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La Obra Pía de La Quemada y sus haciendas:
del auge al deterioro económico, 1757-18501

Águeda Jiménez Pelayo
Universidad de Guadalajara

En este trabajo se analiza el desarrollo de una rica obra pía del obispado de Guadalajara. Se examina el alto rendimiento de las haciendas que le pertenecieron durante el siglo XVIII, el papel que desempeñó el primer patrono y los problemas que surgieron a la muerte de éste, los conflictos entre la Iglesia y la Corona y entre el obispo y las autoridades mexicanas durante el siglo XIX. Se hace énfasis en el deterioro de los bienes por los conflictos surgidos entre los diferentes actores por el control de los bienes.

Palabras clave: Obra pía, haciendas, Zacatecas, Iglesia católica.

En esta investigación se examina, en un proceso de larga duración, el desarrollo económico de las haciendas que constituyeron la Obra Pía de La Quemada, instituida en la segunda mitad del siglo XVIII. Se analiza desde la creación hasta la desaparición, en la segunda mitad del siglo XIX, de una de las instituciones que manejaron el mayor volumen de capital en el obispado de Guadalajara.

Me propongo examinar la obra pía durante el gobierno español y las vicisitudes que surgieron al morir su primer patrono, Antonio González Beltrán; los cambios que la afectaron después de la independencia y los problemas surgidos por tener que sujetarse a diferentes legislaciones y autoridades. Son muchos los actores que intervienen a través de los años en la obra pía: el fundador, su esposa y parientes políticos, los patronos, la Mitra, la Audiencia de Guadalajara, el Rey de España, el Consejo de Indias y finalmente, después de 1821, los gobernantes de Jalisco y Zacatecas. Los diferentes cambios de sistema de gobierno mexicano afectaron notoriamente la economía de la obra pía.
En este estudio se examinan con especial énfasis los problemas surgidos con los cambios de gobierno posteriores a la independencia, los cuales se reflejan en la economía de la obra pía: si se establece un gobierno centralista, pasa la administración al obispado de Guadalajara; si triunfan los federalistas, el Estado recoge las haciendas. Como consecuencia de estos cambios después de 1824 se produjo el deterioro de las propiedades. Se analiza asimismo la pérdida del derecho a las aguas de los ríos y arroyos que afecta a algunas haciendas al rematarse por separado.
Los estudios sobre fundaciones piadosas, capellanías, obras pías, legados, etcétera, muestran que los hombres acaudalados de la Nueva Galicia, lo mismo que los de otras regiones de la Nueva España e Hispanoamérica, realizaron cuantiosas donaciones a la Iglesia durante el periodo colonial. Diversos motivos los impulsaron a efectuarlas. En primer lugar creían que debían asegurar la salvación de su alma y la de su parentela a través de la creación de fundaciones piadosas; pensaban que las actividades a favor del alma constituían una inversión para obtener una posición mejor en el más allá. Por otra parte, querían favorecer a los miembros de la familia que ingresaban a un convento o dedicaban su vida al sacerdocio. Y finalmente a otros los impulsaba el deseo de preservar o adquirir, según el caso, un elevado status social, honor y prestigio. Así lo demuestran los estudios sobre estas instituciones.2 Las capellanías eran fundaciones que un individuo o una familia establecía a favor de un clérigo para sostenerlo durante sus estudios si aún no se ordenaba, o para su mantenimiento si ya era sacerdote. El donante entregaba una cantidad de dinero, o dejaba la disposición en su testamento, para que un capellán celebrara misas por el alma del fundador y su familia. El capellán recibía la renta que producía la inversión, que en siglo XVIII representaba un cinco por ciento.3
En la Nueva España y la Nueva Galicia se fundaron obras pías en las que se invertían fuertes sumas de dinero, a la vez que se aseguraba que se incrementara el capital para que la obra pudiera sostenerse a largo plazo. La terminología para definir estas fundaciones no es clara; con frecuencia se designa un legado como “obra pía” o “patrimonio”. Sin embargo, cuando los fondos eran muy cuantiosos y se destinaban por largo tiempo, generalmente se hablaba de “obra pía”. Los poseedores de abundantes recursos económicos instituían obras de gran magnitud, como fundar un convento o una escuela, o sostener un hospital. La fundación de obras pías en la Nueva España data del siglo XVI. Se establecían con un bien material (haciendas y diferentes clases de bienes inmuebles), dinero o deudas, de cuyos réditos se beneficiaba a mujeres huérfanas con dotes para poder ingresar a un convento o para casarse.4 Las obras pías se incrementaron en la Nueva España durante el siglo XVIII. En el arzobispado de México los miembros de la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, quienes en su mayoría formaban parte de la elite de la capital del virreinato, hicieron varias fundaciones. En 1758 el diputado Pedro Terán donó 90 000 pesos para varias obras; de éstos, 32 000 se asignaron para dotaciones a sus parientes en Castilla.5 En esta cofradía, con el fin de incrementar el capital, se invertía en préstamos el fondo de dotes de huérfanas aún no adjudicado; de esta forma se acumulaban intereses hasta que el marido de la agraciada o el convento donde profesaba reclamaran la suma de la dote. Una obra pía que se distingue por el alto monto de sus fondos fue la establecida en 1796 por Juan Acosta, quien dejó 200 000 pesos a la Iglesia. Esta suma debía rendir un ingreso de 8 000 pesos anuales; la mitad de ese dinero sería para fundar una capellanía cada año y la otra mitad para la dote de una novicia que ingresara a un convento.6

Los orígenes de la Obra Pía de La Quemada

A don Juan Manuel de Bárcena, criollo, originario de Zacatecas y vecino de Villanueva, Zacatecas, se debió la fundación de la Obra Pía de La Quemada en la segunda mitad del siglo XVIII. El fundador y su segunda esposa, doña Catarina Fernández de Castro, originaria de Zacatecas, no tuvieron hijos. Las propiedades del vínculo se ubicaban dentro de la jurisdicción de la Audiencia y del Obispado de Guadalajara.
Cuando Bárcena decidió fundar la Obra Pía, doña Catarina “gustosa” aceptó renunciar a sus gananciales y los que en adelante adquiriera a favor de la institución.7 Según don Juan Manuel, su esposa hizo formal cesión ante el escribano real por su espontánea voluntad, y por esa renuncia él se convirtió en legítimo dueño de todo el caudal de sus bienes. En virtud de la facultad que su esposa le confirió, y

por el beneficio espiritual que a nuestras almas de ella resulta desde ahora, por mi última y final voluntad instituyo y erijo y nombro por mi heredera a mi alma, la de mi referida esposa, la de nuestros padres, sirvientes y demás, de nuestra intención y obligación.8

