Los conatos separatistas en el cantón jalisciense de Lagos (1870)

Durante la gubernatura de Antonio Gómez Cuervo (1867-1871), diversas poblaciones jaliscienses intentaron anexarse a los estados limítrofes o incluso crear nuevas entidades federativas. Estos conatos separatistas¹ estaban relacionados con la inconformidad que generaron sus disposiciones para reinstaurar el orden constitucional, fortalecer la economía y combatir el bandolerismo. En un primer momento, las facciones políticas locales manifestaron su desacuerdo a través de pronunciamientos que tenían por objeto promover cambios o modificar la política gubernamental. Cuando sus demandas no surtieron el efecto deseado, las élites locales recurrieron a la segregación como un recurso para obtener en otros centros políticos la solución a sus problemáticas.

Estas pretensiones tenían cabida debido a que la federación mexicana contemplaba la posibilidad de que, ante el aumento demográfico y las necesidades de poblamiento, era posible modificar la división territorial para adecuarla a las circunstancias (Zarco, 1956, pp. 914-16). Carmagnani (2000, p. 52) define la territorialidad como la capacidad de “desarrollar históricamente” un conjunto de funciones que van configurando el sentido de pertenencia a una comunidad y le permiten fincar sus intereses sobre un territorio.

La territorialidad fue reconocida en la fracción III del artículo 72 de la Constitución de 1857, donde se estableció que el poder Legislativo tenía la facultad de crear nuevos estados dentro de los límites de los existentes. Dicha atribución no era discrecional, se ponía en marcha a partir de la petición de una población de 80 000 habitantes, que demostrara contar con los recursos necesarios para sostenerse de manera autónoma. Menos aún, podía omitir la soberanía de los estados que se buscaba fragmentar, pues era preciso escuchar el parecer de sus legislaturas. Finalmente, se buscó que fueran los propios miembros de la federación los que admitieran a los nuevos integrantes, ya que la solicitud únicamente tendría efecto si era ratificada por la mayoría de las legislaturas locales (Tena, 2017, p. 617). No obstante, este criterio sirvió para que aquellas poblaciones que no estaban conformes con los estados a los que pertenecían, solicitaran separase de ellos o buscaran crear otros.

En sus inicios, el criterio para determinar el número de estados que compondrían la federación mexicana fue el reconocimiento de los poderes territoriales que habían adquirido las provincias (De Gortari, 2010, pp. 58-60). Tratadistas como Tadeo Ortiz de Ayala o Lucas Alamán, insistían en la necesidad de establecer una división territorial que favoreciera el equilibrio entre los estados y no solo reconociera su existencia (“Introducción”, 2022, pp. 11-15). Esta reflexión entrañaba una crítica al poder que ostentaban algunos estados extensos que, debido al tamaño de su población, contaban con un mayor peso político en el Congreso de la Unión. Dicha relevancia les permitía incidir en la toma de decisiones, dando como resultado una disparidad en la representación respecto de los intereses de los estados pequeños.

Con el inicio de la guerra franco-mexicana, el territorio fue utilizado como una herramienta para frenar el avance de las tropas. En junio de 1862, el presidente Juárez decretó la división del estado de México en los distritos militares de Toluca, Actopan y Cuernavaca y así, garantizar la defensa de las poblaciones en una entidad tan vasta. Al frente de cada uno se encontraba un gobernador militar nombrado por el primer mandatario, además, los facultó para elegir a sus propios diputados e instituir un aparato de justicia. Una vez que se restituyó el régimen republicano, estos distritos militares fueron disueltos. Empero, la autonomía que habían adquirido respecto de Toluca fue esencial para pugnar por su reconocimiento como entidades federadas, el cual obtuvieron en 1869 cuando se decretó la creación de los estados de Hidalgo y Morelos (McGowan,1998, pp. 116-29). Sin duda, esta reconfiguración de la geografía política disminuyó el poderío que ejercía el estado de México.

La estrategia juarista para tener un mayor control sobre el territorio impactó a otro importante estado: en agosto de 1867 el primer mandatario decretó la creación de un distrito militar en el cantón jalisciense de Tepic. El extenso territorio de Jalisco se dividía en demarcaciones políticas llamadas cantones que comprendían departamentos y estos, a su vez, municipalidades. Con el establecimiento del federalismo, la mayoría de los estados adoptaron una organización político territorial compuesta por tres esferas de actuación. A los ayuntamientos y partidos existentes, se sumó una demarcación superior que los agrupaba, denominada departamento. Jalisco fue el único que utilizó el término cantón (De Gortari, 2007, pp. 296-300).

Los cantones estaban a cargo de un jefe político, mientras que los departamentos eran encabezados por un director político. Ambos eran nombrados por el gobernador a propuesta en terna del Consejo de Gobierno; la duración del cargo era de cuatro años (Covarrubias, 2010, pp. 451-52). A raíz de esta disposición presidencial, el estado quedó integrado por los cantones de Guadalajara, Lagos, La Barca, Sayula, Ahualulco, Autlán, Colotlán y Zapotlán (Muriá, 2022, pp. 221-33).

La intrincada geografía jalisciense dificultaba la comunicación con las poblaciones remotas. El mismo año en que Tepic fue escindido, el cantón de Colotlán solicitó su anexión a Zacatecas. La cercanía con ese estado favoreció los vínculos entre la población y su capital. La falta de un camino que facilitara la comunicación con Guadalajara, mantuvo a Colotlán al margen de las disposiciones del gobierno jalisciense. Aunque la iniciativa contó con el respaldo de las autoridades locales, careció del impulso político necesario para llevarse a cabo (Muriá, 2022, p. 207).

El año de 1870 fue particularmente convulso, el cantón de Lagos intentó en dos ocasiones erigirse como estado independiente, mientras que el cantón de Autlán solicitó su anexión a Colima (Muriá, 2022, p. 208). Pese a la profunda crisis de legitimidad que enfrentó el gobernador, ninguno de ellos logró consolidarse; sin embargo, fueron una herramienta a la que recurrieron los ayuntamientos para poner de manifiesto las deficiencias del aparato gubernamental, la incapacidad del gobierno para mantener el orden y la seguridad públicos en las poblaciones alejadas de la capital, así como el contrapeso que podían ejercer los gobiernos locales ante sus disposiciones.

Este trabajo se centra en analizar las condiciones políticas en que los ayuntamientos que integraban el cantón de Lagos optaron por segregarse de Jalisco, como un recurso para hacer frente a la inestabilidad política que se vivió en 1870. Lo anterior, con la finalidad de explicar las motivaciones que los impulsaron y las demandas que le dieron sustento a sus acciones. A pesar de que no lograron consolidar sus pretenciones, estos conatos separatistas dan cuenta de las dinámicas entre los ámbitos de gobierno estatal y municipal, así como los vínculos que entablaron las poblaciones periféricas con las autoridades de los estados limítrofes. Sobre todo, este estudio pone de manifiesto que el territorio es resultado de una serie de negociaciones y acuerdos políticos.

Una vez que el jefe del Ejército de Occidente, Ramón Corona, reinstauró el régimen republicano en Jalisco, colocó en la gubernatura a un hombre de su confianza. A inicios de 1867, el coronel Antonio Gómez Cuervo asumió las riendas del gobierno.² Para poder hacer frente a la inestabilidad política y la profunda crisis hacendaria, reanudó el proceso de desamortización de los bienes corporativos y capellanías, pues su pretensión era establecer un sistema hacendario centrado en la propiedad privada. Prohibió al clero pedir limosna sin previa autorización del gobierno y le retiró toda injerencia en los cementerios. Solicitó a quienes hubieran desempeñado alguna comisión militar durante el Imperio, acudir a la comandancia militar para registrar el tipo de encargos que cumplieron; procedería enérgicamente contra quienes incumplieran esta disposición.

