Balón parado. El sindicato de futbolistas de México y la huelga de 1971Balón parado.

El 1 de abril de 1970, en el ocaso del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), se promulgó la Ley Federal del Trabajo, la cual sustituyó a la de 1931. De acuerdo con De Buen (2006, pp. 55-56), la ley tenía por objetivo premiar la lealtad del movimiento obrero oficial y corporativo hacia el presidente frente a las diversas manifestaciones de disidencia que había enfrentado. Sin profundizar en sus novedades - como la figura del aguinaldo, prima de antigüedad y ampliación del periodo vacacional -, destacó que fue la primera ley en México que reconoció a los deportistas profesionales como trabajadores.

Esto no fue casualidad, pues el estatus jurídico de los profesionales del deporte ya era objeto de interés para diversos juristas desde 1968. En el marco de los XIX Juegos Olímpicos celebrados en México, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó el Primer Congreso Internacional de Derecho del Deporte, donde más de 2 000 especialistas mexicanos y extranjeros reflexionaron en torno a cuatro temas: organización internacional del deporte, función social, administración nacional, y amateurismo y profesionalismo. Sobre el último tópico los juristas sugirieron a la Organización Internacional del Trabajo fijar una postura respecto de “la actividad laboral del deportista profesional teniendo en vista la posibilidad de adoptar una convención internacional que tenga por finalidad garantizar en su proyección multinacional los derechos fundamentales que lo amparen como persona humana y como trabajador” (Congreso Internacional del Derecho del Deporte, 1968, p. 534). El reconocimiento de los deportistas profesionales como trabajadores en la legislación mexicana se dio en este contexto. Sobre la Ley Federal del Trabajo se destacan cuatro puntos: primero, se estableció que los deportistas no podrían ser transferidos a otra empresa sin su consentimiento; segundo, el precio de la transferencia se fijaría por un acuerdo entre el trabajador y los empleadores; tercero, el deportista recibiría, al menos, 25% de ese pago, el resto sería para la empresa; cuarto, sería responsabilidad de los equipos garantizar atención médica a los deportistas (Ley Federal del Trabajo, 1970).

Aunado a lo anterior, durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) las condiciones de vida de los trabajadores y la organización sindical - oficialista e independiente - ocuparon un lugar central en la retórica presidencial y la agenda política. Dos aspectos explican esta postura. En el tránsito hacia los años setenta la economía mexicana mostraba signos de agotamiento que se reflejaron en el aumento del desempleo y el subempleo, así como el desequilibrio en la distribución del ingreso (Labastida, 1977, p. 200). A esto se sumaba una importante agitación social producto de diversas luchas que, aunque no conformaban un frente común, desafiaban el autoritarismo del régimen. El movimiento médico de 1964 y 1965, las guerrillas rurales y urbanas - como las de Arturo Gámiz, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y la Liga Comunista 23 de septiembre -, así como el movimiento estudiantil de 1968, son algunos ejemplos. Por ello, con el objetivo de fortalecer la erosionada legitimidad del sistema político, Echeverría impulsó un conjunto de medidas que conformaron la llamada apertura democrática (Luna, 1983, p. 456). Al respecto me interesa destacar que una parte fundamental de esta política consistió en tratar de renovar la dirección de los centros obreros, así como los sistemas de control político que el gobierno ejercía sobre ellos. Así, en el discurso, se promovieron elecciones democráticas al interior de los sindicatos y se apoyó la formación de organizaciones ajenas a las corporaciones oficialistas, como aquellas que integraban la Confederación de Trabajadores de México (CTM). En ese sentido, si bien no podría afirmarse que el surgimiento de sindicatos independientes fue una imposición presidencial, sí puede señalarse que, entre 1970 y 1971, existía un clima político favorable a este (Bizberg, 1990, p. 115). Así lo reconoce Alafita (1979), al señalar que “durante el año de 1971 se manifestaron como una tendencia sindical organizada fuera del control de la burocracia sindical, del Estado y de los empresarios” (p. 253).