El fundador dispuso en su testamento que se creara con todo su caudal un Patronato Real de legos, firme, estable y perpetuo, prohibiendo toda enajenación de los bienes raíces, y que los muebles, semovientes y frutos se utilizaran para conservar y aumentar las haciendas para las obras que señaló.9
Para definir las capellanías laicales, José María Ots Capdequí nos remonta a las Siete Partidas: “se fundaban sin la autorización del pontífice ni del obispo u ordinario de la diócesis”.10 Los mismos requisitos se aplicaban a una obra pía de “patronato de legos” o laica.11
Al redactar su primer testamento, en 1757, a Bárcena le pertenecía la hacienda de San Buenaventura de Guacasco, en la jurisdicción de Tlaltenango, que había adquirido por 10 000 pesos. Doña Catarina no aportó dote ni herencia al contraer nupcias. Don Juan Manuel calculaba que al casarse tenía un capital de mil pesos, y después de su matrimonio heredó de su padre poco más de un sitio de ganado mayor, con sus muebles y enseres, de la hacienda de La Quemada, pero en 1733 compró a sus tres hermanos la parte restante de la hacienda y completó cinco sitios de ganado y cuatro caballerías de tierra con un cuarto de otra. Una vez dueño de toda la propiedad, le hizo numerosas mejoras. Posteriormente adquirió en subasta pública, en 1756, la hacienda de Santa Fe y la estancia de San Antonio de los Delgadillo.12 Además, en Zacatecas los Bárcena eran dueños de varias casas, y en Villanueva construyeron una casa de altos y bajos frente a la plaza. Poseían esclavos y sus bienes solamente tenían gravámenes de 12,800 pesos.13
Todavía con muy buena salud, en 1762, don Juan Manuel dictó otro testamento, nombró patrona de la obra pía y albacea a su esposa y dispuso que percibiera el quinto de los frutos y esquilmos de las ganancias de las haciendas para su manutención y la de su familia. En caso de que ella faltara, quedaba como albacea don Antonio González Beltrán, quien a la vez sería patrono de la obra pía, y si éste muriera el obispo designaría al sucesor. Pero añadió que si su mujer reclamaba los gananciales, no podría obtener el patronato y recibiría la mitad de ellos.14
Sobre las otras cuatro quintas partes de las ganancias de sus bienes, Bárcena dispuso que se entregaran a personas de reconocida honorabilidad y se fundaran las capellanías y dotes que alcanzaran, siendo de
4 000 de principal cada una, para que se otorgaran los réditos a individuos pobres, aplicados, aptos, capaces y deseosos del estado eclesiástico.15
Dispuso que lo mismo se hiciera sobre las dotes para niñas escogidas, españolas y virtuosas, con deseo de consagrarse como esposas de Jesucristo. En caso de no haber candidatos en Villa Gutierre (Villanueva), Jerez o Zacatecas, disponía que se utilizaran las dotes para niñas pobres que se inclinaran al matrimonio.16 Es importante destacar la distinción racial que se practicaba.

El fundador murió en mayo de 1763. Al mes siguiente su esposa cambió la escritura en la que había cedido los gananciales a su esposo y agregó que si le sobrevivía su madre, Manuela Díaz, no podía disponer de todo su caudal por ser su heredera forzosa y “habiendo pedido consejo a personas doctas, deseaba tranquilizar su conciencia, por lo que solamente renunciaba a una tercera parte”. Sin embargo añadió que, en caso de morir su madre antes que ella, renunciaba a todos los derechos y acciones que le pertenecían a favor del vínculo creado por su esposo.17 Doña María Catarina sobrevivió ocho meses a su esposo, murió primero que su madre: en su testamento ya la había nombrado heredera de las dos terceras partes de sus gananciales, y como albacea a González Beltrán. Doña Manuela murió un mes después, pero las hermanas de doña Catarina y sus maridos entablaron un largo litigio para reclamar la herencia de su madre.18 Las demandas llegaron al Consejo de Indias y, al regresar el caso a la Audiencia de Guadalajara, se falló a favor de las hermanas de doña Catarina: se dispuso que les fuesen entregados 49 181 pesos y seis reales. Sin embargo, hicieron otras reclamaciones, y todavía en 1810 se rebajan en los informes de la contabilidad pagos a favor de las herederas; esto quiere decir que aún después de la muerte de González Beltrán continuaba el litigio.19
El estudio de la Obra Pía de La Quemada, además de darnos información acerca de las fundaciones piadosas y el beneficio que recibían de ella quienes carecían de recursos, el papel de la Iglesia en el crédito, el incremento o deterioro económico de una empresa según la capacidad y responsabilidad de patrono y administradores, nos proporciona información acerca del interés de la Corona por esta fundación y sus bienes. En 1796 y 1797 se emitieron Reales Cédulas con las disposiciones del monarca acerca del funcionamiento de la Obra Pía. El nombramiento del patrono administrador lo harían el vicepatrono real (el virrey) y el obispo.20

Las haciendas de la Obra Pía de La Quemada

La Obra pía fundada como patronato de laicos (o legos) denominada en algunos documentos como “de La Quemada” y en otros como “de Bárcena”, comenzó en 1764 con un capital de 217 211 pesos y 5 reales; se hizo cargo de ella como patrono y administrador, de acuerdo con la voluntad del fundador, don Antonio González Beltrán. La contabilidad de la hacienda es una clara evidencia de la buena administración que llevó a cabo: no solamente mejoró las haciendas, sino que invirtió en la compra de otras dos, Buenavista y Santiago del Cuidado, que adquirió en remate en 1780 por 60 000 pesos. El patrono aportó 20 000 pesos y los otros 40 000 los consiguió a través del obispado de Guadalajara, con fondos del Santuario de Guadalupe, por una escritura de censo reservativo o enfiteusis sobre las propiedades.21
La gran destreza de González Beltrán para manejar las empresas queda demostrada en las ganancias obtenidas en los 27 años que transcurrieron entre 1764 y 1791: un total de 359 864 pesos con cinco reales y medio.22 De estos fondos González Beltrán obtuvo la quinta parte por administración y patronato, 71 972 pesos 7 reales y medio. En la fundación de 21 capellanías de 4 000 pesos cada una se utilizaron 84 000 pesos; en 21 dotes de monjas que profesaron en varios conventos, 86 000 pesos; en limosnas se distribuyeron 22 000 pesos. El costo de la iglesia de Villanueva fue de 10 457 pesos y 7 reales, y para la celebración de misas se destinaron 14 250 pesos. El capital de la Obra Pía en 1791 había ascendido a 278 838 pesos con cuatro y medio reales.23 La quinta parte que recibió el administrador correspondía únicamente a las ganancias. El capital se había incrementado en 142 643 pesos.
A través del análisis de las propiedades de la fundación de Bárcena podemos entender la hacienda como un nudo de relaciones. Por medio de los inventarios se detectan las variables: capital, extensión de la tierra, mercado, producción, mano de obra y conflictos con las comunidades indígenas vecinas.24
Las tierras de la Obra Pía cubrían un extenso territorio de los actuales estados de Zacatecas y Jalisco. La Quemada y la estancia de Delgadillo se ubicaban al norte de Villanueva, área regada por el río Juchipila, cuyo caudal contribuía a que se obtuvieran abundantes cosechas, tierras fértiles donde florecían ricas propiedades, entre ellas La Encarnación, Santiago, Los Fustes, Malpaso, Morones y, hacia el sur de Villanueva, Tayagua y Apozol.25 El Cuidado, Santa Fe y Buenavista, localizadas al sur de la villa de Jerez, aprovechaban las aguas del río Jerez; Guacasco estaba al norte del actual estado de Jalisco.
En las haciendas de la obra pía se observan estas variables. En términos de extensión, no se podría comparar cada una de las haciendas con las grandes propiedades del norte de la Nueva España; pero si tomamos en cuenta la superficie total de las tierras y su producción intensiva, se pueden considerar en su conjunto como una de las prósperas empresas agropecuarias del reino en el último cuarto del siglo XVIII. La hacienda de La Quemada contaba con una extensión de seis sitios de ganado mayor (10 530 hectáreas); la estancia de los Delgadillo, que se manejó como una sola entidad con la anterior, abarcaba cinco y medio sitios de ganado mayor y cuatro caballerías, con un total de 9 213.75 hectáreas. Guacasco te-