La inconformidad por acatar las medidas de un gobierno provisional se hizo evidente ante el reclamo de convocar a elecciones para renovar el aparato gubernamental. La convocatoria para instituir la legislatura local, la gubernatura y los ayuntamientos constitucionales llegó de la mano con los comicios para elegir presidente de la república. El triunfo de Gómez Cuervo en la contienda electoral socavó el predominio del grupo opositor encabezado por Ignacio Vallarta (Muriá, 1981, pp. 273-78).

Uno de los principales desafíos que enfrento Gómez Cuervo durante su gestión fue el continuo estado de inseguridad, ocasionado por las bandas de salteadores. El Congreso local buscó contener la situación con el Decreto del 31 de enero de 1868, a través del cual robustecieron al gobierno con facultades extraordinarias, para que las autoridades políticas y militares pudieran imponer el destierro a los sospechosos de robo, plagio o asesinato y la pena de muerte a quien fuera capturado in fraganti. Dos meses después, fueron fusilados en Guadalajara cinco reos, a pesar de que el juez de distrito había ordenado suspender la ejecución mientras resolvía el juicio de amparo que habían interpuesto. El ministro de gobernación, Ignacio Vallarta, aprovechó las circunstancias para movilizar a la facción parlamentaria de Jalisco ante el Congreso de la Unión y acusar al gobernador de violar la disposición del juez federal.

A fin de resolver el caso, el Congreso de la Unión se erigió en Gran Jurado, ordenó la suspensión del gobernador y lo acusó de infringir la Ley de Amparo. Tres meses después, Gómez Cuervo fue encontrado culpable de abuso de autoridad e infracciones a la ley citada. En vista de que el juicio político no se encontraba reglamentado,³ la pena quedó compurgada con el tiempo que llevaba suspendido en el cargo (Muriá, 1981, pp. 279-83).

Gómez Cuervo reanudó sus labores el 15 de febrero de 1869, pero la llamarada del desacuerdo se había encendido. En enero del siguiente año inició en Sayula un pronunciamiento liderado por el jefe político, Eufrasio Carrión, que tenía por objeto la remoción de los poderes en el estado. En el plan conocido como de Sayula, acusaron al gobernador de falsear los comicios por los que había obtenido la primera magistratura del estado, de promulgar impuestos que atentaban contra la propiedad privada, de la persistencia y aumento del bandolerismo y de su falta de voluntad para organizar la Guardia Nacional.

Las autoridades de Sayula invitaron al militar que había destacado por reinstaurar el orden republicano en Jalisco, para liderear el pronunciamiento. El general Amado Antonio Guadarrama se unió sin titubeos, junto con 300 de sus efectivos, para combatir lo que consideró como “expoliaciones oficiales”. Una vez que asumió el mando, declaró el cese de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el estado. Parte de sus demandas consistieron en convocar a un Constituyente que reformara la Constitución local de 1857 e instituir nuevos poderes.⁴

Por su parte, el gobierno federal envió al jefe de las fuerzas armadas, el coronel Florentino Carrillo, para ayudar con la defensa de Guadalajara. Cuando la legislatura local le otorgó el mando militar y político de la entidad de inmediato declaró la plaza en estado de sitio. Mientras Carrillo intentaba convencer a Guadarrama de deponer las armas, el general zacatecano Trinidad García de la Cadena, que se había aliado con los sublevados de San Luis Potosí para desconocer el gobierno del presidente Juárez y exigir el respeto al orden legal, aprovechó la coyuntura política para proponerle a Guadarrama unirse a su causa. Ante esta encrucijada, Guadarrama optó por ponerse a las órdenes de Carrillo y combatir el pronunciamiento potosino, que se estaba internando en el territorio jalisciense (Salazar, 2014, pp. 9-27).

En vista de que los pronunciados de San Luis estaban avanzando desde Jalisco, el presidente Juárez envío a los generales Mariano Escobedo y Sóstenes Rocha para combatirlos. A fin de cumplir con este cometido, solicitó el apoyo de las guardias nacionales de Hidalgo, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato. Los rebeldes se dirigieron hacia Aguascalientes, donde consiguieron que el gobernador Jesús Gómez Portugal se replegara hacia Lagos. Por su parte, Escobedo y Rocha decidieron separar el ejército en dos divisiones: una perseguiría a los sublevados hacia Jalisco y la otra partiría en dirección a San Luis Potosí (Cosío, 1998, pp. 444-46).

Cuando el presidente Juárez decretó el estado de sitio en Guadalajara, Sóstenes Rocha emprendió la marcha desde la ciudad de León hacia Lagos; ahí le ordenó al general Carrillo la fortificación y defensa del puente de Tololotlán, al oriente de Guadalajara. El 15 de febrero, García de la Cadena logró sitiar la ciudad y solicitar una conferencia con la pretensión de que las autoridades jaliscienses desconocieran al gobierno juarista, pero estas rechazaron la oferta y exigieron la rendición de los insurrectos.

Sóstenes Rocha consiguió replegar a los sitiadores hasta la Hacienda de Lo de Ovejo, cerca de Tamazula, donde experimentaron una baja considerable de hombres. García de la Cadena retrocedió hacia Zacatecas y en el trayecto fue interceptado por Donato Guerra. Ante el triunfo de las tropas federales, los sublevados de Sayula no tuvieron más remedio que firmar un acuerdo en el que se comprometieron a aceptar a las autoridades del estado y a mantener la paz (Cosío, 1998, pp. 446-50; Muriá, 1981, p. 283). De esta manera, se consiguió reinstaurar la endeble paz en Jalisco; sin embargo, estos acontecimientos sembraron el descontento entre las poblaciones que fueron clave para el tránsito de las tropas (véase Figura 1).

Fuente: Elaboración propia con base en Muriá (2022, pp. 221-23). Ejecutó: Luis Alberto Hernández Alba.

El 13 de enero de 1870 la plaza de Lagos fue ocupada por una gavilla de los pronunciados en San Luis, encabezada por Felipe Torres. Al verse sin elementos suficientes para hacerles frente, el jefe político del cantón, Albino Aranda, decidió abandonar la plaza en compañía de las tropas y de algunos habitantes para dirigirse a León. A consecuencia de ello, dejaron a la ciudad y sus habitantes “sin ningún elemento de defensa, ni apoyo para la conservación del orden y la tranquilidad pública”.⁵ El alcalde Benigno Estrada tuvo la intención de hacer lo mismo, pero antes, solicitó la cooperación de los principales vecinos para que le facilitaran algunos mozos que, junto con 11 serenos, ayudarían a resguardar la ciudad, ubicándolos en las azoteas de la parroquia y el mercado.⁶

La población consideró que las medidas tomadas por el alcalde fueron insuficientes. De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, el alcalde le dio instrucciones al cabo de los serenos, Victoriano Bernales, y al comandante que custodiaba la parroquia, Paulín Barnales, de no hacer fuego a ninguno de los pronunciados, razón por la cual la gavilla de los Torres “se paseaba descaradamente por la plaza”.⁷

