohólicas, pues eran ellos quienes buscaban adquirirlas a toda costa. De acuerdo con la prensa sinaloense, tan solo en el mes de junio se decomisaron 225 damajuanas – aproximadamente 1 000 litros – de mezcal clandestino a expendedores y consumidores en la ciudad de Culiacán, esto sin contar lo que se sustrajo de poblados pertenecientes al distrito. Las noticias sobre el mercado ilegal de bebidas alcohólicas en la capital llegaban a otros puntos de la entidad. En el puerto de Mazatlán, por ejemplo, El Correo de la Tarde aludía a la problemática de la siguiente manera: “nada menos que esa friolera de damajuanas de mezcal, ha mandado recoger el señor Prefecto á los cantineros que han vendido vino clandestinamente, después de la estricta prohibición de su venta”.[18]

Fue hasta finales de 1911 cuando las autoridades maderistas establecieron nuevas directrices para expender alcohol. La ordenación sistemática de las normativas que se discutieron en las sesiones de cabildo, y que fueron aplicadas, nos muestra diferencias importantes en la forma de reglamentar la venta de alcohol durante la primera década del siglo XX; es decir, antes de que iniciara la revolución.

Mientras que en los años porfiristas un punto expendedor operaba desde medio día hasta las primeras horas de la madrugada pagando la cuota extraordinaria, en 1911 se acordó que podrían abrir sus negocios desde las 12:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., una reducción de ocho horas ordinarias para la venta de los líquidos y la atención clientelar. Con esto quedaba inhabilitada la comercialización y el consumo dentro de las cantinas hasta altas horas de la noche y las primeras horas del día (Vidales y Frías, 2015, p. 171). Se estipuló que la venta de embriagantes causaría por patente $33.00 mensual en cualquiera de sus formas y cantidades.[19] Ante esto, los expendedores de alcohol insistieron para que el cobro se realizara tomando en cuenta los volúmenes de los líquidos y las características comerciales de los espacios – e.g., almacenes, cantinas, abarrotes, expendios de cervezas, etcétera – tal como se hacía durante el porfiriato, pues al parecer la cifra estipulada no aclaraba estos elementos. Además, continuó prohibida la apertura de cantinas los domingos, lo cual generó gran inconformidad, sobre todo porque ese día era de descanso para trabajadores y campesinos, clientes potenciales.[20] El argumento del gobierno local para justificar esta decisión, se basó en la necesidad política de cuidar el orden público y evitar situaciones que pusieran en riesgo el control social,[21] aunque es evidente que también influyeron los resultados de las requisas que se aplicaron meses atrás, cuando el cuerpo de policías identificó a los espacios de venta y consumo de alcohol que expendieron dichos líquidos, durante las semanas que se estableció el cierre obligatorio.  

 

Tabla 2

Cantinas, expendios, agencias y casas comerciales que vendían bebidas alcohólicas en la ciudad de Culiacán durante las dos primeras décadas del siglo XX

 

Cantinas	Propietario, cantinero o administrador
La Veracruzana	Miguel Cañedo
La Sin Rival	N. D.
La Cananea	N. D.
La Sin Nombre	N. D.
Cinco de Febrero	Santiago Rivas
Fuente de Oro	N. D.
El Rey Dormilón	Señor Sarchírico
Cantón del Barril Azul	N. D.
La Sirena	N. D.
Oso Negro	N. D.
Expendios al menudeo y cantinas anexas a otros establecimientos	Propietario, cantinero o administrador
Cantina de Cervecería la Unión	Ramón Gamero
Billar con expendio de alcohol	Julio Sánchez
Cantina-restaurante La Concordia	N. D.
Casa de asignación con expendio de cerveza	Dolores Félix
Cantina del Hotel Rosales	Enrique Cohen
Cantina con restaurante (ocasional) del Teatro Apolo	N. D.
Cantina del Hotel Central	Constanza Peraza de Heredia
Expendio de cerveza	Fortunato Escobar
Expendio de cervezas y refrescos	N. D.
Expendio de bebidas embriagantes	J. Sánchez
Agencias con almacén, local o domicilio particular	Propietario, cantinero o administrador
Agencia de Cervecería del Pacífico	Sr. Luis
Agencia de Cervecería del Pacífico	Alfredo Reyes González
Agencia de Cervecería Moctezuma	Manuel Hernández León
Agencia de Jesse Moore Wiskey	Sr. Guemez
Agencia de Cervecería Cuauhtémoc	Sr. Luis
Agencia de Cervecería del Pacífico	Alfredo Reyes González
Casas comerciales	Propietario, cantinero o administrador
Casa comercial de Severiano Tamayo	Severiano Tamayo
Casa comercial de Luciano de la Vega	Luciano de la Vega
Casa comercial de Luz Salomón	Luz Salomón
La voz del Pueblo	Leopoldo de la Vega
Casa comercial de José María Murillo	José María Murillo
Casa comercial de los señores Reyes y Uzueta	Sres. Reyes y Uzueta

 

Fuente:  ACSTJES, caja 15, ramo criminal, exp. 1, Culiacán, noviembre de 1912, s.p., AHMC, Catálogos de actas de cabildo 2006-2013; El Correo de la Tarde, Culiacán, octubre de 1913, p. 5; El Monitor, XX, Superior, XXX, El Sol y Champagne Beer, mayo de 1910, p. 4; Verdugo Fálquez (1949, p. 27).

