Sitios grises y sitios negros durante la Guerra Fría en México: un acercamiento a las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985)

En 2009, el geógrafo de la Universidad de California en Berkeley, Paglen, publicó la obra Blank Spots on the Map: The Dark Geography of the Pentagon’s Secret World. En ella investiga la “geografía secreta” de las agencias de seguridad estadounidenses, analizando cómo aquello que deliberadamente se oculta en fotografías aéreas - como bases o instalaciones - permite identificar la ubicación de sitios clasificados. Tras el inicio de la “guerra contra el terrorismo” en 2001, muchos de estos lugares pasaron a formar parte de lo que se conoce como el “mundo negro”. El autor logró mapear parte de una red de “prisiones encubiertas” de la CIA, donde se recluye a detenidos “fantasma” - personas desaparecidas de todo el mundo - que son sometidas a técnicas de “interrogatorio severo”, desarrolladas mediante investigaciones gubernamentales (Paglen, 2009, p. 45).

A través de su trabajo, Paglen (2009) elaboró una guía de este universo clasificado, que describe como una estructura que “ha crecido y madurado como una parte oculta del gobierno estadounidense”. Afirma que Estados Unidos se ha vuelto dependiente de estos espacios creados mediante el secretismo, los cuales “hacen desaparecer las cosas y se niega plausiblemente su existencia” (p. 16). Así, el autor identificó en su propio país una característica que ha dominado al resto del continente por lo menos desde que comenzó la Guerra Fría: la existencia de personas desaparecidas dentro de cárceles clandestinas ubicadas en bases militares, institutos de investigación y puestos de avanzada secretos, donde son sometidas a tortura por ser “sospechosas de terrorismo”.

La división cromática que propone Paglen para categorizar los espacios gubernamentales resulta sumamente útil para este análisis. En su modelo, el “mundo blanco” comprende aquellos espacios públicos sujetos al escrutinio ciudadano. Por el contrario, el “mundo negro” se define, en palabras del autor, como aquel que “se encuentra fuera del Estado de derecho, la constitución, los ideales democráticos de igualdad de derechos y consentimiento informado” (Paglen, 2009, p. 16). Cabe destacar que, para Paglen (2009, pp. 4-6), estos “mundos” no se limitan a lugares físicos, sino que también engloban acciones, planes, mapas e información: el primero abarca el quehacer público abierto, mientras que el segundo incluye documentos clasificados, identidades encubiertas y proyectos económicos secretos.

Para adaptar este marco al caso mexicano y delimitar esta investigación únicamente al ámbito espacial, propongo una categorización en tres niveles: los ‘sitios blancos’ corresponderían a las instalaciones públicas oficiales; los ‘sitios negros’ se referirían específicamente a las cárceles clandestinas, espacios de tortura y aquellos que fueron empleados de manera discrecional para reprimir. Y, como una aportación para este estudio, introduzco la categoría de ‘sitios grises’: se trata de instalaciones que, perteneciendo formalmente al ‘mundo blanco’ - como cuarteles militares o agencias de inteligencia -, son utilizadas para planificar y ejecutar las acciones secretas que permiten el establecimiento y operación de los ‘sitios negros’. Así, un sitio blanco o gris puede albergar en su interior un sitio negro, demostrando la interdependencia y permeabilidad entre estas esferas.

Desde su origen, la DFS operó al margen del escrutinio público. Durante sus primeros seis años (gobierno de Miguel Alemán), dependió directamente del presidente, convirtiéndose en un instrumento personal de espionaje y eliminación política. Este estatus ‘gris’ generó fricciones con instituciones legales como policías y el Ejército.

La Secretaría de la Defensa Nacional proveía armamento a la DFS, pero la restringía mediante municiones limitadas, negación de importación de equipo y suministro de armas en mal estado. Esta precariedad se agravaba por la fricción institucional: las policías judiciales y servicios secretos veían a la DFS como un organismo intruso, considerándola “innecesaria, ilegal e ineficaz”, como lo manifestó en un oficio dirigido al secretario de Gobernación el procurador de Justicia del Distrito y Territorios Federales, Carlos Franco Sodi.

El contexto global de la Guerra Fría, estructurado por la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvo una repercusión directa en la arquitectura de la seguridad interna en América Latina. Bajo la política anticomunista norteamericana, los gobiernos de la región adoptaron la supresión del comunismo y de toda disidencia política asociada como una prioridad de Estado. Este marco justificó la creación de organismos de inteligencia dotados de amplios poderes y operando al margen del control democrático (Pettiná, 2018, p. 136). Es en este escenario donde debe entenderse la fundación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en México en 1947. Lejos de ser una mera herramienta de control político interno del régimen priista, la DFS se configuró como un componente operativo del bloque occidental. Su diseño, su capacitación inicial con asesoría del FBI y su vocación anticomunista evidencian cómo la lógica maniquea de la Guerra Fría se internalizó en el aparato estatal mexicano. Este proceso facilitó la incubación de un “mundo negro” doméstico - en los términos de Trevor Paglen - donde prácticas como la persecución, la desaparición forzada y la tortura fueron normalizadas como métodos de Estado contra el enemigo ideológico.⁴

Señalada de cometer crímenes, la prensa de la década de 1950 dio cuenta del uso de cárceles clandestinas operadas por la DFS. Los reportes se basaban en denuncias y amparos que describían una cárcel particular y un espacio específico para torturar, ubicado en la azotea del Edificio de Pensiones (Figura 1). Dicha cárcel se localizaba en el núm. 105 de la calle de Miguel Schultz y posteriormente funcionaría como centro de detención de la Dirección de Migración.⁵ Este mismo sitio albergó, en junio de 1956, a Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara durante su detención en México (Figura 2). La proximidad entre ambos inmuebles, separados por menos de 900 metros, facilitaba el rápido traslado de agentes y detenidos (Figura 3).