Ante la falta de garantías y de autoridades competentes para restablecer la tranquilidad, una parte considerable de la población de Lagos decidió resguardarse en León. Lorenzo Torres no podía ocultarle a su amigo, el licenciado Alfredo L. Torres, que el gobierno de Jalisco los había abandonado, prueba de ello era que recibían noticias de los acontecimientos a través de las autoridades leonesas. Aunque los vecinos de Lagos se habían armado, no podían resistir los ataques de las gavillas por mucho tiempo. El jefe político de Lagos permaneció en León en espera del comandante Juan Alatorre, procedente de Aguascalientes. Su ayuda era indispensable para proteger al resto de las poblaciones del cantón, especialmente Teocaltiche, que seguía expuesto al ataque de las gavillas.⁸

El comerciante Félix Gutiérrez fue uno de los habitantes de Lagos que se trasladó a León en espera de que se restituyera la tranquilidad pública. En vista de que no había esperanza de que los auxiliara el gobierno de Jalisco, decidió volver para poner a salvo a su familia e intereses personales.⁹ El 27 de enero se reunió con un grupo de amigos en la huerta de Gabriel Mosiño, con el fin de encontrar una solución al vacío de poder pues, a pesar de que la población le había solicitado al alcalde que se hiciera cargo de la situación, este se excusó “con una neutralidad que en lugar de favorecer los perjudicaba”, argumentando que su autoridad no lo facultaba para hacer frente a las circunstancias. Abandonados por las autoridades políticas, sin alumbrado público ni policía y, tomando en consideración que su deber como ciudadanos era velar por la salvaguarda de sus intereses y el de sus familias, acordaron levantar un acta.¹⁰

A la mañana siguiente, Pedro Muñoz Moreno, empleado de la Tesorería federal, se dirigió a la imprenta de Antonio Torres Escoto para encargar varios ejemplares del acuerdo al que habían llegado el día anterior. A la 1:00 de la tarde se reunió en la plaza de armas con Sabás Cantera, Trinidad y José María Martín del Campo. Una vez que sonó el repique de campanas de la parroquia y se lanzaron unos cohetones para congregar a la población, hicieron pública el acta en la que declararon que el cantón de Lagos se separaba de Jalisco para formar el Estado Libre y Soberano de Moreno, en honor al insurgente Pedro Moreno.¹¹

En el acta se expresó que el gobierno del estado de Jalisco veía con desprecio los intereses de las poblaciones del cantón de Lagos, abandonándolos a su propia suerte, sin proporcionarles “algún medio de progreso”. Puesto que contaban con los elementos que solicitaba la Constitución federal de 1857 para crear nuevos estados, concluyeron que podían elevarse al rango de estado.¹²

En seguida se hizo una reunión en el salón de sesiones del ayuntamiento, en la que se nombró a Pedro Muñoz Moreno como gobernador provisional y comandante militar.¹³ Lo facultaron para organizar la Guardia Nacional en todos los pueblos de la demarcación, “a fin de que se respeten sus propiedades y derechos”. Para ello podía hacer uso de las rentas que hasta ese momento pertenecían al estado de Jalisco. Finalmente, se enviaría un aviso al resto de los ayuntamientos del cantón para que secundaran la idea y así, solicitar la anuencia del Congreso de la Unión.¹⁴

Cuando el alcalde Benigno Estrada tuvo conocimiento de lo sucedido, acudió a los serenos y le ordenó al cabo de guardia que sofocara el alboroto. De acuerdo con su declaración, tenía fundamentos para sospechar que habían sido sobornados por los cabecillas del movimiento separatista. Sin elementos suficientes para enfrentar esta situación, tomó la determinación de trasladarse inmediatamente a León.¹⁵

La idea de que las poblaciones que conformaban el cantón de Lagos podían integrar un estado no era nueva. El 23 de diciembre de 1823, el representante de ese distrito, Cirilo Gómez Anaya, presentó ante el pleno del segundo Congreso Constituyente, una iniciativa para que Lagos se erigiera en un estado independiente a Jalisco. Al poco tiempo, el gobierno jalisciense envió una representación en la que el ayuntamiento de esa villa declaró que había preguntado a los ciudadanos su parecer, a lo que respondieron de manera unánime que su voluntad era permanecer unidos a Jalisco. Las autoridades municipales reconocieron que “los repetidos disgustos” que había experimentado la población con el gobierno anterior, motivaron a los vecinos para segregarse, pero con el establecimiento del estado habían dejado de subsistir tales inconformidades.¹⁶

Los intentos de autonomía por parte de Lagos no cesaron. En 1863, los cantones de Lagos y La Barca solicitaron al presidente Juárez que los uniera para crear un distrito militar o, en todo caso, anexarse al estado de Guanajuato (Olveda, 2001, p. 38). Como ya se mencionó, integrarse como distrito militar les permitiría a estas poblaciones gobernarse de manera autónoma. Sin embargo, la propuesta fue desestimada.

La falta de apoyo por parte del gobierno jalisciense y el constante estado de inseguridad, llevó a los laguenses a considerar que la segregación era la respuesta a la situación “tan angustiosa” por la que atravesaban. Conforme a la acordado en el acta de creación del Estado de Moreno, el gobernador interino le hizo llegar a las poblaciones del cantón su iniciativa para que la respaldaran. En la comunicación que envió al ayuntamiento de San Juan, adujo que Jalisco los había abandonado a su suerte y dejado expuestos a los avatares de la anarquía, es por eso, que los “fatigados vecinos” habían tomado la determinación de proclamar la segregación.¹⁷

El jefe político del cantón regresó a Lagos para tratar de instaurar el orden, declaró que el grupo separatista había reconocido inmediatamente su autoridad y prestado espontáneamente sus servicios a fin de no soliviantar los ánimos y mantener la tranquilidad pública. Albino Aranda admitió que se trataba de personas merecedoras de su confianza.¹⁸ Sin embargo, en marzo fue sustituido por Juan Alatorre, a quien el gobernador le dio instrucciones para iniciar una averiguación sobre lo que calificó como un pronunciamiento. En la indagatoria, Alatorre encontró que entre los firmantes del acta se encontraban algunos miembros del ayuntamiento, por lo que Gómez Cuervo le indicó que debía cesarlos en sus funciones e iniciar una sumaria por el delito de sedición.¹⁹

Derivado del interrogatorio realizado por Alatorre se encontró que únicamente siete de los firmantes del acta habían participado en los acontecimientos del 28 de enero. Pedro Muñoz Moreno declaró que, como empleado de la federación creyó que su deber era salvaguardar los intereses de las rentas; en ausencia de la autoridad política veló por el orden y las garantías de los ciudadanos, sin que para ello hubiera recurrido a ninguna contribución o préstamo forzoso.²⁰ El fiscal de Distrito que revisó el caso, concluyó que los participantes de los acontecimientos no eran culpables del delito de sedición; en todo caso, correspondía a las autoridades federales conocer al respecto, puesto que la proclama interfería en las atribuciones que la fracción iii del artículo 72 de la Constitución de 1857 le concedía al Congreso de la Unión para establecer nuevos estados.²¹ En vista de lo anterior, el gobernador le indicó al jefe político que reestableciera las cosas al estado que guardaban anteriormente, por ser competencia de las autoridades federales resolver al respecto.²²

El alcalde Benigno Estrada le solicitó al gobernador una explicación, ya que la resolución había generado una acalorada discusión en el seno de la corporación municipal, que la consideró contraria a sus intereses. La inconformidad del alcalde era evidente, amenazó con renunciar si no se aclaraba el asunto y le recordó al gobernador que acorde a la fracción iii del artículo 21 sobre la administración pública, los ayuntamientos tenían la libertad de nombrar a sus empleados; por lo que confiaba en que el gobierno del estado respetara las garantías concedidas a las municipalidades.²³

Por su parte, los regidores Manuel Parada, Miguel Moreno, Luis Centeno y José María Martín del Campo, acusaron al alcalde de negarse a cumplir la disposición del gobernador, le recordaron que su deber era publicar y cumplir los acuerdos, aunque no fueran conforme a su opinión. Por lo que recurrieron a Gómez Cuervo para que exhortara al alcalde a no extralimitar sus atribuciones.²⁴ Al final, los munícipes fueron restituidos en sus cargos y el intento por crear el Estado de Moreno fue disuelto, pero se mantuvo como un antecedente para que el deseo de segregación reapareciera en esa población.

