Incidencias en el proceso de implementación de las reformas borbónicas en la región noroeste de la Nueva Galicia (1788-1799)

La segunda mitad del siglo XVIII fue testigo de una reestructuración de fuerzas entre las monarquías europeas que dominaban en el escenario internacional. El interés de Inglaterra, España y Francia por la supremacía en el mundo las condujo a la denominada guerra de los Siete Años (1756-1763), pero los ingleses contaban con una importante ventaja, ya que poseían armamento mejorado y una poderosa flota naval que habían logrado desarrollar a lo largo del siglo XVIII, lo cual les brindó un conjunto de oportunidades que supieron aprovechar a su favor - tal fue el caso de la toma de La Habana en 1762, suceso que definiría el rumbo de la conflagración (Rojas, 2016, p. 137) -. En otras palabras, Inglaterra había logrado desarrollar nuevos conocimientos científicos sobre la navegación, lo que le permitió expandir su actividad comercial y obtener nuevos territorios (Reyes, 1975, p. 66).

Las negociaciones que llevaron a las naciones contrincantes a la firma de la paz de París en 1763 fueron dirigidas por Gran Bretaña, debido a que tenía en sus manos el control del conflicto. De tal manera, al final de la guerra, España resultó ser la gran perdedora, pues a pesar de haber recuperado Cuba, la Corona inglesa obtuvo Menorca y seguía manteniendo Gibraltar desde el fin de la guerra de Sucesión española. Por tanto, Inglaterra fue la potencia triunfadora, lo que la convirtió en el imperio dominante.

Kuethe y Kenneth (2018) ofrecen elementos para comprender el proceso que condujo a Inglaterra a perfilarse como la gran vencedora. Al respecto, mencionan que, el siglo XVIII estuvo determinado por un conjunto de conflictos de índole militar donde España, Francia e Inglaterra destacaron como las principales protagonistas y marcaron el inicio del proceso con la guerra de Sucesión acontecida entre 1702 y 1713 “sobre disputadas reclamaciones al trono español” (p. 13). Se debe recordar que Carlos II, último rey de la casa de los Habsburgo, antes de morir transfirió el trono de España a Felipe de Anjou, nieto del monarca francés Luis XIV.

Durante la guerra de Sucesión hicieron coalición Francia y España, pues estaba en juego el ascenso de la dinastía Borbón al trono español. Inglaterra, por su parte, se alió con Holanda, Austria y Portugal para apoyar al archiduque Carlos de Austria, quien tenía aspiraciones al trono español. En el punto más alto del conflicto, ambos bandos intensificaron la movilización de sus recursos materiales y humanos para lograr ganar la guerra; no obstante, lo que definió el final fue un acuerdo para lograr la paz conocido como los Tratados de Utrecht de 1713 que pusieron fin al conflicto (Kuethe y Kenneth, 2018, p. 14).

La guerra que Felipe v tuvo que afrontar para afianzar su reclamo al trono español reveló las debilidades en la estructura defensiva: los navíos, los recursos y los hombres eran escasos o mal aprovechados en cada uno de los reinos que conformaban la monarquía hispánica. La Nueva España no estaba exenta de esta situación, pues la armada de Barlovento - encargada de la defensa del virreinato y el Caribe - no contaba con los elementos suficientes para dicho objetivo, a pesar de la fuerte cantidad de recursos monetarios que aportaba la Hacienda novohispana para su operación (Celaya, 2015, pp. 173, 175).

Uno de los efectos de los Tratados de Utrecht fue la confirmación del derecho de Felipe de Borbón a gobernar España. Si bien el monarca tuvo que ceder algunas de sus posesiones en Europa, la integridad de su vasto imperio en América se conservó. El reconocimiento práctico del control colonial se logró mediante la concesión de privilegios económicos a Inglaterra, como el suministro de esclavos de las colonias españolas y la venta directa de una cantidad específica de bienes (Stein y Stein, 1983, p. 84).

Ante dicha situación, en España crecía la esperanza de contrarrestar los efectos de 1713 - incluso en el corto plazo - mediante la implementación de enfoques administrativos racionales y políticas ejecutivas gubernamentales que se inspiraban tanto en la tradición española como en las innovaciones introducidas por la influencia francesa durante la guerra de Sucesión (Escamilla, 2015, p. 24). La aplicación de esta política reformista implicó un gran esfuerzo de los ilustrados españoles por conjuntar diversos espacios de la vida pública con la intención de alcanzar una amplia transformación de las relaciones político-administrativas internas de los territorios americanos (Pietschmann, 1996, p. 4). Para llevar a cabo dicha transformación se requirió, además, recopilar información empírica para la toma de decisiones.

Por ello, los funcionarios de la Corona - a lo largo de todo el imperio español - conformaron verdaderos sistemas de información con el fin de organizar y emplear los datos suficientes para tomar las decisiones convenientes.