Nota: El primer edificio del lado derecho fue el Edificio de Pensiones del ISSSTE, cuyo tercer piso ocupó la DFS desde 1947 hasta 1971. En esta fotografía se puede observar unos pequeños cuartos en la azotea que habían sido señalados por ser espacios de tortura.

Fuente: National Archives Catalog, Department of Commerce. Bureau of Public Roads, Local ID: 30-N-50-599; 30-N-50-600.

Fuente: AGN, DFS, leg. 2, exp. 5-9, fol. 160.

Nota: A: Edificio de Pensiones del ISSSTE en donde se encontraba la DFS; B: cárcel clandestina de la DFS en Miguel Schultz, núm. 105, colonia San Rafael. Elaborado en OpenStreetMap.

Hasta ahora, se ha recabado poca información administrativa sobre la primera sede de la DFS. Lo que se sabe con certeza es que ocupaba el tercer piso del Edificio de Pensiones del ISSSTE en Plaza de la República núm. 6. Sin embargo, es en la colección de Miguel Alemán de la Cineteca Nacional en donde se halla un valioso registro visual: un documental publicitario dirigido al presidente que da cuenta de los espacios, el entrenamiento y algunas actividades, en especial las relacionadas con la protección presidencial. Las instalaciones contaban, por ejemplo, con un laboratorio moderno equipado con la tecnología más avanzada de la época. Destacaba un microscopio electrónico, que era el segundo en todo el país - el primero pertenecía al Banco de México y se usaba para identificar billetes falsos -. También disponía de herramientas de vigilancia, como cámaras fotográficas ocultas en maletines, grabadoras de audio y cámaras insonorizadas en sus instalaciones para interrogar a los detenidos (Pruneda, 1948). El documento, no obstante, no menciona nada sobre el sitio con la plancha de granito en la azotea.

Respecto de las instalaciones de la cárcel clandestina en la calle de Miguel Schultz, las fuentes administrativas tampoco ofrecen menciones; de hecho, el propio gobierno mexicano se encargó de oscurecer cualquier rastro de su existencia. Lo único que se puede documentar sobre este inmueble en la actualidad es que funciona como una escuela preescolar que, en 2016, fue señalada por padres de familia debido a su falta de mantenimiento y al avanzado deterioro del edificio.⁶

En relación con la propiedad del inmueble, nunca se acreditó que perteneciera a alguna dependencia gubernamental. No fue sino hasta el 17 de febrero de 2016 cuando la Secretaría de la Función Pública, a través del Diario Oficial de la Federación, publicó una Declaración de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación para el inmueble denominado Jardín de Niños Luz Oliveros Sarmina, ubicado en Miguel Schultz núm. 105, colonia San Rafael, con una superficie de 995 m². Esto significa que fue en esa fecha cuando el gobierno mexicano lo reconoció formalmente como propiedad federal.⁷

La falta de acreditación de la propiedad de los inmuebles, así como su negación pública, será una característica recurrente de las dependencias vinculadas a la represión. Esta práctica ayuda a entender su categorización como sitios grises y negros: por un lado, impone la lógica del secreto como forma de ejercer el poder sobre la población y, por el otro, constituye una negativa a rendir cuentas sobre los métodos utilizados para mantener dicho poder.

La DFS permaneció en su sede del Edificio de Pensiones del ISSSTE hasta 1971, año en que un episodio crucial demostró su eficacia operativa y su valor político para el régimen. En febrero, una denuncia fortuita sobre un departamento sospechoso permitió desarticular al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), un grupo de jóvenes radicalizados que, tras la masacre de Tlatelolco (Castañeda, 2006, p. 50), había buscado y recibido entrenamiento guerrillero en Corea del Norte (Oikión Solano y García Ugarte, 2006, p. 434). Su captura casi inmediata al regresar al país - documentada con fotografías en las instalaciones del Edificio de Pensiones (Figura 4) - evidenció el alcance de la inteligencia estatal (Pineda Ochoa, 2003, p. 63). Más allá de la operación policial, el caso fue transformado en un potente instrumento de propaganda: el gobierno utilizó las detenciones, las confesiones bajo tortura y la exhibición mediática de los militantes para alimentar la narrativa de un ‘complot comunista internacional’ contra México. Este relato no solo sirvió para justificar una escalada represiva y una cacería generalizada contra la disidencia, sino que, sobre todo, consolidó a la DFS como un pilar estratégico e indispensable del Estado autoritario.

Fuente: AGN, DFS, leg. 1, exp. 11-207, fol. 89.