En este marco ocurrió un hecho inusitado: la demanda del futbolista Carlos Albert al equipo Necaxa por despido injustificado. Como se observó, la situación de los futbolistas profesionales era similar en diversas regiones del mundo. Por una parte, la mayoría de los atletas no podían solventar su manutención por los bajos salarios - salvo las estrellas, quienes recibían más dinero -, por otra, los futbolistas no gozaban del derecho de contratarse con el empleador que ellos desearan y estaban sujetos a las decisiones de los empresarios, las cuales podían incluir castigarlos y reducir o dejar de pagar su salario cuando ellos, unilateralmente, lo decidieran. En México, estas condiciones estaban fijadas en los contratos. Así puede comprobarse por la reproducción que la revista Futbol de México y del Mundo hizo de uno de ellos y por el testimonio de Albert.

Los contratos constaban de 19 artículos. El primero señalaba que “el jugador que para dirimir sus diferencias [con el equipo] acudiese a organizaciones ajenas tales como tribunales o autoridades, será descalificado a perpetuidad en la Federación Mexicana de Futbol”.⁵ El décimo establecía que, si la FMF o los equipos decidían suspender a un futbolista, “el club quedará eximido de pagarle al jugador las remuneraciones por concepto de sueldos”.⁶ A su vez, el artículo 15 estipulaba que “a la terminación o rescisión del presente contrato, el club no pierde sus derechos sobre la transferencia de la inscripción del jugador al firmar por otro club”.⁷ Esto significaba, en palabras de Albert, que cuando “terminaba tu contrato te tenían en calidad de ‘retenido’, pero no te pagaban” (Gómez Junco, 2021). Es decir, los futbolistas recibían un salario solamente mientras jugaban el torneo, pues en el intervalo entre uno y otro “te dejaban de pagar. Ah, pero tú no podías irte a otro equipo ni hacer nada” (Gómez Junco, 2021). Así lo enfrentó Albert cuando concluyó la temporada en 1970 y Julio Orvañanos, dueño del Necaxa, le informó que ya no entraba en los planes del equipo, motivo por el cual fue pretendido por el Atlante. No obstante, Necaxa puso un precio por transferencia que, para la mayoría de los clubes mexicanos de la época era impagable: 250 000 pesos.⁸ En estas circunstancias, Albert no podía contratarse con un nuevo empleador y, al estar retenido, no recibía el salario que le correspondía. “Cuando no me pagan, dije: ‘a mí no me la van a hacer. Yo los demando’. Porque soy cumplido […] no tienen por qué no pagarme, no tienen que decir que en dos meses no soy nadie” (Gómez Junco, 2021).

El 24 de diciembre de 1970 el futbolista acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje - tribunal encargado de resolver los conflictos laborales - para demandar a Julio Orvañanos, presidente de la Impulsora Deportiva Necaxa S. A. y a la FMF - presidida por Guillermo Cañedo - por despido injustificado, salarios caídos, indemnización y aguinaldo.⁹ Orvañanos adquirió al Necaxa en 1965 y desde la década de 1950 era conocido gracias a la agencia Camacho y Orvañanos Publicidad, fundada junto con Evaristo Camacho (Alazraki, 2015, p. 217). Albert recordó que la figura del empresario era reconocida en el mundo de los negocios por encargarse de la publicidad de importantes marcas, como la Cervecería Modelo, así como por su cercanía con la familia Azcárraga (Gómez Junco, 2021).

Interpuesta la demanda, Orvañanos afirmó que “hemos actuado siempre de acuerdo con la ley y las disposiciones de los reglamentos del futbol profesional”.¹⁰ No obstante, en enero de 1971 propuso un arreglo fuera de los tribunales que incluía un nuevo contrato por dos años para Albert con un salario de 10 000 pesos mensuales. El futbolista no aceptó: “Me dolió mucho rechazar el arreglo que me ofreció el señor Orvañanos, salía muy beneficiado, pero […] la ley es muy clara y me concede toda la razón […] con ello los futbolistas podremos dar un paso hacia nuestra dignificación”.¹¹ Para poner en contexto el salario rechazado por Albert, basta señalar que en 1968 40.8% de las familias mexicanas tenía un ingreso promedio mensual menor a 1 000 pesos; otro 40.8% obtenía un máximo de 3 000; 13% ganaba hasta 6 000; 3.4% alcanzaba hasta 10 000 pesos, mientras que solo 2% de las familias superaba esta cifra (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2015, vol. 7, p. 10).