El 25 de julio de 1870 cinco miembros del ayuntamiento de Lagos firmaron un acuerdo en el que expresaron su consentimiento para formar parte de un nuevo estado que estaría integrado por el cantón de Lagos y algunas poblaciones guanajuatenses.²⁵ La propuesta provenía del ayuntamiento de León que, como representante de esa municipalidad, acordó invitar a las poblaciones circunvecinas para unirse y crear una nueva entidad que llevaría el nombre de Estado del Centro (El ayuntamiento de León…, 1870, p. XIII).

La iniciativa para crear esta nueva entidad surgió de una élite local con vínculos comerciales y familiares entre las ciudades de Lagos y León.²⁶ Los acontecimientos de enero fueron cruciales para que tomaran la determinación de unir sus deseos de autonomía con el descontento de las poblaciones jaliscienses. El tiempo en que la población de Lagos emigró a la ciudad de León debío ser decisivo para que proyectaran unir sus fuerzas y crear un nuevo estado. Con la anuencia del ayuntamiento leonés, iniciaron las gestiones para enviar la solicitud al Congreso de la Unión.

El ayuntamiento laguense acordó remitir una invitación a las poblaciones que pertenecían al cantón de Lagos, para que manifestaran su anuencia de unirse al nuevo estado, el cual estaría compuesto por los ayuntamientos jaliscienses de Lagos, Villa de la Unión o Adobes (hoy Unión de San Antonio), Encarnación, Teocaltiche, Mexticacán, Paso de Sotos (hoy Villa Hidalgo), San Juan, Jalostotitlán y San Miguel el Alto. Así como de los ayuntamientos guanajuatenses de San Felipe, el pueblo de San Juan de Ocampo, Piedragorda (hoy Manuel Doblado), Purísima, San Francisco del Rincón y León; este último sería la capital (El ayuntamiento de León…, 1870, pp. III-V)

Los promotores del proyecto expresaron que sus motivaciones consistían en unificar las aspiraciones de estos pueblos y con ello “remediar las necesidades de algunos y fomentar las riquezas de otros” (El ayuntamiento de León…, 1870, pp. XIV-XV). Esta declaración tuvo en consideración el deseo que expresaron los ayuntamientos que mostraron su aquiescencia de mejorar las condiciones de seguridad y el abatimiento económico que experimentaron a raíz la guerra franco-mexicana. Este era el caso de los vecinos de la villa de Adobes que, tal y como sucedió con los laguenses durante los acontecimientos de enero, se trasladaron a la ciudad de León para guarecerse del asalto constante de las gavillas. Es probable que una vez ahí, se convencieran de las ventajas que podrían adquirir incorporándose a una entidad menos extensa. La cercanía con la capital no solo facilitaría la comunicación, sino que les permitiría acelerar la resolución de los asuntos públicos (El ayuntamiento de León…, 1870, pp. XV-XVI, 96-98).

Un mes después de que el ayuntamiento de Lagos resolvió unirse al Estado del Centro, cuatro regidores que no habían asistido a la sesión en que se suscribió el acuerdo, trataron de impugnarlo recurriendo a una argucia legal. En su opinión, habían infringido las Ordenanzas Municipales vigentes, que exigían sesión plena para la resolución de asuntos de gran calado. Además de haber omitido los trámites ordinarios, puesto que únicamente estuvieron presentes cinco de los nueve concejales. Por lo que era menester anular dicha resolución.²⁷

La respuesta de los llamados regidores separatistas, a los señalamientos de sus compañeros unionistas de haber extralimitado sus facultades, no se hizo esperar.²⁸ Les recordaron a sus compañeros que su ausencia habitual a las sesiones no había impedido el funcionamiento de la corporación, ya que las propias ordenanzas municipales establecían que “la mayoría de los regidores nombrados” formaban ayuntamiento. Por consiguiente, la resolución en cuestión ostentaba toda la fuerza y validez que les otorgaba su carácter de representantes de los intereses de la comunidad.²⁹

Aunada a la oposición de los munícipes, el Club de la Paz realizó labores para refutar la adhesión al Estado del Centro. Se trataba de un grupo de vecinos organizados a raíz del pronunciamiento de enero, con el objeto de mantener la tranquilidad y seguridad públicas en esa ciudad.³⁰ Esta organización tenía una publicación semanal titulada El Sentimiento Popular, que fungió como palestra para impugnar la iniciativa leonesa. Si bien, estaban de acuerdo con el derecho que les concedía la Constitución a los pueblos para crear nuevos estados, no alcanzaban a vislumbrar las ventajas que traería consigo la unión de poblaciones disímiles como las que compondrían al Estado del Centro. En su opinión, “los dolores y depredaciones” que había experimentado el cantón de Lagos en los años recientes, no eran motivo suficiente para separarse de Jalisco; por el contrario, la unidad y armonía eran las únicas condiciones necesarias para alcanzar el anhelado progreso.³¹

El 27 de julio de 1870 el gobernador de Guanajuato, Florencio Antillón, se comunicó con Antonio Gómez Cuervo, para hacerle saber que el ayuntamiento de León pretendía formar un nuevo estado con poblaciones de Jalisco. Como representantes de sus respectivos estados, era su deber frenar un proyecto que estaba motivado por la ambición de una agrupación que no había conseguido ampliar su poderío. Por tanto, era necesario implementar las medidas que fueran necesarias para impedir que la iniciativa se discutiera en el Congreso de la Unión.³² Gómez Cuervo envío comisionados a las poblaciones que habían recibido la invitación para integrar el Estado del Centro, con la finalidad de persuadirlas sobre los inconvenientes que enfrentarían con su segregación (El ayuntamiento de León…, 1870, pp. XXIV-XLII). El jefe político de Lagos, Juan Alatorre, solicitó la ayuda de las autoridades políticas del cantón para recabar firmas que probaran el desacuerdo de las poblaciones, mientras que en Lagos se comisionó nada menos que al líder del pronunciamiento en Sayula, Amado Antonio Guadarrama, para realizar esta labor.³³

La estrategia de Gómez Cuervo para combatir el proyecto leonés fue efectiva. Los ayuntamientos del cantón de Lagos redactaron ocursos en los que manifestaron su rechazo a formar parte del Estado del Centro. Estos documentos fueron enviados al Congreso de la Unión como prueba de que el proyecto carecía de la base fundamental para su creación: la voluntad de la población con que se habría de formar.³⁴ En ellos se esgrimieron una serie de argumentos que sirvieron para dar a conocer su opinión sobre la pretendida entidad y poner de manifiesto los elementos que le atribuyeron al territorio jalisciense para defender su integridad.

