La prensa jalisciense ante Lozada: el agrarista como peligro al proceso civilizador (1867-1872)

En 1867 el gobierno federal enfrentó una disyuntiva, retomar la campaña militar en la sierra nayarita o aceptar la neutralidad de Lozada y sus huestes. Seguir con la tensión entre las partes representaba justamente un potencial regreso a la violencia. Fue precisamente el Tigre quien dio el primer paso para lograr un posible entendimiento y para ello envió a Juan Sanromán, un “comisionado ad hoc por Lozada”,¹ para entrevistarse con Ramón Corona y expresarle las buenas intenciones que él tenía hacia el gobierno liberal. Esta reunión no tuvo éxito, ya que las posiciones de confrontación seguían siendo las dominantes (Aldana, 2005, p. 97).

Posteriormente, Manuel Lozada emitió una circular en la que hizo público su reconocimiento al gobierno nacional. El líder nayarita conocía perfectamente las intenciones de la facción liberal jalisciense de atacarle militarmente en la sierra, por lo que mencionaba

No se me oculta que a pesar de haber dado este paso, el gobierno dispondrá hacer la guerra a estos pueblos; pero entonces el solo será responsable por la sangre que se derrame y de los horrores que ella cause”.²

Es decir, se aceptaba la sumisión pacífica caracterizada por el retiro a la vida privada; pero ello no significaba que deberían de relajarse las tropas pues se tenía la certeza de que el ataque llegaría tarde o temprano.

Finalmente, la situación de Tepic se discutió de manera formal hacia agosto de 1867, en una reunión del presidente con su gabinete, Ramón Corona y el exgobernador de Jalisco, Pedro Ogazón, quien tiempo atrás había encabezado una infructuosa campaña militar en contra del Tigre. Dado que Lozada parecía someterse al gobierno de Juárez, este decidió postergar indefinidamente la campaña propuesta por Corona, ya que primero debía agotar los medios pacíficos. Tras una década de conflictos continuos el gobierno juarista pensaba que lo ideal sería concentrarse en buscar una solución política antes de abrir otro frente de batalla. En una comunicación enviada a Manuel Rivas, y publicada en los periódicos locales,³ el gobierno federal decidió aceptar el reconocimiento que se había hecho en Tepic de su autoridad, bajo la protesta de que Lozada y las comunidades que lo secundaban obedecieran todas sus disposiciones. Las condiciones que Juárez puso para aceptar la sumisión del Tigre eran que este entregara las armas y que se presentara junto con Manuel y Carlos Rivas, ante él en la capital.

La respuesta de Lozada fue negativa pues sentía que no tenía la obligación de hacerlo, ante lo cual manifestó que:⁴

Al reconocer al supremo gobierno de la Republica, no lo hicimos con el fin de obtener garantías especiales, sino en fuerza del compromiso que dejamos contraído al proclamar la neutralidad de este Estado.

Del mismo modo, tampoco aceptarían ser indultados debido a que no habían cometido ningún delito, ni sus acciones estaban en el escenario de una capitulación sino en el de una sumisión pacífica.⁵ El no asistir a la capital y aceptar el indulto, no disolvió el entendimiento entre ambos personajes, ya que Juárez no promovió campaña alguna contra el líder de Álica durante su mandato, aunque esto le acarreó serios cuestionamientos de parte de los liberales jaliscienses inconformes.

Otro de los puntos que se discutieron en la reunión con Juárez fue la organización del territorio. Cabe recordar que durante el Imperio la zona de Tepic había logrado independizarse de Jalisco, erigiéndose como departamento de Tepic. Una vez restaurada la República, los liberales jaliscienses pretendían el regreso de la demarcación de lo que había sido su séptimo cantón. Sin embargo, en el mismo documento en donde se aceptaba la sumisión lozadista también se determinó declarar al territorio de Tepic como distrito militar, supervisado directamente por el gobierno federal a fin de asegurar la paz. Además, se nombró a Juan Sanromán, como el jefe político de este distrito.⁶

Estas determinaciones tuvieron varias consecuencias. Por un lado, apaciguaron -temporalmente- las opciones de emprender una campaña militar que terminase con Lozada. Por otro lado, quitaron a Jalisco la posibilidad de tomar las riendas administrativas de ese territorio, con la excepción temporal del Supremo Tribunal de Justicia. De forma paralela, se afianzó el control lozadista en la zona ya que, si bien la autoridad nominal era Sanromán, el Tigre manejaba los hilos de la administración de la demarcación, lo que consolidó la separación del territorio de Tepic del estado de Jalisco. Al respecto, Brittsan (2015, pp. 110-112) destaca la forma en que las autoridades locales se vincularon fuertemente con el lozadismo, en una unión favorable para ambas partes, manifestando de esta manera una autonomía política que se fue fraguando desde la década previa. Lo anterior devino en la consolidación del apoyo popular hacia el movimiento y su líder.

Tomado este acuerdo, Lozada lanzó otra circular en donde daba instrucciones a la población con el fin de mantener la neutralidad en el séptimo cantón. El documento presenta una panorámica de la visión lozadista, desde que inició el movimiento hasta que los pueblos de la sierra se declararon neutrales, mencionando además que en ese periodo han seguido la suerte de los guerreros:⁷

Combatiendo sin tregua a sus enemigos, pagando el tributo de sus victorias con algunos reveses de poca importancia, manifestándose intransigibles [sic.] con el fuerte y con el vencedor y generosos hasta el extremo con el débil y con el vencido.

Desencantado de la política y las luchas por el poder, planteaba que para conservar el respeto y la independencia adquiridos, era necesario mantenerse neutrales y sumisos al gobierno y no dar pie a que se les atacase. Por lo tanto, Lozada sugería en 12 puntos las instrucciones que consolidarían la neutralidad de Tepic, estas iban desde el cumplimiento de las leyes, la sumisión al gobierno, la mutua vigilancia de los pueblos para mantener la seguridad o en caso de optar por la vía armada, esta debería ser una decisión concertada por todos los pueblos del territorio.⁸

La idea general de la neutralidad lozadista a partir del pacto con Juárez, se podría resumir de la siguiente manera:

• Lozada y los pueblos serranos aceptaban someterse y reconocer a la autoridad federal para retirarse a una vida tranquila en el campo.