 

 

Un elemento importante que se ha identificado en la consulta del material primario de los últimos años porfiristas a los primeros gobiernos revolucionarios es que en Culiacán las regulaciones no hacían distinción en los cobros y horarios de acuerdo con el lugar de la ciudad en donde se ubicaban las cantinas – en el centro o a los márgenes – o el sector social para quienes estaban dirigidos los espacios, clase trabajadora, medio o alta, tal como sucedía en otras latitudes del país (Pulido, 2014, pp. 30–48). Esto no plantea la inexistencia de espacios de encuentro y convivencia para cada clase social, lugares en donde jornaleros, obreros, oficinistas, empresarios, artistas o políticos se sentían mayormente identificados para socializar y consumir alcohol, pues se ha demostrado que hubo cantinas que mantenían un perfil para determinado grupo social (León, 2022, pp. 105–31). Sin embargo, la ausencia de esta diferenciación en el marco reglamentario nos hace pensar que durante los primeros gobiernos revolucionarios estos elementos no se consideraron para su diseño.[22]

Está claro que la regulación del gobierno maderista en Culiacán no generó satisfacción a los expendedores de alcohol. Si bien en un principio las autoridades se mostraron condescendientes con la exoneración de impuestos, después fijaron un reglamento con horarios más reducidos y un sistema de cobro que no diferenciaba claramente las características y particularidades comerciales de los establecimientos, ante las muestras de ilegalidad que se identificaron y el desacato a la autoridad. No obstante, la clandestinidad no se detuvo en los meses siguientes y la venta de alcohol se efectuó de día, de noche y los domingos.

Tres aspectos imposibilitaban el control de los puntos expendedores durante este primer momento. En primer lugar, la autoridad local consideró que la circulación clandestina de licores se solucionaría aumentando el número de elementos policiacos en puntos donde la presencia de cantinas fuera mayor; sin embargo, la carencia de recursos materiales y humanos era considerable, lo cual dificultaba las labores de vigilancia y daba mayor margen a los expendedores para que operaran sin inspección alguna (Vidales y Frías, 2015, p. 172). En segundo lugar, no era extraño que entre los propietarios de cantinas, expendios o almacenes de licores estuvieran miembros de la administración local, como fue el caso de Manuel Hernández de León, agente de Cervecería Moctezuma en la ciudad, dueño de un almacén de distribución y al mismo tiempo miembro del cuerpo de regidores del ayuntamiento de Culiacán.[23] Así mismo, algunos dueños de cantinas eran familiares o amigos cercanos de servidores públicos  – i.e., policías, regidores y prefectos –, circunstancia que operaba a su favor si eran descubiertos comercializando alcohol de manera ilegal, pues sus vínculos políticos propiciaba que la normativa no aplicara sobre ellos, ya que podían solicitar los favores de dicho familiar.[24] En tercer lugar, los efectos de las nuevas contiendas generadas por la fractura del maderismo reorientaron las prioridades del gobierno en turno, y los esfuerzos se concentraron en apagar el brote de insurrección.[25]

 

Embriaguez y desenfreno durante el asedio zapatista, 1912

 

Cuando la insurrección zapatista tomó protagonismo en Sinaloa, se generaron nuevas complicaciones para el gobierno maderista. Tras una serie de enfrentamientos en poblados y rancherías sinaloenses, y ante la amenaza de que los zapatistas tomaran la ciudad de Culiacán, los poderes estatales decidieron migrar a Mazatlán (Olea, 1964, p. 44).

Los zapatistas entraron a la ciudad de Culiacán el 15 de abril de 1912 y se marcharon a principios de mayo. Durante esos días, comercios y domicilios particulares fueron asaltados por las tropas: la ciudad quedó aprisionada en un escenario donde no existía otra autoridad más que la voluntad de los rebeldes, quienes festejaban sus hazañas al ritmo de la música y el estruendo de sus armas (Velarde, 2019, pp. 150–51).

Ayer por la tarde desfilaron por algunas calles como ciento cincuenta hombres de caballería, bien armados, al mando de Conrado Antuna, haciendo alto en la Plaza de Armas. Una orquesta ocupó el kiosco y tocó varias piezas, y después dieron lectura al Plan de San Luis, reformado; se tocaron otras piezas y abandonaron aquel lugar. Con la orquesta al frente recorrieron otras muchas calles vitoreando á Antuna y a sus oficiales. […] en lo general se pasó una noche intranquila, pues el ruido de las caballerías, el toque de los clarines, los balazos y la gritería que tenían alarmaban cada vez más.[26]

 

Pese a que la autoridad maderista ordenó el cierre de espacios etílicos durante esos días,[27] no faltó cantina, expendio o burdel que continuara operando a diferentes horas del día en la ciudad (Alarcón, 2013, p.  297). La siguiente imagen ilustra lo antes mencionado, pues muestra la entrada de los rebeldes zapatistas a Culiacán; detrás se encuentra la cantina La Concordia y a dos personas mirando el galope de los insurrectos desde el interior del recinto (Perea, 2019, p. 221).