nía tres sitios de ganado mayor y dos de menor, y cubría 7 530 hectáreas. Para Santa Fe, con seis sitios de ganado mayor y menor, se han calculado
10 530 hectáreas, más 1 505 correspondientes a treinta y cuatro caballerías y un poco más de otra. De El Cuidado y Buenavista se carece de información. El total de la superficie de las haciendas sobrepasaba las 39 000 hectáreas.26 A las caballerías de tierra, por dedicarse típicamente a la siembra de trigo en el periodo virreinal, se les denominó también “tierras de pan comer” o “tierras de pan llevar”, pero se aprovechaban para toda clase de cultivos, ya fuesen cereales u otros productos agrícolas.
Las haciendas de obra pía contaban con casa grande, presas, cercas, harinero, trojes, jabonera; en cuatro de ellas había capilla y casa para el capellán; en Guacasco, La Quemada y Santa Fe disponían de molino de trigo y maquilaban el cereal de otras haciendas. Gracias a la suficiente agua del río de Jerez, había huertas y cepas. En la hacienda de Santa Fe escaseaba el agua, pero se beneficiaba de la presa de Buenavista. Como ocurría en las haciendas del norte de México, en la hacienda de Guacasco se mantenía un obraje y se vendían frazadas y otros textiles.27
Como se puede observar en los cuadros 1, 2 y 3 sobre la producción agrícola de las propiedades, se obtuvieron 12 203 fanegas de maíz, 1 080 cargas de trigo y 1 024 fanegas de frijol. Tanto en la agricultura como en la cría de ovejas y cabras la hacienda de La Quemada superó a las otras propiedades. Su principal giro fue la cría de ganado menor, con un valor de 27 604 pesos y seis reales. En las cuentas del año mencionado se incluyen 29 arrobas de lana y 125 frazadas; no se aclara si se vendieron o se conservaban en existencia.
En cuanto al ganado mayor incluido en los cuadros 4, 5 y 6, el número de reses es bajo, pero en cambio el total de bueyes es de 2 472 y, si tomamos en cuenta la cantidad de las mulas y caballos de tiro, podemos concluir que la actividad agrícola era intensiva. Al comparar el número de bueyes de las propiedades del vínculo con las de El Cabezón y La Vega, en Ameca, en 1793, las sobrepasan las haciendas administradas por González Beltrán

Las haciendas de la obra pía de La Quemada desempeñaron un importante papel en la economía de Zacatecas y el norte del actual estado de Jalisco de 1764 a 1820. Abastecían de granos y de ganado vacuno y lanar principalmente a los reales de minas y otras poblaciones importantes.

En la contabilidad de 1791 y 1796 se informa de las ventas a Fresnillo, Jerez, Zacatecas y Bolaños (en esta población tenían bodega); enviaban diferentes clases de chile, paja, harina, carneros, frazadas, sebo y manteca. Se incluyen en las cuentas pagos recibidos por la matanza, pero no se menciona la población que adquiría la carne: debe haber sido Jerez.28 En

las cuentas de los años mencionados se incluyen las cantidades que se recibían por arrendamiento de tierras: sitios, ranchos y huertas.29

La época dorada de las haciendas de la obra pía fue durante la administración de González Beltrán, quien añadió dos haciendas, incrementó el fondo y entregó un minucioso (aunque confuso) informe sobre la contabilidad de las propiedades. El primer patrono enfrentó conflictos, entre ellos el litigio de las herederas de doña Catarina Fernández de Castro y el de los naturales de Huejúcar por las tierras, situaciones que no se resolvieron definitivamente durante su patronato.30 Defendió el capital ante las exigencias de la Corona para gravar con cargos los fondos y exigía que se cumpliera el testamento de Bárcena frente a las disposiciones reales para que se dividieran las propiedades y se otorgaran dotes para jóvenes que deseaban contraer matrimonio. Pero no se escapó de entregar donativos a la Corona.

La administración de
La Quemada a la muerte de González Beltrán

La administración de las haciendas tuvo un drástico cambio después de la muerte de Antonio González Beltrán. Su decadencia fue notoria desde 1801.31
Sobre la sucesión de los patronos, Bárcena había ordenado que si González Beltrán tenía un hijo apto y totalmente a propósito para el manejo, conservación y aumento de las haciendas, podía nombrarlo por patrono del vínculo con el mismo salario.32 En caso de no tener sucesores, González Beltrán debería designar por patrono a uno de sus primos, de la familia de los Beltranes. A cada patrono le concedió la facultad de nombrar sucesor “de su estirpe y descendencia”. Aquí surge una pregunta: ¿por qué designó a los miembros de esta familia como patronos? En ningún documento se ha encontrado la respuesta. Bárcena agregó que, en caso que no hubiese sucesor apto, la facultad de nombrar patrono recaería en el obispo de la diócesis, y no habiendo sujeto capaz, se nombraría al cura beneficiado de Villanueva.33
González Beltrán, en 1787, nombró a su tío don Manuel Beltrán y Bravo para que lo sucediera como patrono. A su muerte, en 1800, el obispo confirmó la designación; pero al año renunció don Manuel.34 Sin embargo, propuso y nombró como sucesor, sujetándose a la cláusula 31 del testamento, a su hermano el licenciado don José Vicente Beltrán y Bravo, conde de Santa Rosa, párroco de Villanueva,35 quien consideraba que tenía suficientes conocimientos e instrucción en el manejo de campo, porque siempre trabajó al lado de su padre en sus haciendas.36

