Género y ciudadanía en la revista feminista Mujer. Periódico independiente, 1926-1929

El desarrollo de la prensa femenina y feminista en México se enmarcó dentro del surgimiento de la prensa moderna desde la segunda mitad del siglo XIX. En su conjunto, dicha prensa divulgó nuevos significados y nuevas prácticas culturales relacionadas con las formas de informar el acontecer político, educativo y en especial noticioso (Guerra, 2012, pp. 10-25). En este contexto, la prensa feminista tuvo una cualidad esencial: coincidir con las élites intelectuales en destacar la importancia de que las mujeres eran un factor de impulso de progreso económico y social y, al mismo tiempo, visibilizar el lugar que ocupaba el nuevo rol de la mujer en la sociedad mexicana (Ruíz, 1994, pp. 81-90). Los medios impresos se caracterizaron, entre otros aspectos, por un proceso de modernización tecnológica - i.e., prensa industrial - que experimentó una reducción en los costos de producción, lo que tuvo entre sus consecuencias la creación de un público masivo, en general, y de audiencias específicas como en el caso de las mujeres (Pérez-Rayón, 2005, pp. 145-58). Desde el punto de vista de los cambios editoriales, la prensa moderna se distinguió por la emergencia de un periodismo noticioso y de la figura del reportero, quienes propiciaron el nacimiento de un género informativo que popularizó los reportajes, la entrevista y las noticias de manera predominante (Lombardo, 1998, pp. 125-40).

Estos cambios privilegiaron una mirada diferente del ámbito social y doméstico e incluyeron temas como la tragedia matrimonial y el reportaje policiaco. También fue un instrumento fundamental por su condición de medio instructivo y formativo, lo cual significó considerarla como un recurso pedagógico, de instrucción masiva y de alfabetización que podía llegar a todas las clases sociales y, a través de opiniones y puntos de vista, promover la modernidad (Bazant, 2002, p. 209).

Una distinción importante que sugiere la historiografía de la prensa femenina en México es que inicialmente se dirigió a las mujeres en cuanto receptoras de mensaje porque quienes escriben, dirigen y editan las publicaciones son primordialmente mujeres. En ese contexto, surgió una prensa orientada a un público femenino en particular. Esos órganos, en la medida en que se consolidaron como un espacio de lectura entre el público femenino, conformaron lo que puede considerarse propiamente ‘la prensa femenina y feminista’ que se singularizó en el momento en el que las mujeres adquirieron un papel protagónico al ser ellas quienes escribían, dirigían y editaban publicaciones periódicas (Infante, 2008, pp. 69-105). Entre las publicaciones femeninas, esto es, escritas y dirigidas por mujeres se encuentran: Las Hijas del Anáhuac (1873), El Recreo del Hogar, La Siempreviva (1870, 1879), El Álbum de la Mujer (1883-1890), El Correo de las Señoras (1883-1893), Violetas del Anáhuac (1887-1889), El Periódico de las Señoras (1896) y Violetas de Anáhuac. Periódico literario redactado por señoras (1890) (Granillo, 2014, pp. 29-47; Infante, 2005, pp. 189-94; Pérez-Rayón, 2005, pp. 145-58).

Impulsadas por el movimiento feminista, surgen publicaciones autodenominadas feministas que tuvieron el objetivo de plasmar las demandas sociales y políticas de las mujeres mexicanas. En su mayoría, estas publicaciones fueron editadas por mujeres profesionistas, entre quienes se encontraban literatas, poetisas y profesoras. El contenido novedoso lo constituyeron ensayos de opinión, los cuales desplazaron a los géneros ‘tradicionales’, entre estos, la poesía, la novela y el cuento. De este modo se impulsaron nuevas prácticas culturales de lectura y escritura. En el ensayo de opinión exponían temáticas vinculadas con la identidad femenina y el papel social e las mujeres (Infante, 2005, p. 191). Especialmente, en estos se cuestionaba la condición social de las mujeres tanto a su inferioridad intelectual y superioridad emocional como a su dependencia y sumisión ‘natural’ al varón y su función social de madres de familia y cuidadoras del hogar (Hernández, 2010, pp. 1-64). Estos cuestionamientos ponían en duda el orden sociocultural dual de ‘lo femenino’ y ‘lo masculino’, así como el privilegio de ‘lo masculino’ como una representación cultural de la modernidad (Domínguez, 2013, pp. 53-84).

