La Liga Comunista 23 de Septiembre ante la reforma política de 1977, la liberación de presos políticos, y la búsqueda de víctimas de desaparición forzada

Dada la centralidad del periódico Madera para esta investigación, vale la pena una reflexión teórica y metodológica sobre la prensa como fuente de información y objeto de estudio (Del Palacio, 2006, p. 12). En ese sentido, es importante mencionar que el concepto de opinión pública fue creado durante el siglo XVIII (Sánchez y Gil, 2021, p. 258). Se trata, pues, de una construcción moderna que tiene por objetivo reconocer la pluralidad y las diferencias propias de cualquier sociedad.

Burgueses ilustrados - en franca confrontación con la aristocracia dominante - solían discutir ideas sobre lo público en tertulias realizadas en hogares o cafés y, posteriormente, las publicaban en páginas de prensa (Aguilar, 2017, p. 126). Así, se volvió común una forma de hacer política que sigue siendo muy importante hasta nuestra actualidad: la publicación y discusión de ideas sobre lo social. En ocasiones, tales ideas pueden ser diferentes o francamente opuestas a las de grupos gobernantes, de modo que los medios de comunicación se convierten en una forma de expresión y canalización de conflictos políticos.

Contrario a lo que algunos preceptos liberales suponen - sobre todo los más idealizadores -, la proliferación de medios de comunicación y de opiniones divergentes no ha acabado con confrontaciones entre grupos sociales; incluso, no son pocas las ocasiones en que las aumenta. Como muestra Alejandro Grimson (2011), hay momentos en que la comunicación entre sectores sociales crece y al mismo tiempo lo hacen los fundamentalismos de diversos tipos - e.g., religiosos, étnicos, políticos, etcétera -. Es decir, el aumento de contactos e interacción no genera necesariamente tolerancia y compresión mutua.

Los periódicos son productos culturales en el sentido de que expresan valores y representaciones del mundo, y también generadores de opinión pública (Del Palacio, 2006, p. 19). En ellos es posible encontrar posiciones irreconciliables con las de otros sectores sociales. Así, la prensa suele tener fines propagandísticos con la intención de influir en debates políticos. La elección de criterios editoriales nos muestra qué temas son importantes para sectores determinados (Kircher, 2005, p. 116) y, regularmente, es posible documentar las posturas que se asumen frente a esos mismos temas.

Para la década de 1970, la prensa ocupaba, junto con noticieros televisivos, un espacio central dentro de lo que podemos llamar la opinión pública mexicana. Con todo y el autoritarismo del régimen dominante, no podríamos decir que no había prensa crítica o de oposición. Ese era el caso de la revista Proceso, fundada en 1976.⁵ Sin embargo, el periódico Madera era un caso especial: no solo se trataba de una publicación crítica con los gobiernos nacionales de la época, sino que llamaba abiertamente a combatirlos por medio de las armas. Ello lo colocaba en un plano diferente al de las publicaciones sólo críticas: el Madera era un medio de comunicación clandestino y su edición, impresión y posesión eran asuntos especialmente delicados.

Todos los medios de comunicación son generadores de opinión pública y no escapan de posiciones ideológicas - por más que algunos pretendan presentarse como ‘neutros’ o ‘imparciales’. En el caso de Madera, en sus páginas es posible acercarse al tratamiento editorial que la dirigencia nacional de la LC23S dio a distintos temas. Por los intereses de este artículo, me centro especialmente en las opiniones e interpretaciones sobre la reforma política de 1977, la liberación de presos políticos y la búsqueda de víctimas de desaparición forzada.

La reforma política fue anunciada el 1° de abril de 1977 por el entonces secretario de gobernación, Jesús Reyes Heroles. En julio del mismo año, la Liga publicó el número 31 de su periódico Madera, donde se hace una dura crítica a la reforma:

Desde hace ya varias semanas, la burguesía y todos sus lacayos y corifeos han venido levantando tremenda alharaca alrededor de la nueva “gracia” de la Oligarquía Financiera. Han tratado, y para ello han desplegado enorme publicidad, de que los explotados y los oprimidos en estos momentos centren su atención en la “reforma política” anunciada por el régimen y que apoyen sin remilgos esta nueva medida de JLP [José López Portillo] y demás oligarcas […] Según JLP, la “reforma política” es una muestra avanzada de la democracia que según los burgueses impera en el país; según “pepe” y sus colaboradores, es tan democrática la dominación burguesa que hasta van a permitir “que las llamadas minorías políticas participen libremente en el juego político del país”, logrando con esto - siguen diciendo los mismos burgueses - la consolidación y el fortalecimiento de la “democracia social”.⁶

Como se ve, desde la Liga se criticaba la reforma política del 1977 por considerarla una herramienta del régimen priista para obtener legitimidad. En palabras de la dirigencia de la organización, se trataba de una operación política impulsada por la “oligarquía financiera” del país, la cual tenía el objetivo de justificar “la dominación burguesa”.