A pesar de la oposición del promotor fiscal del obispado, por considerar “un gravísimo inconveniente” que don Vicente fuera cura de Villanueva, porque este cargo exigía “mucha atención, vigilancia y cuidado en las obligaciones de su ministerio”, el condepárroco aceptó el patronato y renunció al curato y a los réditos de 20 000 pesos de beneficio curado que disfrutaba.37
En abril de 1802 don Vicente tomó posesión de la fundación; se elaboró un inventario de todas las existencias y se le hizo entrega de los bienes.38 El conde de Santa Rosa estuvo a cargo de la obra pía hasta su muerte, en 1816; mas desde cuatro años antes había dado poder para la administración de las haciendas a su cuñado don Tomás Calderón, a quien se acusó de malversación de los bienes y de no haber pagado 18 000 pesos que tomó prestados durante el tiempo que manejó las haciendas. Calderón estaba casado con una hermana del conde, la cual, después de la muerte de aquél, reclamó el patronato para sí o para su hijo Fernando, de siete años. La Audiencia consultó al Rey, pero la petición no fue aceptada.39
Al morir don Vicente Beltrán se recogieron los bienes y se entregó un informe al obispo Cabañas sobre la forma en que administró las haciendas; los testigos consultados por el juez declararon que no llevó ningún orden en las cuentas durante el tiempo que manejó la obra pía.40 Los peritos que revisaron las cuentas de los bienes concluyeron que el conde había recibido en 1802 461 287 pesos y seis reales, y le entregó a don Tomás Calderón 308 505 pesos y cuatro reales; según los inventarios, debía 152 782 pesos y dos reales, y de acuerdo con lo calculado debían haber producido un seis por ciento de ganancias, “pero evitando todo género de rigor” el juez comisionado solamente calculó el cuatro por ciento de ganancia, que debería ser de 196 812 pesos. El total de lo que se le hizo cargo a la administración del conde por las dos cantidades (capital líquido descubierto) fue de 349 594 pesos. Sin embargo, no se ha encontrado documentación que indique algún embargo u otra presión para exigir a los herederos del conde que cubrieran el desfalco. Los gastos para cubrir el desfalco contribuían a disminuir el capital.41
Con el fin de designar al sucesor, en 1818 se presentó la competencia entre las dos jurisdicciones: la Iglesia y el Estado español. El obispo Cabañas afirmó que él era “el actual patrono de la Obra Pía de La Quemada” y le competía elegir al patrono administrador que cuidara las fincas.42 Por su parte, el fiscal de la Audiencia declaró que por ser ésta una obra pía lega, no debería ser el principal patrono otro que el mismo soberano, y debía estar al cuidado y atención de los virreyes y presidentes que en América ejercían las funciones de patronos.43
En la Real Cédula del 31 de octubre de 1811 se imponía a la Audiencia de Guadalajara y al Obispo la obligación de proceder de acuerdo en los asuntos relativos a la obra pía; sin embargo siguió habiendo conflictos.44
Preocupados por los desfalcos de las haciendas, el presidente de la Audiencia y el obispo solicitaron autorización del Rey para arrendar las propiedades o venderlas, ya que no había fondos para cubrir los réditos vencidos, ni para pagar las deudas y salario de los trabajadores. Durante la administración de Calderón hubo una diferencia de 152 782 pesos, sin incluir las utilidades que debieron producir calculando el cuatro por ciento anual. Pero informaron sobre “las circunstancias de aquella época en que la rebelión de estos países y su necesaria pacificación influyeron para que ni el presidente ni el obispo nos pusiéramos de acuerdo en estrecharlo eficazmente a la dación de cuentas”.45
Finalmente, por no haber un candidato apto de la descendencia del conde, se nombró patrono administrador al párroco de Villanueva, don Juan José Román, quien estuvo a cargo de la administración hasta 1826. México se había independizado en 1821, tres años después se promulgó la Constitución republicana de 1824, pero no se presentaron problemas con la obra pía.46