Un caso ejemplar y trascendental fue la publicación de la revista feminista La Mujer Mexicana. Revista mensual científico-literaria consagrada a la evolución y perfeccionamiento de la mujer mexicana (1904-1908). Esta publicación se convirtió en un referente de los planteamientos feministas que demandaban la emancipación de las mujeres mexicanas a través del reconocimiento intelectual de estas, así como sus derechos laborales y políticos. La prensa feminista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX significó la producción y difusión de una representación sociocultural que criticaba el ideal femenino tradicional, que se encarnaba en la figura del ‘ángel del hogar’ o del ‘bello sexo’. Estas narrativas contenían representaciones sobre la feminidad y posicionaron a las mujeres “no sólo como simples receptoras sumisas de los discursos hegemónicos, sino que, en la recepción y transmisión de los discursos de género, las mujeres también se han apropiado de ellos, reelaborándolos, utilizándolos o transgrediéndolos en función de sus intereses” (Fuster, 2009, pp. 256-57). Frente al discurso tradicional del ‘ángel del hogar’, la escritora y editora de El Vésper (15 de junio de 1901), cuyo lema fue “Justicia y libertad”, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza sostenía que la misión de esa publicación era buscar “la manumisión política y [la] total emancipación de la mujer mexicana en sus luchas económicas, físicas, intelectuales y morales” (Villaneda, 1994, p. 50). De igual modo, Gutiérrez de Mendoza denunció la represión de Díaz calificándolo de “intrigante, de cobarde y de monstruo” y lo acusaba “de estar al frente de un gobierno que gustaba de encarcelar mujeres por el delito de escribir en defensa del pueblo” (Hernández, 2010, pp. 35-38).

Otro impreso de tipo feminista que circuló durante las primeras décadas del siglo XX fue el de Hermila Galindo: La Mujer Moderna (1915-1919). Entre sus objetivos editoriales destacó que estaba destinada a alcanzar “la elevación de la mujer, su reivindicación y dignificación, la participación de ésta en todos los asuntos del país, así como su colocación en el lugar que le merecía en el mundo moderno” (Orellana, 2001, p. 19). La línea editorial de la revista estaba en consonancia con la demanda del sufragio femenino, la igualdad intelectual entre hombres y mujeres y la solicitud de educación sexual (Galeana, 2014, pp.15-32; 2017, pp. 101-20).

En efecto, una de las demandas esenciales del movimiento feminista y de la prensa femenina en el país fue la igualdad social y política. En las revistas posrevolucionarias se manifestaba una voz propia de las mujeres, quienes se concebían y autodefinían como ciudadanas, pertenecientes a una nación; palabras que expresaban su capacidad y deseos de incursionar en el espacio público (Ramírez, 2009, p. 609). La revista Mujer. Periódico independiente para la elevación moral e intelectual de la mujer (1926-1929), cuya propuesta editorial fue impulsar los derechos sociales de las mujeres mexicanas, especialmente en lo referente al trabajo femenino profesional y doméstico, fue un medio fundamental para difundir las posturas feministas, en particular las relativas a la necesidad de que la mujer mexicana aspirara a su emancipación intelectual como una vía para la conquista de sus derechos como ciudadanas. Si bien esos derechos no implicaban cambios estructurales en el sistema político de base patriarcal, sí se reconoció el trabajo femenino tanto en la esfera pública como en el ámbito privado. Este sentido, la visibilización de la labor femenina supuso una nueva lectura de los roles femeninos y de su participación en la construcción del Estado de bienestar.

La naturaleza y el sentido de este planteamiento comprendía un conjunto de servicios que garantizaran que las mujeres pudieran realizar sus actividades en entornos adecuados y dignos. Las editoras de la revista enumeraban las siguientes: creación de salas-cunas; participación de las utilidades, extensiva a la esposa; derecho al sufragio femenino; promoción y reconocimiento de organizaciones feministas; acceso a la educación femenina. Estas demandas constituyeron temáticas centrales de la revista y representaron un modo de negociación entre los principios de manutención y de los cuidados domésticos, constituyentes de un orden social que establecía un carácter y comportamiento de las mujeres, en función de lo que se consideraba eran tareas de su sexo, y los ideales de modernización democrática y ciudadana que favorecía la independencia femenina.

En suma, las publicaciones feministas pretendían reconocer y divulgar derechos y demandas sociales y políticas que favorecieran mejorar las condiciones de vida de las mujeres, así como apoyar todo tipo de enseñanzas que enriquecieran sus destrezas intelectuales y físicas por medio de información diversa, noticias, servicios, productos y novedades. Las editoras aseguraban que este tipo de información era en beneficio de las madres de familia, las mujeres trabajadoras, de las maestras, escritoras y en general profesionistas que, poco a poco, se iban incorporando al espacio público. Esta paulatina transformación involucraba el reconocimiento del sector femenino como elemento clave en el desarrollo y progreso de las naciones, de la construcción de la ciudadanía femenina como base esencial de la nación mexicana. Y en esa construcción estaba la igualdad entre hombres y mujeres, en su condición de ciudadanos y ciudadanas para la emergencia del poder ciudadano, del llamado pueblo democrático.