Esto involucraba el dibujo de mapas fidedignos de las diferentes regiones, una compilación más exacta del número de la población (no solo las listas notoriamente inadecuadas de los que pagaban impuestos), la redacción de informes sobre actividades económicas - como la condición de los negocios, los precios, datos sobre comercio, o recursos naturales - y la recopilación de la información necesaria para que el estamento militar pudiera defender de modo eficaz las vastas posesiones de la Corona. Esto significaba no solo la recopilación de la información de manera más sistematizada, sino también la ideación de los medios adecuados para manejarla y para resumirla. (Kuethe y Kenneth, 2018, p. 22)

Sobre el asunto, Rojas (2010) comenta que la información se debió recabar a partir de la conformación de una “larga lista de preguntas que tuvieron que responder los curas y los subdelegados, notables y únicos posibles informantes de este reino, permitió acumular amplios conocimientos sobre el entorno. Elaboraron padrones, descripciones y mapas o planos geográficos” (p. 103).

Si bien se ideó toda una estrategia para recabar información, para Rojas (2010) difícilmente podría afirmarse que la Corona desconocía sus posesiones, pues contaba “con un registro muy detallado de los pueblos y provincias que conformaban la Nueva España, resultado de la información que le proporcionaban los alcaldes mayores, los curas y los visitadores” (p. 97). Sin embargo, dicha información no se encontraba sistematizada ni procesada para los fines e intereses político-administrativos del gobierno Borbón; es decir, se buscaba contar con un adecuado y organizado inventario de medios y recursos para favorecer los intereses de la Corona española (Pietschmann, 1996, p. 3). Además, Stein y Stein (1983, p. 98) han argumentado que la información podría utilizarse para realizar una subdivisión de ciertas entidades administrativas en las colonias, con el propósito de mejorar su eficiencia y productividad; asimismo, la presencia de administradores competentes y honestos era fundamental.

Lo anterior queda de manifiesto en las acciones pensadas e implementadas en los territorios del gobierno de las fronteras de San Luis de Colotlán y el Nayar para llevar a cabo un conjunto de reformas en los ámbitos de las finanzas, la reorganización territorial, la administración eclesiástica, civil y la milicia.

Mediante misiva del 29 de julio de 1799, el virrey de la Nueva España, José De Azanza, fue notificado que el rey Carlos IV aprobaba “la incorporación de los partidos de Bolaños y el Nayari al Gobierno de San Luis de Colotlán, y también la formación de las nueve Compañías de Dragones para resguardo de su Frontera”.³ Además, se dispuso que el mando militar, político y lo relativo a la Real Hacienda del mencionado gobierno debía quedar sujeto a las órdenes del intendente de Guadalajara. En cuanto a los asuntos contenciosos y de justicia, estos serían privativos de la Audiencia de Guadalajara. Y en lo referente al gobierno y economía de las milicias, estaría al frente el subinspector de las tropas del reino de la Nueva Galicia.⁴ No obstante, para llegar a dicha disposición real fue necesario un diseño previo de un plan reformador que involucró una serie de actores y circunstancias precedentes, lo que hace interesante su explicación.

El 31 de diciembre de 1792 el virrey Juan Vicente De Güemes, conde de Revillagigedo, informaba al monarca español que la reforma de milicias planteada mediante la Real Orden del 12 de octubre de 1788 para las fronteras de Colotlán había quedado pendiente debido a que su antecesor, el virrey Manuel Antonio Flores, no encontró las condiciones adecuadas para llevarla a cabo.⁵ Es posible que dicho aplazamiento se debiera a la muerte del monarca español Carlos III, acaecida en diciembre de ese año.

En consecuencia, una de las primeras acciones que realizó Revillagigedo a su llegada a la Nueva España en 1789 fue retomar el asunto en respuesta a la solicitud del nuevo monarca Carlos IV. De esta manera, al terminar el año de 1792, el virrey informaba al rey que había concluido la tarea encomendada a un grupo de militares para la realización de informes detallados sobre el gobierno de Colotlán y el Nayar.⁶ Aunque el proceso que condujo a recabar la información no estuvo exento de dificultades y contratiempos.

En noviembre de 1789, Antonio Villaurrutia, intendente de Guadalajara, dio la orden a Miguel Ángel Pericas de llevar a cabo un detallado informe sobre la situación en que se encontraba la provincia del Nayar. En ese momento, Pericas se desempeñaba como comandante del principal presidio del Nayar conocido como la Mesa,⁷ - nombre en referencia a una altiplanicie extensa donde, también, se localizaba la más importante misión del Nayar conocida como la Mesa del Tonati -. En respuesta, Pericas comunicó al intendente que, después de 15 días de haber concluido la inspección a las misiones, le vino una enfermedad conocida como tabardillo, lo que le provocó grandes dolores y sufrimiento. Ante dicha situación, “me confesaron y olearon, me hicieron testar”,⁸ señaló el comandante.

En términos generales, el informe de Pericas destaca por reseñar la opresión y vejaciones que realizaban los misioneros a los indios del Nayar. Entre las formas de maltrato reportadas se documentan regaños, insultos, azotes y adeudos.⁹ También dio cuenta sobre la cantidad de indios asentados en las siete misiones del Nayar, que entre hombres y mujeres eran en total 3 262 almas.¹⁰ Esa fue la información que el comandante Miguel Ángel Pericas reportó. Sin embargo, una vez que el virrey Revillagigedo recibió la información, la catalogó como muy general e imprecisa, por lo que ordenó a Pericas ampliar su informe.¹¹ No se tienen datos que demuestren que se atendió la orden; dicha falta se puede atribuir al agravamiento de la enfermedad de tabardillo que padecía Pericas.