Las vicisitudes de las haciendas en el México independiente

La actitud del Estado hacia la propiedad de la Iglesia experimentó cambios después de 1821. Los argumentos liberales sostenían que se necesitaba la apropiación de los bienes del clero por razones económicas, y al poco tiempo agregaron las necesidades financieras del nuevo gobierno. En el congreso de 1822 se discutieron las cuestiones religiosas, sin embargo la Constitución de 1824 declaró que el catolicismo era la religión exclusiva y garantizó los fueros y propiedades del clero. Durante diez años los gobiernos y los grupos conservadores resistieron las presiones para exigir a la Iglesia la entrega de sus bienes.47 Fue en la década de 1830 cuando se aplicaron leyes para confiscar los bienes eclesiásticos. Las ideas de José María Luis Mora ejercieron gran influencia para poner en práctica estas medidas, durante la vicepresidencia de Valentín Gómez Farías, en 1833.48
En Zacatecas se hizo cargo del gobierno del estado en 1829 Francisco García Salinas. El grupo gobernante había vivido un periodo de cohesión desde 1825. En los últimos meses de 1829, el gobernador presentó al Congreso el primero de “una serie de proyectos de ley que colocarían a García Salinas entre los políticos de vanguardia y lo distinguirían por la aplicación de un liberalismo ortodoxo ajustado a las necesidades de la nación y en el que la participación del Estado tenía un papel crucial”.49
El abogado Fernando Calderón, teniente coronel de artillería, sobrino del conde de Santa Rosa y que apoyaba las ideas liberales, fue miembro del Tribunal de Justicia de Zacatecas y diputado en el Congreso. En 1831 solicitó el puesto de patrono administrador de la Obra Pía de La Quemada50 e inició una confrontación con la curia eclesiástica para exigir su derecho como miembro de la familia de los Beltrán.51 Reclamó en un juicio la administración de la obra pía por ser descendiente, nieto legítimo en línea recta, de don Jacinto Beltrán, y tener 22 años. Alegó que su tío, el conde don Vicente, lo había nombrado sucesor, pero su familia fue despojada. Afirmó que el actual patrono, don Juan José Román, le negaba aún el derecho de reclamar el patronato; además argumentó que ya tenía edad suficiente para administrar los bienes.52
El defensor de Calderón se apoyó en las Leyes de Indias, pero a la vez en la legislación del México independiente; expuso que en ese asunto no le tocaba intervenir al juez eclesiástico, según la naturaleza del negocio después del cambio de forma de gobierno.53 El fallo del alcalde segundo constitucional de Villanueva fue favorable al licenciado Calderón, y a pesar de la oposición y los reclamos del doctor Juan José Román,54 el patronato de La Quemada pasó a manos de aquél. 55
Durante el desempeño de Calderón en el patronato, el gobernador de Zacatecas, don Francisco García Salinas, expidió un decreto, que fue aprobado por el Congreso del estado, según el cual el gobierno tomaría las fincas de La Quemada comprendidas en ese estado por su último avalúo y se dividirían (Guacasco pertenecía a Jalisco). Del valor líquido, la quinta parte sería para Calderón. El resto quedaría impuesto a censo de un cinco por ciento, y se aplicarían del censo 1 500 pesos al licenciado Calderón o a sus herederos; el sobrante del rédito se fraccionaría en tres partes: una para escuelas, otra para dotes de doncellas pobres para casarse y la última para auxiliar a los sacerdotes pobres de Jerez y Villanueva. Antes de que se promulgaran las leyes de reforma eclesiástica de 1833, ya en Zacatecas y otros estados de la república se había ordenado la confiscación de los bienes de la Iglesia, incluyendo las obras pías.
A partir de esta fecha se observaría un vaivén en relación con los bienes de La Quemada: en cada cambio de gobierno central a federal pasaban de la Iglesia al Estado, y viceversa. Así, en 1837 dispuso el gobierno centralista que se regresaran las haciendas al obispo de Guadalajara para que las administrara de acuerdo con la cédula de la Regencia española de 1811. Ante ello, el obispo Diego de Aranda nombró patrono al párroco de Villanueva. Cuando las haciendas regresaron a manos del Estado las propiedades ubicadas en Zacatecas se pusieron en manos del Banco Nacional para que fueran arrendadas.56 La de Santa Fe la arrendó por cinco años don José Manuel Amozorrutia. A los dos años se le exigió que la entregara a la Mitra. Amozorrutia no estuvo de acuerdo, pues deseaba continuar con el arriendo o comprarla (pagaba 2 200 pesos anuales), pero por órdenes del Supremo Gobierno se le exigió la entrega. Estas situaciones ocasionadas por los continuos cambios de sistema de gobierno contribuyeron a un fuerte deterioro de las haciendas. Además habían surgido quejas relacionadas con el uso del agua. Amozorrutia protestó porque le quitaron el agua a la hacienda de Santa Fe para aprovecharla en la de Buenavista.57
Debido a las disposiciones sobre la administración de las haciendas, que debían sujetarse a la cédula de 1811 que no incluía el caso de la enajenación de los bienes, se remitió el asunto al presidente de la República y se aclaró que en caso de venderse La Quemada era evidente lo insignificantes que serían Santa Fe y Guacasco. Coincidieron en esto la Mitra y el gobierno de Zacatecas. El gobierno autorizó la venta de las tres haciendas.58
En 1843 La Quemada se vendió en 54 274 pesos al general don Fernando Franco, pero quedando reconocido su valor [total] sobre la misma finca.59
Guacasco se valuó en 20 050 pesos en junio de 1843, se puso a la venta y se presentaron varios postores. Los comentarios de uno de ellos, Ignacio Reveles, muestran el deterioro de los bienes: “la hacienda no es ni en sus fincas, ni en sus aguas, estancias y fábricas una cosa de interés, sus pastos son vanos y de mala calidad”, y agregaba: “sus tierras han sido desmembradas por los indígenas vecinos, sus obras de agua casi están perdidas por el abandono”. Afirmaba que no valía el monto del avalúo, pero que por ser colindante de su propiedad la estancia del Laurel, hacía postura a ella.

Finalmente, en 1844, se remató en 40 000 pesos y 4 reales en Joaquín Castañeda, quien se comprometió a redimir el capital en siete años y pagar el cinco por ciento de rédito anual. El precio de la finca estaba sobrevaluado, por lo que casi tres años más tarde Castañeda informó al obispo que había podido conseguir dinero para pagar los réditos, pero debía 5 333 pesos. Solamente había obtenido 700 pesos anuales. De nuevo se realizó la subasta de Guacasco y quedó en poder de Gregorio Llamas por 30 300 pesos. Las haciendas de Guacasco y El Cuidado fueron hipotecadas en 1843. El valor de la segunda rebasó en más de dos terceras partes el de Guacasco. Se consideró suficientemente asegurada y se otorgó escritura por nueve años, pero condicionada a que no se podrían vender, cambiar ni enajenar las propiedades porque se nulificaría el contrato. 60
Santa Fe se valuó en 21 057 pesos. Se aclara que tiene dos presas y un tanque, y si se le daba derecho al agua el valor aumentaría 10 000 pesos. Se sacó a remate y se presentaron varios postores. Se suscitó un problema con Gregorio Llamas, que había comprado la hacienda de El Cuidado y reclamaba toda el agua. Su hermano Hilario hizo postura a la de Santa Fe, considerando que Gregorio le dejaría aprovechar el agua del río Jerez. Finalmente se remató en Hilario Llamas por 35 002 pesos. El total de esta cantidad también quedó impuesto sobre la finca por nueve años a partir de 1844, con un interés del cinco por ciento anual. Cada nueve años, antes de que venciese el contrato, podría renovarlo por otros nueve, pero si no había pagado los réditos se le exigiría la redención del capital.61 Se comprometió a entregar una fianza, pero en 1853 aún no lo había hecho.
Gregorio Llamas había adquirido las haciendas de El Cuidado y Guacasco. Ambos hermanos debían réditos y el primero insistía en que había invertido mucho dinero en restaurarlas; aseguraba que las propiedades eran productivas y había en ellas suficientes bienes con que pagar, pero necesitaba tiempo. En 1854 todavía no habían cubierto la deuda de réditos, a pesar de que se les habían concedido plazos. Los Llamas insistieron en que pagarían.62

Sobre la hacienda de Santa Fe, Gregorio Llamas se quejaba porque las oficinas y habitaciones estaban destruidas, no teníaningún vaso ni depósito de agua y aun está privado por formal sentencia de usar el agua del río Jerez que la atraviesa, solamente se puede hacer siembra de temporal y apenas podrá proporcionar una mediocre subsistencia para la manutención de una familia pobre como la suya.63

En el cuadro 8 se puede observar la depreciación de las haciendas después de 1840. El valor de Guacasco y Santa Fe disminuyó en un 50 por ciento. No tenemos información acerca de la cantidad en que se enajenó La Quemada, pero las expresiones de los postores muestran el deterioro de las propiedades. Con el frecuente cambio de dueños, las continuas luchas en el país y las ideas liberales, las propiedades vinculadas no podían subsistir.64

A pesar de las vicisitudes que sufrieron las propiedades de La Quemada, cuando se aplicó la ley Lerdo en México las haciendas ya se habían rematado, aunque con hipoteca por el total del valor del remate. Según esa ley, los arrendatarios se quedarían con las fincas. Todavía a fines del siglo XIX los descendientes de los Llamas eran dueños de algunas de las haciendas de la obra pía. En 1891 don Francisco de Paula Llamas vendió a don Eugenio del Hoyo la estancia o rancho de Cacalote, que heredó de Gregorio Llamas y que formaba parte de la hacienda de El Cuidado; el comprador la adquirió en 12 000 pesos.65 En 1897 Javier Llamas era dueño de la hacienda de Guacasco.66