El ayuntamiento de San Juan dejó claro que no había prestado “la más pequeña cooperación” a la iniciativa leonesa. La corporación municipal apeló a la falta de legitimidad del proyecto para impugnarlo e interpretó que, de acuerdo con la Constitución de 1857, era necesario que los 80 000 habitantes expresaran su voluntad de manera unánime para que pudiera erigirse una nueva entidad. En vista de que las poblaciones del cantón se estaban manifestando en contra de esta iniciativa, quedaba claro que no podían aceptarla. La única ventaja que vislumbraban era la cercanía a la capital, motivo insuficiente para que los vecinos de esa municipalidad prescindieran del “estrecho deber de gratitud” al suelo que los vio nacer.³⁵

El cabildo de San Miguel el Alto no encontró ninguna ventaja que pudiera tomarse en consideración para separarse de Jalisco, estado por el que “naturalmente tenían simpatías”. A pesar de la situación por la que habían atravesado en tiempos recientes, la cual calificaron como una excepción al régimen de gobierno, Jalisco no había dejado de brindarles las garantías necesarias para su existencia. Afirmó que había acordado contactar a su representante ante el Congreso de la Unión, el diputado Estanislao Cañedo, para que hiciera valer su negativa ante la representación nacional.³⁶ Por su parte, los vecinos de ese municipio manifestaron que no tenían simpatía alguna por la ciudad de León; consideraban que la extensión del nuevo estado sería tan corta que les impediría contar con los elementos necesarios para garantizar su sostén.³⁷

La corporación municipal de Jalostotitlán creyó que el nuevo estado podía llegar a ser beneficioso para León, pero la población a la que representaban enfrentaría consecuencias fatales. Aunque también reconoció que había “sufrido grandemente” la inseguridad y los vaivenes políticos de los últimos años, la situación se debía a las personas y no a la entidad a la que pertenecían. Pese a haber enfrentado las situaciones “más angustiosas”, prefería permanecer fiel a un estado rico y poderoso como Jalisco, que a uno pobre en recursos como lo sería el del Centro.³⁸

Los indígenas del pueblo Mesquitic aludieron a los ajustes financieros que debían realizarse al momento de establecer los poderes y el aparato gubernamental en la nueva entidad, para manifestar su negativa. Esta situación traería consigo “males tan ciertos y evidentes” que les impedían apoyar el proyecto.³⁹ Los vecinos del pueblo de San Miguel de Acasico y el ayuntamiento de Paso de Sotos también rechazaron la iniciativa leonesa en los términos anteriores, protestaron su fidelidad y gratitud al estado que “como fiel padre” les había brindado educación y protección.⁴⁰ El argumento económico tuvo un peso preponderante en la postura que adoptaron los vecinos y el ayuntamiento de Mesticacán, para quienes el estado de miseria en el que se encontraban, ocasionado por la guerra, se agudizaría perteneciendo al Estado del Centro, ya que su gobierno tendría que imponer cargas onerosas a sus habitantes para institucionalizar el aparato gubernamental.⁴¹

El cuerpo edilicio de Teocaltiche también pronunció su disconformidad. Si bien la causa que perseguían los leoneses era legal no era “conforme a las reglas y máximas de una política sana”, ya que al intentar crear un estado cuyas partes diferían en hábitos, usos y costumbres, daría como resultado un monstruo incapaz de sostenerse a sí mismo.⁴² Además de que la nueva entidad carecería del equipamiento institucional que le daba prestigio a Jalisco. Esta situación acarrearía la “miseria, postración y debilidad” a los pueblos que conformarían la pretendida entidad. Incluso cuestionó el carácter de la fracción iii del artículo 72 de la Constitución de 1857; en su opinión, el criterio demográfico no era suficiente para justificar la creación de un estado, si esa fuera la intención del párrafo las poco más de 8 000 000 de personas que habitaban la república podrían ejercer ese derecho, dando como resultado una federación compuesta de 103 estados. Por el contrario, el criterio que permeaba en la división territorial del país era el de la tradición histórica, la cual se debía conservar a toda costa. En suma, el Congreso de la Unión debía poner “sabias restricciones” a la fracción citada, con el objeto de prevenir que cualquier población pretendiera romper los lazos que unían a los pueblos.⁴³

Finalmente, el ayuntamiento de la villa de la Encarnación mencionó que estaba en contra de cualquier tentativa que tuviese por objeto separarlo del estado al que había pertenecido “por derecho y costumbre”, el cual tenía por capital a una de las ciudades más civilizadas del continente. La prudencia aconsejaba que no era conveniente hacer alteraciones al “orden natural de las cosas”; es decir, a aquel que era fruto de las relaciones entabladas desde tiempos inmemoriales. Los pueblos que habían crecido bajo la “sombra tutelar” de un mismo gobierno, estaban unidos por un vínculo indivisible, lo contrario no solo atentaba contra esos lazos sociales, sino que vulneraba el principio de soberanía de los estados. Ante la expresa voluntad de sus comitentes, y siendo evidente la oposición de las poblaciones jaliscienses, el Congreso de la Unión no tenía más remedio que respetar el principio de soberanía de los estados.⁴⁴

Además de combatir el proyecto leonés a través de sus comisionados, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato dieron instrucciones a los diputados federales de sus respectivos distritos, para incidir en la opinión pública a través de la prensa nacional y convencer a sus compañeros de legistura de votar en contra. El gobierno jalisciense expresó enfáticamente que nunca consentiría en la desmembración de su estado.⁴⁵

La iniciativa para erigir el Estado del Centro se discutió sin éxito en la v Legislatura (1869-1871). Pese a que las comisiones de División territorial y Segunda de puntos constitucionales solicitaron a las legislaturas de los estados de Jalisco y Guanajuato entregar un informe en el que debían exponer su postura sobre la conveniencia de dicha propuesta, conforme a lo dispuesto en la Constitución, ambas legislaturas retrasaron tanto como les fue posible su entrega (Diario de los Debates, 1873, pp. 66-69).⁴⁶ En 1870, el presidente del Congreso guanajuatense mencionó que, gracias al rechazo de la población, la amenaza territorial había quedado aislada.⁴⁷

La estrategia de las facciones de los distritos jaliscienses y guanajuatenses ante el Congreso de la Unión fue alargar la discusión en el pleno, utilizar las elecciones presidenciales de 1871 como distractor y esperar a que la petición fuera desestimada en la vi Legislatura (1871-1873);⁴⁸ sin embargo, las propuestas para crear nuevos estados causaron tanto revuelo, que la Asamblea legislativa acordó reformar la fración iii del artículo 72 de la Constitución de 1857.

Durante las discusiones a la reforma se vertieron argumentos útiles para comprender la esencia de este precepto constitucional en el marco del federalismo mexicano. El territorio es uno de los elementos constitutivos de la federación; las partes que la integran son consideradas como sujetos políticos con capacidad de representación propia y soberanía sobre la extensión de su territorio (Arroyo, 2011, pp. 123-25). En ese sentido, los asambleístas esgrimieron que no podían apoyar una iniciativa contraria a una federación cimentada en el respeto a la soberanía de sus partes, eso sería como atentar contra las condiciones que le daban sustento a su existencia. Por lo que hacían un llamado a detener “la ligereza” con que se habían creado nuevas entidades (Diario de los Debates, 1873, pp. 239-43).