Al respecto, Talavera (2017) señala que el desencadenamiento de tal enfermedad se relacionaba con la migración de ratas hacia espacios

[…] donde se almacenaban los granos recién cosechados, como maíz y trigo; con los roedores llegaban los piojos y las pulgas; con los insectos, se hacían presentes infecciones desencadenando epidemias con diferente tiempo de duración y grado de impacto y, por supuesto, la muerte. (p. 37)

Es decir, la enfermedad resultaba ser sumamente contagiosa con altas cifras de decesos.

Las estrategias utilizadas por la población para combatir las epidemias durante la época colonial incluían el uso de hierbas medicinales, cuyos beneficios curativos empleaban los curanderos y yerberos (Diego-Fernández y Gutiérrez, 2019, p. 183). Dicho conocimiento indígena sobre herbolaria se integró gradualmente a las técnicas médicas de los españoles.

Entre los síntomas de la enfermedad se podían presentar altas temperaturas, dolor de cabeza, hemorragias a través de nariz o boca, la aparición de ronchas en pecho y vientre que se podían extender a todo el cuerpo, y eran de un tono oscuro (Talavera, 2017, p. 39). Estos fueron los síntomas que padeció Pericas. Es factible que no se haya recuperado de la enfermedad, pues en enero de 1790 el intendente Villaurrutia dio cuenta en su nombre - y del virrey Revillagigedo - de las instrucciones que debía atender Matheo De Meza una vez que asumiera el cargo de comandante de la provincia del Nayar.¹² Es decir, debía retomar la tarea que había quedado inconclusa.

La indicación para el nuevo comandante fue realizar una revisión minuciosa que diera cuenta del “actual estado de las milicias del Nayarit y de los pueblos de la provincia de Colotlán, del estado de sosiego, quietud, tratamiento y buena administración espiritual y temporal en que una y otra provincia se hallan”.¹³

El plan de las reformas borbónicas incluyó la protección y defensa de las regiones alejadas y de difícil acceso, ya que estas eran particularmente vulnerables a las agresiones de enemigos externos e internos. Por esta razón, la Corona dirigió su atención hacia estas regiones con la intención de llevar a cabo una reestructuración de las milicias existentes con el fin de hacerlas más eficientes.

De esta manera, las autoridades incluyeron en la revisión al gobierno de las fronteras de Colotlán con la intención de conocer a profundidad su estado, y también de identificar y atender las posibles razones que propiciaron la generación de rebeliones indígenas en la región desde tiempo atrás. Pero, ¿cuáles podrían ser las razones que motivaban a los indígenas a levantarse? Gutiérrez (2013, p. 9) demuestra que el despojo de tierras y el maltrato eran algunas de las principales razones. Por su parte, Ruiz (2011) señala que para el siglo XVIII, uno de los motivos que condujeron a la rebelión fue la defensa del fuero del que gozaban los indios de origen tlaxcalteca por haber apoyado en la conquista y expansión del norte novohispano a finales del XVI. Dicho fuero les otorgaba un “estatus social y político” (p. 31).

Asimismo, De Meza debía averiguar si realmente los indígenas establecidos en las misiones sufrían de abusos por parte de los misioneros, específicamente en lo relativo a la prestación del servicio personal en contra de su voluntad,¹⁴ tal como había acontecido en el norte del virreinato a finales del siglo XVII, donde los misioneros jesuitas solían obligar a los indígenas a trabajar en la siembra de maíz, frijol, trigo y algodón. Además, las mujeres indígenas eran asignadas a moler manualmente el trigo que consumían los religiosos sin recibir compensación económica; su única recompensa consistía en una ración de carne y maíz.¹⁵

Este tipo de comportamiento era consecuencia de la poca o nula inspección entre los mismos regulares, lo que les hacía susceptibles a cometer abusos de poder en contra de la población indígena. De igual forma, se presentaron denuncias en contra de los religiosos por su inclinación a los vicios y a la relajación de las normas morales. La Corona española finalmente determinó que “el único modo de reformar las órdenes y poner fin a los abusos era entregar las doctrinas en manos del clero secular” (Kuethe y Kenneth, 2018, p. 187). Este proceso de secularización tiene sus antecedentes en el regalismo de los siglos XVI y XVII, el cual “se desprendía de las regalías o derechos de los monarcas españoles que disfrutaban en el ámbito eclesiástico y que la Corona interpretó como concesiones papeles a cambio de la empresa evangelizadora en América” (García, 2018, p. 162). Se observa este proceso de secularización a partir del reinado de Carlos III (p. 167).

Por otro lado, el comandante De Meza y el padre custodio de la misión de Santa Teresa, José Oropeza, debían averiguar dónde se podría establecer “una escuela pública en que los indios de ambos sexos jóvenes aprendan la Doctrina Christiana, y la Lengua Castellana, que tanto recomiendan las Leyes Reales”.¹⁶ Dichas leyes dictaban que la instrucción del idioma español estaría vinculada a la educación religiosa y a cargo de misioneros o párrocos. En su versión más radical, el proceso de hispanización tuvo como objetivo eliminar por completo todas las lenguas indígenas (Gibson, 1967, p. 149).