Fue en este contexto que el director de la DFS dirigió un memorándum al secretario de Gobernación con el siguiente mensaje:

En los primeros años de haberse fundado esta dirección, el local era más que suficiente para distribuir las diferentes oficinas de que se compone, pero como las funciones se han acrecentado, actualmente es insuficiente el espacio para albergar a cada uno de los Departamentos con que se cuenta.⁸

En dicho documento, el director, capitán Luis De la Barreda Moreno, dejó un testimonio que ilustra la naturaleza y las operaciones de la DFS. Se revela que, desde su fundación en 1947, la dependencia pagaba una renta mensual de 2 596.00 pesos por el tercer piso, el cual tenía una superficie de 542 m². Para agosto de 1971, el director del ISSSTE, Edgar Robledo Santiago - con quien ya sostenían pláticas para rentar un espacio mayor que albergara el vasto archivo de la DFS - informó al capitán De la Barreda que el edificio sería demolido. La razón era que el ISSSTE necesitaba concentrar todas sus oficinas y, para ello, requería que la DFS desalojara el inmueble, ya que proyectaban construir en ese lugar un nuevo edificio de más de 16 niveles. Para esto, solo esperaban la autorización de la Secretaría de Hacienda.⁹

El archivo era el corazón de la DFS. En él se resguardaban los datos indispensables para identificar tanto a enemigos reales como potenciales, así como a grupos afines y opositores, además de la extensa red de informantes y espías internacionales. Debido a su volumen crítico y la naturaleza sensible de la información, su resguardo seguro se convirtió en una prioridad absoluta:

Es base primordial del trabajo … la consulta en el Archivo, el cual desde hace aproximadamente un año, ha venido resintiendo la falta de espacio, debido a que los archiveros donde se guardan los expedientes y tarjetas de las personas que en una u otra forma han tenido intervención en los diversos actos, tanto de tipo político, económico y social de nuestro país, obstruyendo el fácil movimiento … de más de 244 agentes.¹⁰

Por ello, De la Barreda hizo dos propuestas al secretario de Gobernación:

• Que la SEGOB hiciera las gestiones necesarias para poder rentar un local más grande que pudiese albergar al Índice, lo que solucionaría el problema al menos por cinco años.

• Que la SEGOB dotara formalmente de un edificio propio a la DFS en terrenos de la Secretaría o alguna otra dependencia del poder Ejecutivo.

Al final del memorándum, se señalaba que la opción más viable era la construcción de una sede propia para la DFS, ya que la inversión requerida equivaldría al pago de cinco años de renta, calculado entre 35 000 y 40 000 pesos. Asimismo, se indicaba que en la solicitud original enviada al secretario se había incluido un anexo con las especificaciones técnicas que la dependencia requería y que ya se habían iniciado visitas a inmuebles cercanos disponibles en renta.¹¹

Las especificaciones técnicas del anexo revelaban la naturaleza dual de la DFS. Por un lado, se exigía un terreno de 800 a 2 000 m² con una fachada de materiales aparentes -como cristal, pasta blanca o cantera gris - para proyectar una imagen de transparencia y “confianza en el público que eventualmente transitara enfrente”. Por otro, se requería un acceso posterior “completamente privado” para el ingreso discreto de vehículos de “cierto tipo de personal en funciones oficiales” hacia el sótano.¹²

También se requerían instalaciones muy específicas: dos salas de interrogatorio de 40 m², equipadas con cristales de visión unilateral, micrófonos, bocinas, grabadoras, un escritorio y dos sillas; un críptico “Laboratorio de Observación” con capacidad para 18 personas en “instalaciones especiales”, también de 40 m², y tres “celdas de retención temporal” de apenas 27 m² totales con W.C. y lavabo.¹³

En esencia, el ideal de la DFS era un complejo que, tras una fachada de aparente normalidad institucional, albergaba un mundo operativo: un espacio propicio para introducir detenidos de forma discreta y contar con áreas claramente definidas para su observación, reclusión y tortura. Era la confluencia de un sitio negro dentro de un sitio gris.

No hay informes de la búsqueda de un terreno para construir el edificio de la DFS, en cambio sí hay informes de la búsqueda y localización de un edificio para ese efecto. Un mes después, en octubre de 1971, el director informó sobre un edificio en Circular de Morelia núm. 8, colonia Roma, que cumplía con los requisitos (Figuras 5, 6 y 7). Hasta entonces, el inmueble albergaba despachos en renta, entre ellos una escuela de idiomas. En su reporte al secretario de Gobernación, detalló la historia de la propiedad: un predio de 227.37 m² que Antonio Madrazo Suárez vendió a Magdalena Colombo Mazzei Racca de Agostini el 8 de junio de 1967 por 160 000 pesos. Posteriormente, el 14 de octubre de 1970, la señora Magdalena solicitó un préstamo a Rina Inmobiliaria, S. A. para construir un edificio, el cual hipotecó. Finalmente, la propiedad pasó a manos de la inmobiliaria en mayo de 1971.

Fuente: AGN, DFS, leg.1, exps. 5-68, s.f.

Fuente: AGN, DFS, leg.1, exps. 5-68, s.f.

Fuente: AGN, DFS, leg. 1, exp. 5-68, s.f.

La construcción contaba con un estacionamiento en sótano, planta baja y cinco pisos con un total de 750 m². Para entonces, generaba una renta mensual de 17 400 pesos para Rina Inmobiliaria. Sin embargo, un avalúo de la Tesorería del Departamento del Distrito Federal valuó el inmueble en 1 500 000 pesos. Se destacaba, además, que en el Registro Público de la Propiedad no aparecía dato alguno sobre este bien. Esta falta de adjudicación administrativa pudo ser un factor determinante para su ocupación.