Los conflictos económicos con los jugadores no era un problema nuevo para Necaxa, pues en abril de 1970 se reportó que el equipo les debía 200 000 pesos.¹² Además, el futbolista Roberto Martínez acusó a la directiva de no pagarle dos meses de salario luego de que fue operado por una lesión. “Aparte de eso, fui multado con 2 500 pesos por no presentarme a pasar lista durante 7 semanas […] No sé a qué se deba esa actitud […] la lesión que tuve me la originé en el desempeño de mi trabajo”.¹³ En ese contexto, mientras las audiencias entre Orvañanos y Albert tenían lugar, el futbolista recibió llamadas de compañeros quienes pedían asesoría jurídica y le manifestaron apoyo (Gómez Junco, 2021). Francisco Linares, Armando Magaña, Guillermo Vázquez, Antonio Mota, Luis Montoya, Salvador Plascencia y Alfredo Romo, jugadores del Necaxa, declararon en favor de Albert como testigos durante las audiencias.¹⁴ Asimismo, se acercaron colegas de otros equipos, especialmente de Guadalajara y Atlas, como Gregorio Villalobos, Gamaliel Ramírez, Arturo Chaires y Javier Valdivia.

Como se ha señalado, mientras algunos futbolistas ganaban altos salarios, otros recibían lo mínimo para sobrevivir. Albert recordó que “había compañeros que no tenían ni para comer, que no les pagaban nada, […] no tenían ni para pagar un hospital; compañeros que venían dos horas en un camión con una torta para jugar, […] no tenían una sola prestación” (Gómez Junco, 2021). En esa línea, Antonio Mota señaló que “jugadores como Enrique Borja, […] ganan 18 000 o 20 000 pesos al mes, pero la inmensa mayoría de los jugadores novatos difícilmente llegan a ganar el salario mínimo”.¹⁵ En 1971, este ascendía a 27.93 pesos por día, poco menos de 900 al mes (INEGI, 2015, vol. 6, p. 19).

Albert sugirió a sus compañeros que acudieran con sus abogados; sin embargo, más tarde propuso “que nos unamos, no para estar en contra de nadie, sino para defender nuestros derechos” (Gómez Junco, 2021). De acuerdo con la prensa, la idea de formar un sindicato se extendió rápidamente entre los futbolistas: “La demanda presentada por el jugador Carlos Albert en contra del Necaxa, ha venido a abrir los ojos a los futbolistas que en forma muy secreta vienen formando su sindicato”.¹⁶ Además, se indicaba que el dueño del equipo Puebla, el empresario Rafael Moreno Valle Sánchez, “informó ayer a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol que sus jugadores han comenzado a ser inquietados para que se unan al sindicato en formación”.¹⁷ Esta nota permite señalar que, tal y como lo afirmaba Albert, ciertos futbolistas comenzaron a discutir con sus colegas las condiciones laborales que enfrentaban. Este aspecto es trascendental, pues da cuenta del surgimiento de cierta conciencia de clase entre algunos jugadores.

Existen amplias discusiones en torno al concepto de conciencia de clase. En este sentido, rescato dos propuestas: la estructural y la procesual. Si bien podrían parecer opuestas, considero que son complementarias. La primera ha sido representada por los trabajos de Wright (1997, p. 495), para quien la conciencia de clase es el reconocimiento que tienen los individuos de sus intereses objetivos respecto de las relaciones de explotación a las que están sujetos y sus consecuencias: la desigualdad material y el ejercicio del poder. Así, desde la mirada del autor, la conciencia de clase opera en un nivel individual en vez de colectivo.