Al respecto, Tanck de Estrada (s.f.) menciona que, a lo largo del siglo XVIII, se emitieron órdenes reales para que los pueblos de indios pagaran los maestros de escuela necesarios para llevar a cabo el proceso de castellanización de niños; los recursos debían proceder de los bienes de comunidad. Las cifras que ofrece esta autora son reveladoras en relación con la incidencia de las reformas borbónicas en el campo de la educación indígena:

En el campo de la educación, el resultado de esta política fue que, en la intendencia de México, 467 pueblos de indios (37% de los 1 245 pueblos) tenían escuelas de primeras letras; en la intendencia de Michoacán, 94 pueblos (37% de las 254 poblaciones) y en Guanajuato 50% de los 39 pueblos. En todo el Virreinato de la Nueva España había 1 015 pueblos de indios con escuelas. Esto significaba que 26% de los 4 088 pueblos tenían escuelas de primeras letras en 1808. (§ 16)

Por esto, Calvo (2010) señala que dicha política de castellanización “significó un adelanto relativo en materia de educación de primeras letras, en particular en los pueblos de indios” (p. 70). Otro encargo para Matheo De Meza fue convencer a la población indígena de que cada pueblo sembrase algún terreno con maíz, cuya cosecha debía ser depositada en el arca de comunidad, esto como prevención para sortear “las necesidades extraordinarias de los mismos naturales”.¹⁷ Es posible inferir que la orden de construir o habilitar espacios a manera de alhóndigas respondía a necesidades extraordinarias que podrían derivar de una sequía como la ocurrida entre 1785 y 1786 - fenómeno climático que provocó una crisis agrícola de gran calado que derivó en hambre, epidemias, muerte y migración en buena parte del virreinato de la Nueva España (Espinosa, 2016, pp. 8-9) -. Particularmente, en la región del noroeste de la Nueva Galicia, la sequía se extendió hasta los primeros años de 1790, como se comprueba más adelante.

En ese mismo sentido, recibió la indicación de constatar si la provincia del Nayar era susceptible de obtener importantes cosechas de maíz, frijol, chile, cacao y vainilla. También, si en el lugar las mulas se criaban corpulentas. Elementos necesarios para que se estableciera un comercio continuo del Nayar con las comarcas aledañas.¹⁸ Este punto es importante, pues mediante el fomento del comercio se buscaba recabar una mayor cantidad de alcabalas. Al respecto, Pietschmann (1996, p. 104) comenta que las alcabalas - impuestos aplicados a las ventas - significaban uno de los principales ingresos para la Corona española.

Sobre la recaudación de alcabalas para la zona del Nayar no se cuenta con más información, no así para el territorio de Colotlán, en cuyo centro se localizaba el Real de Bolaños, donde en 1772 se comerciaba una cantidad importante de productos provenientes de diferentes lugares del virreinato. Tal fue el caso de piezas de manta, rebozos de Puebla, cera, zapatos de León, lana, queso, manteca, jabón, carne, chile, aguardiente, piloncillo, entre muchos más. La venta de dichas mercancías aplicaba un impuesto de 6% que debían cubrir los comerciantes que acudían a Bolaños.¹⁹

Bolaños formaba parte de la Nueva Galicia y adquirió gran importancia cuando fue elevado a la categoría de Corregimiento en 1754, lo que propició que el virrey tomara la decisión de que pasara a ser de su jurisdicción. Las autoridades de la Audiencia de Guadalajara demostraron que no estaban dispuestas a que Bolaños fuera segregado de su autoridad porque iba en detrimento de sus intereses particulares; sin embargo - y pese a los reclamos de las autoridades novogalaicas - las minas de Bolaños fueron anexadas a la Nueva España. Tal situación dio un giro cuando Carlos III ascendió al trono español: el nuevo monarca, enterado de los conflictos jurisdiccionales en Bolaños, ordenó en 1759 que el corregidor de Bolaños quedase bajo la autoridad tanto del presidente como de la Audiencia de Guadalajara.

En opinión de Hamnett (1992, pp. 71-72), el propósito central de la aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España fue impulsar la producción minera, la cual alcanzó la cifra de 20 millones de pesos entre los años de 1788 y 1790, riqueza que se exportó hacia la península. El auge de producción minera debía dinamizar el aumento de recaudación de impuestos, así como del resto de los sectores productivos: comercio, agricultura y ganadería.

La actividad comercial de Bolaños se incrementó de forma significativa durante la década de 1770-1780, durante la cual se experimentó un aumento de extracción de metal argentífero atribuido a la participación del rico minero Antonio Vivanco, quien invirtió grandes cantidades de dinero para desaguar las minas que había inundado el río Bolaños en 1761 (Brading, 1975, p. 188). Además, Vivanco contaba con tienda en Bolaños donde se vendían mercancías procedentes de España. Sin embargo, la producción de plata decayó a partir del incendio de las minas en 1787, lo que provocó que el lugar quedara prácticamente abandonado (Carbajal, 2002, p. 175).

Un asunto que también interesaba a las autoridades coloniales era la conducta social de la población indígena, por lo que se promulgaron leyes que prohibieron la venta de licor y se castigaba severamente a los indios que se embriagaban de manera consuetudinaria.²⁰ Aunque, en el caso del Nayar, la fabricación, consumo y comercio del vino de durazno estaba permitido, pero “sin poder expandirlo a otras provincias, en manera alguna”.²¹ De incurrir en dicha falta, los naturales podrían ser acreedores al encarcelamiento y ser azotados.