Llama la atención que la reforma haya sido asignada a la “oligarquía financiera”, ya que ello insinúa una compenetración plena entre el gobierno y los grandes empresarios del país. Es indudable que ambos sectores tenían muchas relaciones - algunas muy sólidas -, pero, al mismo tiempo, había disputas. Si bien durante los primeros cuatro años del gobierno de José López Portillo (1976-1980) las relaciones no fueron malas, desde un sexenio antes - cuando hubo un enfrentamiento directo - el sector privado “no dejó nunca […] de presionar al gobierno para obtener más espacios de participación política” (Hernández, 1990, p. 740).

Las críticas no fueron solo para el gobierno, sino también para las organizaciones que obtendrían su registro como partidos políticos a través de la reforma. En la editorial del citado número 31 de Madera, se menciona lo siguiente:

Obviamente, toda la gama de “demócratas”, toda esa bola de oportunistas que forman la “izquierda sana”, son los que más escándalo hacen con la dichosa “reforma política”. ¡Claro está! Si regularmente los oportunistas no hacen otra cosa más que aplaudir y apoyar lo que hacen y dicen los burgueses […] Si comúnmente el PCM [Partido Comunista Mexicano], PST [Partido Socialista de los Trabajadores], el PRT [Partido Revolucionario de los Trabajadores], el PMT [Partido Mexicano de los Trabajadores] y demás “demócratas” se desviven en elogios hacia sus amos y, con gran servilismo lacayuno, han llegado hasta a decir que “en el régimen de JLP no ha habido represión para las masas”, ahora con la “reforma” se han soltado el pelo con alabanzas al por mayor hacia sus amos.⁷

Desde esta posición, los partidos que apoyaron la reforma eran “oportunistas”; esto es que no luchaban frontalmente contra el capitalismo y en pro del socialismo y, con ello, traicionaban a los sectores populares. Así, se les acusaba de reproducir lógicas que favorecían la continuidad de la pobreza y la desigualdad por medio de prácticas reformistas y no revolucionarias.

Desde la Liga se creía que el gobierno no iba a dejar el poder por medios legales -e.g., elecciones - y que, en consecuencia, la reforma era una farsa. No se trataba de una interpretación totalmente fuera de lugar o que no tuviera algunas bases. Las y los militantes de la Liga sufrían de una dura represión por parte del Estado mexicano de la época, que violaba leyes sistemáticamente, pues tenían claro que, por lo menos en algunos aspectos, el gobierno no cumplía con sus propias leyes.

Con todo, sí había algo irreal en las posturas de la dirigencia de la Liga frente a quienes aceptaron la reforma política. Por ejemplo, a su parecer, era “tan evidente la posición de los oportunistas que no creemos que haya un solo obrero que siga creyendo en sus pomposas consignas”.⁸ Sin embargo, no solo había obreros que sí creían en la importancia de la reforma, sino que militaban en los partidos que la aceptaron. Incluso, el régimen priista tenía sus bases de apoyo social que, si bien en algunos sectores ya se había desgastado considerablemente, en otros aún se mantenía sólido.

Tales realidades están totalmente ausentes en el Madera número 31. En este documento se mantiene que los principales impulsores la reforma - i.e., “los capitalistas” - y las organizaciones de izquierda que la aceptaron - i.e., “sus aliados” - tenían pleno rechazo social. Seguramente se trató de una postura influida por una intención práctica: por un lado, el gobierno nacional era el enemigo directo de la LC23S - al que le habían declarado la guerra -, pues negarle cualquier legitimidad implicaba presentarlo como un actor social menos poderoso y, en consecuencia, más fácil de vencer. Por otro lado, se disputaba el apoyo de los sectores populares con las diferentes organizaciones de izquierda, de forma que mostrarlas como ‘aliadas’ del gobierno seguramente era una parte de una estrategia - consciente o no - que buscaba conseguir el apoyo de obreros y, en menor medida, campesinos y estudiantes.

Además, al presentar al gobierno y a las élites de la política nacional como los ‘amos’ de los partidos de izquierda que aceptaron la reforma, se estaba simplificando el proceso. La reforma política fue posible, por lo menos en parte, debido a la exigencia de diversos grupos de oposición, los cuales estaban descontentos con el autoritarismo del régimen priista. De modo que la apertura de espacios que representó la reforma - limitada, sin duda - también fue producto de una serie de exigencias populares, y no una simple concesión desde dentro del régimen (Tejeda, 2018). Lo planteado en el Madera no reconoce el carácter activo que tuvieron organizaciones como el PRT o PCM en el proceso.