Por otra parte, para el enfoque procesual, la clase es un fenómeno histórico dinámico y comunitario que “cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias comunes - heredadas o compartidas -, sienten y articulan la identidad de sus intereses […] frente a otros hombres cuyos intereses son distintos - y habitualmente opuestos - a los suyos”, como lo señala Thompson (2012, p. 27). Así, la experiencia de clase “está ampliamente determinada por las relaciones de producción en las que los hombres nacen o en las que entran de manera involuntaria” (Thompson, 2012, p. 28). En otras palabras, para este autor la conciencia de clase se sostiene en experiencias compartidas que conforman una identidad de clase.

Como puede verse, ambas posturas destacan diferentes dimensiones del concepto: intereses e identidad. Lejos de contraponerse, desde mi perspectiva, resultan miradas complementarias que permiten explicar fenómenos como el estudiado en esta investigación. Así, con base en la articulación de estas propuestas, sostengo que a medida que los jugadores conversaron sobre sus vivencias, articularon una identidad colectiva con base en sus intereses comunes y frente a los empresarios del balompié. Esto tuvo lugar a partir de reflexiones sobre sus intereses individuales, como señala Wright (1997), pero también colectivos, como destaca Thompson (2012). Como consecuencia, emergió cierta conciencia de clase entre algunos futbolistas, la cual “es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales” (Thompson, 2012, p. 28), como podría serlo un sindicato.

De esto modo, entre los meses de febrero y mayo de 1971 los futbolistas organizaron la asociación sindical y eligieron a Antonio Mota como secretario general. Albert señaló que le fue ofrecida la dirigencia, pero la rechazó porque “sólo quería ayudar al gremio […] no quería que la gente pensara que la idea del sindicato era para apoderarme” (Gómez Junco, 2021). En marzo, Mota afirmó que, aunque no contaban con el registro gubernamental, ya sumaban 480 agremiados de la primera división profesional. Asimismo, comentó que pretendían llegar a 1 000, incluidos futbolistas de segunda y tercera división. Finalmente, destacó que comprendía la situación de sus compañeros del equipo Toluca: “De los 18 clubes, los únicos jugadores con los que se ha encontrado problemas para la afiliación son los elementos del Toluca, debido a que temen represalias de parte de la directiva”.¹⁸

Aunque el sindicato no estaba legalmente constituido varios futbolistas pidieron su apoyo. Así sucedió con Juan Carlos Sconfianza, jugador argentino del Toluca, quien entabló una demanda judicial contra el equipo por la rescisión unilateral de su contrato.¹⁹ O con los jugadores del Necaxa, quienes en mayo se negaron a entrenar porque la directiva les adeudaba 2 250 pesos.²⁰ Asimismo, el sindicato se pronunció en favor de Ignacio Basaguren, Luis Pérez, Ernesto Cisneros, Rafael Puente, Amado Palacios y Manuel González - jugadores de Atlante y América - luego de que fueran multados por la FMF con 4 200 pesos cada uno por reñir en un partido de la temporada 1970-1971. Antonio Mota señaló que la medida era “algo ilógico, ya que, por ejemplo, el portero del Atlante no gana ni cinco mil pesos; el muchacho estudia y, además, tiene que sostener un hogar”.²¹ Asimismo, agregó: “Por estos acontecimientos nos urge estar debidamente registrados, ya que así el jugador tendría más defensa, aunque también las responsabilidades serían más grandes”.²²

Mientras el registro frente al gobierno demoraba, Carlos Albert fue contactado por un poderoso personaje: Fidel Velázquez, secretario general de la CTM. A través de su yerno, el senador Jesús Yurén, se concertó una cita. Al respecto es importante enfatizar que, aunque el discurso presidencial era favorable a la formación de sindicatos independientes y a la renovación de la dirigencia del sindicalismo oficialista, este último reaccionó rápidamente para proteger el poder político que había acumulado por más de treinta años (Bizberg, 1990, p. 116). De acuerdo con Bizberg (1990), “Velázquez planteó que si bien hasta ese momento el sindicalismo había sido como un ejército que apoyaba la alianza con los regímenes posrevolucionarios […], también podía rebelarse ante cualquier gobierno” (p. 116).