Entre los especialistas que han generado conocimiento histórico sobre la producción, comercialización y consumo de bebidas destiladas para la Nueva Galicia se encuentran Machuca, Carrano y Hernández (2015) en cuyo interesante análisis muestra la forma en que operaba el estanco de vino mezcal durante el periodo de las reformas borbónicas. Con relación al consumo, los autores señalan que:

[…] no en todos los pueblos ni todos los años se permitió el consumo de esta bebida, que en ocasiones era considerada como nociva, mientras que en otras era tratada como medicinal, conforme las necesidades del erario y la agitación social. (p. 88)

Por último, el intendente Villaurrutia comunicó a De Meza que debía estar atento de informar sobre la conducta de los naturales, pues era sabido que eran propicios a subordinación, a la idolatría, el pecado y los escándalos públicos.²² Este conjunto de indicaciones debía generar información para la toma de decisiones encaminadas a hacer de los territorios del Nayar y Colotlán, lugares productivos y estables en beneficio de los habitantes y de la propia Corona.

Sin embargo, en un primer momento, De Meza no atendió cabalmente las indicaciones de conformar el informe con las características solicitadas. Ante esto, Revillagigedo solicitó al intendente de Guadalajara que diera cuenta de las razones de dicha falta. En respuesta, Villaurrutia se disculpó por no tener listo el informe debido a que De Meza no le había hecho llegar la información como había sido solicitada. Justificó el actuar del soldado De Meza al señalar que era un oficial “muy honrado y hombre de bien, pero nada instruido en papeles y judicatura”, razón por la cual no había generado el informe.²³

Villaurrutia ordenó de nueva cuenta y de forma categórica que se atendiera su indicación. En respuesta, el comandante De Meza elaboró y envió información interesante el día 10 de abril de 1790. En principio, destacó que la totalidad de la provincia se encontraba en un estado deplorable, que la población indígena había disminuido considerablemente en comparación con 12 años atrás, lo mismo sucedía con las mulas y la cosecha. En consecuencia, se dispuso a ofrecer en calidad de préstamo a las comunidades de todos los pueblos del Nayar el maíz suficiente para que pudieran sembrar, pues era escaso por haberse cosechado poco el año anterior.²⁴ Esto demuestra que, a diferencia de los afectados, Matheo De Meza tenía la capacidad de almacenar maíz, el cual entregó a los indios de la zona en calidad de préstamo con, posiblemente, una ganancia para él.

De igual forma, notificó que durante su visita al Nayar nombró “maestro en todos los pueblos a excepción de San Juan Peyotán por hallarse este sumamente deteriorado, habiendo sido en algún tiempo la mejor misión de la provincia”.²⁵ Lo dicho por el comandante De Meza permite afirmar que las misiones del Nayar se encontraban en una condición de subsistencia precaria. Esta afirmación se revalida con lo expresado por el propio virrey Revillagigedo, quien describió la provincia como “pequeña y casi despoblada”.²⁶

En el cierre de su informe, Matheo De Meza subrayó que tanto lo informado como las determinaciones por él realizadas en dicha provincia podían ser útiles para “el posible incremento de ella en lo sucesivo”.²⁷ Es decir, De Meza entendió que la información por él generada debía responder a la realización de un proyecto del gobierno español que buscaba vigorizar la zona. Empero, una vez que la autoridad tuvo a su alcance la información consideró que esta era insuficiente. Además, se presentó con una “falta de formalidad, método y claridad en su explicación que no puede comprenderse bien”.²⁸

Al igual que los anteriores informantes, Simón De Herrera, entonces gobernador político y militar del gobierno de las fronteras de Colotlán, emprendió la tarea asignada de informar al virrey Revillagigedo sobre el estado de dicho territorio. El informe de De Herrera destaca por estar conformado por dos apartados: el primero muestra algunos antecedentes históricos y socioeconómicos del lugar; el segundo expone lo referente al plan de reforma militar, sin dejar de lado elementos de índole religiosa, comercial y sociocultural.²⁹

En la primera parte expresa su interés por dar a conocer aspectos sobre la historia del gobierno de las fronteras de Colotlán, tal es el caso de su fundación en el año de 1591, la cual atribuyó a la necesidad del gobierno de terminar “con los robos, muertes y otros delitos que cometían los indios chichimecas” que señoreaban la zona y se encontraban fuera del sistema colonial.³⁰ Con la demarcación del territorio de las fronteras de Colotlán devino “la consolidación institucional y el punto culminante de numerosos esfuerzos colonizadores echados a andar años atrás” (Ruiz, 2013, p. 209).

Además, De Herrera relató el papel que jugó en dicha fundación un grupo de 50 familias de indios tlaxcaltecas que fueron trasladadas desde la provincia de Tlaxcala, localizada en el centro del virreinato, cuya labor encomendada fue apoyar en la protección del territorio. Pero, también, debían enseñar a los indios chichimecas pacificados a vivir en paz con la idea de irlos civilizando.³¹

La conquista del norte novohispano - planeada e implementada por los españoles a lo largo de los siglos XVI y XVII - fue particularmente trágica para las comunidades indias del lugar, y es un claro ejemplo “de cambio social inducido desde el exterior” (Burke, 2007b, p. 233).