 

Figura 1

Cantina ‘La Concordia’, abril de 1912

Fuente: Colección fotográfica de Mauricio Yáñez.

 

Al respecto, debe puntualizarse que comercializar con estos líquidos en momentos de intervención era un arma de doble filo para los expendedores. Por un lado, la veda de alcohol incidía en la especulación del producto, elevando los precios y las ganancias de los vendedores. Pero, por otro lado, también corrían el riesgo de ser asaltados por la tropa, dejando al vendedor en una situación peor de la que se encontraba. Esta última circunstancia fue tomada en cuenta por algunos propietarios como Enrique Fugi y Enrique Cohen,[28] quienes prefirieron bajar la cortina ante los peligros económicos que representaba la llegada de los zapatistas.

Para los rebeldes, tomar la ciudad de Culiacán no solo significaba un triunfo frente a sus enemigos: también una oportunidad para abastecerse, descansar y disfrutar de diferentes placeres tras varios meses de campaña: gozar de la compañía de una bella mujer – i.e., meretriz – o embriagarse hasta perder la conciencia. Pero los excesos tuvieron consecuencias, muestra de ello son los episodios de agresividad y violencia que se presenciaron durante esos días.

Por ejemplo, el 23 de abril se originó una gran borrachera por el barrio “El Coloso”, al oriente de la ciudad. Un grupo de zapatistas charlaban, bebían y fumaban alegremente; con el pasar de las horas el festejo se transformó en discusión, pues dos hombres comenzaron a vituperarse uno al otro. Los humores no se tranquilizaron y uno de ellos se molestó tanto que disparó a dos de sus compañeros, quienes perdieron la vida a los pocos minutos.[29]

Cuando el alcohol escaseaba, los zapatistas hacían lo necesario para conseguirlo y continuar con la celebración. Así sucedió con un grupo de rebeldes que ante la carencia del líquido se introdujeron a la agencia de Cervecería del Pacífico de donde sustrajeron 60 cajas de cerveza. Una vez realizada la hazaña se dispusieron a disfrutar de las bebidas mientras paseaban en un carruaje – que también fue robado – por las calles de la ciudad.

Mucho movimiento se nota entre los revolucionarios con motivo del rumor que se acercan fuerzas del Gobierno, y como al obscurecer tocaran repetidas veces reuniones y se escucharan balaceras por varios rumbos de la población, se creyó que comenzaba el ataque y hubo gran pánico. Parece que las descargas se debieron al estado de embriaguez en que muchos zapatistas andaban, pues desde medio día tenían una fiesta por rumbo de “El Pabellón” que se prolongó hasta muy noche. Muy contados son los caballos de tiro que se han devuelto. Algunos se han devuelto y algunos sólo los prestan para quienes los paseen en coches. Ayer paseaban muchos en araña y raros eran los que no traían una o dos cajas de cerveza en el mismo carruaje. La cerveza la sacaron de un depósito de más de sesenta cajas que tenía el señor Alfredo Reyes González, agente de Cervecería del Pacífico.[30]  

 

Si bien la violencia, el desenfreno y la embriaguez predominó entre los zapatistas, hubo casos de civiles que pese a los disturbios continuaron asistiendo a las cantinas, como fue el caso del señor Jesús Fregoso, quien al llegar totalmente ebrio a su casa asesinó a su esposa Soledad Zabala. El crimen ocurrió el 30 de abril y fue sometido a juicio por las instancias correspondientes. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera.

El señor Fregoso llegó a su casa después de haber pasado todo el día embriagándose en una cantina de la ciudad. Cuando ingresó a su domicilio su esposa lo recibió, quien al ver que Jesús estaba ebrio y continuaba bebiendo en la mesa se molestó, motivo por el cual comenzó una discusión. Después de varios minutos de ofensas y jaloneos Jesús Fregoso sacó un arma punzocortante y atacó el rostro de Soledad Zabala, quien murió desangrada. Uno de los hijos observó todo lo sucedido y huyó con la vecina en busca de ayuda. Al observar que el pequeño estaba completamente alterado la mujer se dirigió a casa de la familia Fregoso, encontrando a la señora Zabala Borboa tirada sobre un charco de sangre. A unas cuadras de ahí dos hombres llamados Martín y Tomás Apodaca detuvieron a Jesús, quien se había dado a la fuga, encontrándose en completo estado de embriaguez y con varias manchas de sangre en su vestimenta.[31]

Después de la tempestad y el descontrol generado durante el asedio zapatista, estos decidieron marcharse a principios de mayo, y a los días llegaron las tropas maderistas a la ciudad. El objetivo era resguardar la plaza y regresar la tranquilidad a las calles, pues la amenaza insurrecta aún seguía muy latente en la entidad. Gran impresión causó la conducta de los rurales[32] en la población citadina, quienes al poco tiempo de haberse instalado organizaron una parranda que se extendió hasta altas horas de la noche, repitiéndose en días posteriores. La noticia sobre la pésima disciplina de estos actores llegó a oídos de los mazatlecos, donde se decía que la ebriedad de dichos hombres escandalizaba la vía pública, faltando el respeto al deseo de tranquilidad y calma de la población.