Lo anterior explica no solamente el acercamiento de Velázquez con Albert, sino también la formación del Sindicato Nacional de Deportistas Profesionales, organizado por Jesús Yurén entre abril y septiembre de 1970 y afiliado a la CTM.²³ En vísperas de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, Yurén anunció: “es el momento oportuno de que los deportistas profesionales tales como jugadores de futbol, beisbol, frontón, box, luchadores y otros semejantes, se unifiquen para buscar mejores prestaciones y se termine con la época de contratos leoninos”.²⁴ Incluso, al conocerse la demanda de Albert, Ismael Martínez Hoyos, dirigente de la CTM, afirmó que el Sindicato de Deportistas “ha manifestado que prestará toda su ayuda, sin costo de ninguna especie al jugador Albert, a fin de que se le haga justicia”.²⁵

De acuerdo con Albert, en este marco tuvo lugar la reunión entre él, Velázquez y Yurén. Al ser cuestionado sobre lo que los futbolistas querían, Albert respondió: “que se respeten nuestros derechos”. Velázquez preguntó qué necesitaban. “Todo, no tenemos nada”, confesó el futbolista. De acuerdo con este, el dirigente de la CTM ofreció dinero para los líderes sindicales, oficinas y al equipo de abogados de la confederación, así como “poder en los periódicos, lo tenemos” (Gómez Junco, 2021). A cambio, debían pertenecer a la CTM y seguir todas sus instrucciones. Albert rechazó el ofrecimiento: “prefiero que nos aniquilen a poner a los futbolistas al servicio de este tipo de federaciones y sindicatos” (Gómez Junco, 2021). La hemerografía no brinda más información sobre el Sindicato de Deportistas ni si se mantuvo un vínculo entre este y el de futbolistas. Esto permite confirmar que, tal y como lo señala el testimonio de Albert, las relaciones entre ambos se rompieron y la organización promovida por Velázquez no se involucró en el balompié.

A pesar de ello, en mayo de 1971 la Asociación Sindical de Futbolistas Profesionales de la República Mexicana quedó legalmente constituida y reconocida por las autoridades mexicanas.²⁶ Esto es muy relevante, pues la Ley Federal del Trabajo establecía que los sindicatos estaban obligados a solicitar su registro en las Juntas de Conciliación y Arbitraje para obtener capacidad jurídica. Con ello podrían exigir un contrato colectivo de trabajo, al cual los patrones solían oponerse, pues establecía las condiciones laborales mínimas para todos los trabajadores (Couffignal y Buj, 1990, p. 198). Esta demanda ya era considerada por los futbolistas.

Consumado el registro, entre mayo y septiembre de 1971 el sindicato de futbolistas buscó dialogar con los empresarios del balompié. Albert recordó: “Cuando formamos el sindicato hablamos con los directivos y les dijimos: ‘por favor, escúchenos. Siéntense a platicar […] lo único que les queremos pedir es que entiendan que el futbolista es un ser humano’” (Gómez Junco, 2021). Los registros hemerográficos dan cuenta de esta postura. Antonio Mota declaró que “se les hizo una invitación a todos los dirigentes [del futbol mexicano] para una reunión en la Suite Emperador; pero no fueron […], en esa ocasión, precisamente, se les iba a explicar con detalle los planes que teníamos”.²⁷

Pese al rechazo de los empresarios - amparados por la ley - el sindicato propuso un contrato colectivo de trabajo para ser discutido y negociado. De acuerdo con los registros periodísticos, los puntos más importantes del documento referían a: la libertad de trabajar para el equipo que ellos quisieran; la inscripción de los futbolistas y sus familias al seguro social, con el fin de garantizar atención médica; la creación de un fondo para el retiro, y la asignación para los futbolistas de un porcentaje - no señalado en la prensa - por los derechos de transmisión en televisión. Sobre la atención médica y el fondo para el retiro, Mota señaló: “es de vital importancia para nosotros […], eso permitirá al jugador aumentar su estándar de rendimiento, y como con eso traerá aparejado una protección […] al jugador y a su familia, la seguridad aumentará y habrá más entrega por parte del jugador”.²⁸ Respecto de los derechos de transmisión, el secretario general enfatizó: “a los jugadores profesionales de futbol les corresponden los derechos por transmisiones de radio, televisión, cine, etcétera, como autores, ejecutores e intérpretes, basados en la Ley Federal de Derechos de Autor y Disposiciones Conexas”.²⁹ Este punto afectaba fuertemente los intereses de la familia Azcárraga, quienes transmitían los partidos por televisión. Así lo reconocía la revista Balón al señalar: “Definitivamente Telesistema no va a renunciar a esos ingresos y creemos que para nadie es un secreto que Telesistema tiene en sus manos al futbol capitalino. Y decir fútbol capitalino […] aunque duela, es decir que tiene al futbol mexicano”.³⁰