Reflexiones finales

El examen de la Obra Pía de La Quemada proporciona una rica información acerca de las mentalidades novogalaicas. Un hacendado trabajador, que forja una fortuna considerable, no tiene hijos y convence a su esposa con “todo lo que por inspiración divina se me ponía presente a mi discurso y entendimiento” de vincular todos sus bienes con el fin de obtener la salvación de su alma y proporcionar dotes a jóvenes doncellas que desearan ingresar al convento. Se puede observar que selecciona a las beneficiarias: las dotes serían para jóvenes españolas virtuosas que quisieran ser monjas. Las capellanías se designan para individuos pobres, pero capaces y deseosos del estado eclesiástico. No fue posible localizar información para analizar quiénes fueron los beneficiados con las capellanías y dotes de monjas. Un rasgo un tanto revelador de la mentalidad femenina de la época es que la esposa del fundador haya aceptado renunciar a sus bienes sin tomar en cuenta a su familia. Pero confunde la afirmación de doña Catarina que aceptó porque fue obligada por su marido. Esas actitudes reflejan un carácter débil de la viuda, a quien el fundador convenció fácilmente (o por la fuerza), pero luego la presionó su familia. Al mismo tiempo nos damos cuenta que no todos los miembros de la sociedad se preocupaban por apoyar las fundaciones piadosas: las cuñadas del fundador no coincidían con estas ideas.

Por el elevado monto del capital involucrado y las apelaciones de las hermanas de doña Catarina, el litigio pasó al Consejo de Indias. Pero la Corona tuvo otros motivos para intervenir en el funcionamiento de la obra pía: la política de Carlos iii se caracterizó por reducir el poder eclesiástico. Los ministros Campomanes y Floridablanca consideraban que la riqueza acumulada por la Iglesia era perjudicial tanto para la sociedad como para el Estado y contribuía a la pobreza de los laicos. De acuerdo con estas ideas, durante el reinado de Carlos iv el fiscal de la Audiencia de Guadalajara criticó que se hubieran dejado los fondos para dotes de monjas y capellanes, consideraba que de haberse fundado dotes de 6 000 pesos para matrimonio se habría beneficiado a 216 personas, y en cambio con el capital de la obra pía solamente se mantenían 43 personas.67 Sin embargo, González Beltrán consiguió que se respetara la voluntad de Bárcena en cuanto a las dotes de monjas. Asimismo, el Rey confirmó la aceptación de de la obra pía “bajo su soberana y real protección”. El patrono, en las últimas décadas del siglo XVIII, no se libró de otorgar préstamos “graciosos o forzosos” a la Corona.
En cuanto a la economía de la obra pía, se pueden identificar varias etapas. Durante la primera, se puede identificar a González Beltrán como un personaje con rasgos modernos por la forma de manejar las haciendas. Su administración se puede comparar con el sistema aplicado en las haciendas jesuíticas. La producción estaba orientada al mercado. Los productos agrícolas y el ganado de la obra pía contribuyeron al abastecimiento de los reales de minas de Zacatecas y Bolaños, lo mismo que a la villa de Jerez. Como las grandes haciendas de la Nueva Galicia durante el siglo XVIII, rentaban tierras y en este caso también huertas. La contabilidad bajo González Beltrán es una rica veta para darnos cuenta de la producción y las relaciones con los trabajadores y con los hacendados de la región. Por otra parte, para defender las tierras González Beltrán sostuvo litigios con las comunidades indígenas de Huejúcar y Tlalcosagua.
El problema más serio surgió a la muerte del primer patrono. El quinto de las ganancias que recibiría su sucesor no era desdeñable, y por ello el conde de Santa Rosa renunció a sus beneficios eclesiásticos y aceptó el cargo. Mas su administración no se compara con la del primer patrono: hubo un desfalco y comenzaron la merma del capital y el deterioro de los bienes.
El estudio de la obra pía durante el siglo XVIII, y sobre todo en las dos primeras décadas del siglo XIX, muestra claramente el conflicto entre las “dos majestades”, la Iglesia y la Corona, principalmente por el derecho para elegir al patrono administrador de La Quemada. Sin embargo, la etapa posterior a la independencia de México presentó mayores conflictos. La extensa duración de la Obra Pía de La Quemada muestra cómo se vio afectada por diversos factores: la independencia de México y las ideas modernizadoras y liberales que ocasionaron cambios radicales en la legislación mexicana en relación con las fundaciones piadosas. Esta situación no fue exclusiva de La Quemada; en el caso de la obra pía fundada por Juan Acosta en el siglo XVIII, hacia 1830 el capital se había reducido en un 50 por ciento, según Casteloe.68
A partir de la década de 1830 aumenta la inseguridad de las propiedades de La Quemada, cada cambio de sistema gobierno (central o federal) las hace pasar de manos de la Iglesia a manos del Estado, o al contrario. Con las reformas de Gómez Farias y especialmente con la legislación del gobernador de Zacatecas García Salinas se decretó la división de las propiedades. Pero en 1837 el gobierno centralista dispuso que se regresaran al obispo de Guadalajara para que las administrara de acuerdo con la cédula de la Regencia española de 1811. Cuando las haciendas volvieron a manos del Estado, las propiedades ubicadas en Zacatecas quedaron en poder del Banco Nacional, para ser arrendadas. Tales vicisitudes contribuyeron al deterioro de las propiedades. Uno de los principales problemas fue ocasionado por la separación de las haciendas, que con ello dejaron de contar con agua de riego. A pesar del bajo valor en que se sacaban a remate no había postores, o quienes las adquirían no las podían sostener por falta de liquidez y las devolvían. La obra pía no pudo sobrevivir a los vaivenes políticos del siglo XIX. Una fundación del antiguo régimen se vio condenada a desaparecer aun antes de la aplicación de las Leyes de Reforma.