La noción de ciudadanía ha sido vinculada a la idea del Estado-nación. La primera se ejerce en un doble sentido: una soberanía ‘interna’ - sobre una población que se encuentra dentro de un territorio definido -, así como una soberanía ‘externa’, acompañada de mecanismos institucionales que regulan las relaciones entre el Estado y la población. Como práctica de soberanía externa, se establecen y reconocen derechos y obligaciones que confieren a la población estatus de ciudadanía que, por el ejercicio de unos y otras, las personas se convierten en ciudadanos. Esta relación entre individuo-Estado concibió, desde el ámbito de lo ‘secular’, que la identidad y el sentido de pertenencia al territorio y a su práctica ciudadana afianza los derechos sociales. En el proceso de conformación de la ciudadanía, las mujeres mexicanas tuvieron un papel importante porque al luchar por el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos lograron modificar las condiciones sociales de sus congéneres y las relaciones sociales del género. Ese fue uno de los principales objetivos de la revista Mujer:

La labor de esta Revista puede calificarse de noble. Terreno que gana, terreno que adquiere la mujer mexicana en el vasto campo de sus reivindicaciones. Como toda obligación es correlativa de todo derecho; esta Revista, con el deber que se ha echado a cuestas de vivir para la sociedad, le corresponde levantar la voz, ya sea para aceptar o bien para rechazar cualquiera iniciativa que tienda a beneficiar o perjudicar, respectivamente, a la sociedad.¹

La propuesta de ciudadanía que esbozó la revista Mujer, se fundamentaba en la idea de la “voz del pueblo femenino”.² El fondo de este planteamiento consistía en reconocer no solo en el derecho a la intelectualidad femenina, sino en autorreconocerse como portavoz de una opinión pública y de su pertenencia al denominado ‘pueblo femenino’. De esta manera, emerge un nuevo cuerpo colectivo que se sustenta y se inspira en los principios de la ciudadanía como parte del pueblo soberano, en este caso del pueblo mexicano, cuya base es la voluntad popular, fundamento de las instituciones democráticas y de la justicia social: el ‘pueblo femenino’ como síntesis del feminismo de finales del siglo xix. Desde esta perspectiva, al pueblo soberano también lo conforman las mujeres, quienes tienen la responsabilidad de colaborar en el mantenimiento del orden social, por lo que dentro de sus responsabilidades cívicas está organizarse para mejorar sus condiciones sociales y políticas. Esta idea del ‘pueblo femenino’ se consolidó gracias a los planteamientos surgidos de la Revolución Mexicana para alcanzar la justicia social y como un síntoma de evolución política del pueblo mexicano y, por tanto, de la posibilidad de luchar por los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas: “toda actitud de cualquiera autoridad, inclinada a entorpecer la libre manifestación de las ideas, es considerada como contraria a los ideales revolucionarios, que buscan un régimen de más pura justicia social” (Flores, 2007, p. 235).

Los ideales y los planteamientos de las mujeres feministas encontraron una vertiente positiva en las medidas tomadas por algunos gobiernos posrevolucionarios, los cuales implementaron disposiciones para cambiar la condición social y educativa de las mujeres mexicanas. Un ejemplo de ello fue el gobierno del general Salvador Alvarado y de su programa de gobierno en Yucatán, en el que establecía un conjunto de acciones con el fin de liberar a las mujeres de la ‘religión tradicional’. En el Primer Congreso Feminista de México, celebrado en 1916, se impulsó la coeducación en las escuelas del estado, reformas al Código Civil de 1870, el cual obligaba a las mujeres a pedir permiso a sus maridos para trabajar y les quitaba todos los derechos de propiedad (Ramírez, 2009, p. 610), la apertura del empleo gubernamental paras las mujeres y el ejercicio del derecho al voto (Moctezuma-Franco, 2021, p. 10). En conjunto, estas disposiciones pretendían transformar la vida de las mujeres mexicanas, lo que sin duda significó un cambio que recogía, en gran medida, las nuevas concepciones sobre ‘lo femenino’ que habían sido difundidas por la prensa femenina y feminista, por la incursión de las mujeres en distintos ámbitos de la vida económica y cultural y por su participación activa en el movimiento revolucionario, desempeñando distintas tareas como la participación de propagandistas, enfermeras, maestras, soldaderas y feministas (Jaiven, 1995, p. 91). La intervención activa de las mujeres como actores sociales en el proceso revolucionario les “concedió una legitimidad” social en la reconstrucción y democratización del país (Ruíz, 2001, pp. 55-86).

La presencia de las mujeres se visibilizó aún más con la exigencia del sufragio femenino. El gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1922), el de Rafael Nieto (1923), gobernador de San Luis Potosí y de la Legislatura de Chiapas, que concedió a la mujer los mismos derechos políticos del hombre (1925), son muestras del avance en el terreno político de las mujeres mexicanas (Galeana, 2017, p. 119). Justamente el tema del sufragio femenino venía a dividir opiniones a favor y en contra. Por una parte, se alegaba que este constituía un elemento de progreso para el país al adquirir una ciudadanía plena y la capacidad de autodeterminación, expresión y representación, así como del pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos; mientras que, por el otro, se argumentaba que era un atentado al ideal de la mujer como custodia de la tradición. Incluso se argüía que uno de los peligros del sufragio femenino era que las mujeres podrían abandonar su función principal de ser buenas madres y esposas (Montoya, 2009, p. 140).