• Mantendrían la autonomía acordada y no tomarían la iniciativa en un conflicto armado.

• No eran aceptables las intervenciones o provocaciones exteriores, ya fueran políticas o militares. En tal caso, los pueblos volverían a las armas, y por ello, resultaba necesario estar en vigilancia permanente.

• La responsabilidad de un posible derramamiento de sangre sería atribuible únicamente a la parte provocadora.

Sin duda la cuestión que más trascendió en este periodo fue la repartición de tierras en el distrito militar de Tepic. Hacia 1869, se mandó integrar una comisión compuesta por un individuo de cada una de las poblaciones que lo conformaban para revisar la situación de los terrenos y determinar las asignaciones de estos. Al respecto, un documento firmado por Domingo Nava, uno de los más conocidos líderes lozadistas, resulta revelador sobre la materia en cuestión. En el texto se puede apreciar como ante las numerosas quejas que ha recibido sobre las injusticias cometidas de parte de las haciendas hacia las comunidades, se ha propuesto buscar una solución, dado que la experiencia en los tribunales ha sido nula e ineficaz “como lo ha demostrado la experiencia de tantos siglos […] pues con muy raras excepciones, jamás se ha visto que el débil triunfe del poderoso”.⁹ Así, la idea lozadista era hacerse justicia por ellos mismos, ante la ineficiencia de la autoridad, aunque esta lo considere como arbitrario y atentatorio. Por lo tanto, Domingo Nava proponía:

Mi parecer es que los pueblos entren en posesión de los terrenos que justamente les pertenecen con arreglo a sus títulos para que en todo tiempo que se ventile esta cuestión se convenzan los gobiernos y los demás pueblos del país de que si se dio un paso violento, no fue para usurpar lo ajeno, sino para recobrar la propiedad usurpada; de manera que el fin justifique los medios.¹⁰

Para ello, los pueblos que se encontraban en una situación que ellos consideraran injusta, procederían a tomar la posesión de tales tierras con arreglo a sus títulos y se construirían mojoneras para legitimar el proceso. Este documento fue publicado en los periódicos La Unión Liberal y La Civilización y acompañado de una carta firmada por Lozada en donde expresa su aprobación y apoyo a las comunidades en caso de recibir algún ataque por seguir estas medidas: ¹¹

He creído de mi deber hacerles saber que si se determinan á llevar á su debido efecto la proposición que se les hace por el Sr. Nava, y por este motivo se les declara la guerra, pueden estar seguros de que yo seré el primero que me sacrifique en defensa de sus legítimos derechos, pues aunque me encuentro retirado voluntaria y temporalmente del mando de los pueblos; pero repito que cuando se trate de sostener la causa primitiva que proclamé en unión de los pueblos, éstos deben contar con toda mi cooperación hasta el último extremo.

Con esta carta Lozada expresaba abiertamente la idea de hacer repartos de tierras, ya que consideraba injustas las acciones de los terratenientes e inútiles los procesos judiciales efectuados en este sentido. También conocía las implicaciones que tales acciones representaban, pues la posibilidad de un enfrentamiento armado permanecía latente.

En la historiografía lozadista no hay datos exactos sobre las cifras de los repartos realizados, solamente tenemos quejas de hacendados que se consideran despojados, notas periodísticas en donde se denunciaban estas acciones e informes que los corroboraban. Por ejemplo, Luis González (2002) refiere un documento del diputado Atilano Sánchez en donde se menciona que las disposiciones dictadas por Domingo Nava, en muchos casos ya habían sido ejecutadas. Posteriormente menciona: “yo no diré que los hacendados han procedido siempre bien; pero sí que esas pretensiones [las de los indígenas] son en su mayor parte injustas” (p. 399). De lo anterior, se puede observar que, aunque se conocían los excesos de los hacendados, el hecho de que una comunidad se hiciera justicia por sí misma era del todo inaceptable.

No obstante, se sabe que durante esta etapa se dio el mayor número de reparticiones, así como recuperación de tierras a favor de las comunidades indígenas. Lozada incorporaba miembros de los pueblos en los procesos y no dudaba en intervenir y mediar en las disputas. Al respecto, Jean Meyer (1989) menciona que numerosos pueblos fueron beneficiarios de estas políticas agrarias. Del mismo modo, muestra un documento en donde se menciona como funcionaban estas comisiones:

Luego que se presentan los títulos [de los hacendados], los califica [como] nulos y de ningún valor, porque no reconoce colindantes de propiedades de particulares de ranchos o haciendas, sino de pueblo a pueblo [dado] que las cosas deben existir como antiguamente, antes que los pueblos fueran esclavizados por la tiranía de los gobiernos y de los ricos. Están resueltos a que haya una expropiación general a favor de los pueblos y la están realizando ya a toda prisa (p. 246).

De lo anterior, destaca la idea de mantener una visión tradicional basada en la estructura colonial con el propósito de dejar las cosas tal y como eran antes. La intención de los repartos solo buscaba reivindicar los derechos de los pueblos y solucionar sus problemas agrarios, sin modificar la estructura tradicional de las comunidades. Este es un planteamiento que demuestra una ideología comunitaria con miras a un pasado idealizado. Al respecto, Téllez (2005) establece que durante este periodo: “los pueblos […] fueron capaces de nulificar todo el proceso agrario que se había gestado durante el siglo XVIII y que culminó con las Leyes de Reforma al evitar la destrucción de la propiedad comunal” (p. 133).