Siglas y Referencias
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AGI                Archivo General de Indias, Sevilla (España)
AHAG, OPQ Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara, Sección Justicia, Obra pía de La Quemada, Guadalajara, Jalisco
APJZ              Archivo del Palacio de Justicia, Zacatecas, Zacatecas
ARPP-1H       Archivo del Registro Público de la Propiedad, Libros de Hipotecas, Guadalajara, Jalisco
BPEJ-ARAG  Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara

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Notas:

1 Agradezco el apoyo de la maestra Betania Rodríguez Pérez para la consulta del Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara.
2 Ladd, La nobleza; Martínez, Von Wobeser y Muñoz Correa, Cofradías; Greenow, Credit; Lindley, Las haciendas; Van Young, La ciudad y el campo; Jiménez Pelayo, Haciendas; Von Wobeser, El crédito eclesiástico; Muñoz Correa, “Las estrategias”; Kicza, Empresarios coloniales; Schwaller, Origins of Church Wealth; Taylor, Landlord; Costeloe, Church Wealth.
3 Jiménez Pelayo, “El impacto del crédito”, pp. 506-508; Von Wobeser, El crédito eclesiástico.
4 Loreto López, “La caridad y sus personajes”, pp. 263-264.
5 Lavrín, “Mundos en contraste”, pp. 258-261.
6 Costeloe, Church Wealth, p. 46.
7 AHAG, Justicia, opq, cuaderno 1º. Comprende la fundación de ésta y los testamentos de Don Juan Manuel de la Bárcena, Doña Catarina Fernández de Castro y la madre de ésta; ahag, Justicia, opq, caja 1, cuaderno 1, ff. 35, 59v-60. Los gananciales eran los bienes adquiridos después del matrimonio por cualquiera de los cónyuges y las rentas o beneficios de los fondos separados de ambos. Al morir uno de ellos la propiedad se dividía en entre el sobreviviente y los herederos del difunto. Pero si la esposa demostraba ante un tribunal que su marido había dispuesto de sus gananciales con intención maliciosa, ella los recuperaba. Arrom, Las mujeres, pp. 86-88.
8 AHAG, Justicia, OPQ, caja 1, cuaderno 1, f. 36.
9 AHAG, Justicia, OPQ, caja 1, cuaderno 1, f. 36.
10 Ots Capdequí, Manual de historia, p. 125.
11 En la Real Cédula del 11 de julio de 1767 se advertía que “en las capellanías laica les, en los patronatos de legos… toca a los jueces reales librar los correspondientes mandamientos de su cobranza, sin que por esto se prive a los jueces eclesiásticos de intervenir en la seguridad de los capitales siempre que se trate de su redención o nueva imposición para que asegure la subsistencia de lo que está destinado a semejantes Obras Pías en las que se interesa la causa pública, a menos que por los fundadores… no se disponga otra cosa”. Ventura Beleña, Recopilación, pp. 121-122.
12 “Plan que dividido en dos partes demuestra en la primera el origen primitivo de los bienes de la Obra Pía de La Quemada entregado por el Dr. Juan José Román”, ahag, Justicia, opq, ff. 30-31.
13 APJZ, Protocolos de Jerez, Tomás Rodríguez y Nicolás Suárez, 1757; bpej-arag, Civil, caja 253 exp. 1, f. 6v; ahag, Justicia, OPQ, caja 1, cuaderno 1, ff. 32-33.
14 “Testimonio íntegro del memorial que formó el relator Lic. Arze de los autos de la Obra Pía llamada de Bárcena”, agi, Guadalajara 562, ff. 1, 5. González Beltrán tuvo el cargo de alcalde ordinario de Zacatecas en 1753. Terán Fuentes, El artificio, p. 151.
15 Terán Fuentes, El artificio, p. 151.
16 AHAG, opq, Fundación, ff. 4-4v; “Testimonio integro del memorial que formó el relator Lic. Arze de los autos de la Obra Pía llamada de Bárcena”, AGI, Guadalajara 562,ff. 1-5v.
17 AGI, Guadalajara 562, ff. 6-7v.
18 AGI, Guadalajara 562, ff. 11-12; Diego-Fernández Sotelo y Mantilla Trolle, La Nueva Galicia, pp. 26, 38.
19 Sobre el juicio de las herederas de la esposa de Bárcena consultar Jiménez Pelayo, “La Quemada y sus conflictos”, pp. 185-209.
20 En la Real Cédula de 1797 se aceptó que no se cambiara lo referente a las capellanías, que se fundaran con suficientes fondos para la manutención de los sacerdotes según las circunstancias locales y que éstos celebrasen las misas correspondientes al incremento de sus rentas. Los patronos conservarían la facultad de nombrar capellanes, pero la designación de templos donde celebrar misas correspondía al obispo de acuerdo con el patrono. Sobre las dotes se acordó que se cumpliera la voluntad del fundador. Disposiciones incluidas en la cédula de 1797, dada en San Ildefonso el 13 de agosto de 1797, ahag, Justicia, ff. 41-43.
21 “Testimonio integro”, AGI, Guadalajara 562, f. 58; ARPP-LH, vol. 4, ff. 158-160; bpej-arag, Civil, caja 253, exp. 1, ff. 6v-8. El censo reservativo o enfitéutico era el censo perpetuo más antiguo, derivado de la enfiteusis romana. Ésta era un contrato relacionado con la tenencia de los bienes raíces que permitía transferir una propiedad, generalmente a perpetuidad o por larga duración, con la obligación de pagar, por parte del que la recibía, una renta o canon anual. La persona que adquiría un bien raíz obtenía derechos sobre él casi análogos a los de la propiedad, aunque no tuviese su dominio pleno. El propietario mantenía el dominio directo del bien. El censo enfitéutico compartía la característica de venta porque el censuario (enfiteuta) obtenía un bien raíz o, en sentido estricto, un bien raíz a perpetuidad; arrendamiento, porque el censuario debía pagar una renta anual por el disfrute y posesión del dominio útil del bien. Martínez López- Cano, La Política de Escrituras.
22 “Plan que dividido en dos partes demuestra en la primera el origen primitivo de los bienes de la Obra Pía de La Quemada entregado por el Dr. Juan José Román”, AHAG, Justicia, OPQ.
23 “Pedimento del fiscal, compra de las haciendas de Buenavista y Santiago del Cuidado”, agi, Guadalajara 562; “Testimonio de varias cédulas y resoluciones ejecutoriadas sobre la administración y patronato de la obra pía en la hacienda de la Quemada sea sólo de la inspección del gobierno civil”, ahag, Justicia, opq, caja 5, carpeta 12, años 1801-1839, ff. 34-36. En estos documentos se incluyen los mismos datos sobre los bienes, solamente hay diferencia en cuanto a las limosnas, que en este documento son 22 000 pesos. La cantidad coincide con la del ahag, Justicia, opq, Año, 1818, “Expediente que por orden Superior del Excmo. Sr. D. Juan Cruz Ruiz de Cabañas del Consejo de Su Majestad se ha practicado sobre el manejo que tuvo el finado conde de Santa Rosa”.