Si bien toda la historia de la Liga se caracterizó por distanciamiento con otros grupos de izquierda - incluso socialistas, armados y clandestinos -, el anuncio de la reforma política lo acrecentó. Una de las organizaciones con las que hubo conflictos fue el PRT, una organización trotskista, en esos momentos, de reciente creación. Un punto de tensión importante sucedió el 12 de mayo de 1977, cuando una brigada de la LC23S ‘ajustició’ a Alfonso Peralta Reyes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco de la Ciudad de México, donde daba clases. Peralta era militante del PRT y había sido elegido representante del partido en unas audiencias que el gobierno preparaba en el contexto de la reforma política (Rangel, 2013, p. 375; Tejeda, 2018, p. 101).

En el Madera número 31 apareció un texto cuyo título fue “El ajusticiamiento de un policía político”. En dicho artículo se reconoció que “Peralta Reyes, fue muerto […] por las FUERZAS REVOLUCIONARIAS DE LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE”. Además, se acusó al militante del PRT de

Asumir una abierta actitud represiva y policiaca contra los estudiantes proletarios y contra los revolucionarios organizados. ¿Quién no escuchó alguna vez a Peralta y sus secuaces cuando en todos los rincones del CCH Azcapotzalco aconsejaba denunciar a la policía a los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre cuando éstos anduvieran distribuyendo la propaganda revolucionaria? ¿Quién no supo de que ese miserable, cuando alguien descubría ante los ojos de la masa estudiantil su carácter de lacayo del capital, se ponía a acusarlo a diestra y siniestra de ser militante de la “23”; de ser “provocador”; con el sólo fin de facilitarle a la policía la represión? Peralta era un verdadero policía político y como tal no merecía más que el ajusticiamiento, como así lo merecen todos y cada uno de aquellos lacayos de la burguesía que asuman estas actitudes policiacas.⁹

Queda claro que, en esos momentos, la dirección de la Liga mantenía que la única forma de lucha desde una perspectiva revolucionaria era la armada. En sus interpretaciones, no cabía ninguna alianza con otros sectores de izquierda socialista - como el PRT -, menos si optaban por aceptar la reforma política propuesta por el gobierno federal y, con ello, se incorporaban a las luchas electorales de la democracia liberal. Pero no solo eso, sus posturas también legitimaban el ‘ajusticiamiento’ de quienes, desde su perspectiva, traicionaran la revolución socialista, como el militante del PRT Alfonso Peralta Reyes.

En noviembre de 1977, en el número 33 de Madera, la editorial volvió a estar dedicada a la reforma política:

A varios meses de haber sido anunciada por representantes de la clase en el poder, la “reforma política” sigue siendo, y seguramente seguirá siendo por varios meses más, el tema más importante sobre el cual los burgueses quieren que se centre toda la vida política del país. Anunciada como una de las grandes medidas propuestas por el “conciliador” JLP, para fortalecer el “sistema democrático” que existe en el país, para fortalecer el régimen de “justicia social” que ha engendrado la “Revolución Mexicana”, la “reforma política” se ha convertido desde entonces, en el centro de una verdadera campaña ideológica de la burguesía, con el objetivo más inmediato de frenar la lucha revolucionaria de la clase obrera.¹⁰

Desde esta perspectiva, la reforma era una estrategia de contrainsurgencia. Así, el fragmento anterior hace hincapié en que los cambios políticos impulsados por el gobierno tenían, como principal objetivo, frenar la inconformidad social del periodo, la cual era catalogada desde la Liga como “la lucha revolucionaria de la clase obrera”.

Con todo, es criticable mantener que las protestas y movilizaciones durante esos años iniciales del gobierno de López Portillo hayan tenido la intención de luchar en contra del capitalismo - como se aseguraba desde la LC23S -. Más bien se trataba de procesos complejos en donde había grupos con demandas específicas - entre ellas, la reforma política - hasta, ciertamente, posturas antisistémicas como la de las y los guerrilleros - no solo militantes de la Liga -.

Algo que, a mi parecer, tiene más sustancia en el fragmento de Madera citado anteriormente tiene que ver con las causas de la reforma: comúnmente, se ha señalado que estos cambios se debieron a exigencias de grupos de izquierda no armados. La tesis de Adela Cedillo (2010) es diferente y, a la vez, sugerente: “Desde mi perspectiva, las demandas de los ‘demócratas’ no tenían tanto peso como el costo económico y social de la ‘guerra sucia’ […] propiciando que se buscara una salida política al conflicto” (p. 66). Es verdad que, como la misma autora reconoce, un evento de la magnitud de la reforma política de 1977 difícilmente puede ser respuesta a una sola causa. La crisis del régimen posrevolucionario generaba críticas y demandas de muchos grupos políticos; incluso, no solo de izquierda ni del contexto meramente nacional - entre estos cabe mencionar a organismos internacionales de derechos humanos -. Con todo, me parece importante discutir más sobre el papel que jugó la lucha armada en estos procesos, algo presente en el Madera al señalar que la reforma tenía “el objetivo más inmediato de frenar la lucha revolucionaria”.