Para demostrar la ubicación estratégica del inmueble en Circular de Morelia, el director de la DFS envió al secretario de Gobernación múltiples croquis en los que detallaba su cercanía con la SEGOB (Figura 8), la posibilidad de estacionar 137 automóviles en los alrededores - con la ventaja de poder abordarlos en un máximo de tres minutos - y, de manera más significativa, incluía un croquis con información particularmente reveladora.

Fuente: AGN, DFS, leg. 1, exp. 5-68, fol. 7.

En él se muestra el inmueble en su fachada y especificaba la futura distribución de áreas por pisos. En el 1º se encontraría el área destinada a los agentes; el 2º para el área administrativa; el 3º a la dirección, el radio y laboratorio; el 4º a la subdirección y el Grupo Especial - encargado de la eliminación de grupos guerrilleros -; el 5º lo ocuparía el Archivo, y, finalmente, en el 6º piso, siguiendo la tradición iniciada en el Edificio de Pensiones del ISSSTE, se instalaría el Departamento de Interrogatorios (Figura 9).

Fuente: AGN, DFS, leg. 1, exp. 5-68, s.f.

No existe mayor información sobre la adquisición del inmueble, aunque las numerosas modificaciones sugieren que la DFS lo compró, pese a permanecer en un limbo jurídico (Ortiz Rosas, 2021, p. 347). Sin embargo, un acta administrativa registra su entrega por parte de la inmobiliaria el 12 de febrero de 1972 a las 10:00 a.m.¹⁴

La adaptación requirió una inversión cuantiosa: demoliciones, reparación de fugas, mobiliario, y un sistema de radiocomunicación en el último piso (300 000 pesos) - equivalente a la sexta parte del valor total -.¹⁵ En la azotea se construyeron “cinco pequeños cuartos, donde se guardarán los utensilios de aseo personal de intendencia, periódicos, revistas y otros inherentes a las necesidades que desarrolla esta dirección”.¹⁶ Además, se instaló una planta de luz para “evitar que se afecte el funcionamiento de estas oficinas, al faltar el fluido en esa zona”.¹⁷

El 24 de marzo de 1972, la empresa Mudanzas Altamirano realizó el traslado, previa entrega de una lista con los nombres de los 25 empleados asignados.¹⁸ El 1 de abril, el capitán Luis De la Barreda informó oficialmente el cambio de sede a Circular de Morelia núm. 8.¹⁹ Inmediatamente después, un nuevo informe con croquis exigía modificaciones en la azotea: “se necesita hacer una barda mal [sic] alta al frente del edificio en lo que se marca de azul en el plano. Y en la parte posterior, la construcción también de la barda y cinco cuartos pequeños con servicio de baño cada uno” (Figura 10).²⁰

Nota: En él se señala la necesidad de ampliar las bardas circundantes y construir cinco pequeños cuartos con baño.

Fuente: AGN, DFS, leg. 1, exp. 5-68, fol. 204.

Llama la atención que el área frontal de la azotea se hubiera contemplado inicialmente como un gimnasio, idea que fue descartada marcando simplemente un “no” sobre el mismo croquis, en lugar de elaborar un plano nuevo. Este hecho, junto con la insistencia en construir cinco cuartos con baño en la azotea - supuestamente destinados a almacenar utensilios de limpieza, periódicos y revistas -, plantea un interrogante: ¿cuál era el verdadero propósito de esos espacios?

Afortunadamente se cuenta con una fotografía de la azotea de Circular de Morelia antes de ser intervenida. En ella se aprecian, desde afuera, la parte posterior de la construcción original: baño, cocina y cuarto. En el patio restante es donde se construirían los pequeños cuartos (Figura 11).

Fuente: AGN, DFS, leg. 1, exp. 5-68, s.f.

Junto a la mudanza, otro aspecto crucial que emerge de los archivos de la DFS es el drástico incremento en su consumo de energía eléctrica. Este problema se hizo evidente de inmediato: en abril de 1972, apenas un mes después de instalarse en su nueva sede y a pesar de contar con una planta propia,²¹ la DFS acumulaba una deuda considerable con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyF), al punto de enfrentar un inminente corte de suministro por falta de pago. Sin que se especifique el monto exacto de la deuda, el jefe del Departamento Administrativo, el capitán Francisco López Vázquez, ordenó a sus agentes que impidieran físicamente el corte y redirigieran a los trabajadores de LyF a la central en la calle de Puebla, donde al parecer ya se había negociado un acuerdo extraoficial para evitarlo.²²

La crisis energética, lejos de resolverse, se profundizó. En junio del mismo año, la DFS solicitó formalmente al jefe de Relaciones Públicas de LyF la instalación de un “servicio doble” para garantizar un suministro continuo, argumentando que las “actividades especiales” de la dependencia requerían de absoluta prioridad, ya que “con frecuencia ocurren suspensiones del fluido eléctrico”.²³ Esta petición plantea una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que una dependencia gubernamental, en su flamante sede, enfrentara una crisis de suministro de tal magnitud en menos de seis meses?