24 Fernández, Mucha tierra, pp. 29-31; Van Young, La ciudad y el campo, p. 121; Jiménez Pelayo, Haciendas.
25 Jiménez Pelayo, Haciendas.
26 AHAG, Justicia, Haciendas, Cuentas de La Quemada de 1791, cuaderno 7, ff. 2-8.
27 AHAG, Justicia, Haciendas, Cuentas de La Quemada de 1791, cuaderno 7, ff. 2-8. Sobre obrajes en las haciendas, véanse Jiménez Pelayo, Haciendas; Becerra Jiménez, Gobierno, 2008.
28 AHAG, Justicia, opq, Haciendas, Cuentas de La Quemada de 1791, cuaderno 7, ff. 2-8, y libro de cuentas de 1796, ff. 6-58.
29 AHAG, Justicia, opq, Haciendas, Cuentas de 1796.
30 BPEJ-ARAG, Civil, caja 232, exp. 12; BPEJ-ARAG, Civil, caja 381, exp. 1.
31 AHAG, Justicia, OPQ, carpeta s/n 1801-1818.
32 AHAG, Justicia, OPQ, caja 1, ff. 43-45.
33 AHAG, Justicia, OPQ, caja 1, ff. 45-46. No se pudo encontrar información para entender los motivos de Bárcena para elegir a la familia Beltrán como patronos. El obispo tendría la facultad de suspender al patrono que disminuyera o disipara los bienes y aprobar todos los nombramientos.
34 AHAG, Justicia, opq, cuaderno 3, ff. 1, 16-16v. Expediente sobre la renuncia del Patrono
Administrador de la Obra Pía de la Quemada.
35 Ambos eran hijos legítimos del capitán Jacinto Beltrán y Bravo, conde de Santa Rosa, y Doña Anna Josefa Bravo y Acuña. Jiménez Pelayo, Haciendas, pp.126-127, 156.
36 AHAG, Justicia, OPQ, cuaderno 3, ff. 5-13. Se apoyó en la Cláusula 31 del testamento de Bárcena.
37 AHAG, Justicia, OPQ, cuaderno 3, ff. 17-18, 23.
38 AHAG, Gobierno, Serie Bienes Eclesiásticos, caja 20, 1845-1849.
39 AHAG, Justicia, OPQ, caja 10, carpeta 1797, ff. 1-2.
40 Informaron que las cuentas eran cartas, cuadernos y papeles en desorden donde reinaba la confusión; había una multitud de cuadernos con cuentas comenzadas, con tal desorden que se veían las partidas de todos los ramos mezclados unos con otros, “años invertidos”, etc. “Expediente que por orden superior del Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. Don Juan Ruiz de Cabañas del Consejo de Su Majestad y dignísimo obispo de Guadalajara se ha practicado sobre el manejo que tuvo el finado Señor Conde de Santa Rosa don José Vicente Beltrán y Bravo en las haciendas de la Obra Pía de La Quemada durante el tiempo que por sí las giró”, ahag, Justicia, opq, año 1818, ff. 22-25.
41 AHAG, Justicia, OPQ, Cuaderno 7, Cuentas de La Quemada, ff. 28-32.
42 “Oficio en que la Real Audiencia de Nueva Galicia pregunta guía sobre el Patrono Administrador de La Quemada”, ahag, Justicia, opq, Carpeta s/n, 1801-1818, ff. 2-3v.
43 AHAG, Justicia, OPQ, Carpeta s/n, 1801-1818, ff. 2v-3, 5v-6.
44 AHAG, Justicia, OPQ, caja 2, años 1780-1805; ahag, Justicia, opq, carpeta 1801-1818.
45 AHAG, Justicia, OPQ, caja 2, años 1780-1805; ahag, Justicia, opq, carpeta 1801-1818.
46 AHAG, Justicia, OPQ, caja 2, años 1780-1805; ahag, Justicia, opq, carpeta 1801-1818.
47 Costeloe, Church Wealth, p. 5; Knowlton, Los bienes del clero, pp. 20-21.
48 Knowlton, Los bienes del clero, pp. 22-24. Sobre los cambios políticos y el proceso de la desamortización de los bienes eclesiásticos, consúltese Knowlton, Los bienes del clero, pp. 17-37; Costeloe, Church Wealth; Bazant, Los bienes de la Iglesia; Juárez, Reclaiming Church Wealth; Guerra, México.
49 Flores Olague, Breve historia, pp. 108-109; Vega, Los dilemas, pp. 271-273.
50 Fernando Calderón Beltrán nació en Guadalajara en 1809, pero desde su adolescencia residió en Zacatecas; cursó estudios latinos y filosofía y letras. Al morir sus padres se trasladó a Guadalajara y obtuvo el título de abogado en 1829. Regresó a Zacatecas y se desempeñó como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, además fue diputado del Congreso del Estado. Fue también coronel de artillería de la antigua milicia nacional. Sostuvo las ideas liberales y apoyó al gobernador Francisco García Salinas. Calderón destacó como poeta, dramaturgo y periodista en el ámbito nacional. En la ciudad de México se integró al círculo social y literario de Guillermo Prieto, Joaquín Pesado, Manuel Payno, Ignacio Cumplido y José María Heredia. Murió a la edad de 36 años, en 1845. Soto Solís, Ayuntamientos, pp. 114-116.
51 AHAG, Reales Cédulas, ff. 150-160v.
52 “Testimonio del expediente que sigue el señor ciudadano Juan José Román con el licenciado ciudadano Fernando Calderón sobre despojo de la Hacienda de La Quemada y sus anexas. Año de 1831”, ahag, Justicia, opq, caja 10, ff. 1-16v.
53ahag, Justicia, opq, caja 10, ff. 29-32. Se apoyó también en los decretos de las cortes españolas de 1812. ahag, Justicia, opq, caja 10, f. 33v.
54 AHAG, Justicia, opq, caja 10, ff. 44-46. La constitución política de 1825 del estado de Zacatecas concedió a los ayuntamientos mayor autonomía, con lo que ampliaron su participación en la vida política de la entidad. Flores Olague, Breve historia, pp. 102-103.
55 AHAG, Justicia, OPQ, caja 10, f. 53.
56 AHAG, Justicia, OPQ, caja 7, exp. 8, 1849-1874.
57 AHAG, Justicia, OPQ, caja 7, exp. 8, 1849-1874.
58 AHAG, Justicia, OPQ, caja 8, ff. 11-12.
59 “Estado que manifiestan los fondos disponibles por el Señor Vicario Capitular: capitales que de ellos se hayan impuestos y fondos disponibles”, ahag, Justicia, opq, f. 1v.
60 AHAG, Justicia, OPQ, años 1844 -1859, ff. 1-83.
61 AHAG, Justicia, OPQ, caja 8, ff. 77-79.
62 AHAG, Justicia, OPQ, caja 8, ff. 90v-100.
63 AHAG, Justicia, OPQ, caja 8, ff. 77-79.
64 Las cuentas que se entregan no son claras; en algunas se da el valor de las haciendas sin incluir ganado ni productos agrícolas, aperos u otros bienes. Además mezclan los productos de varias haciendas, por lo cual no ha sido posible definir con precisión el valor de cada una. Los datos más confiables son los que incluyen el valor total de los bienes.
65 ABH, Escritura de venta del Rancho del Cacalote a Francisco de Paula el 12 de marzo de 1891, ante el escribano público Guadalupe López Velarde.
66 Valerio Ulloa, Historia rural, p. 320.
67 Jiménez Pelayo, “La Quemada y sus conflictos”, pp. 196-197.
68 Costeloe, Church Wealth, p. 46, nota 2.