Aunque, al mismo tiempo, se obvia la complejidad del fenómeno cuando se afirma que los intereses contrainsurgentes fueron las únicas razones que hicieron posible la reforma. Tal discurso es simplificador, pero coincide con la postura de la dirección de la Liga, la cual solía asegurar que su lucha se encontraba en crecimiento constantemente y que, por lo tanto, el Estado dirigía la mayoría o una buena parte de sus recursos hacia el objetivo de frenar sus acciones. Visto desde esa perspectiva, la reforma política era una más de las estrategias estatales para detenerlos, por ello había que oponerse y denunciar a los sectores de la izquierda mexicana que la impulsaban y aceptaban.

Como mencioné, durante la segunda mitad de la década de los setenta tomaron fuerza dos luchas importantes: la liberación de presos políticos y la búsqueda de desaparecidos a causa de la contrainsurgencia. Algunos de los partidos políticos que estaban en diálogo con el gobierno para hacer posible la reforma política incluyeron una amnistía general para presos políticos como parte de las negociaciones (Rodríguez Araujo, 1979; Tejeda, 2018). Además, familiares de encarcelados y desaparecidos crearon diferentes colectivos. Aunque la mayor visibilidad ha recaído en las acciones de familiares mujeres - por justas razones -, el primer comité fue constituido en Jalisco por Luciano Rentería y Enrique Velázquez. Rentería era un panadero de profesión que militaba en el Partido Comunista y cuyo hijo, Armando Rentería, formaba parte de la Liga y se encontraba preso en el penal de Oblatos en Guadalajara; Velázquez fue miembro del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) - uno de los grupos que dio pie a la Liga -, estudió Derecho y se convirtió en defensor de guerrilleros presos. También se crearon comités en Chihuahua, Monterrey - el cual estuvo liderado por Rosario Ibarra de Piedra - y Sinaloa (Villarreal, 2014), entre otros.

Una de las primeras acciones de los comités fue realizar un listado de presos. En el número 17 de la revista Proceso - en esos momentos de reciente creación - se publicó una lista con 244 nombres.¹¹ En el siguiente número, la lista se había incrementado a “cerca de 300 casos”.¹² En esta revista se señalaron aspectos que difícilmente aparecían en otros medios; por ejemplo, se mencionó la realidad de los guerrilleros detenidos: “algunos llegan a la cárcel; otros, desaparecen”.¹³ Ante ello, el gobierno federal dio una respuesta: el procurador Óscar Flores Sánchez se desistió de la acción penal contra 62 presos.¹⁴ Quienes se encontraban detenidos eran muchos más y ello alentó la petición de libertad para otros exmilitantes de organizaciones y movimientos opositores. Ese fue el caso de Mónico Rentería, quien era acusado de ser el actor intelectual del intento de secuestro de Eugenio Garza Sada.¹⁵

El tema de la reforma política fue relacionado con el de presos y desaparecidos a causa de la contrainsurgencia. El gobierno amplió significativamente su primer listado de personas que pretendía liberar: pasó de 62 a 424. Sin embargo, los comités pro-libertad de encarcelados y búsqueda de desaparecidos consideraron que la lista dada por el gobierno tenía contradicciones - e.g., se pretendía ‘liberar’ a militantes que ya habían muerto -.¹⁶

El anuncio de los desistimientos fue duramente criticado en el Madera, donde fue catalogado como una “burda patraña” de la “Oligarquía Financiera para engañar y confundir a los proletarios y demás oprimidos”.¹⁷ Sin embargo, tal declaración obviaba las acciones de activistas y familiares en favor de una amnistía para presos políticos. Por ejemplo, Laura Castellanos (2016) documenta, mediante testimonios, que el 19 de abril de 1977 - 18 días después del anuncio de reforma política - el presidente López Portillo aceptó una reunión con varias de las mujeres integrantes de los comités, quienes le hicieron saber sus demandas: abrir las cárceles clandestinas - en especial la ubicada en el Campo Militar Número 1 -, alto a la represión y una Ley de Amnistía para presos políticos. Según Castellanos (2016, p. 373), el evento no fue difundido en los medios de comunicación debido a lo delicado del asunto. En agosto de 1977, el comité de familiares encabezado por Rosario Ibarra de Piedra - con sede en Monterrey - organizó una reunión con otros colectivos que dio como resultado la integración de una sola organización nacional (Rangel, 2013, p. 431).