La respuesta parece esbozarse al cruzar la información administrativa. La nueva sede no solo albergaba un número mayor de agentes, sino también instalaciones específicas y secretas: cinco cuartos en la azotea equipados con baño y una sala de interrogatorios, de los cuales estaba enterado el propio secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Sin embargo, un detalle crucial, inadvertidamente registrado en un inventario, delata la verdadera razón del excesivo consumo energético. En julio de 1971, el jefe del Departamento Antropométrico, el capitán Humberto Álvarez Breceda, consignó equipo “No Inventariado” que incluía aparatos de grabación y, de manera reveladora, “4 macanas eléctricas s/marca, 2 en poder del Grupo de Investigaciones Especiales”.²⁴

Este hallazgo vincula de manera material el exorbitante consumo eléctrico con la operación de instrumentos de tortura, consolidando la hipótesis de que los cuartos de la azotea funcionaron como una cárcel clandestina. En este contexto, el suministro constante de energía no era una simple comodidad, sino un requisito operativo fundamental para la comisión sistemática de atrocidades. Si bien podría subestimarse el gasto atribuible al uso directo de picanas eléctricas, es esencial considerar el aparataje integral de la tortura: la privación sensorial mediante luces encendidas de forma permanente, la utilización de equipos de sonido a alto volumen - que a la vez enmascaraban los gritos - y el funcionamiento continuo de equipos de grabación e iluminación especializada en las salas de interrogatorio, como lo muestran los testimonios recopilados por Mendoza Salgado (2008, pp. 42-45) y Cilia Olmos (Cilia Olmos y González Ruiz, 2006, pp. 15-16). Analizar esta relación entre infraestructura energética y prácticas represivas permite dimensionar la escala y el carácter industrializado de la violencia estatal en un periodo clave. Precisamente durante esos años, la DFS, en coordinación con el Ejército mexicano, intensificó el combate contra las guerrillas rurales en Guerrero - como las de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas - y contra organizaciones urbanas como el mar. El sobreconsumo eléctrico se erige así, como un índice cuantificable de la intensidad represiva desplegada desde este sitio gris que albergaba un núcleo negro de terror.

Tras la apertura del archivo de la DFS (2002-2020) se conocieron documentos sobre Circular de Morelia, inmueble que previamente solo era señalado por sobrevivientes y familiares de víctimas como centro de tortura y desaparición. Rosario Ibarra de Piedra -cuyo hijo fue detenido en 1975 - denunció reiteradamente que allí operaba una cárcel clandestina y despachaba Miguel Nazar Haro, entonces director de la DFS. Durante su búsqueda, Rosario y su hija Claudia fueron detenidas al acudir al domicilio de Nazar y trasladadas a Circular de Morelia.

Al subir en el elevador hacia las oficinas de Nazar, Rosario describió que era “extraño” y espacioso: “uno de hospital, donde cabía una camilla y la gente que la llevara” (Rodríguez Castañeda, 2013, p. 45). Durante el ascenso, la puerta posterior se abrió en un piso revelando un muro tapiado con tabiques rojos (Figura 12), del que provenían “ruidos y lamentos”. Las puertas se cerraron de inmediato. Nazar las recibió negando tener detenido a su hijo e intentó intimidarlas mostrándoles fotografías de cadáveres (J. Gálvez, comunicación personal, 2 de julio de 2017).²⁵

Fuente: Fotografía tomada por el autor el 16 de abril de 2019.

No fue el único testimonio sobre Circular de Morelia. El 7 de agosto de 1979, Domingo Estrada Ramírez, Benjamín Tapia Mendoza y los hermanos Sofonías y Salvador González Cabrera fueron detenidos en la carretera Cuernavaca-Yautepec, torturados y mantenidos en desaparición forzada en sitios negros de Guerrero, Morelos y el Distrito Federal. A Domingo Estrada le exigieron firmar una declaración, advirtiéndole que, mientras no lo hiciera, “no podían presentarme ante ninguna autoridad y seguiría en la situación de desaparecido”.²⁶

Sobresale el caso de Sofonías González, a quien nunca le tomaron declaración. El grupo fue liberado el 15 de diciembre, excepto Sofonías, visto por última vez el 15 de octubre:

[Un día llegaron varios agentes] sacaron a interrogar primero a Sofonías al que regresaron al cuarto después de dos horas más o menos, estaba quejándose como consecuencia de la tortura, ya que en el cuarto donde estábamos escuchábamos los gritos que lanzaba al estar siendo golpeado … se sentía muy mal…. Como a las 8:30 de la noche perdió el conocimiento, tenía como tres minutos que los “judiciales” le habían dado de tomar una aspirina (esto lo supimos porque un judicial le reprochó a otro diciéndole que así, cómo no se iba a morir) fue todo lo que le dieron … nos habían estado diciendo que llamarían a un médico que nunca llegó. Sacaron a Sofonías … sin camisa y sin conocimiento tirado en el piso de un automóvil.²⁷

Según Rosario Ibarra, Sofonías González fue asesinado en Circular de Morelia núm. 8 “por estallamiento de vísceras por los golpes recibidos, el cadáver de éste jamás fue entregado a sus familiares”,²⁸ por lo que continúa desaparecido.

Las instalaciones - inicialmente un sitio gris - se consolidaron como sitio negro al convertirse el 6 de junio de 1976 en sede de la Brigada Especial - conocida como “Brigada Blanca” -, un grupo clandestino creado para exterminar a la guerrilla urbana.²⁹ Esta unidad - integrada por 240 agentes de la DFS, PFJ, PJDF, PJEM, DIPD y PJFM - operó bajo el mando de Miguel Nazar Haro, intensificando drásticamente la represión contra la disidencia política (Ortiz Rosas, 2014, pp. 72-73).