Entre los investigadores que han generado conocimiento histórico sobre el traslado de familias tlaxcaltecas hacia el norte novohispano se encuentra Powell (1997, pp. 193-210). Las aportaciones de este autor abonan no solo al conocimiento del proceso de traslado de las familias tlaxcaltecas que fundaron Colotlán, sino de otras de la misma etnia que fueron enviadas y establecidas por toda la frontera septentrional de la Nueva España a finales del siglo XVI y principios del XVII. El autor demuestra, además, que no todos los casos fueron exitosos, pues algunos asentamientos tlaxcaltecas fueron atacados y eliminados por los chichimecas.

Otro elemento destacable en el informe es la opinión de De Herrera sobre el papel que jugó la figura del capitán protector en dicho gobierno a lo largo del tiempo. Para el gobernador

[…] el gobierno de los capitanes protectores duró cerca de doscientos años, sin más efecto que desordenes y calamidades. Que no tenía notorias fuerzas para hacerse respetar, no podía proteger a los Curas Doctrineros, ni a los oprimidos contra sus opresores. Que su autoridad solo era absoluta en el nombre, pero precaria en la realidad.³²

De Herrera ahonda en su comentario manifestando que:

[…] la destrucción de las fronteras provenía principalmente de la pobreza de ellos [los capitanes protectores], pues faltándoles sueldos, y utilidades les era imposible mantenerse [por lo que] se hallaban precisados a buscar en favor de sus intereses de la autoridad y de la administración de justicia.³³

Las fuentes consultadas demuestran, también, que otros empleados de la Corona cometieron atropellos en contra de los indígenas, tal fue el caso de los oficiales reales de Bolaños y Zacatecas. Así lo manifestaba Eduardo Franchis, entonces teniente interino de Colotlán, al gobernador De Herrera:

Que todos los naturales que introducen una carga de maíz en el Real de Bolaños se les cobra un real de entrada, que se les prohíbe venderlo en la plaza obligándolos a llevarlo al pósito donde pagan medidas, medidor y bodegaje […] en el [Real] de Zacatecas se experimenta casi lo mismo.³⁴

En 1792, el propio gobernador Simón De Herrera solicitó al virrey Revillagigedo autorización para obligar a un grupo de 200 indios de la zona de Colotlán que acudieran a trabajar en las minas de San Vicente y Zapopan, localizadas en el Real de Minas de Bolaños y con posibilidades de un nuevo periodo de bonanza.³⁵ No obstante, no se tiene información de que el virrey haya aceptado tal solicitud.

La segunda parte del citado informe se utilizó para notificar al virrey que era deseable el arreglo de las milicias a fin de que fueran eficientes y así lograr

[…] la seguridad de las fronteras; la paz y subordinación de los habitantes; el freno de sus vicios y delitos, y en una toda la buena administración de justicia […] no puede mirarse con indiferencia un Gobierno cuya demarcación abraza veinte y siete pueblos […] y muchas miles de almas.³⁶

Igualmente, notificó que el territorio comprendía 400 sitios de ganado mayor, las tierras las reportó fértiles y con capacidad para cultivar todo tipo de semillas; sin embargo, para De Herrera las tierras no eran aprovechadas a lo máximo “por la suma flojedad y desidia de aquellos naturales tan amantes del ocio y el vicio contentándose con mantenerse la mayor parte del año a expensas de las frutas y yerbas que la naturaleza concede a tan fértiles campos”.³⁷

De Herrera consideró que una vez que se lograra conformar el nuevo cuerpo de milicias con los hombres honrados de los diferentes pueblos y villas, se debía considerar que él las comandara y que, además, fueran montadas por predominar el terreno escabroso, pues había en la zona y a su disposición los caballos necesarios, los cuales eran utilizados de forma cotidiana por hombres diestros en las haciendas y en actividades de ocio como las carreras de caballos que se realizaban los domingos y días de precepto.³⁸

Sobre la cría de caballos, Bakewell (1997, p. 165) comenta que un productor mediano de la zona minera de Zacatecas podía contar con una buena cantidad de caballos para las actividades de la minería para la segunda mitad del XVII. En cuanto a los recursos necesarios para la conformación del regimiento de dragones que propuso, estos podían salir de la aplicación de un impuesto al vino aguardiente y el piloncillo, pues si bien no eran productos de primera necesidad, sí eran bastante consumidos en la región.³⁹ Así, el gobernador De Herrera propuso la creación de nuevos impuestos, pero en las fuentes no hay evidencias sobre si esto procedió.

Simón De Herrera cerró su informe previniendo al virrey que no era deseable que las escasas milicias todavía presentes en la zona quedaran sueltas y sin arreglo, por ello veía necesaria la reforma de las milicias en la frontera de Colotlán. Este informe tampoco complació al virrey Revillagigedo, pues tomó la decisión de nombrar a otro militar para profundizar en las indagatorias.