Con todo, desde la Liga no se vio con buenos ojos la liberación de los presos por medio de cauces institucionales. En el número 34 de Madera (febrero de 1978), se aceptó que la liberación de militantes apresados es importante; sin embargo, también se afirmaba que

[…] la libertad de los revolucionarios no es ni puede ser, como lo proclaman los oportunistas y “Amnistía Internacional”, a través del trámite legal, de los diálogos, las peticiones, de las alusiones a las leyes constitucionales, de los desplegados a tales o cuales funcionarios del aparato estatal, de las alusiones al respeto de la “integridad física”, a la “falta de democracia”, a la falta de “libertad política”, o a los lloriqueos en contra de la represión gubernamental. Todo esto, no es más que seguirle el juego a la burguesía en su cometido de dominar ideológicamente al proletariado. Todo esto tiene el cometido de imbuir a los oprimidos la idea de que la represión, las injusticias y las vejaciones sobre los revolucionarios y sobre todos los explotados, se terminarán con “el apego irrestricto a la legalidad burguesa”.¹⁸

Como se ve, la dirigencia de la Liga no creía apropiado presionar al gobierno para la búsqueda de objetivos específicos; desde su interpretación, había que hostigar y debilitar al orden burgués militar y políticamente, no exigirle medidas concretas dentro de su legalidad. Tal postura se enmarcaba en un contexto específico: la situación nacional del periodo en donde el Estado mexicano tenía ya varias décadas reprimiendo a la disidencia política que no podía canalizar por medios institucionales. Esa situación daba elementos para sostener la interpretación de militantes de la Liga según la cual la única forma de oponerse al régimen priista era por medio de las armas. Visto así, objetivos como la liberación de presos políticos solo serían posibles por medio de acciones violentas orquestadas por una organización revolucionaria, como la Liga. Además, se tenían elementos para formular que tal postura era correcta, como, por ejemplo, la exitosa fuga de seis militantes del penal de Oblatos, en Guadalajara, realizada en enero de 1976.

El comité de familiares de presos y desaparecidos no era una organización revolucionaria; surgió con un objetivo preciso y acotado: la liberación de sus seres queridos o su aparición. La dirección de la Liga sostenía que esta no era una lucha bien enfocada, ya que se trataba de una forma de “dominar ideológicamente al proletariado”. No obstante, esta postura no tomaba en cuenta que la liberación de presos no era una concesión gubernamental, sino el producto de la lucha de familiares - principalmente mujeres -. En gran medida, fueron ellas quienes lograron darle un vuelco mediático a uno de los principales proyectos del entonces nuevo gobierno federal encabezado por José López Portillo: la reforma política que permitió el registro de partidos de izquierda. A partir de las acciones de las familiares - con la solidaridad de organizaciones de izquierda y de defensores de derechos humanos -, los discursos del gobierno según los cuales la reforma era una muestra de apertura y democratización del régimen fueron puestos en duda y se agregó que, sin la liberación de los guerrilleros presos, la reforma política no era posible o estaba incompleta.

A diferencia de la liberación de guerrilleros detenidos, la dirigencia de la Liga le dio mayor reconocimiento a la demanda de búsqueda de desaparecidos. Por lo menos, se aprovechó que el comité de familiares puso el tema en la agenda pública para hacer visibles a los desaparecidos que eran militantes de la organización. Así, el número 34 de Madera termina con una lista de “MILITANTES REVOLUCIONARIOS Y OTRAS PERSONAS QUE HAN SIDO DETENIDAS Y DESAPARECIDAS POR LAS FUERZAS REPRESIVAS”.¹⁹ Dicha lista brinda datos útiles para la búsqueda de los desaparecidos - como lugar y fecha de detención -, en algunos casos, solo se mencionan los seudónimos con los que se identificaban los militantes al interior de la organización, ya que se desconocían más datos.

La demanda por la liberación de presos tuvo efectos en el corto plazo mucho más satisfactorios que la búsqueda de los desaparecidos - lucha que aún continúa -. Para ello, las familiares realizaron diversas formas de presión, como mítines, posicionamientos públicos y demás. El presidente López Portillo anunció la Ley de Amnistía el 1° septiembre de 1978, durante la presentación de su segundo informe de gobierno ante el Congreso de la Unión:

Las condiciones que nos permiten visualizar un México en que se viva mejor, coinciden con la participación institucional de más corrientes ideológicas en las decisiones nacionales. Vale la pena abrir nuevas y libres oportunidades a quienes bajo la influencia de algún móvil político se encuentran recluidos o prófugos, porque incurrieron en delitos, o formando grupos de disidencia extrema, pero que no han intervenido en la comisión de delitos contra la vida o la integridad corporal. Con ese propósito enviaré a este Honorable Congreso, la Iniciativa de Ley de Amnistía, que beneficie a los que pensando en la solución de sus problemas y en la de los demás, surgidos de marginaciones sociales y económicas, que infortunadamente todavía existen, manifestaron su inconformidad, por la vía equivocada del delito. (Congreso de la Unión-Dirección de Servicio de Investigación y Análisis, 1978, p. 104)