En este contexto represivo, Domingo, Benjamín, Sofonías y Salvador fueron detenidos. Las víctimas, que conocían poco la estructura de estos grupos, solían llamar ‘judiciales’ a los agentes - policías de civil de procuradurías - y ‘procuradurías’ a sus sedes. Como registró Óscar Altamirano Carmona:

En la azotea del edificio de la Procuraduría Federal de la República, de varios pisos, no sé cuántos, me colocaron en el filo amenazando arrojarme. Por cierto, ahí había celdas, donde me tuvieron varios días. En el mismo calabozo tenían a una muchacha, en las mismas condiciones, a quien no conocí ni pude saber nada de ella … un polizonte nos vigilaba casi permanentemente a través de un orificio en la puerta de metal, y entraba constantemente a darnos un par de golpes donde fuera, a los dos, gritándonos cualquier estupidez (Mendoza Salgado, 2008, p. 43).

Óscar Altamirano - de 17 años - fue detenido el 29 de julio de 1977 en Jojutla, Morelos, junto a los hermanos Mendoza Salgado - Victoria, Josefina, Raúl y Xóchitl -, acusados de pertenecer al Partido Proletario Unido de América. Victoria y Josefina - de 15 y 17 años, respectivamente -fueron liberadas a los 10 días, pero los demás permanecieron desaparecidos hasta el 2 de noviembre, cuando fueron presentados ante autoridades de Morelos y acusados de delitos comunes como robo y secuestro (Mendoza Salgado, 2008, pp. 105, 120). Para entonces, ya habían sufrido tres meses de confinamiento en sitios negros, incluida la azotea de Circular de Morelia núm. 8.

A mediados de los años setenta aumentó la actividad guerrillera clandestina en ciudades mexicanas, sumándose a los focos de resistencia en Guerrero y Chihuahua, donde campesinos se organizaron alrededor de líderes como Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos y Arturo Gámiz García. Perseguidos por el Ejército, estos grupos se replegaron a zonas urbanas, vinculándose con células de jóvenes radicalizados cuyo modus operandi incluía secuestros, asaltos bancarios y propaganda contra el Estado.

Este incremento llevó a una intensificación de las operaciones de la DFS, que para 1974 - solo tres años después de mudarse a Circular de Morelia núm. 8 - ya resultaba insuficiente para albergar a sus 322 agentes, un aumento de 32% respecto de los 244 de 1971.³⁰

La situación social era explosiva: en mayo de 1974, el Partido de los Pobres - de Lucio Cabañas - secuestró al senador Rubén Figueroa en Guerrero, lo que motivó un operativo militar y policial con decenas de detenciones. Simultáneamente, la Liga Comunista 23 de Septiembre - surgida en 1973 de la fusión de múltiples grupos armados - incrementó sus ataques y secuestros en ciudades como México, Guadalajara y Monterrey, desatando una ola represiva con apoyo empresarial. La Liga, considerada la organización más peligrosa, fue aniquilada eficazmente: para los años ochenta, todos sus dirigentes estaban muertos o desaparecidos.

El respaldo empresarial a la DFS era sólido: en octubre de 1974, Bernardo Quintana - presidente de ICA³¹ -, en agradecimiento por “los servicios prestados para la identificación y captura de los responsables del secuestro de la hija del Secretario Luis Hidalgo Monroy, así como por la recuperación del rescate”, invitó a comer al subdirector Miguel Nazar Haro. Durante el encuentro, Quintana se ofreció a “construir sin costo alguno un nuevo edificio para la Dirección Federal de Seguridad en virtud de que últimamente el personal de la misma aumentó y las instalaciones con que actualmente cuenta son reducidas en sus áreas de capacidad”.³²

Nazar Haro comunicó a su superior que aceptó la propuesta, justificando que la SEGOB disponía de un terreno de 1 000 m² en avenida Obrero Mundial - sin especificar la ubicación precisa -, y añadió:

Es nuestra ilusión de los actuales dirigentes de esta DFS construir una Institución digna a nuestro querido país y similar a las Instituciones de Seguridad Nacional que existen en otros países, podríamos dentro de nuestros recursos y de los que nos otorga el país; a nuestros sacrificios fundamentados en perseverar la Seguridad Nacional de nuestro Gobierno y nuestras Instituciones y nuestra Patria, asegurar nuestro sistema con una Institución formada con toda la capacidad y necesidades [sic].³³

Bajo esta lógica, donde la institución represiva era el pilar de la seguridad del Estado, se explica el uso desmedido de recursos y la saña aplicada. La búsqueda activa de una nueva sede monumental, sumada al ofrecimiento de Bernardo Quintana de construirla “sin costo alguno”, sugiere que la DFS operaba con un capital político y presupuestal enorme. Esta capacidad financiera, muy probablemente opaca y discrecional, era el sustento material que hacía posible su infraestructura de terror.

Dos meses después, el director De la Barreda comisionó a agentes buscar un nuevo edificio para la DFS. Las propuestas, de diciembre de 1974 a julio de 1975, incluían inmuebles cerca de Gobernación, en la avenida Bucareli y Abraham González, colonia Juárez, y sedes de organizaciones priistas - CTM y CNOP - en Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera.