En contraposición, conviene recordar que desde el pensamiento político decimonónico hubo un intento por ignorar la tradición indígena del país para virar hacia una pretendida modernidad. En ese sentido, las distinciones y privilegios propios del Antiguo Régimen fueron abolidos en pos de obtener una igualdad jurídica que ayudase a construir ciudadanía. De este modo, un prominente liberal como José María Luis Mora criticó “el status ‘privilegiado’ de los indios en el derecho español (Hale, 2005, p. 227) y evidentemente comenzó a impulsar ideológicamente un proceso de individualización que fortaleció la idea de la propiedad privada.

Meses después, Lozada publicó el documento que expresa de manera más completa la postura de este movimiento: el manifiesto de las clases menesterosas. En dicho opúsculo se hace un recuento de los infortunios que han sufrido las clases bajas, desde la lucha independentista hasta los días en que fue emitido el texto. Culpa a las clases potentadas de someter a las bajas. Está visión prevalecía en todas las facciones y partidos políticos pues: “todos los que han ocupado los puestos públicos lucrativos, en el periodo que hemos citado, son unos pillos que han abrigado las mismas ideas e iguales sentimientos”.¹² Esto es, según el manifiesto, la verdad de todas las administraciones públicas del México independiente a la fecha. De este modo aseveraba: “si hay alguno que dude de la exactitud de nuestras aseveraciones […] que registre la historia y quedará convencido de que no exageramos ni calumniamos a los hombres públicos”.¹³

Así, se acusaba a las clases dominantes de ser intrusos, incumplidos, malos gobernantes, derrochadores de la hacienda pública, malos administradores, reos de peculado, enemigos de la humanidad, infames, traidores, asesinos y enemigos de la religión. Ante esto el manifiesto aseguraba:¹⁴

No estamos conformes, porque se nos ve como extranjeros en nuestra propia patria, en razón de que nuestros terrenos están usurpados por los grandes propietarios, y aunque se nos ha ofrecido hacer que se nos devuelvan, jamás lo hemos conseguido.

Este manifiesto constituyó una dura crítica hacia los gobiernos que ha tenido México desde su independencia hasta el momento en que se hizo público. Y es que en él se hacía una diferenciación entre el pueblo, pensado como los pobres o los llamados compañeros de infortunio, respecto del gobierno y su clase política, que no representaba a la base y más bien se aprovechaba de este y era representada como una clase corrupta, elitista y prejuiciosa.

El manifiesto se concentró en la crítica y la acusación más que en la propuesta. En este sentido, llama la atención que los cambios formulados en el documento fueran de carácter reformista (cambio por la vía electoral). Para Lozada y su movimiento cualquier estructura de gobierno era buena, siempre y cuando los gobernantes lo hicieran de manera correcta. Si la causa de todos los males que aquejaban al país la constituían las acciones de aquella clase política, lo importante no era cambiar la estructura, sino a los personajes que la componían. En este contexto, se delinearon los aspectos principales del movimiento lozadista: un comunitarismo de corte agrario, reformista, que buscaba tener una representación y participación de los grupos más desposeídos. Sin duda, hay elementos de un pasado idealizado, una tradición inventada en donde el aspecto comunal era preponderante en el accionar del grupo social en cuestión, pero también hay visos del socialismo utópico que estaba llegando al país desde Europa.

Para entender las representaciones que la prensa liberal jalisciense emitió sobre Lozada y su movimiento hay que comprender el contexto en que se encontraban. Tras la derrota de los conservadores, los liberales se enfrascaron en una lucha interna. El cisma de esta facción política en Jalisco derivó en dos bandos: los liberales puros y los de la Unión Liberal. Un aspecto que unió a los rivales políticos fue la condena sistemática a la inseguridad que se vivía en el estado. Durante ese periodo, las gavillas proliferaron principalmente por el licenciamiento de muchos de los integrantes de las otrora fuerzas armadas, por la inseguridad laboral que padecieron campesinos temporales y sin tierras, así como debido a las condiciones de pauperización que experimentaron los sectores populares a lo largo del siglo XIX. En ese marco de inseguridades y violencia, la figura de Lozada destacó como la principal causa de los males que experimentaba el estado, poco a poco se estableció en la prensa jalisciense una cobertura que apuntaló al líder nayarita como el enemigo de Jalisco.

Sobre lo dicho, es importante establecer que la prensa decimonónica estaba imbuida por un paradigma romanticista caracterizado por el culto al honor, la virtud y la honradez, el cual es posible rastrear en las notas y discusiones sobre diversos tópicos. En ese sentido, los multifuncionales periodistas y opinadores le otorgaban voz a la opinión pública, buscaban construirla con base en consensos (Piccato, 2015, pp. 31-43). De este modo, tenemos por un lado intensos debates que se llevaron a cabo en sus espacios, muchos de los cuales tocaron temas de fondo; por ejemplo, la discusión en torno al proyecto de país que se pretendía instaurar y consolidar tras la independencia. Por otro lado, ese mismo espacio de polémica y disenso, tendió a mostrar consenso y homogeneidad sobre ciertos tópicos concretos como: la igualdad jurídica o la serie de prejuicios respecto de los grupos indígenas. Sobre este último punto, las percepciones que se tenían en la prensa provienen de las nociones de una clase ilustrada y propietaria que vertió ciertas cualidades. Al respecto Gutiérrez (2006) afirma: “mientras que los indígenas son representados como seres inferiores, de poco valor y faltos de inteligencia, ellos, los dueños de tierras, son representados como héroes, libertadores sociales, promotores de bien, del progreso, etc.” (p. 22).

Por lo tanto, para comprender esta cobertura se presenta la información agrupada en torno a cuatro temas centrales: el primero aborda cómo se representaba la situación en que se encontraba Manuel Lozada y el territorio de la sierra de Álica. El segundo, las reacciones sobre los repartos de tierra realizados. El tercero, en función de la cuestión de la separación del territorio de Tepic de Jalisco y su posible erección como estado independiente y, por último, las constantes peticiones para iniciar una campaña militar en su contra.