Dos días antes del informe presidencial, la Liga secuestró al joven académico Hugo Margáin Charles - en esos momentos, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hijo del entonces embajador de México en Estados Unidos y exsecretario de Hacienda, Hugo B. Margáin -, quien murió en los sucesos. Según Rangel (2011), “no es descabellado pensar que el secuestro de Hugo Margáin Charles y su muerte [tuvieron] la intención de sabotear [la amnistía]” (p. 329). Aunque, al parecer, la muerte de Margáin no era parte del plan, ya que “el examen médico reveló que el cuerpo presentaba una herida producida por una bala 9 mm en la pierna derecha. El proyectil rompió el fémur y arterias. Había huellas de que intentaron contener la hemorragia”.²⁰ Lo cierto es que la dirección de la Liga mantuvo una postura muy crítica hacia la lucha por la amnistía y sus beneficiados. En el número 38 de Madera se cuestiona lo siguiente:

¿La amnistía beneficia a los revolucionarios? Claro que no. Es evidente que la mayoría de los revolucionarios sólidos y probados que están presos y mucho menos aquellos que están desaparecidos en cárceles clandestinas como las del campo militar No. 1, no serán liberados, para ellos no hay ni habrá amnistía con la burguesía en el poder. A ellos la burguesía no está dispuesta a liberarlos. Ellos sólo podrán ser liberados por la fuerza de la movilización de la clase obrera y las masas populares.²¹

La amnistía se promulgó en septiembre de 1978 (Cossío y Rodríguez Kuri, 2022, p. 1798). Se trató de un logro en el que colaboraron diferentes sectores sociales; entre estos se encontraba el comité de familiares, pero también partidos políticos que obtuvieron su registro gracias a la reforma política de 1977. Como documentan Octavio Rodríguez Araujo (1979) y Nancy Tejeda (2018), varios de los partidos de izquierda que aceptaron la reforma se posicionaban a favor de la amnistía, la cual era representada como necesaria para una verdadera apertura del régimen político nacional. Es decir, para estos partidos, la reforma de 1977 estaba incompleta si no se incluía una amnistía para presos políticos. De hecho, así fue presentada por la parte oficial. En el texto de la Ley de Amnistía se lee lo siguiente:

El Gobierno de la República ha emprendido diversas acciones tendientes a ampliar las posibilidades de una mayor participación institucional de las diversas corrientes ideológicas en las decisiones nacionales […] Para coadyuvar a dicho fin es conveniente incorporar a la actividad ciudadana, para compartir las responsabilidades del quehacer nacional, a quienes formando parte de grupos de disidencia radical, y con evidentes móviles políticos, han incurrido en conductas sancionadas por la ley penal. (Cossío y Rodríguez Kuri, 2022, p. 1789)

Este fragmento insinúa cierta victoria de quienes impulsaban la amnistía no solo por haberla conseguido, sino también porque fue representada - por lo menos públicamente - según algunos de sus propios términos. Aunque, al mismo tiempo, la ley concedió la responsabilidad de liberar a presos en los estados del país a autoridades locales y se denunciaron retrasos y resistencias (Cossío y Rodríguez Kuri, 2022, pp. 1802-3; Rangel, 2011, p. 327).

Si bien algunos militantes guerrilleros ya habían logrado su libertad anteriormente,²² no se trataba de una práctica extendida. La amnistía, en cambio, implicó una liberación de presos políticos más generalizada. Es difícil precisar una cifra exacta ya que el presidente López Portillo incluía a indígenas apresados por conflictos agrarios en sus cálculos; Cossío y Rodríguez Kuri (2022, p. 1802) plantean que la cantidad de militantes guerrilleros liberados podría haber sido de alrededor de 800 personas.

No todos los amnistiados renunciaron a la lucha armada, algo que fue previsto en el Madera: “quizá también salgan de la cárcel algunos revolucionarios presos”; pero, de nueva cuenta, se tenía muchas dudas al respecto: “es sabido que la burguesía sólo soltará a unos cuantos y siempre con el fin de que vigilándolos y poniéndoles ‘cola’ puedan encontrar pistas para dar con militantes revolucionarios”.²³

Uno de los amnistiados que regresó a la lucha armada fue Jesús Manuel ‘el Chino’ Arana Murillo, quien era originario de Sonora y había sido detenido en octubre de 1976 en Guaymas (Rangel, 2011, p. 187); fue amnistiado en noviembre de 1978 (Moreno, 2014, p. 315) y regresó a la militancia guerrillera. En enero de 1981 murió en un enfrentamiento con las fuerzas del orden a las afueras de Ciudad Universitaria en la Cuidad de México (Jara, 2013; Rangel, 2011, p. 292).