Estas opiniones sobre la función social de las mujeres hicieron tomar con cautela la postura editorial de las demandas de la revista Mujer. Reconocía que era indispensable tomar en cuenta el contexto sociocultural mexicano para reconocer las demandas políticas. Esto mismo se observa como una preocupación constante en las escritoras de la revista. Al respecto se señalaba que:

No desconocemos el bien inmediato que nos traería la aprobación de los derechos políticos en el Sexto Congreso Panamericano, pero queremos primero, estudiar con detenimiento las relaciones íntimas que necesariamente tendrían los puntos de nuestra petición, con nuestra idiosincrasia, con las condiciones de nuestro medio y si dichos puntos, serían de hecho factibles de practicarse en nuestra nación.³

Al mismo tiempo se fundó la Unión Cooperativa Mujeres de la Raza que tenía como principal tarea analizar la condición jurídica de las mujeres mexicanas plasmada en la Constitución. El nuevo Código Civil redefinía el individualismo como un elemento para lograr la “función social de desarrollar la actividad individual para cumplir la tarea que impone la convivencia con los demás integrantes de la sociedad” (Adame, 2012, p. 11). Durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles se realizaron reuniones periódicas en la capital del país para analizar y debatir sobre los beneficios de dicho Código. Abogadas como Guillermina Sandoval, Carmen Cervantes, María Sandoval de Zarco, Mercedes Martínez Montes, Gloria Mejía, y Elodia N. acudieron a debates sobre los artículos constitucionales que se referían a la condición de la mujer (Colin, 2023, p. 158; Fernández, 2005, p. 100). En dichos debates se acordó que se debía reformar la Constitución en lo referente al voto femenino, ya que se consideraba que faltaba claridad:

La constitución no prohíbe el voto a la mujer. Y si ella no acude a los comicios, si no queda inscrita para las elecciones, si no se le entrega la boleta correspondiente, es sólo en fuerza de la costumbre, más si lo solicitara, no habría razón para excluirla de las elecciones.⁴

En efecto, la importancia de resolver el tema del sufragio femenino constituía el acceso a una ciudadanía plena que buscaba la igualdad de condiciones legales, especialmente en lo que se refería a derechos laborales. Al respecto, en el examen de esta cuestión se menciona la postura de la oposición: considerar como votantes a los ‘hombres y mujeres ilustrados’, con lo cual se planteaba una clara distinción de jerarquías sociales entre ciudadanos de primera y segunda clase. El ejercicio del voto femenino y la representatividad femenina implicaba ante todo el reconocimiento intelectual de las mujeres como ‘seres pensantes’, educadas y cultas.

Enteradas como estamos, de que no hay texto que marque claramente el derecho de la mujer mexicana para votar y ser electa, no debemos por más tiempo detenernos en este capítulo y tracemos desde luego un plan de campaña para llegar a obtener en menor o mayor tiempo lo que la ley, no nos ha concedido, pero que nos concederá. La mujer mexicana es culta, más que la generalidad de los hombres que ejercen el sufragio en México; pero en fin estudiemos más, entrenémonos mejor para cuando sea llegado el día de solicitar ante las Cámaras las reformas del decreto en cuestión, en su parte relativa al voto.⁵

La lucha por el reconocimiento de los derechos laborales y sociales se extendió a la demanda de los derechos políticos de las mujeres mexicanas, y a la igualdad de hombres y mujeres en correspondencia con la capacidad intelectual y jurídica de ambos. A continuación, se expone el argumento:

La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos”, despertó gran entusiasmo y surgió luego esa pregunta: ¿Están aquí comprendidos los derechos políticos? Indudablemente que sí manifiesta la mayoría, pero en tal caso, ¿habrá que reformar la constitución en lo que atañe al voto femenino?⁶

Uno de las organizaciones que fortalecieron la exigencia del voto femenino en México fue la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas que se proponía unificar a las “grandes federaciones de razas”, inspirada en el pensamiento hispanoamericanista que surgió en España a finales del siglo XIX, con el fin de reestablecer las relaciones de tipo cultural y diplomático entre los pueblos de la denominada Hispanoamérica (Cano, 2011, pp. 104-5). Además de ese objetivo, la Liga sostenía la defensa del derecho al sufragio femenino, cuyas peticiones se centraban en el “derecho al sufragio”, “sufragio efectivo” y “libertad de sufragio”.⁷ Estas peticiones sufragistas que retomaron las feministas mexicanas se orientaban a consolidar la idea de la ciudadanía, la democratización del sistema político mexicano, así como la libertad, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres estas propuestas tenían entre sus propósitos evitar la esclavitud, que definía a “la mujer que no aprende a pensar por sí misma, que no pueda cumplir a conciencia con sus deberes ni dentro ni fuera del hogar”.⁸