Malísima impresión ha causado la pésima conducta que observan algunos de los rurales de estos contornos, que últimamente llegaron. Y se hace más notable porque el magnífico ejemplo de buena disciplina que dan los rurales durangueños, quienes tienen sus parrandas, pero discretamente y en orden, mientras que los nuestros se emborrachan y escandalizan en la vía pública, haciendo ostensible su mala conducta y poniendo el mal ejemplo. Varios días hacía que no escuchábamos un tiro; pero desde que llegaron, los oímos a cada instante en pleno día.[33]

 

El 14 de mayo ocurrió un suceso que visibilizó aún más el descontrol de los rurales y su afición por la bebida. Ese día el prefecto político Saavedra Gómez iba en su coche por la calle Rosales, ubicada en el corazón de la ciudad. Delante de él se hallaba una araña,[34] la cual transportaba a un rural que vitoreaba a Zapata a los cuatro vientos mientras se alcoholizaba.[35] El prefecto aceleró el paso para alcanzar a la araña y así ordenarle que detuviera su vehículo. Cuando por fin logró detenerlo dicho rural comenzó a emitir insultos a Saavedra Gómez, quien le dio “un manazo en la cara, logrando apaciguarlo un poco”.[36] De inmediato ordenó llamar a Herculano de la Rocha – jefe del primero – para notificarle lo sucedido y acusar al susodicho de ser zapatista. El rural se encontraba el tal estado de embriaguez que en presencia de su superior comenzó a vilipendiar al prefecto, quien finalmente decidió retirarse tras observar que De la Rocha no reprimía a su hombre.[37]

Semanas después de estos acontecimientos, la situación en Culiacán comenzó a normalizarse. Las actividades comerciales fueron tomando su curso y se recobró un poco de tranquilidad. Paralelamente, los ejércitos maderistas concentraban sus esfuerzos en desarticular el movimiento zapatista en Sinaloa, mientras que el poder municipal de Culiacán intentaba reorganizar la administración. En esta coyuntura salieron a relucir algunas irregularidades cometidas por funcionarios públicos cuando el caos zapatista sucumbió a la ciudad.

En junio de 1912 el ayuntamiento se percató de que algunos policías permitieron la apertura de casas de juegos y cantinas en los días del asedio zapatista, e incluso en el siguiente mes, cuando la venta de alcohol y los juegos de azar fueron suspendidos como una medida de prevención ante las circunstancias experimentadas. Se señaló al prefecto del distrito como el autor intelectual de toda esta operación, quien había efectuado “algunos cobros por permisos para casas de juego”.[38] Por supuesto que este dinero terminó en su bolsillo y en el de los policías a su cargo. Llama la atención que la misma persona que decretó el cierre de cantinas – previo a la llegada de los zapatistas – para mantener el control social y el orden en la ciudad haya sido quien acordó con los expendedores de alcohol una alternativa ilegal para que estos continuaran con su negocio.

En este sentido, y aunque la letra establecía lo contrario, los puntos expendedores contaron con el permiso personal del prefecto para vender alcohol a cambio de reportar directamente con él los pagos de las contribuciones. Los escándalos que evidenciaban al prefecto no quedaron ahí. Dicho personaje logró recuperar mercancías y alimentos que fueron saqueadas las últimas dos semanas de abril, pero se rehusaba a entregarlos a sus legítimos dueños.[39]

 

Mayor vigilancia, ¿mayor control? Puntos expendedores y embriaguez durante y después del huertismo, 1913–1915 

 

En febrero de 1913 se instauró el gobierno huertista en México. La nueva autoridad no fue resultado del voto popular, sino de una maniobra política apoyada por un conjunto de actores que buscaban reestablecer sus intereses. La manera en que Victoriano Huerta obtuvo el poder carecía de argumentos suficientes para sostener una imagen de legitimidad. En consecuencia, las opiniones se polarizaron y los grupos revolucionarios iniciaron un ataque frontal contra el régimen (Ávila y Salmerón, 2017, p. 159).

Los sucesos de febrero tuvieron efectos trascendentales en el estado de Sinaloa. Después de que el gobierno estatal y local reconociera al nuevo presidente, varios revolucionarios maderistas se reunieron para acordar su posición frente al régimen. El resultado de ello fue el desconocimiento al gobierno huertista y el inicio de las hostilidades entre ambos bandos. Las autoridades concentraron sus esfuerzos en apagar los brotes de insurrección, mientras que los maderistas sumaban adeptos en diferentes partes de la entidad (Olea, 1964, pp. 50–62).

En poblaciones y distritos circundantes a Culiacán se desarrollaron encuentros armados, y ante esto, las autoridades de la capital realizaron acciones importantes para que el orden social prevaleciera. Si bien la ciudad no fue escenario de enfrentamientos militares continuos – los de octubre y noviembre de 1913, cuando las fuerzas huertistas y las tropas constitucionalistas combatieron para controlar la plaza –, las autoridades comprendieron la necesidad de alejar a la capital de toda muestra de descontrol social, y para ello, buscaron reformular los códigos orientados a mantener el orden público, aplicando sanciones más severas para quienes no respetaran la Ley. Es así que se solicitó a los gobiernos de Hermosillo, Guaymas, Tepic, Guadalajara y Veracruz la emisión de sus bandos de policía, y así conocer qué estaban aplicando en otras municipalidades y distritos cuyo contexto social era similar.[40]

El análisis de los códigos de vigilancia y control social dio como resultado un nuevo bando de policía en Culiacán, emitido a mediados de 1913.[41] Observamos que para las autoridades locales el problema de la recaudación fiscal y las alteraciones al orden público ocasionados por cantinas, expendios y casas de juego se resolvería a partir de un fuerte despliegue de vigilancia continua sobre los establecimientos, así como la coordinación y el compromiso de los actores participantes,[42] y no mediante un reajuste de gravámenes en donde los cobros oscilaran de acuerdo con los ritmos de la revolución, como lo había planteado con anterioridad el gobierno maderista.