Para 1979, la fuerza política y militar de la Liga se encontraba muy reducida. Es difícil cuantificar el impacto que la reforma política de 1977 y la Ley de Amnistía tuvieron en la desarticulación de la organización, pero me parece claro que influyeron. Ambas acciones gubernamentales fueron realizadas en medio de un tejido social y político especialmente complejo. Al interior del país, el gobierno de López Portillo heredó una crisis política y económica que no pudo o supo corregir; al exterior, había presiones de grupos defensores de derechos humanos - para entonces una agenda política relativamente nueva, pero en gran crecimiento - que exigían la aparición de desaparecidos y el fin de la represión, entre otras cosas.²⁴

Tal contexto brinda elementos para sostener que la reforma política y la Ley de Amnistía fueron una victoria de grupos críticos u opositores y, al mismo tiempo, parte una política de contrainsurgencia que pretendía restarle legitimidad a la disidencia armada. Interpretando el contexto de la época, podemos afirmar que las motivaciones de López Portillo para impulsar la reforma política y la Ley de Amnistía respondían a un interés por ampliar el margen de gobernabilidad de su administración.

Como menciona Verónica Oikión (2012), tanto la reforma como la amnistía representaron “instrumentos políticos efectivos en la tarea de […] desarticulación y desactivación” (p. 277) de la lucha armada, aunque no lograron su completa disolución. Para ello, fue necesario una amplia política contrainsurgente basada en métodos ilegales. López Portillo llegó a escribir que “los jóvenes de la Liga se asombrarían si supieran cómo los quiero y admiro. Pero tengo que combatirlos” (Oikión, 2012, p. 278).

Tal combate llegó a grados extremos de violencia. Para 1979, hacía alrededor de tres años que la Brigada Blanca - un organismo estatal especializado en contrainsurgencia - se dedicaba básicamente a exterminar a la LC23S. Los errores internos también la habían debilitado; los dos golpes más importantes que trataron de ejecutar - los intentos de secuestro a Eugenio Garza Sada en septiembre de 1973 y, en agosto de 1976, de Margarita López Portillo, hermana del presidente de México de 1976 a 1982 - fueron fallidos y ocasionaron bajas importantes -. Además, la dirección de la Liga se aislaba a sí misma de las demás organizaciones de izquierda del país - incluso armadas -, a las que consideraba ‘reformistas’ y ‘pequeñoburguesas’.

El 20 de marzo de 1979 se realizó un secuestro exitoso, el de la joven Mónica Pérez-Olagaray Jiménez, hija del empresario Francisco Javier Pérez-Olagaray, quien había sido presidente municipal de Tlanepantla, Estado de México, de 1966 a 1969. A diferencia de otros casos, este secuestro tuvo resultados aceptables para la Liga: a pesar de la muerte de uno de los militantes - i.e., Francisco Medina, ‘el Licenciado’ -, se consiguieron 25 millones de pesos.²⁵ Tales recursos fueron útiles para las operaciones de la LC23S durante el periodo posterior.

Al mismo tiempo, las detenciones y bajas no cesaban. Un ejemplo fue la captura de Bertha Alicia López García, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Gloria Lorena Zazueta Aguilar y Armando Gaytán Saldívar, las cuales se llevaron a cabo en Torreón, Coahuila, el 9 de abril de 1979. Los detenidos fueron llevados al Campo Militar Número 1, donde fueron torturados de forma sistemática. Bertha Alicia López y Jesús Humberto Zazueta eran esposos y fueron capturados junto con su hija, una niña de un año dos meses de edad. En un testimonio escrito, Bertha Alicia López señala que la niña tampoco se salvó de la violencia estatal:

Con toda intención dejé para el final lo que a continuación voy a declarar por parecerme lo más abominable y terrible de cuanto me hicieron: a mi hijita que tenía un año dos meses, la torturaron en mi presencia, maltratándola y aplicándole toques eléctricos en todo su cuerpecito; después de haberla torturado psicológicamente al verlos golpear a sus padres, recuerdo y me estremezco al hacerlo, cómo lloraba y gritaba “papá”, y mi dolor ante la impotencia para defenderla y consolarla. Son momentos terribles que quisiera borrar de mi memoria, pero también es preciso describirlo para tratar de que no se repita con otra persona. (López, 2005, p. 39)

Mientras esto pasaba, los discursos gubernamentales auguraban, como desde hacía décadas, prosperidad y pedían la cooperación de los ciudadanos. Durante el gobierno de José López Portillo inició la explotación de Cantarell, en su momento, uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo. Ante ello, desde el gobierno federal se aseguró que iniciaría una nueva etapa en el país: el presidente López Portillo expresó que el país ahora tendría que aprender a “administrar la abundancia”.²⁶ Ciertamente, los ingresos nacionales aumentaron drásticamente, pero también el despilfarro y la mala administración. Al final del sexenio (1982), el país sufrió una crisis económica de grandes magnitudes. En ese contexto, el presidente hizo su declaración más recordada, cuando afirmó que defendería la paridad del peso con el dólar “como un perro”.