Con los canales para negociar cerrados, entre septiembre y octubre los futbolistas sindicalizados de la Ciudad de México consideraron la posibilidad de la huelga. Algunos de los jugadores más famosos manifestaron su apoyo a la organización, aunque con reservas. “Hay que trabajar para todos [...] Yo no tengo problemas en mi club, pero apoyo al sindicato”, declaró Enrique Borja, estrella del América.³¹ Por su parte, Gustavo Peña, capitán de la selección mexicana y de Cruz Azul, señaló: “Yo no tengo problemas con mi club, no tengo dificultades económicas, pero considero que el sindicato es necesario en nuestro futbol”.³² Las declaraciones de ambos permiten identificar que, a pesar de que respaldaban verbalmente a sus compañeros, en un marco de continua tensión, los jugadores más famosos buscaban proteger su posición al enfatizar que no tenían problemas en sus equipos.

Mientras esto ocurría tuvieron lugar dos acontecimientos: el segundo mundial de futbol femenil en México, y la resolución del caso de Carlos Albert. Respecto del primero, su importancia radica en que el sindicato de futbolistas se acercó a las seleccionadas cuando, en los primeros días de septiembre y después de alcanzar la final del torneo, se negaron a jugar si no recibían una remuneración por su trabajo. De acuerdo con las futbolistas, jugadores como Arturo Chaires o Gregorio Villalobos conversaron con ellas y les manifestaron su apoyo.³³ Al final, la selección femenil fue presionada por el comité organizador del mundial, la prensa y el Departamento del Distrito Federal para jugar la final. No obstante, el acercamiento por parte de algunos miembros del sindicato permite pensar que, tal vez, tenían la intención de fortalecer a la organización y sumar los intereses de las futbolistas con miras a la posible huelga. En relación con el segundo punto, a principios de octubre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó que el equipo Necaxa debía pagar 77 000 pesos a Carlos Albert como indemnización.³⁴ Esta resolución marcó un precedente positivo que pudo impulsar la confianza de los futbolistas con miras a la disputa que enfrentaban con los empresarios del balompié.

En la primera semana de octubre, el sindicato hizo llegar a los directivos la propuesta de contrato colectivo junto con el emplazamiento a huelga. Gregorio Villalobos, Gamaliel Ramírez y Arturo Chaires declararon que no se trataba de una amenaza a los clubes, sino de una formalidad, ya que la ley establecía que al presentar la propuesta del contrato colectivo debía anexarse el escrito de emplazamiento a huelga.³⁵ Ante ello, los directivos de los equipos jaliscienses castigaron a los principales líderes de la organización. El presidente del Club Jalisco, Óscar Salcedo, informó por medio de un boletín que “después de un cordial diálogo entre jugadores y directivos […] los jugadores […] desistieron de seguir perteneciendo al sindicato”. Con ello, “se terminó así la amenaza de huelga que teníamos sobre nuestro club”.³⁶ Varios días después, el periodista Víctor Latapí señaló que, de acuerdo con los líderes sindicales, a los jugadores del club Jalisco “les arrancaron su renuncia al sindicato tras haberlos secuestrado durante seis largas horas”.³⁷