Uno de los temas iniciales que abordó la prensa para atacar la figura de Lozada y su movimiento fue su situación territorial, así como la relación que mantenía con el gobierno federal. En un primer momento, el órgano La Prensa publicó una nota en la cual se hablaba positivamente de la nueva demarcación mencionando: “celebramos esta conducta de los pueblos que componen el rico y hermoso Cantón de Tepic. Se nos dice que Lozada abriga las mejores intenciones a ponerse a las órdenes del gobierno supremo”.¹⁵ Esa fue la idea inicial de esta publicación, dar una oportunidad basada en la sumisión lozadista, una nota cargada de buenas intenciones. Sin embargo, un año después, el periódico El País consideró la neutralidad como anómala, dado que Lozada en “los momentos de rendir homenaje y pleitesía al gobierno federal recomendaba a los pueblos que le obedecen que permanecieran con la arma [sic.] al brazo por las emergencias que pudieran surgir”.¹⁶ Es decir, la autonomía lozadista y la falta de una subordinación evidente generó una gran suspicacia entre los liberales jaliscienses, pues se trataba de elementos contradictorios.

De este modo, cuando Lozada expresó su decisión de mantenerse listo para enfrentar cualquier ataque, el mismo órgano La Prensa empezó a dudar de la neutralidad lozadista: “este documento nos entristece, a la verdad, porque deseamos la paz y verdadera unión de todos los mexicanos”.¹⁷ Lo anterior debido a los temores de un nuevo, y muy probable, levantamiento de parte de Lozada. La Chispa, por su parte, publicó que después de la época imperial, el gobierno restaurado admitió una especie de tregua vergonzosa ya que un “inferior”, en prestigio, en poder y en dinero como Lozada, la propuso. La tregua, para la publicación, consistió en que cada uno hiciese lo que le diese la gana, que el gobierno aplicase la Constitución, pero que en el pequeño reino de Tepic el “autócrata” que lo regía continuase con robos, asesinatos y contrabando. Por eso mencionaba: “he aquí que la Republica Mejicana llega apenas hasta la barranca de Michitiltic [sic.]”.¹⁸

El aspecto central de estos artículos es la duda sobre la neutralidad pactada por Lozada. El hecho de que el Tigre denunciara provocaciones y ataques en su contra, y que hablara de movimientos de tropas en los alrededores de Tepic generó tensión en la zona debido a que, según la prensa, Lozada no se tornó sumiso, cosa que debería ser, pues consideraban que eso era lo acordado. Por lo tanto, el respetar esa neutralidad cuando una de sus partes la contradecía era casi indignante.

Otro elemento recurrente era mostrar el territorio de Tepic como un lugar anárquico, donde reinaba la inseguridad. Por ejemplo, una nota de La Prensa que refiere las tropelías causadas por fuerzas lozadistas, entre ellas el robo de ganado a civiles, menciona: “muy triste nos parece que la vida de un hombre esté pendiente de la poderosa y sultánica voluntad de cualquier jefe […] que sin más antecedentes que su capricho, hará decapitar á todo el que les plazca”.¹⁹ En el mismo sentido, La Unión Liberal no dudaba en nombrar este territorio como el cacicazgo de Tepic.²⁰ Por su parte, La Chispa representaba ese territorio como un lugar exento de la injerencia constitucional, relataba un hecho en donde unos reos que habían sido amparados constitucionalmente fueron pasados por las armas por órdenes de Lozada. En la nota más que criticar a la figura del Tigre, al cual se referían como el Bajá de tres colas,²¹ optaban por reprochar al gobierno federal, pues en vez de atacarlos militarmente, lo encubrían: “D. Benito, Lerdo y Vallarta tienen muchísima diplomacia, dirán cuando mas con sonrisa de satisfacción: ¡Que cosas tiene el diablo de Lozada! ¡Si es tremendo!”.²²

Siguiendo con La Chispa, se dice que en México existía una región -ellos le llaman país- donde abundan las minas de oro y plata, donde la agricultura florece como en tiempos del antiguo Egipto. Sin embargo, es también una zona en donde las bestias no se domestican, sino que son los hombres los que adoptan instintos feroces; ese territorio era Tepic. La nota hace una recapitulación del movimiento lozadista, mencionando que cuando los liberales se encontraban combatiendo a los “adoradores del Becerro de Oro” surgieron con un nuevo Creso y un nuevo Heliogábalo: Eustaquio Barrón y Manuel Lozada, quienes, según la nota, gobernaron el territorio despóticamente.²³

En conjunto, estas notas destacan dos representaciones distintas de un mismo territorio. Por un lado, un lugar con potencial para ser explotado, con riquezas y cierta abundancia. Por el otro, como una región agreste e inhóspita, pero lo que en realidad lo convierte en un sitio nefasto, para los liberales, son los “salvajes” que lo habitaban, esos “semibarbaros” a los que no se lograba domesticar.

La imagen de Lozada también sirvió de pretexto para los ataques entre los órganos liberales. En una nota de La Chispa, se publicó un texto firmado por Ignacio L. Vallarta que en su calidad de secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, dirigió al jefe político de Tepic, desconociendo las disposiciones de Lozada en torno al indulto que este hizo a los ladrones y sus cómplices con el fin de pacificar el territorio y recomendando al jefe político que pusiera orden en el asunto.²⁴ En este sentido, La Chispa atacaba a Vallarta de la siguiente manera:²⁵

El C. Vallarta aparenta no saber quién es el indio de Álica; se pone en ridículo al dictar la orden que antecede. ¿Cómo no se dirige al mismo Lozada, tomándole en cuenta de su conducta en vez de dar órdenes impracticables a la pobre autoridad política de Tepic, que tendrá necesariamente que desatender la orden del ministerio, y acatar las autocráticas disposiciones de Lozada? Mas le hubiera valido al C. Vallarta, hacerse el sordo y dejar que ruede la bola allá, que tomar cartas en un negocio que aunque es de su incumbencia no está en su mano remediarlo.