Creo que la palabra democracia no debe ser un mito para la para la mujer mexicana; por lo tanto, que se tenga en consideración, que en el océano intelectual femenino hay tantas naves como puertos de salvación y que se recuerde que en el espacio del intelecto pueden votar las mentes de ambos sexos, sin chocar y sin hacerse pedazos. ¡Eso es todo! Eso es todo lo que demanda la mujer mexicana y los miembros de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas o Hispanoamericanas, así como los miembros de Países Americanos Unidos, ruegan a los gobernantes de México y mexicanos intelectuales todos, hagan efectivos los derechos políticos de la mujer mexicana, quitándole las cadenas ortodoxas con que la tienen sujeta.⁹

La organización de las mujeres en pro de la defensa de sus derechos políticos constituyó una manifestación en defensa del derecho al sufragio femenino como un mecanismo de ‘la igualdad integral’ entre hombres y mujeres. Ese fue el sentido de las organizaciones feministas surgidas después de la Revolución Mexicana, tal y como lo asumían el Partido Feminista Revolucionario, el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, la Liga Panamericana de Mujeres, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (Galeana, 2014, p. 22-23). Reconocer este derecho garantizaba la efectiva incorporación de las mujeres a la esfera política en su calidad de un sector del ‘pueblo mexicano’ y de agentes de la Nación.

A diferencia de las feministas decimonónicas, las feministas de los años veinte estaban convencidas de las líneas políticas que debía seguir su plan estratégico y, en lo referente al plano económico, se mencionaba que la superación de las condiciones materiales debía ser parte importante en la vida de las mujeres y por lo tanto estar apoyado por los gobiernos en turno. Este aspecto constituía la primera estrategia para que el movimiento feminista tuviera una repercusión importante en la sociedad mexicana, especialmente entre las propias mujeres. La inactividad en el plano laboral constituía un fracaso social e individual, pues la mujer moderna debía ser ante todo una mujer trabajadora que tuviera un oficio que le permitiera ganarse la vida de una manera honrada. Desde este sentido, el movimiento feminista venía a revalorar la idea de progreso social y económico; por lo tanto, se condenaba el estado de miseria, ya que era la consecuencia de la inactividad. “La profesionista, la empleada, la obrera, debe propugnar, cualesquiera que sean sus circunstancias, por elevar su posición social”.¹⁰ Así pues, el feminismo de los años veinte proponía el desarrollo económico de la mujer mexicana, quien debía esforzarse por mejorar sus propias condiciones de trabajo y de estudio. Para lograr dicho objetivo, las feministas emplearon la estrategia de agruparse y conseguir una mejor organización del movimiento feminista que las llevara a elevar su condición social y económica. La forma concreta de lograr tal organización sería a través de la conformación de una Federación que funcionara como órgano rector de la situación de la mujer mexicana. Por ello, se decía respecto de esta estrategia que:

La mujer debe agruparse y clasificar estos grupos, de acuerdo con las ramas del saber humano que dichos grupos representen, a fin de que cada uno de ellos haga frente a los problemas que sean de su resorte. Divididos en grupos el elemento femenino, se fundará una Federación con todas las agrupaciones afines.¹¹

La labor de esta federación sería “controlar los elementos de trabajo, los que residan en el Distrito Federal y los que radiquen en toda la República Mexicana”.¹² Este ‘control’ consistía en establecer relaciones oficiales con las empresas o con los grupos patronos, así como con el gobierno y asociaciones feministas de la República y del extranjero. La federación tendría la tarea de formar nuevos núcleos de mujeres que a su vez estarían representados por un Comité Ejecutivo, Comisiones y Delegaciones con sede en la Ciudad de México.¹³ Un aspecto importante de estas federaciones lo constituía su labor pedagógica, ya que se convertirían en escuelas de acción porque funcionarían como cooperativas de producción y de consumo. La otra estrategia consistía en darle voz a la mujer, así como poder de expresión para reconocer sus propias problemáticas, dificultades, carencias y obstáculos cotidianos. A través de este poder público se reconocían las necesidades inmediatas, pero también representó una oportunidad para expresar su capacidad intelectual, autopercepción y determinación.

La emancipación económica es una de nuestras peticiones, pero no la única. Nos agruparemos para trabajar por todas las reivindicaciones. El sindicalismo, con haber conquistado muchos beneficios para el proletariado, no ha resuelto muchos problemas de la mujer y es porque no conoce la trascendencia de los mismos. Necesitamos asociaciones puramente femeninas, que sean obra nuestra y para nosotras.¹⁴

La propuesta de organización de las feministas se inspira en las ideas del sindicalismo posrevolucionario que surge como respuesta a las demandas de justicia social. La nueva Constitución, en su artículo 123, estipulaba como jornada de trabajo máxima 8 horas, plena libertad de los trabajadores para formar sindicatos y el derecho de huelga, así como el derecho a un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia (Hernández, 2010, p. 19). Como resultado del nuevo Código Civil de 1928, se reconoce la personalidad moral de los sindicatos, asociaciones profesionales y de las demás a las que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal, así como de las sociedades cooperativistas y mutualistas (Adame, 2012, p. 8). Estas nuevas disposiciones habían dado sus primeros frutos en materia de organización de trabajadores, obreros, campesinos, además de la conformación de nuevos sindicatos de mineros, ferrocarrileros, tranviarios, textileros, electricistas, metalúrgicos, así como de oficios varios: carpinteros, zapateros, pintores, albañiles, cargadores (Hernández, 2010, p. 21). El éxito de estas organizaciones se puede observar en el número de agremiados, así como en la relación tan estrecha con el gobierno; como caso concreto se puede mencionar el cargo que obtuvo Morones como titular de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, con lo cual se confirmaba la importancia sindical, pero también política de dicha organización. Desde este punto de vista, la postura de la revista Mujer, fue optar por un plan político liberal y democrático, cuya concepción de ciudadanía tenía que ver más bien con una ciudadanía de tipo corporativista, como un medio para organizar a las mujeres que tuviesen el objetivo de demandar propuestas que respondieran a sus propios intereses y necesidades.