En contra parte, los diputados que apoyaban la creación de nuevos estados señalaron que los Constituyentes de 1856 tuvieron en consideración la necesidad de crear una federación que acotara la soberanía de los estados, con la finalidad de que “el todo fuera superior a las partes”. Al respecto, el diputado José Rosas Moreno señaló que el objetivo de la fracción en cuestión era dejar que las circunstancias, necesidades y aspiraciones de la población fueran expresadas para organizarse “como mejor convenga a sus intereses”, puesto que ahí radicaba el elemento de conformación para los estados (Diario de los Debates, 1873, pp. 242-43, 269).

Finalmente, la reforma amplió los requisitos para erigir nuevos estados. En adelante, era necesaria una población de 120 000 habitantes y la iniciativa debía ser aprobada por dos tercios de los diputados y senadores; además, se requería escuchar la opinión del Ejecutivo federal y se impuso un plazo para que tanto este, como las legislaturas de cuyo territorio se tratase, entregaran sus respectivos informes (Tena, 2017, p. 702). De esta manera, los impulsores del Estado del Centro reconocieron la imposibilidad de constituirlo.

A pesar de oponerse a la creación del Estado del Centro, la Villa de la Encarnación tenía motivos más profundos para rechazar esta propuesta. A mediados de 1870, algunos vecinos se acercaron a la corporación municipal para que, en su calidad de representante, enviara un documento al gobierno de Aguascalientes solicitando su anexión a ese estado. El ayuntamiento nombró a una comisión para recabar firmas de anuencia y el 1 de junio partió una comitiva hacia la capital aguascalentense con la encomienda de entregar los documentos que avalaban dicha petición.⁴⁹

Los argumentos que esgrimieron se encontraban en la misma tónica que se ha venido exponiendo: la falta de garantías, la nula o escasa protección de las autoridades públicas y la indiferencia con que el gobierno de Jalisco había visto a esa población. El ayuntamiento de Encarnación estaba convencido de que era su deber procurar el bienestar de los comitentes que le habían confiado sus intereses. Hasta ese momento, la villa había permanecido unida a un estado poderoso porque temía que su petición tuviera poco peso ante el influjo de Guadalajara, pero una vez que fueron arrastrados por la “poderosa mano de la necesidad” y teniendo en consideración que los pueblos no eran propiedad unos de otros, tomaron la determinación de anexarse a Aguascalientes, con quien tenían mayor afinidad.⁵⁰

Esa era la tercera vez que los habitantes de Encarnación buscaban integrarse al estado de Aguascalientes.⁵¹ La población mantenía un “natural sentimiento de gratitud” para con ese estado, ya que no solo tenían relaciones familiares y comerciales en común, sino que la cercanía con su capital favorecía la comunicación con ese gobierno que en más de una ocasión había acudido en su auxilio. La distancia respecto de Guadalajara fue el principal motivo por el que deseaban separarse: su ubicación retrasaba la marcha de los asuntos públicos, las disposiciones del gobierno de Jalisco demoraban hasta 20 días en llegar; la situación era similar si se trataba de hacer una solicitud.

La inseguridad fue la segunda motivación en la que se basó el ayuntamiento. Si bien el bandolerismo era moneda corriente en la región de Los Altos de Jalisco, la condición fronteriza de Encarnación la mantenía aislada de las autoridades políticas del cantón y a expensas de las gavillas, como si se tratara de una “pequeña caravana clavada en el desierto”. El cabildo señaló que a pesar de que el líder guerrillero Juan Chávez había muerto el año anterior, dejó asentados a un sin número de bandidos que asediaban constantemente a los vecinos. Ante la falta de respuesta por parte del jefe político y el “temor y desaliento” de la población, tuvieron que organizarse para defender sus intereses o, en el peor de los casos, abandonar sus viviendas.⁵²

Los reclamos expuestos por la corporación municipal eran fundados. Desde que estalló la guerra franco-mexicana, las poblaciones que se encontraban en los límites de los estados de Jalisco y Aguascalientes fueron asoladas por las gavillas capitaneadas por Juan Chávez. Estos grupos apoyaron la causa conservadora en la región, tanto en la Guerra de Reforma como durante el Segundo Imperio. Las tropas francesas lograron tomar la ciudad de Aguascalientes en 1863 y someter al gobierno constitucional hasta que fue recuperada por el ejército republicano en diciembre de 1866. Ante la inminente caída de Maximiliano, personajes que habían sido claves en la región, asumieron las riendas de los estados recuperandos para la causa republicana. Este fue el caso del coronel Jesús Gómez Portugal, que recibió el mando del gobierno de manera provisional. Chávez permaneció en el anonimato hasta que en 1868 inició un pronunciamiento en Encarnación, que tenía por objeto apoyar a Leonardo Márquez en la reinstauración del Imperio. Durante este periodo, la villa recurrió al gobierno Aguascalientes en busca de ayuda que, debido a la cercanía, acudía con prontitud a su llamado (Carlos, 2023, pp. 114-17; Flores, 2019, pp. 101-32).

Cuando las tropas de los pronunciados de San Luis asediaron Teocaltiche y Encarnación, la ayuda llegó procedente de Aguascalientes. Además de los lazos familiares y comerciales que unían a la villa con ese estado, la población sentía agradecimiento hacia su gobierno, que había mostrado tener mayor capacidad de actuación, motivo por el cual gran parte del vecindario vislumbró que su destino estaría mejor en sus manos. El director político del departamento de San Juan, Germán Barba, creía que las razones expuestas por los vecinos y el ayuntamiento de Encarnación no eran “de buena ley”, puesto que la situación no era exclusiva de esa villa, sino de la mayoría de las poblaciones del estado que habían tenido que resistir los embates de los facciosos. La situación de abatimiento en la que se encontraban, no era motivo suficiente para culpar al gobierno de Jalisco o a sus autoridades. Desconcertado se preguntó: “¿Cuáles son los perjuicios que se ocasionaron a esa villa y en qué consisten para que obligase a sus autoridades y vecinos a mostrarse tan descontentos y pedir su segregación?”.⁵³

Barba reconoció que Jalisco había sido “el teatro donde se presentó el drama sangriento” de una serie de pronunciamientos, pero en cuanto tuvo conocimiento de ellos, puso en movimiento los recursos a su alcance para solicitar el auxilio necesario. La prueba de que no había omitido ningún medio para garantizar el bienestar de Encarnación fue la comunicación que entabló con el gobernador de Aguascalientes, Jesús Gómez Portugal, para combatir los constantes ataques de las gavillas que asolaban la demarcación a su cargo. Como sucedió a finales de febrero, cuando en la “solemnidad de la noche” organizó a los vecinos de la villa para prevenir una emboscada de la gavilla que se hacían llamar “El frasco”. En vista de que sus recursos eran insuficientes, pidió ayuda al gobierno de Aguascalientes. Días después llegó un piquete de caballería comandado por Romualdo Dávalos que logró confiscar 38 animales robados en Teocaltiche.⁵⁴