Siguiendo con La Chispa, en otra nota se mostraba a los lozadistas como una serie de ladrones y asesinos, que obtuvieron en Ixtlán un botín de cerca de 200 arrobas de plomo por lo que el periódico cuestionó: “¿para qué quiere Lozada plomo? ¿Será para perseguir a bandidos que indultó y que siguen dando guerra en sus dominios?”.²⁶ El mismo periódico estableció que el Tigre estaba haciendo acopio de armas y tropas, que pretendía fundir el plomo para preparar un ataque.²⁷ En uno de sus editoriales, titulado “El Tigre de Álica”, el mismo órgano mostró a Lozada como un criminal, tristemente célebre, que vivía en las montañas, menos duras que su corazón, refugiándose contra la ley. Lozada era un “viso-rey” (sic.) de la sierra en donde nadie se atrevía a cuestionar su autoridad, ni a cuestionar sus excesos. Del tal modo, la sierra de Álica era un lugar lleno de temor, donde nadie tendría el arrojo de lanzar un gemido.²⁸

El mismo documento abordaba la llamada hipocresía de Lozada, aspecto con el cual se referían a la postura ambigua en función de su neutralidad. Sobre lo dicho, se aseguraba que era el líder nayarita quien debería mostrar buena disposición, comprender que se había equivocado en sus actos, ya que siempre guardó un término medio respecto de la guerra y la paz: “entre una obediencia que protege sus intereses, y una desobediencia que le da ocasión de conservar su independencia y hacer de las suyas”.²⁹ En suma, admitía a las autoridades federales en su territorio pero no les permitía accionar, aceptaba las leyes federales y al mismo tiempo legislaba fuera de la Constitución.³⁰ Esta situación anómala era causada por el gobierno federal que dejó a Lozada actuar libremente. Así, para La Chispa Lozada no podía ser amigo del gobierno, ya que sus intereses son ilegítimos, pero este no se atrevía a lanzarse a la guerra por miedo.

Por su parte, La Civilización hacía eco de los preparativos de Lozada para la guerra, mencionando hechos tenebrosos e inconstitucionales ocurridos en Tepic y que podrían hacer que ese territorio se convirtiera en el origen de una revolución funesta.³¹ En otra nota se nombraba a Lozada como el “soberano de Álica”, pues mencionaba que ejercía los tres poderes de gobierno y se criticaba el indulto que le brindó a los bandidos, por ser un acto de osadía o demencia y que fue expedido para constituirse como el benefactor de los ladrones.³²

Ahora bien, no todo fueron ataques para la figura de Lozada. En La Civilización se retomó un artículo publicado en El Globo, periódico de la ciudad de México, escrito por Manuel Payno. En él se mencionaban las numerosas insinuaciones, por medio de artículos de prensa principalmente, que los enemigos de Lozada hicieron al gobierno federal para persuadirlo de iniciar una campaña militar en su contra. Payno estableció que Juárez, Lerdo y Corona habían actuado con prudencia para evitar la guerra. Sobre Lozada, el autor del texto escribió que este había obrado con amor y con buenas razones, que Corona no hubiera podido asistir al sitio de Querétaro sin su cooperación (evidentemente, se refería a la neutralidad que el Tigre proclamó después de romper su alianza con Maximiliano). Para el autor de El Fistol del Diablo, Lozada era un hombre independiente, comprometido y leal a su patria. Respecto del territorio de Tepic refirió que era un modelo de orden, de seguridad y de buena administración, un sitio donde no había contrabando, ni un solo ladrón o ratero. Finalmente, concluía su artículo mencionando que ignoraba las causas por las que los jaliscienses atacaban a Lozada, sin querer generar una polémica con ellos pero que su intención era decir la verdad.³³

Lo que generó el artículo de Payno fue precisamente una polémica, pues al día siguiente de su publicación, el periódico La Chispa manifestó su inconformidad ante el texto. En su nota editorial titulada Una Digna Causa criticó a la prensa nacional, a la que consideraba benévola respecto del Tigre, una prensa que se manifestaba tímida y neutral ante un bandido, que no tomaba una posición enérgica. Por ejemplo, el llamarlo ciudadano, como lo hizo El Monitor Republicano, era solo una ligereza o tal vez una blasfemia intencional, pues ignoraba las acciones de este personaje a lo largo de los años. Para La Chispa, Lozada era el gran traidor que auxilió a los franceses y que se burló del gobierno con su aparente neutralidad. Respecto de Payno mencionaba que no se puede decir mucho de un hombre que había estado en todos los partidos políticos, pero le aclaraban algunos puntos: primero negaban que Lozada hubiera colaborado con Corona. Más bien, este último se había hecho respetar por lo imponente de su tropa. En segundo lugar, que Lozada dejó de auxiliar al Imperio cuando este se venía abajo y, por lo tanto, no fue una decisión patriótica, sino oportunista; asimismo se enfatizaba la existencia de robos y contrabando en el territorio de Tepic. El artículo concluía diciendo que a Lozada se le tenía miedo, pero no por ello había que permitirle esta situación, pues ello implicaba un acto de temor y de alabanza hacia un villano.³⁴

En este caso hay dos textos contrapuestos sobre un mismo tema. Por un lado, tenemos la representación de Lozada como el enemigo, el malvado y el desviado moralmente y, por otro, la del buen hombre. Las tendencias eran completamente maniqueas. Payno tenía buenas relaciones con los Barrón de Tepic y fue electo diputado por ese distrito hacia 1867 y, posteriormente, en 1870. Pero, nunca tomó posesión del cargo debido a diferencias políticas con miembros del partido liberal (Córdova, 2006, pp. 150-160; Meyer, 1989, p. 164). Es decir, representaba y entendía la perspectiva y las problemáticas particulares del territorio de Tepic, por lo que tenía afinidad política hacia Lozada y por ello habló a su favor. Al contrario de la prensa jalisciense a la que consideraba emisora de una visión prejuiciada hacía el Tigre y su pacto de neutralidad. Esto manifestaba que no todos veían con tan malos ojos el aceptar este acuerdo como se veía desde la perspectiva de Jalisco.