Necesitamos asociaciones puramente femeninas, que sea obra nuestra y para nosotras. Mientras el hombre se empeñe en seguir siendo nuestro legislador, no evolucionaremos palpablemente, ni tendremos ocasión de manifestar nuestro espíritu organizador y nuestra perseverancia para dirigir instituciones. Así que es necesario adoptar una organización más precisa, por ejemplo, la que he trazado a grandes rasgos. ¡El triunfo de la mujer depende sólo de su esfuerzo personal y colectivo!¹⁵

La propuesta de la revista Mujer iba más allá de crear organizaciones gremiales de mujeres, pues consideraban estas organizaciones como un medio para lograr el derecho al voto femenino y la participación en la toma de decisiones. Estas demandas políticas fueron plasmadas en el Primer Congreso Feminista Panamericano, realizado en la Ciudad de México en 1923. En dicho congreso se destacó la importancia del reconocimiento de los derechos civiles, políticos y económicos de las mujeres mexicanas (Galeana, 2017, p. 110). Para las escritoras y feministas de dicha revista, estaba claro que no solo era necesario obtener el derecho al sufragio, sino también ir accediendo a los puestos de instituciones y de representación legislativa para llevar a cabo verdaderas transformaciones que beneficiaran la vida de las mujeres. La idea de que los objetivos, intereses y valores individuales de las mujeres debían convertirse en colectivos para que tuvieran un mayor impacto social y pudieran convertirse en nuevas formas de relación social entre los sexos. Estaba claro que los objetivos individuales debían transitar a intereses colectivos que contribuyeran al bienestar social que ayudasen en la construcción de bienes públicos. Desde esta organización las mujeres adquirieron una condición de ‘actores corporativos’, término que puede entenderse como la unidad de voluntades individuales que tienen la finalidad de resolución de problemas sociales específicos (Johnson, 2008, p. 249).

Resulta interesante observar que en un contexto en el que se buscan mejorar las condiciones laborales de los obreros, las escritoras de la revista Mujer también se suman a esta tendencia, abordando el tema de la independencia económica a través de la participación de utilidades extensivas y del tratamiento de la relación obrero-patrón; buscaban concientizar a sus lectoras sobre la importancia de estos asuntos para las amas de casa y profesionistas. De igual forma, escribieron sobre los cambios surgidos en relación con la legislación laboral del país, específicamente en lo concerniente a la reforma de los artículos 73 y 123 de la Constitución General de la República, especificando las demandas que se consideraban necesarias cambiar en la relación patrón-obrero. En el caso del artículo 123 constitucional, se legitima la acción sindical y se garantiza una serie de derechos a los asalariados, como la reducción de la jornada de trabajo (Camarena y Adleson, 1985, p. 79), el establecimiento de un salario mínimo y la responsabilidad de accidentes laborales al empleador (Garciadiego y Kuntz, 2010, p. 299).

Para lograr las demandas que se consideraron justas fue importante recurrir a medidas como las huelgas para ejercer presión en la exigencia de ciertos derechos laborales. En principio se definía a la huelga como: “una medida coercitiva que ejercen los obreros para obtener lo que en otra forma no han podido conseguir”.¹⁶ El objetivo central de la huelga fue lograr un reconocimiento integral de los obreros y campesinos, así como de sus familias. Este consistía en el reconocimiento de sus derechos económicos y morales, así como de cada una de sus aspiraciones. Al igual que los obreros y campesinos, las mujeres debían defender sus derechos laborales a través del reconocimiento del trabajo doméstico y profesional:

Falta una cláusula en lo que ahora es sólo un proyecto y es la que todo elemento del sexo femenino, en cualquier trabajo que desempeñe, ya sea manual o intelectual, tiene derecho a disfrutar de un día de descanso, con goce de sueldo, durante la jornada de un mes, en la fecha en que lo solicite la interesada, con anticipación o sin ella, sin comprobante de enfermedad, etc., ni más requisito que el solo deseo de la trabajadora. Esto, además de los días festivos, ya comprendidos en el Código Federal del trabajo.¹⁷