En esa línea, el Club Deportivo Guadalajara puso transferibles - es decir, fuera del equipo - a 12 jugadores. En un boletín enviado a los medios de comunicación, el club informó que debido a “una serie de factores que se presentaron durante la temporada 1970-1971[…] el Consejo de Directores de común acuerdo con el Cuerpo Técnico, tomó la determinación de poner en calidad de transferibles a un número de jugadores aun cuando son elementos […] de calidad”. Los jugadores eran Arturo Chaires, Hugo Dávila, Salvador Espinosa, Refugio Estrada, Francisco Jara, Arturo Jáuregui, Arturo López, Raúl Monroy, Javier Valdivia, Gregorio Villalobos, Antonio Valdivia y Fausto Vargas.³⁸ Más tarde, Chaires añadió que, si no se concretaba su traspaso a otro club, el Guadalajara les pagaría la mitad de su sueldo durante seis meses, a pesar de que tuvieran contrato vigente. Asimismo, acusó que les indicaron “que no era obligación que fuéramos al club, que cuando fuéramos a cobrar lo hiciéramos por fuera, sin entrar”.³⁹

El equipo Atlas también amenazó a sus trabajadores. De acuerdo con Gamaliel Ramírez, el presidente del club, Juan de Dios De la Torre, junto con su equipo directivo, Rafael Sánchez Pillot y Felipe Fregoso, se reunieron con los futbolistas y se les informó que de ningún modo “se aceptarían jugadores sindicalizados […] Se les dio de plazo hasta el miércoles para que decidieran si continuaban en el sindicato. Si su respuesta era afirmativa […] indicaron que rescindirían los contratos de los que continuaran en el movimiento”. Ramírez añadió que “en mi caso particular fueron a visitarme el licenciado Sánchez Pillot y Felipe Fregoso para pedirme que desistiera del movimiento o de lo contrario saldré del Atlas”.⁴⁰

A estas medidas se sumaron las declaraciones de Guillermo Cañedo, quien “en su carácter de presidente del América y funcionario de la FIFA […] manifestó […] que no cederán los clubes capitalinos un sólo milímetro en su posición y que, si los sindicalizados desean, que […] comience la huelga”.⁴¹ De acuerdo con la prensa, las directivas de Atlante, Necaxa, Club Universidad, Cruz Azul, Zacatepec, Monterrey, Torreón y Laguna - estos últimos, del estado de Coahuila -, respaldaron la posición de Cañedo.⁴² El club Toluca tenía la situación bajo control, ya que ninguno de sus futbolistas formaba parte del sindicato. Respecto de los equipos León, Irapuato, Pachuca, Puebla y Veracruz, la prensa no reportó su postura oficial, aunque fue evidente que no respaldaron al sindicato. Esto daba cuenta de que la organización se debilitaba y los líderes más combativos - oriundos de las ciudades de México y Guadalajara - se quedaban solos.

Al ser cuestionado por los periodistas, Gregorio Villalobos acusó: “No es que amenacemos a los presidentes de los clubes. Lo que pasa es que ni siquiera se dignan a dialogar y así no podrá llegarse a ningún lado”. Desmintió, además, que el sindicato impusiera trabajadores a los empresarios. “Si el club quiere deshacerse de un jugador lo puede hacer y contratar libremente a quien quiera, pero ese elemento tendría que ser afiliado al sindicato a las setenta y dos horas siguientes”.⁴³ Gamaliel Ramírez añadió que el contrato colectivo “no fue obra de un día ni de dos. Fueron meses y muchos borradores […] no se hizo al vapor, como pudiera creerse […] Estamos buscando un beneficio para todos. ¿Está eso mal hecho?”.⁴⁴

Como última medida, los líderes sindicales de los equipos capitalinos Atlante y Necaxa, junto con el secretario general, Antonio Mota, impulsaron la huelga el 12 de octubre. Es importante señalar que la FIFA no se pronunció al respecto, pues hasta donde he rastreado, se mantuvo al margen de este tipo de discusiones hasta los años noventa. Además, no localicé manifestaciones de apoyo por parte de organizaciones como la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales o Futbolistas Argentinos Agremiados. Esto pudo deberse a que, a pesar de compartir la misma lucha y formar parte de la misma región, enfrentaban una enorme lejanía que impedía que se tuviera noticia inmediata de los acontecimientos en México; además, los futbolistas uruguayos y argentinos libraban su propia batalla, la cual derivó en la huelga de noviembre de 1971.⁴⁵