Aunada a la inseguridad, se encontraba la situación particular de Encarnación, pues Barba le mencionó al gobernador Gómez Cuervo que se trataba de una población aislada, sin pueblos que la circundaran, conformada únicamente por rancherías. El director político de San Juan supuso que el motivo de esta segregación era el interés de convertirse en partido, pero dudaba que esto pudiera suceder, ya que para ello era necesario otorgarle la categoría de pueblo a las rancherías, las cuales carecían de población apta para conformar el cabildo. Si bien la cercanía con la capital de Aguascalientes facilitaría la comunicación, sería insuficiente para mejorar sus condiciones. Por último, lamentó que una población nutrida por la educación que le brindó Jalisco, viera con desdén los beneficios que había obtenido al pertenecer a uno de los estados más poderosos de la nación.⁵⁵

En respuesta a las observaciones del director político de San Juan, el abogado Vicente Calvillo escribió un extenso documento en el que aseguró que la deficiencia en la seguridad pública había sido el motor que impulsó a los habitantes de Encarnación para solicitar su anexión a Aguascalientes y aseguró categóricamente que solo habían experimentado la paz gracias a ese gobierno. Dicha petición no estaba fundada en “circunstancias accidentales y de influencia pasajera”, sino en los efectos permanentes que el aislamiento de la villa había dejado en la población.⁵⁶

Calvillo afirmó que su solicitud no faltaba al respeto que profesaban por Jalisco; más bien, buscaba cumplir con el precepto de los publicistas en el que se exhortaba a que la acción del gobierno fuera pronta y eficaz. En Aguascalientes, el influjo del gobierno sería “más pronto dando resultados favorables”. Aunque reconoció que su situación no se debía a la falta de voluntad por parte del gobierno jalisciense para atender las necesidades de sus pueblos, el estado de abatimiento en el que se encontraban era resultado de una acción “bastante coartada” en las poblaciones distantes de la capital. Los habitantes de Encarnación no se basaban en la hipótesis de que la proximidad los favorecía, sino en todos los momentos en que el gobierno aguascalentense les había brindado su auxilio. Precisamente esa cercanía traería consigo la celeridad en la resolución de los asuntos públicos. Para esa población ya no bastaba con pertenecer a un estado poderoso, sino que era necesario contar con un gobierno que pudiera atender sus necesidades de manera oportuna, como lo hacía el de Aguascalientes, cuyos recursos podían no ser tan abundantes como en Jalisco, pero sí eficaces para resolver las problemáticas locales.⁵⁷

El jefe político de Lagos, Juan Alatorre, le informó al gobernador que tenía temores fundados para suponer que su homólogo, Jesús Gómez Portugal, había emprendido la marcha rumbo a la Ciudad de México para entregar al Congreso de la Unión los documentos que le hizo llegar la población de Encarnación, por lo que solicitó instrucciones para enfrentar la situación.⁵⁸ Gómez Cuervo le indicó que agotara todos los medios que le dictara la prudencia para persuadir al ayuntamiento y vecindario de Encarnación sobre la inconveniencia de sus pretensiones y que retiraran la solicitud. En caso contrario, dictaría las providencias “más severas contra los promotores de la segregación”.⁵⁹ Al poco tiempo, el director político de San Juan reportó que los principales vecinos y autoridades de la villa habían mostrado su consideración y respeto al gobierno de Jalisco, convencidos de las ventajas que obtendrían unidos a ese estado.⁶⁰

La coerción que ejerció el gobierno de Jalisco sobre los habitantes de Encarnación no impidió que el gobernador de Aguascalientes les brindara su apoyo. En una editorial publicada en el periódico oficial de ese estado manifestó las ventajas de pertenecer a una entidad pequeña en donde la acción del gobierno era expedita, mientras que en las de mayor extensión los pueblos de la periferia vivían alejados de la mirada del gobernante y eran presa fácil del desorden y las revoluciones.⁶¹

Gómez Portugal estaba convencido de que la división territorial debía ser acorde a los intereses de la población, se refería a la libertad de los pueblos por decidir a qué estado pertenecer. Su argumento partía del supuesto de que las poblaciones conocían mejor sus necesidades y podían emprender las medidas que consideraran oportunas para procurar su bienestar. Esa conciencia estaba cobrando fuerza, prueba de ello era la colaboración que prestó el estado de México para hacer frente a las circunstancias apremiantes de la guerra franco-mexicana, accediendo a fraccionar su territorio en tres distritos militares, con el fin de “triplicar el contingente de gente y dinero”. Esta medida les permitió a esas poblaciones reclamar el reconocimiento para existir como estados independientes. ⁶²

Del mismo modo, Aguascalientes buscaba encontrar un mecanismo para combatir la representación avasalladora que ejercían estados poderosos como el de México o Jalisco en el Congreso de la Unión. La manera de obtener mayor equilibrio entre las partes que conformaban la federación era fraccionarlos hasta donde fuera posible, a fin de que los intereses de los estados pequeños no fueran vejados por los intereses de los grandes. Sin embargo, el poderío de estos era tal, que la oposición de los pequeños resultaba insuficiente para crear una división territorial que ayudara a los de menor influencia a solventar la necesidad de contar con un mecanismo de representación territorial ante la falta de Senado.⁶³

Durante su mandato, Jesús Gómez Portugal (1867-1871) impulsó una reforma fiscal basada en la abolición de las alcabalas y el aumento de las contribuciones directas; específicamente se centró en grabar la propiedad privada, su objetivo era que los individuos con mayor riqueza pagaran más impuestos. En el fondo, necesitaba que las finanzas públicas dejaran de depender de los préstamos forzosos a los que recurrían para cubrir un presupuesto centrado en el gasto militar (Delgado, 2024, pp. 104-11).

Como parte de su proyecto de gobierno, que buscaba aumentar las exiguas arcas del estado, Gómez Portugal buscó extender sus límites territoriales. En enero de 1868 los diputados federales por Aguascalientes presentaron una iniciativa ante el Congreso de la Unión para anexar a ese estado los cantones de Lagos y La Barca, en Jalisco y el partido de Pinos, en Zacatecas. Los diputados argumentaron que, debido a su reducida extensión territorial, Aguascalientes contaba con pocos elementos para garantizar su prosperidad. Esta propuesta pretendía aumentar el comercio y la industria, con ello subsanar la disparidad que existía entre las partes que integraban a la federación, elementos que eran necesarios para su buen funcionamiento. La Asamblea acordó enviar la propuesta a las legislaturas locales para que expusieran su parecer.⁶⁴

Sin embargo, la respuesta de las legislaturas locales demoró tanto que, cuando tuvo conocimiento de la iniciativa para crear el Estado del Centro, Gómez Portugal se puso en contacto con su homólogo en Guanajuato, Florencio Antillón, para ofrecerle que los representantes de los distritos aguascalentenses ante el Congreso de la Unión votarían en contra, a cambio de que los diputados de los distritos guanajuatenses votaran a favor de aumentar los límites territoriales de Aguascalientes.⁶⁵ Aunque Gómez Portugal logró convencer a varias legislaturas locales de apoyar su causa, no contó con la anuencia de las legislaturas de Querétaro, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Coahuila y Guerrero. Por su parte, las autoridades del partido de Pinos manifestaron enérgicamente su desacuerdo por separarse de Zacatecas; la opinión del representante de ese distrito, el diputado federal Jesús García Elías y de la legislatura zacatecana estuvieron en la misma tesitura.⁶⁶ Esta oposición bastó para que las aspiraciones del gobernador fueran desestimadas.