Entre los inmuebles considerados destacaba el Edificio D’Alarcón, ubicado en Liverpool núm. 3, colonia Juárez. Estaba valuado en 8.5 millones de pesos y contaba con 13 niveles, así como estacionamiento subterráneo (260 m²); la operación de venta sería con el Sr. Pachura, cuya oficina se encontraba en Mesones núm. 138.³⁴ Las fotografías mostraban un estado de abandono - e.g., cristales rotos, letrero de venta de materiales -, aunque también se señalaban ventajas como la entrada secundaria por Bruselas, el estacionamiento y un teatro adaptable como auditorio.³⁵

Otra opción fue un edificio en Dakota núm. 3, esquina Yosemite, en la colonia Nápoles: cinco niveles (1 780 m²), estacionamiento para cuatro vehículos, en 5 millones. También se evaluó Pensylvania núm. 305 (2 500 m², 18 departamentos en cinco niveles) en 4.1 millones, anotándose: “se estima ser una buena oferta” y venta “por estar necesitado de dinero”.³⁶

Otra opción fue un pequeño edificio de cuatro pisos en Av. Chapultepec núm. 126 (202 m², 920 000 pesos), en mal estado - e.g., filtraciones, muros cuarteados -, pero con ubicación estratégica entre Morelia y Guaymas, colonia Roma.³⁷

Todas fueron descartadas. Sin embargo, la documentación de gastos revela un proyecto secreto en Nápoles núm. 42, colonia Juárez: el 2 de julio de 1976, el contratista Raúl Ruíz Oliver instaló cancelería de vidrio y puertas reforzadas para acondicionar una sala de juntas, dos despachos, recepción, privado, secretaría y bodega.³⁸ No existe más información sobre esta instalación. Dada la secrecía con que se manejó, me aventuro a proponer que se trató de una expansión silenciosa de la DFS en la zona, posiblemente para descentralizar sus oficinas por motivos de seguridad.

El 28 de marzo de 1977, el general Félix Galván López - secretario de Defensa - visitó Circular de Morelia núm. 8 y ordenó una evaluación. El diagnóstico fue alarmante: el archivo excedía 50% de la capacidad estructural, había grietas en fachada/juntas, y el sótano inundado por fuga o filtración freática.³⁹ El director Javier García Paniagua solicitó urgentemente retirar la carga y construir un nuevo inmueble “especialmente proyectado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la Dirección Federal de Seguridad”.⁴⁰ Cinco meses después, el oficial mayor José Luis Lamadrid instruyó al arquitecto Jorge Medellín Sánchez localizar un inmueble “adecuado para la DFS” y remitir el dictamen sobre el peligro estructural.⁴¹

El 14 de octubre de 1977, el oficial mayor José Luis Lamadrid solicitó al subsecretario Leopoldo González Sáenz asignar a Gobernación un edificio nacional en Ignacio Ramírez y Plaza de la República como nueva sede de la DFS, justificando la obsolescencia de su inmueble actual.

El edificio había sido estancia infantil de Hacienda hasta 1976, y originalmente sede de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.⁴² Para julio de 1978, Robusta Compañía Constructora S. A. realizaba adecuaciones - sin recibir los planos solicitados -, incluyendo: unificación de dos edificios con escalera, stand de tiro, auditorio, cambios de plomería, estudios de suelo para elevadores y remoción de una estatua de la fachada. La entrega se proyectaba para marzo de 1979.⁴³

La DFS planificó su nuevo inmueble de tres pisos - alas norte, sur, poniente - con instalaciones como dormitorios, gimnasio, laboratorios, archivo, stand de tiro, auditorio e incinerador.⁴⁴ Lo más revelador estaba en la planta baja del ala sur: “separos, sala de interrogatorios, identificación confidencial y consultorio médico”,⁴⁵ estableciendo así el área secreta de operaciones dentro del complejo.

No hay documentos del traslado exacto a Plaza de la República núm. 20, pero probablemente ocurrió en septiembre de 1979: el 4 de ese mes se ordenó el traslado de muebles para liberar el edificio para el Consejo Nacional de Población.⁴⁶ El día 14, Miguel Nazar Haro reportó que el antiguo edificio estaba vacío.⁴⁷

Una vez instalados, la DFS bautizó sus espacios. El 7 de agosto de 1979, Nazar Haro comunicó al general Marcelino García Barragán que el auditorio llevaría su nombre para que los agentes, “nuevos pilares de nuestra Seguridad Nacional, tengan siempre en la mente, al hombre … símbolo de la Lealtad y la Dignidad de nuestro país”.⁴⁸

Desde 1979 hasta 1985, los ‘separos’ funcionaron como cárcel clandestina y centro de tortura (Cilia Olmos y González Ruiz, 2006, pp. 68-69), con acceso restringido incluso para agentes de la DFS. De esta manera, dentro del mismo edificio - al que la sociedad ya tenía vedado el acceso -, se estableció un sitio negro que era deliberadamente ocultado en la documentación interna. Esto puede observarse en la Figura 13, donde el patio del inmueble aparece con automóviles estacionados y, en un rincón de la parte superior derecha, la entrada al subterráneo - que albergaba la cárcel clandestina y el área de tortura - se encuentra disimulada con cajas de cartón, como se verá más adelante.

Nota: En ella se parecía una tronera que apuntaba a la entrada principal del edificio y, del lado izquierdo unas cajas ocultaban la entrada al sitio negro que era un pasaje subterráneo.

Fuente: AGN, DFS, leg. 2, exp. 009-005-007, fol. 93.