Para lograr mantener supervisadas las operaciones en los espacios etílicos, se restablecieron lazos de confianza entre el ayuntamiento, la prefectura del distrito y el cuerpo de policías de la localidad –incluidos todos los mandos de la corporación–, quienes, por cierto, un año atrás, durante el gobierno maderista, habían dado claras muestras de aprovechar la fragilidad y las circunstancias para beneficio propio.[43]

 

Figura 2

División jerárquica de mando del cuerpo de policía en Culiacán, 1913

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, bando de policía, 19 de septiembre de 1913, p. 2.

 

 

El plan de acción diseñado para controlar la venta ilegal de bebidas embriagantes operó de la siguiente manera: el prefecto dedicó más tiempo de sus horas en funciones para prevenir el fraude en los puntos de venta, ya sea realizando visitas personales o movilizando al cuerpo de policías para que hiciera las inspecciones necesarias, tanto de día como de noche. La vigilancia estaba dirigida especialmente a las cantinas y los expendios de cerveza, pues ahí era donde más se violaban las normativas: permanecer abiertos después de las 9:00 p.m. y fabricar alcohol de manera clandestina; es decir, sin autorización o permiso para ello.[44]

Aunque desconocemos el número de efectivos policiacos que se destinaron para la vigilancia de los puntos expendedores de alcohol, los registros de las sesiones de cabildo nos indican que se autorizó un mayor número de gendarmes al que había anteriormente, al igual que para la vigilancia de la vía pública, y así impedir que individuos en estado de embriaguez pasearan por las calles a caballo o en carruajes. También, las autoridades expresaron su absoluta intolerancia hacia las prostitutas que ofrecían sus servicios en vías transitadas de la ciudad, o bien, protagonizando espectáculos indecentes a plena luz del día, a pie o en carruajes.

Instan al prefecto de distrito a prevenir fraudes de los contribuyentes, especialmente por cantinas, billares y expendios de cerveza, utilizando la acción económica-coercitiva del cuerpo policiaco, ya que los dos primeros tipos de negocios evaden el pago de impuestos por permanecer abiertos al público después de las 9:00 pm de la noche y los último por fabricar vino clandestinamente. Asimismo ordenan al tesorero municipal que exija a sus celadores que realicen una minuciosa inspección de aquellos establecimientos como casas de huéspedes, posadas y demás, en que los propietarios los exploten y no estén inscritos en los padrones de tesorería […] Instan al prefecto del distrito a que prohíba que las mesalinas se paseen en carruaje por las calles de la ciudad; que haga efectivo el pago del impuesto por los denominados “gallos”, y que procure impedir que individuos que ostenten embriaguez se pasen a caballo o en carruajes por las calles de la ciudad seguidos por la música de viento o de cuerdas.[45]

 

Además de estas acciones coercitivas, el bando de policía enfatizaba la verificación de la calidad de las bebidas expendidas con la finalidad de que los gendarmes e inspectores de salud determinaran si su procedencia era legal o clandestina, o bien, si presentaban adulteraciones que perjudicaran la salud de los consumidores, como agregar agua, picante para disimular el calor que producen las bebidas o mezclar alcoholes de distinta procedencia, prácticas muy comunes en aquellos años para aumentar los volúmenes de los líquidos, y con ello elevar las ganancias. También, el bando de policía señalaba que la represión y el arresto de los ebrios que se encontraran escandalizando en el espacio público eran acciones prioritarias.

XV. La vigilancia y represión de toda clase de escándalos que se cometan en cualquier lugar público por los ebrios o personas ociosas. XVI. Vigilar eficazmente las instalaciones clandestinas de mercancías, las que se deberá aprehender en unión de sus conductores, dando parte del hecho al inmediato superior, así como a la oficina de Rentas para los efectos que haya lugar.[46]  

 

Mientras el prefecto y el cuerpo de gendarmería de la ciudad realizaban estos trabajos en la calle, el tesorero municipal se encargaba de inspeccionar el papeleo correspondiente, identificar a aquellos establecimientos que no se encontraran inscritos al padrón de tesorería y aplicar la ley; es decir, clausurar o solicitar la privación de la libertad del propietario, en caso de que se rehusaran a realizar sus pagos una vez sobre aviso.[47]