Por su parte, los jugadores mexicanos colocaron las banderas rojinegras en las instalaciones de los clubes. No obstante, luego de una reunión entre Mota, el titular de la dirección de Trabajo y Previsión Social, Manuel Yglesias, y el abogado de los equipos, Rafael Lebrija, se levantó la huelga apenas tres horas y quince minutos después de haber iniciado.⁴⁶ Semanas después, Mota declaró que desistieron porque confiaron “en la buena fe de los dirigentes, los cuales, por conducto del licenciado Yglesias, se comprometieron a estudiar seriamente las sugerencias aludidas del propio licenciado, y a contestarlas en un plazo lo más breve posible”.⁴⁷ Yglesias prometió que los directivos atenderían cinco puntos: primero, un nuevo reglamento interno en los términos de las leyes mexicanas; segundo, prestaciones de ley para los futbolistas; tercero, que no hubiera represalias contra los líderes sindicales; cuarto, contratos que garantizaran atención médica para los atletas a través de su inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social o con un seguro privado, y un fondo para el retiro.⁴⁸

Ninguno de los puntos fue atendido y el sindicato terminó por desmembrarse cuando el resto de los futbolistas renunciaron a él pocos días después.⁴⁹ Los miembros más activos del movimiento como Arturo Chaires, Carlos Albert, Armando Magaña, Gregorio Villalobos, Francisco Jara, Javier Valdivia y Antonio Mora fueron expulsados de los equipos y tuvieron que retirarse del balompié profesional. Sobre el tema, el periodista Víctor Latapí apuntó que el futbol profesional mexicano “no hace gran caso de las leyes. Usted […] puede acudir a los tribunales mexicanos para que se le haga justicia, pero […] con ese acto, ha sellado para siempre todo acceso a cualquier otro de los equipos”.⁵⁰ En el fondo, estos casos mostraron el poder que ejercían los empresarios del balompié y su complicidad con las autoridades mexicanas.

A casi 50 años de la huelga, Albert consideró que la medida de los directivos impactó fuertemente en sus compañeros. “Los federativos optaron por cortar cabezas y los demás, sin decirnos nada, ya nomás no nos contestaban, nomás ya no estaban […] el golpe que nos dieron fue mortal” (Gómez Junco, 2021). Lo anterior permite señalar que, si bien se generó cierta conciencia de clase en algunos futbolistas, la mayor parte del gremio no estaba dispuesto a enfrentar a los empresarios del futbol hasta las últimas consecuencias. Albert recordó: “Cuando tuvimos que empezar a trabajar, ya a trabajar en serio […], no quedó nadie” (Gómez Junco, 2021). Más allá de afiliarse al sindicato, la mayor parte de los futbolistas cedió a la presión que empresarios - en complicidad con autoridades gubernamentales - ejerció sobre ellos. Como consecuencia, su reconocimiento como trabajadores en la legislación vigente no fue más que letra muerta, por lo que no gozaron de prestaciones ni de la libertad para contratarse con el empleador que desearan. Ese último aspecto fue motivo de conflicto en México hasta el presente siglo (Jiménez, 2017, pp. 63-104).

A pesar de ello, el enfrentamiento con los empresarios pudo ser un factor que contribuyera a que, paulatinamente, sus salarios aumentaran en las décadas siguientes. Queda por realizar un análisis profundo al respecto en los años ochenta y noventa; sin embargo, es posible considerar lo anterior con base en el testimonio de Antonio Mota, quien en 1985 rememoró el episodio y afirmó: “en estos momentos, más que ayudar a los jugadores, una organización sindical ayudaría a los directivos. En la actualidad, los salarios de los futbolistas, ya los quisieran los profesionistas […] los jugadores exigen elevados salarios”. Asimismo, enfatizó que en 1971 “era necesario el sindicato porque, por ejemplo, en el Necaxa llegaron a debernos meses de salario […] a los muchachos […] les pagaban 500 pesos, de los cuales tenían que dejar 300 pesos para su familia y el resto para los camiones”.⁵¹

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