En febrero de 1869, La Civilización publicó un documento de Lozada en donde renunciaba a su cargo como líder del movimiento a favor de Domingo Nava debido a su necesidad de reposo. Ante esta noticia el periódico se lo tomaba con cierta reticencia, debido a que no creía que se retirase por cansancio, y pensaba que esta acción era en realidad una treta. Se cuestionaba si era una muestra de verdadera sumisión o un ardid para heredar el mando a otro personaje que continuase con sus actividades.³⁵

El manifiesto lozadista dirigido a las clases menesterosas fue a su vez blanco para generar críticas. La Civilización concluía que el gobierno federal debería intervenir en el asunto para evitar la creación de lo que llamaba “la Republica de la Sierra, que es el ensueño dorado de Plácido Vega”,³⁶ a quien Lozada nombraría como presidente, pues se creía un émulo de Juárez.³⁷ En realidad, no era la primera vez que se citaban ese tipo de rumores. Un año antes El Universal mencionó que Lozada pretendía formar la República de Occidente, cuyo territorio abarcaría de Jalisco hasta Baja California, con el Tigre como su presidente (Aldana, 1983, p. 108). Rumores sin un fundamento histórico pero que servían para acrecentar la tensión. En suma, los ataques hacia la figura de Lozada reiteraban la visión del traidor, del personaje desleal e hipócrita en la política, del bandido, criminal y sanguinario y por último del bárbaro: el indígena que se niega a civilizarse. Tales representaciones fueron la constante en la prensa jalisciense.

El reparto de tierras efectuado por Lozada también generó el interés de la prensa tapatía. La Unión Liberal, en una nota intitulada “La Cuestión de Tepic” se refiere a esta situación, la que considera como un saqueo, pues menciona que Lozada:³⁸

Hoy amenaza y ha comenzado a poner en ejecución el gran robo de toda la propiedad territorial del rico Cantón de Tepic, arrancando la posesión y dominio de los actuales tenedores de terrenos para pasarlos a la clase indígena, cuya ambición jamás se sacia”.

Según la publicación, estos hechos traerían el desorden público y la anarquía, ya que se asesinarían a los terratenientes que opusieran resistencia. Una cuestión similar a la ocurrida hacia 1857 cuando fuerzas lozadistas y grupos indígenas incendiaron varias haciendas. La nota refiere que estas acciones producirán una chispa que se extendería hacia otros cantones pues “las pretensiones de los indios son idénticas en todas partes”.³⁹ La mayor preocupación era la unión de todas estas comunidades en una gran guerra de castas, a la cual el gobierno de Jalisco no podría enfrentar debido a que el gobierno federal le había restado influencia en el cantón de Tepic y había evitado una guerra que para ellos resultaba completamente justa.

Por su parte, La Chispa destacaba que los hacendados vivían sin la menor esperanza de recuperar sus propiedades debido a los múltiples despojos y usurpaciones de los lozadistas, llegando al extremo de decir que el Tigre no quita más haciendas porque simplemente ya no quedaban disponibles para repartir entre sus favoritos.⁴⁰ A su vez, La Civilización dio cuenta de la orden emitida por Lozada para repartir los terrenos y mencionaba que tales repartos se harían por cuenta de los indígenas o la cabeza de las fuerzas de su mando, para posteriormente cuestionar: “¿no llamará esto la atención del Gobierno? ¿Qué sucede con la neutralidad de Lozada?”.⁴¹ Días después el mismo periódico estableció que según información basada en cartas recibidas, Lozada aún no efectuaba los repartos de tierras a los indígenas, quienes los “codician y de cuya posesión se creían ya tan cercanos”.⁴² Sin embargo, tiempo después la misma publicación abordó de nuevo el tema de los repartos:⁴³

Desde el año de 1860, todos esos ranchos y haciendas están fuera de la mano de sus dueños, perteneciendo ora a moros, ora a cristianos, siendo siempre esquilmados y reducidos a su última expresión. Parece que los ojos de la Providencia del cielo y los de la tierra, que es el gobierno, han apartado de ellos sus ojos, según se encuentran miserables y desamparados. ¿No habrá ya esperanza de remedio? Lo que la maldad, la revolución y el desorden hicieron ¿no lo podrán enmendar la justicia, el gobierno y la paz? ¿Sera ya inútil llamar la atención sobre hechos tan escandalosos?

Una constante en La Civilización fue la denuncia de la tentativa de los indígenas por apoderarse de toda la propiedad rústica del séptimo cantón de Jalisco, por derecho de conquista, en la forma más alarmante y grave. Esto, afirmaba, era motivo para que el gobierno general fijara su atención sobre los sucesos de Tepic. Mencionaba que ningún atentado que cometieran los indígenas de Nayarit, igualaría al despojo violento e injustificado de los bienes de los particulares, que nada alteraría en mayor escala los principios fundamentales sobre los que reposa toda sucesión humana. Para ello, se basaban en textos de Manuel Payno que de acuerdo con la nota refería que:⁴⁴

Ninguna nación transporta a otro lugar poblaciones enteras ni se apropia de las tierras de los particulares y las acumula a los bienes del tesoro público. No habiendo, pues, estas prácticas bárbaras no hay tampoco repartimiento de tierras, entre los soldados vencedores ni estos toman más botín del que le quitan a los enemigos armados; por consiguiente tampoco pueden repetirse ni aun imaginarse con sus mismas circunstancias y pormenores las leyes agrarias del tiempo de los primeros reyes de Roma.