Por otro lado, si bien el funcionamiento ilegal de los puntos expendedores era una preocupación importante para el fisco, también producía temores al régimen huertista debido a los peligros que implicaba la interacción mediada por las bebidas alcohólicas en un contexto de disputas por el poder. Debe señalarse que, previo a la primera toma de Culiacán de 1911, algunos revolucionarios se reunieron en la cantina del insurrecto Manuel F. Vega para organizar el primer ataque contra las autoridades porfiristas.[48] En ese sentido, la movilización y vigilancia policial implementada a las afueras de las cantinas puede ser interpretada como una medida para evitar reuniones sociales donde el diálogo y los argumentos acompañados del consumo de alcohol se tornaran en contra del orden público y el poder establecido, dada la impopularidad del régimen. De ahí la instrucción emitida al cuerpo de policía de dispersar a todo grupo de personas que se encontraran libando por la ciudad:

 

V. Impedir bajo su más estrecha responsabilidad, que en el radio de su cuartel haya juegos prohibidos, reunión de ebrios o cualquier desorden, y tener en su poder el padrón general de su cuartel, bajo las bases que le dé el Ayuntamiento o la autoridad política. VI. Por la omisión o falta de cumplimiento del artículo anterior, se [castigará] a los jefes de cuartel, con la multa de uno a veinticinco pesos conforme al Código Penal.[49]

 

Cabe resaltar que en otras ciudades del país se implementaron medidas similares, e incluso hasta más estrictas y con sesgos prohibitivos. En la Ciudad de México, el gobierno huertista prohibió el consumo de pulque al interior de ciertos establecimientos de venta; restringió el tiempo para comprar el producto con la finalidad de evitar reuniones improvisadas que pusieran en riesgo el orden público, al igual que ordenó quitar los anuncios publicitarios que reseñaran el tipo de establecimiento (Barboza, 2007, pp. 222–224).

Es difícil medir el grado de eficiencia que tuvieron los ajustes y las acciones implementadas en Culiacán durante el huertismo. La inexistencia de prensa local para esos momentos dificulta la realización de un contraste con las disposiciones oficiales, además que poco se alude al asunto en medios informativos de otras ciudades de la entidad. Sin embargo, hay indicios que nos permiten atisbar algunos éxitos en el control de la venta clandestina de alcohol y el funcionamiento ordenado de cantinas y expendios para este momento en particular. Esto lo sostenemos por dos aspectos fundamentales: a) hay constancia del trabajo coordinado por las diferentes autoridades para mantener un esquema de reglamentación de orden público en la mayor parte del año, por ejemplo, reportes de los establecimientos que debían multas;[50] b) hay cierta tendencia por los expendedores de alcohol en solicitar reducciones a multas y cargos impuestos a partir de las acciones implementadas por las instituciones de vigilancia,[51] lo cual sugiere que el despliegue de elementos policiales fue el causante de ello.

En los meses de septiembre y octubre llegaron a la ciudad un número importante de federales, ante la proximidad de los ejércitos constitucionalistas a la capital. Los rumores sobre la avanzada de las fuerzas revolucionarias hicieron que muchos funcionarios públicos abandonaran sus cargos para huir de la ciudad (Velarde, 2019, p. 207).

Si algunos logros se habían obtenido en lo que respecta a la vigilancia en el funcionamiento de espacios etílicos, los sucesos posteriores vinieron a fragilizar los resultados. Las escenas de militares caminando por las calles en completo estado de ebriedad y la venta de alcohol en horarios no permitidos se hicieron cada día más recurrentes. A los federales se les acusaba de agredir verbalmente a los habitantes por efecto de las intensas borracheras,[52] y hubo casos en donde después de alcoholizarse en las cantinas perpetraban homicidios en la vía pública. Así sucedió en octubre de 1913, cuando un artillero estaba libando en una cantina ubicada por el puente Cañedo y al salir discutió con un hombre que pasaba por la misma acera. Los humores se elevaron y el soldado infringió dos heridas en el cuerpo de su oponente. Al ver la gravedad de su agresión el artillero robó un caballo y emprendió la huida.

En días pasados un soldado artillero se disgustó con un individuo del pueblo en cierta cantina inmediata al puente Cañedo. El soldado, armado con filoso cuchillo, infirió dos feas heridas su adversario, huyendo en seguida sobre un caballo que por casualidad había cerca. Varios soldados andaban de parranda antenoche y, al pasar cerca de un retén hicieron un disparo al viento, por lo que se dispuso en el acto la persecución de los paseantes a quienes se arrestó poco después.[53]

 

Cabe señalar que las borracheras protagonizadas por la milicia, ya sea durante la campaña o resguardando una plaza, fue una práctica muy común durante la revolución. De acuerdo con Roger Pita (2013, p. 237), la acción de que los soldados se alcoholicen en momentos cruciales, no necesariamente está relacionado con un acto de subordinación e indisciplina, pues es una forma de anteponerse en un escenario lleno de peligros e infortunios, generado por motivaciones asociadas con el conflicto y el estado de guerra: canalización del sentimiento de peligro, como un influjo de valentía ante la contienda que se tiene en frente, o bien, para soportar coyunturas producidas por las mismas circunstancias.