Esta búsqueda por el reconocimiento laboral de las mujeres surge justamente en el proceso de cristalización de los derechos de los obreros que habían sido fuertemente reprimidos durante el porfiriato. Ejemplo de ello fue la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispano Americanas; entre los países que integraban dicha liga estaban: México, Estados Unidos, Cuba y República Dominicana; países de Centro y Sur América; España, Inglaterra, Francia, Italia, Japón y Polonia.¹⁸ Esta contribución social del progreso individual y universal de las mujeres mexicanas debía ser reconocida y valorada, no como una rebeldía sin sentido, sino por el contrario, como una demanda justa y razonable que era necesario llevar a cabo por el bien del progreso social en general. Además de demandar un salario igual al de los varones: “escoger solamente a empleadas con voluntad para el trabajo y competentes, y pagarles los sueldos que por igual trabajo estén recibiendo los hombres”,¹⁹ también se buscaba el reconocimiento por las labores domésticas realizadas en el ámbito del hogar con la llamada “participación de utilidades extensiva a la esposa”. Si bien la mujer al convertirse en una empleada puede adquirir un sueldo que le brinde una mayor independencia económica, lo mismo debe de ocurrir con la esposa, quien es colaboradora del hombre con quien comparte su esfuerzo.

La búsqueda por la independencia económica no solo se podría conseguir gracias a la adquisición de una profesión, sino también debían conquistarse los derechos de las mujeres desde el ámbito del hogar, en su papel de esposas y madres. Las actividades domésticas se debían reconocer en el plano discursivo, pero también con la destinación de una retribución económica del marido; el reconocimiento a las virtudes de cuidado del hogar y la crianza de los hijos merecía también gozar de utilidades logradas por el esposo, “la participación de utilidades podrá hacerse por decena o por mes, según lo permita el sueldo del marido. Lo esencial, lo urgente, es dar a la mujer autonomía pecuniaria, algo muy necesario y sobre todo en la vida actual”.²⁰ La valoración del trabajo femenino, ya fuese el del ámbito doméstico o profesional, adquirió una nueva valoración iniciada por las propias mujeres. Las autodenominadas feministas de la revista Mujer demandaban un reconocimiento equitativo de las responsabilidades y derechos en el ámbito matrimonial, por lo que no consideraban como válido el discurso de subordinación que décadas anteriores había sido estimado como apropiado para la formación de “matrimonios ideales”, matrimonios laboriosos, en los que “morará la virtud, no aguijonará el hambre ni será jamás una plaga la fecundidad” (Ramos, 2006, pp. 142-62).

El objetivo de estas demandas, en relación con el derecho laboral de las mujeres, consistía en concederle a las mujeres una mayor independencia económica que les otorgara mayor autonomía y libertad sociales. La independencia económica de las mujeres se debía buscar también para las esposas, quienes desempeñaban una labor de suma importancia en el hogar y familia. Con esta idea se puede proponer que la función de esposa y madre de familia también podría considerarse como de carácter ‘profesionalizante’, en la medida en que se demandaba un buen desempeño - e.g., moral, intelectual, higiénico, pedagógico o artístico - de la esposa, así como la generación de sus propios ingresos económicos provenientes de su profesión, comercio o industria. Estas medidas se consideraron idóneas sobre todo si se consideraba una situación de divorcio o viudez.

El tema de la maternidad constituía el núcleo central que, por esencia, definía a la mujer mexicana, ya que, si bien podía convertirse en una profesionista, su principal función era la de ser esposa y madre de familia. Desde este punto de vista, la propuesta de la revista Mujer redefine el ideal femenino como agente de cambio que, a través del estudio y su organización, pretende la igualdad jurídica entre los sexos, con lo cual busca una mayor participación en la vida pública del país, reconociendo que su labor es importante, ya fuese como profesionista o como madre de familia. Con ello, mantiene “la asignación tradicional al sexo femenino, la de conservar a la especie, de parir, y también del criar” (Tuñón, 2023, p. 190).

Esta asignación tradicional de las mujeres - como las responsables del cuidado del hogar y de la familia, especialmente en lo referente a la crianza del menor - se sumó a una visión religiosa (Tuñón, 2023, pp. 204-5) de la maternidad, así como también a un revestimiento cívico, ya que el correcto desarrollo del menor - futuro ciudadano - estaba en manos de las mujeres.