En este sentido, la nota de Payno utilizada por La Civilización para justificar el ataque hacia la propiedad privada resulta forzada, pues estimamos que la idea del texto de Payno corría más en el derrotero de atacar las prácticas agresivas del Estado respecto de la movilización masiva de indígenas y de la apropiación de terrenos de una manera inapropiada, que refutar las reivindicaciones lozadistas.

Otro periódico, El Semanario Jalisciense cuestionaba que: “¿con que derecho créense esos indígenas propietarios de las tierras que actualmente poseen dueños legítimos?”.⁴⁵ Para este semanario, los indígenas revoltosos tenían dos alternativas: llevar sus problemas ante un tribunal o echarse en brazos del comunismo, “doctrina la más absurda e insostenible que haya abortado nunca en sus extravíos la razón humana”.⁴⁶ Así, en pos de la civilización y para evitar el retroceso, se tenía que defender la propiedad: “hagámosles comprender que la Propiedad, además de ser una ley bella y civilizadora, es una ley indestructible, porque Dios mismo la crió para el progreso”.⁴⁷

En suma, las representaciones de la prensa respecto de los repartos de tierras pasaban por tres aspectos generales, el primero, era la ilegalidad de estos pues según la Constitución y el “sentido común” más liberal, la propiedad privada tendía a ser protegida. De hecho era un signo de progreso y civilización, mientras que el defender la tierra comunal era un sinónimo de comunismo, acusación que carecía de todo sentido pues no se podía esperar de las comunidades indígenas que contaran con una conciencia de clase revolucionaria o que citaran dicha ideología -aunque es posible establecer un lazo con el socialismo utópico primigenio-, simplemente se buscaba la restitución de tierras que ellos consideraban despojadas. El segundo punto era la inversión de papeles: los hacendados ahora eran mostrados como las víctimas de los indígenas. Lo que llama la atención en este sentido es que las quejas de los propietarios si tuvieron eco en la prensa, al contrario de las demandas de las comunidades, que eran ignoradas o contrariadas en los tribunales y en la opinión pública. Por último, la noción de los indígenas como seres voraces, capaces de tomar los terrenos ante los ojos de sus víctimas, reforzaba el racismo evidente de muchas manifestaciones públicas durante el siglo XIX. En este sentido, Gutiérrez (2006) menciona que el estrato indígena fue mostrado por la prensa jalisciense como un grupo social perezoso, una representación que fue reforzada por la idea del “buen salvaje”, aquella que remite al individuo bondadoso, pero al mismo tiempo pasivo y débil por naturaleza (p. 21-23). En este caso, la iniciativa y acciones del movimiento lozadista para la obtención de tierras contrastó con aquellos prejuicios que fueron reforzados reiteradamente en el ámbito público, que imposibilitaron a los sectores populares manifestar su iniciativa: lo anterior sin dejar de lado que estos reclamos tenían un sesgo utilitarista innegable. De este modo, es posible contextualizar lo dicho por La Prensa sobre brindar algunas tierras a los indígenas, se proponía como una medida de caridad de un gobierno protector o generoso y no como un derecho o una reivindicación.

El desacuerdo de la facción liberal jalisciense respecto de la erección del distrito militar fue más que evidente. Por ejemplo, en una nota de El País se habla del resultado de las elecciones para representantes del estado de Tepic, siendo electos Manuel Payno, Vicente Riva Palacio y el Sr. Rivas. Ahí, el territorio es mostrado como un estado anómalo ignorado por el gobierno.⁴⁸ Del mismo modo, es notorio que en la nota se hablara de un estado de Tepic pese a que la designación formal del territorio era la de un distrito militar administrado por el centro.

De hecho, en ese periodo se dieron por lo menos un par de peticiones de parte de las poblaciones de Tepic para erigirse como estado independiente.⁴⁹ Estas no procedieron y el territorio continuó como un distrito militar. Aun así, dichas acciones generaron gran ámpula entre la prensa liberal. El País refirió una discusión en torno al debate para la erección del nuevo estado de Nayarit, propuesta debatida por el diputado C. Beas que alegaba: “era mentira que los pueblos del distrito de Tepic hubiesen pedido la separación de Jalisco, pues dichos pueblos no tenían libertad, porque no la había donde estaba Lozada”.⁵⁰ Aunado a eso, José María Vigil, en ese mismo diario, mencionaría que en la Constitución mexicana existían tres requisitos para constituir un nuevo estado: una población de 80 000 habitantes; que se justificara que tenían los medios necesarios para proveer su existencia política -ya que de no ser así en lugar de un estado poderoso y floreciente se tendrían dos entidades raquíticas- y, por último, que fuera ratificado por la mayoría de las legislaturas de los estados, ya que era un asunto que afectaría a toda la nación y no solo a los directamente interesados (BPEJ, citado en Herrerías, 2007, p. 49). En este sentido, se mencionaba en La Prensa: “en este Cantón de nuestro Estado siguen levantándose actas de reconocimiento al supremo gobierno de la nación”.⁵¹ Es decir, seguían considerando al distrito militar como parte del estado, como si todavía fuese el séptimo cantón. Por su parte, La Unión Liberal atacó al gobierno federal, encabezado por Juárez, por la separación de Tepic, mencionando que había sido un gran patriota y un gran hombre hasta su llegada a la capital. El presidente era mostrado como un personaje incongruente al mencionar que se le estaba dando un premio al líder nayarita.⁵²

Posteriormente, la nota alegaba que la creación de un nuevo estado bajo las circunstancias en que se presentaba era completamente anticonstitucional por lo tanto, “los amigos de La Unión Liberal protestan de la manera más solemne y enérgica contra la separación de los expresados cantones”.⁵³ El mismo periódico mencionaba que el gobierno del estado de Jalisco debería incluir al territorio de Tepic como parte de los distritos electorales formados para las próximas elecciones, pues “constitucionalmente [Tepic] no está separado de Jalisco sino en virtud de una providencia”.⁵⁴ Se trataba de una cuestión coyuntural.