Sin embargo, aun cuando los ejércitos se embriagaban por dichos motivos, en el imaginario popular no se interpretaba de esa forma. Esta perspectiva formaba parte de un esquema generalizado que se intensificaba en la medida que ocurrían escenas en donde el peligro y la intranquilidad social aumentaban por su presencia. Así, el soldado era visto como una persona alcohólica, indisciplinada, inmoral y peligrosa. Llama la atención que la opinión pública de países espectadores difundía esta imagen de la milicia mexicana. En Estados Unidos, por ejemplo, se decía que los ejércitos mexicanos pasaban más tiempo en la cantina que ensayando tácticas para combatir al enemigo.[54]

Con la caída del huertismo en 1914, las facciones revolucionarias disputaron el proyecto de nación que se aplicaría en México. El resultado de ello fue la develación de diferencias cardinales entre los grupos políticos y el punto inicial de la guerra civil que continuaría. Este momento coyuntural tuvo efectos importantes en Sinaloa. Al interior del ala constitucionalista surgieron discrepancias e intereses que motivaron a varios de sus miembros a cambiar de bando político, principalmente villista. En consecuencia, el resguardo militar constitucionalista se hizo presente con mayor intensidad en la ciudad de Culiacán, bajo la premisa de controlar un espacio políticamente importante (Alarcón, 2010, p. 29).

Ante la movilidad y agitación que experimentaba la ciudad por aquellos días, un comandante militar expresó al ayuntamiento y a la prefectura del distrito lo inoportuno que era permitir la venta de alcohol en esos momentos, señalando que no había los elementos policiacos suficientes para atender los problemas que ocasionaban las cantinas y las casas de juego, pues la guarnición y los agentes policiacos eran escasos, ya que los esfuerzos se concentraban en sofocar a los insurrectos.[55]

La autoridad local coincidía con el comandante, que la apertura de puntos expendedores sin la vigilancia adecuada fragilizaba el orden social. No obstante, vio en esto una oportunidad para solucionar la carencia de gendarmes en la ciudad y otras poblaciones pertenecientes al distrito. El plan era destinar todas las contribuciones de las cantinas y expendios para contratar a más agentes, y de esta manera la vigilancia en los espacios etílicos no se descuidaría pues el número de policías rondando por la ciudad sería mayor.

 

Notifican al prefecto del distrito que se expedirá un Decreto Municipal relativo al aumento de contribuciones por derechos de patente sobre expendios de licores para aumentar la Fuerza de Policía que cuide el orden en dichos establecimientos, en virtud de haber expedido recientemente ocho permisos para la venta de bebidas embriagantes y que por el reducido número de agentes policiacos no pudo enviar ninguno al servicio indicado. […] Aumentan con 5.00 pesos más por el impuesto por derecho de patente sobre expendios de licores y bebidas embriagantes a que se refiere el inciso I de la fracción de 10 del Presupuesto Municipal vigente, decreto que comenzará a regir a partir del día de febrero del año en curso.[56]

 

 

Debe mencionarse que la flexibilidad en la apertura de espacios etílicos se realizó en un momento en donde se estaban organizando los preparativos para el tradicional carnaval de Culiacán, en los primeros meses del año. Por lo tanto, extender licencias especiales durante esos días significaba aumentar los ingresos de las arcas del erario. Así, la autoridad local sacó ventajas del escenario festivo y cobró un impuesto adicional de $50 a los puntos expendedores que abrieran durante el carnaval, esto sin contar el impuesto de patente que mes por mes cubrían.[57] Para el 9 de febrero de 1915 ya se habían extendido “300 esqueletos de patentes de licores”[58] para distribuir en poblados y rancherías de Culiacán.

En los años siguientes la regulación y reglamentación de espacios expendedores de alcohol tuvo un mayor orden. Con la instauración de los gobiernos constitucionalistas y la disminución del conflicto sociopolítico, se formularon reglamentos más sólidos y detallados que vinieron a sustituir a aquellos que se emitieron de manera emergente, durante el transcurso de los primeros años de la revolución. Otros elementos asociados con la moralización y la abstinencia etílica comenzaron a tener mayor énfasis cuando se trataba de bebidas alcohólicas y la regulación de los puntos de encuentro.

 

Conclusiones

 

Como se ha hecho evidente en el desarrollo de este trabajo, queda demostrado que el Estado aplicó medidas regulatorias a los espacios expendedores de bebidas embriagantes en Culiacán, entre 1911 y 1915, cuyo ritmo tuvo concordancia con el devenir del proceso revolucionario, los peligros y riesgos que significaba su funcionamiento para el orden público y el control social. En consecuencia, el análisis nos llevó a identificar algunos matices importantes sobre el objetivo y la hipótesis establecida.

Si bien la circulación clandestina de alcohol ya se venía efectuando desde tiempo atrás, está claro que los expendedores de licores encontraron en la revolución nuevas posibilidades para comercializar las bebidas al margen de la ley, debido a las carencias de efectivos en el cuerpo de vigilancia, a los vínculos de corrupción entre funcionarios públicos – i.e., policías, prefectos – y propietarios, a la omisión de las normativas cuando el titular del establecimiento era miembro de la administración en turno, así como la inestabilidad política y social que dificultaba cualquier intento de control permanente.