La construcción de una sociedad moderna concebida como “un conjunto de familias agrupadas en un territorio más o menos extenso, teniendo intereses comunes, y cierta unidad de origen y de costumbres, tales como la raza, lenguaje y religión” (Pineda, 1906, p. 79), se centraba especialmente en el buen desarrollo de la raza, por lo que el cuidado del niño se convertiría en un aspecto medular para los gobiernos de las primeras décadas del siglo XX. Ejemplo de ello fue la creación de la Sociedad Protectora del Niño durante el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) (Márquez, 2018, p. 22), que pasó a convertirse en la Comisión Nacional de Protección a la Infancia (1928-1930), cuyo objetivo fue proteger a la niñez mexicana, ya que de acuerdo con la revista Mujer “de cien niños que nacen, la tercera parte muere antes de cumplir un año”,²¹ por lo que la creación de la Comisión Nacional de Protección a la Infancia tenía como objetivo contribuir en la disminución de las tasas de mortalidad infantil en el país. Una de las estrategias que solicitaron las mujeres fue la creación de salas-cunas como una medida de vigilancia para evitar el índice de mortalidad infantil, que “actualmente mueren por falta de alimentación adecuada e higiénica”.²² Estaba claro que la labor de las mujeres como madres de familia constituía una tarea social fundamental en el proceso de otorgar ciudadanos sanos al Estado, y la creación de estos espacios para el cuidado infantil resultaba ser una medida adecuada, especialmente para las mujeres obreras y empleadas que vivían solas. La institución se encargaría de la adecuada alimentación del niño, además de que ofrecería la primera educación del infante y sería también un espacio adecuado para los niños abandonados. El cuidado brindado por este tipo de instituciones se enfocaría en el cuidado de la salud física, desenvolvimiento moral e intelectual de los infantes, contribuyendo de esta manera en la formación de los futuros ciudadanos.

Para llevar a buen término su labor pedagógica nacionalista, la mujer también debía adquirir un conocimiento jurídico para lograr una ciudadanía más plena y, por lo tanto, formativa, que pudiese transmitir a las futuras generaciones. Este reconocimiento jurídico debía basarse en la igualdad jurídica del hombre y de la mujer, y constituía un cambio importante en las reformas del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales - en materia común -, y para toda la República - en materia federal.

Entre los artículos que abordaron el tema de la condición de las mujeres fueron los artículos 2^o, 98 y 143, que hacen referencia a la igualdad de la capacidad jurídica de hombres y mujeres; a la imposibilidad de contraer matrimonio bajo condiciones de enfermedad contagiosa y hereditaria; al régimen de sociedad conyugal de ‘separación de bienes’, y a la indemnización por incumplimiento del compromiso matrimonial. Estas nuevas disposiciones, que en materia legal conceden a las mujeres nuevas condiciones jurídicas, hacen posible las transformaciones determinantes en su diario vivir y constituyen nuevas formas de relación social entre los sexos. Estas nuevas disposiciones correspondieron al sistema de género que fue impulsado por los gobiernos posrevolucionarios, con el fin de elevar la condición de la mujer mexicana: “mientras no elevemos a la mujer, nos será imposible hacer patria” (McGee, 1991, p. 268). Esta ‘elevación’ de la mujer mexicana tuvo que ver con “levantar y dignificar la condición de la mujer, haciéndola fuerte para luchar con la vida y dando vigor a sus alas, entumecidas por la tradición y el convencionalismo” (McGee, 1991, p. 267). Este proceso de fortalecimiento o empoderamiento de la mujer mexicana, tuvo que ver con la dirección económica que los gobiernos posrevolucionarios asumieron como lo más idóneo para el país. Consideraron que uno de los medios más seguros para direccionar el capitalismo en el país fue a través de la pacificación y estabilización, lo cual se podría lograr, entre otras medidas, recurriendo a la familia como núcleo de organización social y política. Así que llevar el orden al núcleo familiar, a través de la enseñanza de valores, como el de la unidad, el civismo, la salud, la higiene, no solo eran valores para establecer un orden propiamente familiar, sino también social.

Para conseguir este orden familiar y social, que implicaba una formación en valores ciudadanos, la función de la mujer era clave. Las mujeres mexicanas debían conocer de leyes, adquirir una profesión u oficio para sostenerse económicamente, conocer sobre salud e higiene y continuar con su perfeccionamiento a través del estudio continuo. El peligro de ser una mujer inculta constituía el riesgo de convertirse en una mujer inferior moral e intelectualmente que ponía en riesgo el bienestar de la familia, en especial de los futuros ciudadanos:

La herencia general se perpetua por la mujer y aquella será inmutable mientras haya hembras en vez de mujeres; mientras una cantidad abrumadora de mujeres acuse al funcionario público que con su indiferencia y apatía o bien con su desprecio por todo lo que significa evolución de la mujer, haya mantenido a ésta en un estado mediocre; mientras una mayoría de hombres erróneamente prefieren por esposa a la mujer sin cultura, sin alteza de miras; sin tener en cuenta que la mujer impreparada es como el niño que se guía fácilmente por consejos de seres experimentados, por lo general perversos.²³

En el proceso de construcción de la ciudadanía se necesitaba de una transformación en las virtudes femeninas y de un cambio en la función social de las mujeres enfocada en la participación activa de la vida pública y ciudadana. Entre las virtudes que se consideraron necesarias para ser adquiridas por las mujeres fue la intelectualidad, la organización y participación política. Al adquirir estas virtudes cívicas, la mujer se convertiría en una aliada del bienestar social y clave en el desarrollo económico del país. Por lo tanto, la ‘elevación de la mujer’ no solo resultaba necesario para que las mujeres pudieran desarrollarse profesionalmente y políticamente, sino que también debían transmitir estos valores a sus hijos; es decir, llevar a cabo una labor pedagógica.

Mujer. Periódico independiente para la elevación moral e intelectual de la mujer. México.