Por su parte, La Chispa con un tono bastante sarcástico refirió la grandeza del territorio de Tepic y su posible erección como estado, publicando:⁵⁵

Estos dos genios de la libertad [Juárez y Lerdo de Tejada] bien entendida se han sacrificado hasta el grado de rejir [sic.], por si y ante sí, durante años y años, los destinos de Méjico. Lozada es un hombre grandísimo, puesto que D. Benito y D. Sebastián se han inclinado ante él y le han rendido homenaje. Ante la abnegación sublime, la virtud edificante y la grandeza inconmensurable de estos personajes ¿Qué podemos hacer nosotros, míseros ignorantes? Humillar nuestra frente respetuosos y reverentes y acatar, con la obediencia y sumisión debidas, la voluntad del supremo gobierno de la nación cantando hossana hossana, como conviene a todo ciudadano, con voz gangosa y fervoroso acento.

En general, esta postura se reflejó en la historiografía liberal de Jalisco, pues existió gran concordancia con lo expuesto por la prensa. Para Pérez Verdía (1989), fueron los celos del ministro de Guerra Ignacio Mejía respecto de Corona, lo que motivó su negativa para iniciar una campaña militar. En cuanto a la cuestión del territorio de Tepic mencionaba: “Lozada imperaba allí a título de su neutralidad y tenía establecido un verdadero cacicazgo, el Gobierno Federal contra la Constitución establecía un Distrito Militar […] y se privaba al Estado de una parte integrante de su territorio” (p. 342).

Hacia 1872 Juan Panadero abordaría el mismo tema mencionando que bajo la propuesta de los diputados federales que permitían crear un estado a partir de una población de mínimo 80 000 habitantes, se podrían crear el estado de Guadalajara, el de Lagos o el de La Barca. Consideraban el asunto como algo ridículo que aseguraría una madriguera legal para Lozada. La propuesta fue hecha por Payno, o como se le llamó en el periódico: Paynito. Esto le daría al Tigre: “facultades amplias y extraordinarias de por vida, con derecho de horca y de cuchillo, y con derecho de obedecer al gobierno general cuando lo crea conveniente y cuando no, no”.⁵⁶ Esto implicaba una fuerte crítica al gobierno por permitir tal situación, “allí donde el rifle americano hubiera hecho su oficio, cazando á los bandidos como fieras […] allí se quiere dar un Estado, al cínico, al bandido, al asesino, al salvaje Lozada” (Pérez Verdía, 1989, p. 342).

En suma, la inconformidad de los liberales jaliscienses por haber perdido parte de su territorio, los hizo lanzar graves críticas hacia el gobierno representado por Juárez, ya que consideraban que la erección del distrito era totalmente anticonstitucional. Así mismo, exponían que al dejar a Lozada vivo se le estaba haciendo un gran favor y que separar el territorio representaba nada menos que un regalo para el cacique. La prensa jalisciense no dudo en considerar al distrito militar como si aún fuese parte del estado, por lo que se negó a reconocer su fragmentación. La sola idea de que este territorio, de por sí extraordinario en su erección, se pudiera constituir como un estado independiente, representó una idea fuera de todo fundamento para los liberales jaliscienses.

La propuesta de iniciar una campaña militar para terminar con Lozada fue secundada por liberales como el exgobernador Pedro Ogazón, Ignacio L. Vallarta y los órganos periodísticos jaliscienses. Periódicos como La Prensa expresaron su tedio ante tantas guerras y tropelías, y se mencionaban, “cansados estamos ya de ver derramarse la sangre mexicana en contiendas fratricidas”.⁵⁷ Esto se debía a los hechos publicados tanto en La Prensa como en La Unión Liberal. Estos narraron una matanza realizada por fuerzas lozadistas en Tepic, contra un coronel liberal de apellido Pacheco y 21 soldados, la nota menciona:⁵⁸

[…] creemos firmemente que no hay remedio para hacer cesar los males que causan los tigres que se han apoderado de Tepic, que hacerles una guerra sin cuartel, hasta salvar a sus habitantes pacíficos de tan pérfida dominación […] El sentimiento público pide ya a gritos el castigo de los culpables.

Después de quejarse de los repartos encabezados por Lozada, La Unión Liberal propuso la creación de una fuerza conjunta de los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Sinaloa que atacase a Lozada. La razón de la conjunción de tal fuerza es que todos deberían estar “interesados como nosotros en que desaparezca por fin Lozada y los suyos, y se quite ese constante amago del orden y la tranquilidad pública, y de las instituciones democráticas”.⁵⁹

La Civilización mencionaba que, dados los preparativos de guerra que Lozada realizaba en su territorio, era indudable que el gobierno debía tomar cartas en el asunto, enviando la guerra a esas comarcas dado que: “hay mucha gente ociosa y mal entretenida, que fomenta todos los instintos revolucionarios, y hay que decir que el gobierno debe fijarse en esto con toda seriedad”.⁶⁰ Esto representaba la posibilidad de una “sublevación monstruosa e insolente”, cuya represión debía procurarse por todos los medios posibles, no solo por sus tendencias anárquicas y corruptas, sino porque la existencia de “la madriguera” de Álica era un amago constante a la paz pública y un testimonio perpetuo de la impotencia del gobierno nacional. Por lo tanto, concluía de la siguiente manera: “no desconocemos las dificultades casi insuperables de la empresa, pero creemos que no debe titubearse para elegir entre los riesgos de una campaña peligrosa y las funestas consecuencias de una tolerancia pusilánime y cobarde”.⁶¹

En suma, ya sea para evitar una posible sublevación, por ser enemigos de la civilización al repartir las tierras o por no permitir que el traidor siguiera vivo, la solución de la prensa era clara, se debería reanudar la campaña militar contra Lozada, lograr su exterminio y de paso, el de sus “bárbaros seguidores”. Sin embargo, la campaña militar se había evitado debido al pacto que Lozada tenía con Juárez, pero tras la muerte de este la reanudación del conflicto armado era cuestión de tiempo.