No obstante, la apertura a la negociación y la flexibilidad que mostró – en un principio – la autoridad en relación con la restitución de cobros e impuestos a los espacios etílicos, tras los efectos de la contienda armada, nos dice que no querían enemistarse con este gremio, pues más allá de las prácticas, los discursos antialcohólicos y los vicios que se asociaban con el consumo de alcohol, eran conscientes de los peligros que implicaba una política prohibicionista, ante la capacidad de los expendedores para movilizar y comercializar los líquidos en los poblados y rancherías del distrito, lo cual terminaría por fomentar el clandestinaje, poner el riesgo el orden público y evidenciar la fragilidad del nuevo gobierno en lo referente al control de dichos espacios.

Poco tiempo pasó para que el gobierno revolucionario optara por aplicar nuevas restricciones a los espacios etílicos, ante la identificación de importantes volúmenes de alcohol clandestino circulando en Culiacán y la apertura de puntos de venta en momentos que se decretó el cierre obligatorio. Cabe destacar que dicha situación continuó durante el gobierno huertista, aspecto que nos habla de una problemática en común, pero a diferencia de sus predecesores, está última consideró que el punto clave para resolverlo no estaba en reajustar constantemente las reglas del juego, sino en fortalecer la vigilancia y movilizar a todos los actores en un mismo objetivo. El análisis y la interpretación de las fuentes utilizadas nos permitieron identificar algunos resultados positivos a raíz de los mecanismos implementados en 1913, durante el huertismo, ya que en este lapso son muy notorias la emisión de multas a cantineros, al igual que las peticiones para que redujeran el monto de las cuotas mensuales, y así lograr cubrir las sanciones impuestas.

A la par de estas circunstancias, las medidas implementadas tuvieron un sesgo que vinculaba a la práctica etílica como detonante de la violencia y el crimen, elementos que en tiempos de guerra potencializaba la inseguridad. Pero la alarma no solamente era hacia los ejércitos que, deseosos de divertirse en los momentos que el conflicto lo permitía, protagonizaban interminables borracheras, sino también se dirigía a la población que en un escenario de anarquía podía ser espectador y partícipe de las eventualidades. Esto quedó demostrado cuando la milicia zapatista tomó la ciudad de Culiacán, tras el desenfreno, el hurto y la embriaguez que detonaron los excesos de la población local. Cabe aclarar que la violencia como efecto del consumo de alcohol era algo que no representaba una novedad para la sociedad sinaloense, pero el contexto sociopolítico hacía proclive que una agresión directa o delito bajo los influjos de la bebida fuera muy difícil de castigar, debido a la ausencia de poderes y la casi inexistente vigilancia policial.  Sin embargo, en esta investigación se identificó que cuando las cosas se tranquilizaban, salían a relucir situaciones en donde los implicados eran señalados públicamente como incitadores a desorden y la intranquilidad, incluso de aquellos que debían encargarse de mantener la seguridad y el orden. Así sucedió con los rurales en 1912, pues cuando llegaron a la ciudad para protegerla de una segunda incursión zapatistas realizaron continuas parrandas y festejos nocturnos.

Por su parte, el asesinato de la señora Fregoso a manos de su esposo tras haber ido a la cantina y seguir embriagándose en su casa nos invita a reflexionar en dos direcciones importantes: a) que pese al caos del momento se llegó a identificar y aplicar castigo a quienes cometían alguna clase de delito o crimen bajo los efectos del alcohol; b) que la regulación, más allá de que fuera exitosa o no, era exclusiva en el sentido de que aplicaba solo en puntos comerciales que vendían alcohol, haciendo uso del código policial para sancionar a quienes estuvieran bebiendo en la vía pública, en la calle o en las plazas. No obstante, existían espacios donde la regulación y el control social no lograban penetrar, espacios no regulados como el hogar. Este aspecto es muy significativo, sobre todo si tomamos en cuenta que la circularidad de las bebidas no logró frenarse, y aun cuando la práctica etílica se restringió en las cantinas, el consumo bien podía efectuarse desde lo privado. Así dicho, el control a partir de la regulación de espacios etílicos solo miró hacia lo público, a lo externo, a aquello que potencializaba el desorden en las calles de Culiacán, pues erradicar el consumo exigía mecanismos de concientización individual y colectiva, los cuales no tuvieron el suficiente peso durante la temporalidad estudiada.

Un elemento que subyace detrás de los mecanismos regulatorios, los expendedores de alcohol y el mismo contexto revolucionario son los actores que consumían las bebidas. Indistintamente de la esfera social a la que hayan pertenecido, dichos líquidos siempre estuvieron a su alcance, ya sea por medios legales o ilegales. Este pequeño paréntesis, aunado con la variabilidad de puntos expendedores y el amplio número que existía, nos habla de que la cultura etílica estaba muy arraigada en la sociedad local, que permaneció desde el porfiriato a la revolución, difícil de controlar mediante normativas coercitivas sobre los puntos de venta, tanto en momentos de paz como en tiempos de guerra.    

 

 

Lista de referencias

 

 

Archivos

 

ACSTJES – Archivo de Concentración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa

AHMC – Archivo Histórico Municipal de Culiacán. Culiacán, Sinaloa.

‘Colección fotográfica de Mauricio Yáñez’, Colección Miguel Tamayo. Culiacán, Sinaloa.

 

 

Hemerografía

 

El Correo de la Tarde. Mazatlán, Sinaloa.

El Monitor. Culiacán, Sinaloa.

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa.

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