Para 1980, las protestas y movilizaciones ya habían logrado colocar el tema de los desaparecidos en algunos espacios de las agendas públicas nacionales. En esos momentos, hubo manifestaciones que lograron la presentación con vida de guerrilleros detenidos, como sucedió en junio del año en cuestión, cuando fueron capturados los militantes de la Liga Amanda Arciniega Cano, Jaime Laguna Berber, Alfonsina Flores Ocampo y Heladio Torres Flores; después de protestas que denunciaban su desaparición forzada, fueron puestos a disposición de autoridades judiciales. Ello no pasó desapercibido en Madera; en el número 50 se señaló lo siguiente: “Seguramente [la policía] todavía pensaba mantener desaparecidos a los cuatro compañeros, pero varios hechos la obligaron a presentarlos [Por ejemplo] las acciones realizadas por el ‘Comité Nacional Pro-Defensa de Presos…’ en el D.F. y sobre todo en ciudad Juárez”.²⁷

Así, hay un reconocimiento a las acciones del comité de familiares. Sin embargo, más adelante se hacen evidentes tensiones, ya que - según se publicó en Madera - el comité realizó un desplegado público en donde mantenía que, para esos momentos, la Liga ya no existía. Ante ello, el posicionamiento fue: “¿Qué pretenden con eso sino confundir a las masas? ¿Cómo es posible que las mismas familiares de nuestros compañeros que han caído acepten eso, cuando ellos son una viva muestra de la existencia de la Liga Comunista 23 de Septiembre?”.²⁸ Se trataba de un entorno político complejo para ambos lados: al comité le era complicado que aún existiera la Liga, secuestrara o realizara ‘ajusticiamientos’ mientras querían sentar a representantes del gobierno a negociar. Para la Liga, que se negara su existencia implicaba la derrota; es decir, que no podría realizar su principal objetivo: ser la vanguardia del proletariado en pro de una revolución socialista.

Si bien había coincidencias entre la dirigencia de la Liga y el comité de familiares sobre la importancia de la búsqueda de desaparecidos y la libertad de presos políticos, se tenían grandes diferencias sobre cuáles eran los mejores métodos para llevarlos a cabo: en cuanto a la organización guerrillera, formaba parte de una lucha más general en contra del régimen priista; para el comité, en cambio, se trataba de objetivos específicos y la solución pasaba por presionar al gobierno. De esta manera, en Madera se hizo evidente una disputa por la libertad de presos políticos y la búsqueda de los desaparecidos con el comité de familiares. En el periódico se tendía a presentar la lucha armada como la única forma de conseguir la victoria en estas luchas. En el caso de los cuatro militantes detenidos que fueron desaparecidos algunos días -denunciado en Madera número 50 -, las protestas y movilizaciones lograron su presentación con vida, pero no su libertad. Por lo cual, se planteó la necesidad de “impulsar la lucha revolucionaria y, dentro de ella, redoblar los esfuerzos hasta liberar de las garras de la burguesía a los militantes revolucionarios y a todos los presos políticos”,²⁹ lo cual restaba importancia a las acciones del comité.

Con todo, para esos momentos la organización se encontraba muy debilitada. A comienzos de 1981, sufrió un duro golpe, esta vez mortal: el 22 de enero murieron en un enfrentamiento Miguel Ángel Barraza García - reconocido como el último líder de la organización - y Jesús Manuel Arana Murillo - el militante sonorense que había sido amnistiado en 1978 y regresó a la clandestinidad -. De parte de las fuerzas del orden, participó el Grupo Jaguar, “un nuevo grupo represivo dependiente de la DIPD [División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia] más brutal y sanguinario que la Brigada Especial” (Ortiz, 2014, p. 104). Los eventos sucedieron a las afueras de Ciudad Universitaria - cerca del metro Copilco -, después de que Arana Murillo fue seguido al ser visto dejando ejemplares de Madera número 56 en un baño de la Facultad de Economía de la UNAM (Rangel, 2011, p. 292).

Con ello, la Liga estaba muy cerca de ser liquidada, aunque siguió habiendo acciones. Incluso, se publicaron dos números más de Madera: el 57 (abril de 1981) y el 58 (julio de 1981). En el último número de Madera no hay una despedida formal, tampoco hay un reconocimiento de la derrota; por el contrario, se hizo un llamado a “intensificar la lucha” y también se señaló que “los revolucionarios deben redoblar esfuerzos en ese sentido. Adelante pues”.³⁰ Ante la falta de buenas noticias propias, se mencionó una lucha guerrillera que, en esos momentos, cobraba fuerza: la protagonizada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. En este último número de Madera se resalta lo que se denomina el “incontenible avance de la Revolución Salvadoreña”,³¹ pero, como hoy sabemos, el FMLN tampoco logró tomar el poder mediante la lucha armada.

El interés de la militancia de la Liga en realizar una revolución socialista por medio de la violencia política se mantuvo hasta el final, pero las condiciones no lo permitieron. Sorprende que quienes formaron parte de la organización nunca hayan modificado sustancialmente sus diagnósticos que aseguraban que las condiciones para la lucha armada estaban dadas; incluso, hubo brigadas que se mantuvieron activas hasta 1983. Esta idea era firme, pero la realidad de la época se dirigía hacia otro sentido.