Después de resolver que la información generada por los anteriores informantes no cubría las exigencias del gobierno borbón, Revillagigedo tomó la decisión de nombrar un cuarto informante. Consideró que en la persona del capitán Félix Calleja concurrían “las circunstancias de taleto, conducta, amor al servicio y deseos de acreditarlo” para llevar a cabo la encomienda.⁴⁰ Sobre los resultados que de dicha comisión se esperaba, el virrey señaló que:

[…] no se dirigen a la empresa de una grande obra histórica, y política, y si a la adquisición posible de unas noticias importantes [para la Corona] que podrán instruir los conocimientos propios del comisionado, los que puedan franquearle los justicias, los curas, párrocos, y los vecinos honrados, inteligentes y de verdad.⁴¹

Lo expresado por Revillagigedo muy posiblemente hace alusión a los aspectos históricos y socioeconómicos contenidos en el informe de Simón De Herrera. Por ello, se puede decir que para el gobierno borbón tales asuntos no eran del todo necesarios, pues ya se contaba con esos datos. Así lo demuestran las instrucciones entregadas por escrito al capitán Calleja que incluían, además, una serie de documentos anexos - tablas, listados, mapas, informes, entre otros - que fueron elaborados por diferentes autoridades presentes en la zona entre 1773 y 1780.⁴² Dicha documentación ha sido trabajada por investigadores especialistas en la región de Colotlán y el Nayar, tal es el caso de Güereca (2013, pp. 148-88), quien ha analizado a profundidad las milicias de indios flecheros de la zona.

El informe de Calleja destaca por centrarse en los aspectos que interesaban al gobierno borbón. Es decir, los de índole militar, hacendaria, comercio y administración civil y religiosa. Pero, además, se entretejen elementos de corte sociocultural que permiten conocer la realidad vivida en la región en una situación de crisis ocasionada por la sequía severa que azotó el lugar durante la segunda mitad de la década de 1780 y que, en 1790 - año en que el capitán visitó la región - seguían los estragos presentes y afectando a la población empobrecida del lugar.

Dicho fenómeno climático es descrito por Gibson (1967, pp. 323-24) como el evento más catastrófico en la historia de la agricultura colonial, el cual resultó en hambruna, enfermedades y muertes entre la población indígena. Ante la crisis agrícola, los indígenas deambulaban por el campo, fallecían en los caminos y huían a las ciudades en busca de alimento. De ello, Calleja informó al virrey que estando en la ruta que lo conduciría a las fronteras de San Luis de Colotlán, se encontró con una situación complicada en el pueblo de San Juan del Río, población que en años anteriores se había caracterizado por ser grande y rica, pero que en el momento de su visita la encontró arruinada y con menos de la mitad de sus habitantes. Decadencia que atribuyó “a la pandemia de ochenta y seis”.⁴³

Dicha población no sería la única afectada por la larga sequía, ya que poco después reportó que todo lo que había visto en el territorio de la Nueva Galicia manifestaba una decadencia de años atrás. En los pueblos por donde pasó encontró muchas casas vacías y en ruinas, las haciendas con mucha menos gente y ganado de lo habitual, y algunas obras de infraestructura como puentes y presas las refirió como derrumbadas.⁴⁴

Por otro lado, informó al virrey la existencia de una relación complicada entre la población indígena, por un lado, y misioneros y militares establecidos en la región, por el otro. La denuncia se centró en los tenientes del gobernador de Colotlán, quienes hostigaban y maltrataban a los indios de los diferentes pueblos de la frontera.⁴⁵ De igual manera, durante su visita al Nayar informó al virrey que los misioneros y militares se servían del trabajo personal de indios e indias para el aseo de sus casas, para lavar su ropa, transportar alimentos y mercancías, recolectar leña, entre otros. Sin otorgarles pago alguno por su trabajo, lo que propiciaba la inconformidad y malestar de los indígenas.⁴⁶

De acuerdo con Jiménez (2023, pp. 78-84), las relaciones de conflicto entre indígenas y misioneros y militares que habitaban en el Nayar, se caracterizaron por su complejidad y tuvieron diferentes niveles y resultados. Sobre este asunto, el capitán hizo hincapié en las razones por las cuales los indios de la región vivían en una situación de pobreza, y que atribuyó a maltrato y estafas a los que eran sometidos por parte de militares y misioneros.⁴⁷ Aclara, además, que dicha situación no había sido reportada ni tampoco atendida por ninguna autoridad, incluso “el Superior Gobierno tampoco ha contribuido tan eficazmente como podía al remedio de estos males, naturalmente mal informado de la situación”.⁴⁸ Es decir, Calleja cuestionó el actuar del gobierno central, pero hábilmente lo justificaba al decir que estaba mal informado.