Como parte de las medidas que adoptó el gobierno de Jalisco para frenar los conatos separatistas en el estado, la iii Legislatura local decretó la creación de los cantones de Mascota y Teocaltiche, el 18 y 26 de junio de 1870 respectivamente. El cantón de Teocaltiche fue creado para disminuir el territorio del cantón de Lagos, comprendía las municipalidades de San Miguel el Alto, Jalostotitlán, Mexticacán, Paso de Sotos, Michoacanejo, Encarnación y Teocaltiche. Mientras que el cantón de Mascota se instituyó a causa de la revuelta de Morett, con el fin de acallar las protestas de los indígenas que deseaban unirse a Colima (Muriá, 1981, pp. 286-87; 2022, pp. 225-26).

El gobernador Antonio Gómez Cuervo enfrentó la ardua tarea de establecer medidas para la pacificación y despunte económico del estado de Jalisco. Debido a que las poblaciones del cantón de Lagos se encontraban ubicadas en el camino que comunicaba a las ciudades más importantes del país - México y Guadalajara -, enfrentaron con vehemencia los embates de los diversos conflictos armados que se suscitaron con el restablecimiento del régimen republicano y la caída del Imperio de Maximiliano. Abatidas por el bandolerismo, estas poblaciones tuvieron que enfrentar el constante estado de inseguridad sin la intervención de las autoridades políticas del cantón, que carecía de recursos para hacer frente a las gavillas, por lo que tuvieron que acudir a los gobiernos de los estados limítrofes para solicitar auxilio. A esta crisis de gobernabilidad se sumó el pronunciamiento en contra del presidente Juárez, que tuvo repercusiones importantes entre las poblaciones jaliscienses.

Cansadas de la situación, algunas poblaciones tomaron la determinación de iniciar pronunciamientos que pretendían obligar al gobernador Gómez Cuervo a cambiar su política hacendaria y en materia de seguridad. Si bien los pronunciamientos fueron la herramienta más utilizada durante este periodo para forzar a los gobernantes a acceder a las demandas de ciertos grupos de poder local (Fowler, 2009, pp. 20-28), la segregación fue un recurso utilizado en el cantón de Lagos, que le brindó a sus poblaciones la posibilidad de romper lazos con Jalisco y acceder a los recursos que les brindaban los gobiernos de los estados contiguos, como el de Aguascalientes, o incluso crear sus nuevos centro de poder y así tener la posibilidad de implementar sus propios proyectos políticos.

Estos conatos separatistas pusieron de manifiesto no solo la inconformidad de la población con la gubernatura de Antonio Gómez Cuervo, sino las fallas en su gestión y las dificultades que enfrentaban los estados extensos para gobernar y hacer efectivas sus disposiciones en las poblaciones remotas. En estos casos, el papel que jugaron las autoridades intermedias - los jefes políticos - como representantes del gobierno fue ineficiente, ya que contaban con pocos recursos para hacer frente a las necesidades de las poblaciones bajo su mando. Esta situación fue clave para que lo pueblos generaran una conciencia en torno a que, si en la práctica tenían que asumir su propia defensa, estaban facultadas para decidir su destino y al estado al que pertenecían.

Estas manifestaciones separatistas forzaron a la clase política a reflexionar sobre los criterios que debían adoptarse para crear las divisiones territoriales en nuestro país. Por un lado, la Constitución de 1857 reconocía el derecho de la población para crear nuevas entidades federadas; por el otro se encontraba la antinomia que entrañaba este derecho para la soberanía de los estados existentes, que eran una de las columnas sobre las que se cimentaba el pacto federal. La posibilidad de crear estados dentro de los límites de los existentes fue un elemento que caracterizó al federalismo mexicano, que buscó reconocer la libertad de los individuos para organizar el territorio acorde a sus necesidades. En el fondo, cualquier modificación al territorio tendría implicaciones a los intereses locales, regionales y nacionales; es por eso que las modificaciones hechas a la geopolítica del país durante el siglo XIX fueron, en gran medida, resultado de acuerdos políticos entre los grupos que tuvieron mayores recursos para negociar y hacer valer sus intereses. Pese a los obstáculos que enfrentó, el gobernador Gómez Cuervo logró imponerse y desplegar sus recursos políticos para presionar a estos ayuntamientos y así, mantener la integridad territorial de Jalisco e incluso utilizar su división política para poner un dique a cualquier intento de segregarlo.

Este periodo en el que se buscó una recomposición del diseño constitucional y su entramado institucional, también evidenció la necesidad de renovar la división del territorio en aras de mejorar el funcionamiento de la federación. La práctica había mostrado que los estados extensos como el de México o Jalisco habían adquirido un poderío de tales magnitudes que las entidades pequeñas no eran capaces de contrarrestar ante la falta de una representación territorial como el Senado. Si bien, al interior del Congreso de la Unión los estados contaban con un mecanismo de representación territorial alterno, conocido como voto por diputaciones, que les concedió igualdad política, ya que los representantes de los distritos de cada uno de ellos votaban bajo el principio de un voto por estado (Arroyo, 2011, pp. 492-524); la creación de entidades pequeñas fue una alternativa que surgió desde el ámbito local para contrarrestar esta disparidad. Los proyectos que buscaron crear nuevos estados no solo apelaron a la voluntad de la población, sino a la necesidad de equilibrar las partes que conformaban la federación con la creación de entidades cuya extensión facilitara la acción del gobierno y la generación de contrapesos necesarios en la balanza nacional.

Los casos mostrados en este trabajo dan cuenta de una dinámica que se gestó en el cantón de Lagos con las poblaciones circunvecinas. Ante la falta de atención que les prestaba el gobierno de Jalisco, estas poblaciones crearon lazos comerciales, sociales y de defensa mutua, que les sirvieron para vislumbrar la posibilidad de cohesionarse y formar un nuevo estado. Aunque el resultado no fue el esperado, son muestra de la manera en que se articularon poderes alternos a los de las capitales. Durante gran parte del siglo XIX, estados como Guanajuato conservaron la antigua jerarquía territorial en torno a la cual se articulaban las poblaciones, con lo cual, reafirmaron el peso político que habían adquirido las principales ciudades del estado, entre las que se encontraba León (Serrano, 2001, pp. 33-54). La preponderancia que conservaron León y Lagos como sedes de las demarcaciones territoriales en torno a las cuales se incardinaban los ayuntamientos, así como la unidad territorial que alcanzaron, las llevó a adquirir una conciencia de haber obtenido elementos para organizar su propio gobierno y crear nuevos equilibrios políticos.

En estas líneas se ha pretendido mostrar que el territorio es resultado de una serie de acuerdos y negociaciones políticas. El acercamiento a estos procesos no solo muestra las relaciones que los actores construyeron sobre el espacio o los diversos intereses que se fincaron sobre él; también ponen de manifiesto el funcionamiento de la estructura político institucional, la manera en que estas poblaciones apelaron a una construcción identitaria que extendía sus raíces sobre las relaciones entabladas por los individuos con las instituciones de gobierno y en torno a un pasado común, que les fue dado por la pertenencia a un centro político.

La desproporción que existía entre los estados extensos y los de menor territorio también influyó para que estos conatos separatistas recibieran apoyo de otras entidades como Aguascalientes, a fin de unir sus intereses en una causa común. A pesar de que estos conatos separatistas contaban con el respaldo constitucional y la inercia política que se experimentaba a favor de los proyectos autonomistas, carecieron de los recursos políticos necesarios para hacer alianzas, consolidar redes y crear un frente común que les permitiera traspasar hacia el ámbito nacional, como sucedió con sus opositores.