Además, el informe da cuenta del número de habitantes de 26 pueblos de la frontera de Colotlán que, descartando el pueblo de Ostoc, eran 11 444 almas en total, cuya composición social era 82.4% indios y 17.6 % catalogados como personas ‘de razón’. La mayor parte de estos últimos eran mulatos españolizados que huían de otras partes del reino de la Nueva Galicia para evitar pagar tributo, comentó el capitán.⁴⁹ Sobre el Nayar informó que lo habitaban 3 335 personas, de las cuales 2 981 eran indios y 384 gente ‘de razón’.⁵⁰ En cuanto al poblado de Ostoc, que también formaba parte del gobierno de Colotlán, Calleja lo reportó como deshabitado debido a que fue azotado por una epidemia de alacranes.⁵¹

Como ya se mencionó en anteriores apartados, una de las principales preocupaciones de los ilustrados borbones fue la crisis fiscal por la que atravesaba la Corona española, por esto, era necesario incrementar el Erario Real mediante el aumento de los impuestos o bien la generación de otros. Ante esto, Calleja propuso al virrey obligar a los indios a pagar medio tributo y completo a los mulatos y otras castas que habitaban en las fronteras de Colotlán.⁵² No obstante, cayó en cuenta que sería sumamente difícil exigir a los indios pagar tributo debido a la “suma pobreza en que viven”.⁵³

Al respecto, Lecuona (2006) menciona que la crisis fiscal tenía su origen en un “desajuste histórico entre los gastos de un gran Estado y una Hacienda Real inadecuada y confusa, desigual e incontrolada, que sobrecargaba a determinados sectores de la población y dejaba libres de cargas a otros amplios grupos sociales” (p. 275). Uno de los grupos sociales exentos de tributo eran las comunidades indias tlaxcaltecas de las fronteras de Colotlán. Esto, como ya se mencionó, se debió a su respaldo a la Corona durante el proceso de pacificación y poblamiento del norte novohispano, que tuvo lugar a finales del siglo XVI y principios del XVII.

Calleja también se interesó por describir algunos elementos culturales como el modo de vestir. Tal fue el caso de los habitantes de los poblados de Camotlán, San Sebastián, Santa Catarina, San Andrés del Teúl y San Andrés Coamiata, conocidos como huicholes, que en el caso de los varones, su vestuario consistía

[…] en un calzón de piel abierto por todas las costuras y sujetos con correas y cintas de varios colores que sus extremos flotan al aire, cotón de manga ajustada y descalzos de pie, los solteros tienen siempre la cabeza descubierta y los casados se la cubren con un sombrero de paja en el que ponen muchas plumas.⁵⁴

En su informe, el capitán Calleja muestra de forma clara su capacidad para organizar y sistematizar la información por él recabada. Un ejemplo de esto son las tablas o ‘cuadros’, como él los denomina. Ahí se puede encontrar información sobre las milicias de indios flecheros, del estado de las milicias de infantería y dragones presentes en la región, del número y tipo de familias de los pueblos de las fronteras, de los bienes comunales, las misiones, entre otros.⁵⁵ Esta forma de organizar la información debía servir para la toma de decisiones con vistas a lograr hacer más productiva la región. Un análisis completo de dichas tablas rebasaría por mucho la extensión de este artículo.

Así pues, la información recabada sirvió a Calleja para plantear al conde Revillagigedo el llevar a cabo el plan de reformas con el objetivo de que las fronteras del gobierno de San Luis de Colotlán y el Nayar se transformaran en lugares productivos. Para Calleja el proyecto debía ser implementado por fases, pues implicaba recursos y tiempo; por ello, presentó al virrey lo que desde su punto de vista y experiencia se podía realizar en el periodo de gobierno del virrey Revillagigedo.⁵⁶

Lo primero que propuso fue anexar la provincia del Nayar al territorio del gobierno de Colotlán, ya que al ser una provincia “pobre, ignorante y recién conquistada” (1722) no convenía que continuase separada. Además, con dicha anexión se vería beneficiada económicamente y en asuntos de seguridad.⁵⁷ Lo mismo propuso para el Real de Bolaños, la idea era la conformación de una sola entidad gobernada por el gobernador político y militar del gobierno de las fronteras de Colotlán.

Además, expresó la conveniencia de reformar las 23 compañías de milicias existentes en las fronteras de Colotlán - de ellas, 9 eran de dragones y 14 de infantería -, pero por las condiciones del territorio propuso que solo fueran 10 compañías de dragones.⁵⁸ Finalmente, y como se recordará, el rey únicamente aprobó 9. También, propuso al conde de Revillagigedo que prohibiera “con el mayor rigor al gobernador, sus tenientes y padres misioneros se sirvan de los indios”.⁵⁹ A esto se sumó la propuesta de que las misiones pasaran a manos del clero secular,⁶⁰ lo que las transformaría en parroquias (Álvarez-Icaza, 2015, p. 10).

En su propuesta de reforma se encontraba, también, el repartimiento de solares de las misiones y del gobierno de Colotlán a gente ‘de razón’, tal como ya se encontraban establecidos algunos en el pueblo de Santa María de los Ángeles - cerca del poblado de Colotlán -. Asimismo, creyó importante otorgar permiso de ingreso a la provincia nayarita a cuantos quisieran comercializar productos de primera necesidad, con esto se fomentaría el comercio en el territorio⁶¹ y aumentaría también la recaudación de alcabalas. Por lo anterior, y si se tomaban en cuenta sus propuestas, “será el tiempo de acabar la entera reforma”,⁶² expresaba el capitán Félix María Calleja.

A partir de ese momento se dio por terminada la comisión de Calleja. El informe fue enviado desde Guadalajara al virrey Revillagigedo a principios de febrero de 1791, quien a su vez lo hizo llegar al rey Carlos IV. Empero, tendrían que pasar algunos años para que se realizaran cambios, pues no fue sino hasta 1799 cuando el monarca aprobó la mayoría de las propuestas de reforma presentes en el referido informe.