Estas instalaciones fueron el orgullo de la DFS, presumidas en un documental para López Portillo en donde se presenta a la institución como el “guardián de los logros de la Revolución Mexicana” que “tiene sus instalaciones frente al símbolo de esta lucha”.⁴⁹ Este periodo culminó en 1985, año en que dejó de existir frente a una doble crisis: corrupción que la convirtió en entidad criminal vinculada al narcotráfico (Aguayo, 2001, pp. 245-46), y daños estructurales en sus instalaciones por el sismo del 19 de septiembre que llevaron al abandono de las oficinas - no así de la parte clandestina.

El día del terremoto, no se difundió información sobre Plaza de la República núm. 20, pero la zona tenía afectaciones. El Edificio de Pensiones del ISSSTE, cercano, amenazaba con colapsar sobre Lafragua, lo que obligó a evacuar la DFS. Según el testimonio de MDLV - cuyo padre trabajaba ahí -, esos días fueron de ‘absoluto caos’ en la dependencia.

Ese día nos agarró el temblor en la casa y al ver el caos mi papá salió a trabajar a la DFS. A partir de ahí no lo vimos durante casi dos semanas, a veces sólo regresaba a bañarse, pero se volvía a ir rápidamente. Ya estábamos acostumbrados a que fuera así. Él manejaba una combi de la Federal y, después nos contó, fue el único que se presentó al edificio y al ver el caos le tocó mover el archivo. Entre él y sus compañeros llenaban de papeles la combi y se los llevaban a un sitio seguro. Y así hizo sus viajes hasta que terminaron. El edificio había quedado muy dañado por adentro, cuenta que también le tocó sacar cuerpos, pero nunca supimos si realmente eran de trabajadores del edificio. (Comunicación personal, 17 de diciembre de 2024)

Tras el terremoto, el director Pablo González Ruelas envió a Gobernación reportes de evacuación sin revelar el destino de archivos, equipo y personal. Inició entonces un desmantelamiento: vidrios blindados, equipo de radio, laboratorios, gimnasio y stand de tiro fueron removidos, quedando el edificio prácticamente abandonado.⁵⁰

El 23 de octubre de 2002, durante el gobierno del presidente Vicente Fox - quien había ordenado la creación de la Fiscalía Especial para Investigar Movimientos Sociales y Políticos del Pasado -, un grupo de activistas encabezado por exlíderes del movimiento estudiantil de 1968 tomó el inmueble de Plaza de la República núm. 20. En su interior, encontraron documentación abandonada en pésimas condiciones que evidenciaba la administración de la DFS, incluyendo reportes de investigación y nóminas fechadas hasta el 23 de junio de 1984.⁵¹ Sorprendentemente, también hallaron documentos elaborados en 1995, lo que sugería una continuidad en el uso del espacio años después de la desaparición formal de la DFS ya como Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Durante la toma, los activistas fotografiaron y grabaron en video el estado de abandono del edificio. Las imágenes muestran carpetas con membrete de la SEGOB que documentaban vigilancia de inteligencia en Chiapas en los primeros meses de 1995, así como reportes sobre la fuga del expresidente Carlos Salinas de Gortari a Cuba para evadir las investigaciones contra su hermano, acusado de corrupción. El recorrido también reveló puertas blindadas y, en el patio, la entrada a un subterráneo con celdas. Uno de los presentes identificó el lugar como el sitio en donde había sido torturado y narró su experiencia ante la cámara (Figuras 14 y 15).

Fuente: Archivo particular de Jorge Gálvez.

Fuente: Archivo particular de Jorge Gálvez.

El subterráneo, carente de luz, fue iluminado brevemente por la cámara, permitiendo observar que dentro se extendía hacia diversos puntos del subsuelo y tenía algunos pasajes sellados (Figura 16). También en sus muros había inscripciones dejadas por detenidos: fechas, consignas y apodos como “24/12/89”, “ENE/83 Jisela”, “DESDE LA MONTAÑA…”, “¡ÁNIMO Chapines y guanaco!”, “4NY2” y “1979”. Una voz en el video comenta que el yeso de las celdas estaba cubierto de mensajes, los cuales, en algún momento, habían intentado ser ocultados con pintura (Figura 17).⁵² Lo anterior es revelador: el inmueble de Plaza de la República núm. 20 funcionó como sitio negro durante al menos 10 años después del abandono oficial de la DFS y de su extinción formal. Esto sugiere que el CISEN, institución que la sucedió, mantuvo operativos estos espacios clandestinos utilizando el supuesto abandono como cobertura.

Fuente: Archivo particular de Jorge Gálvez.

Fuente: Archivo particular de Jorge Gálvez.

En mayo de 2010, se publicó en YouTube un documental de corta duración titulado “DFS Final”, que muestra un recorrido por el interior del edificio de Plaza de la República núm. 20 (Burrosband, 2010). Los realizadores Gabriela Enríquez, Raisa Serrano y Víctor Oseguera documentaron el estado del inmueble: aún permanecían documentos oficiales de los servicios de inteligencia esparcidos por el suelo, así como evidencias del desmantelamiento que ya se reportaba desde 1985. Asimismo, se observa un cambio significativo respecto de las imágenes de octubre de 2002: el patio aparecía cubierto de basura y la entrada al subterráneo estaba bloqueada por una acumulación de desechos (Figura 18).

Fuente: Burrosband (2010).

Resulta llamativo que, durante los 17 años posteriores a su supuesto abandono, tanto el patio como el subterráneo hubieran permanecido visibles e incluso en uso, mientras que, menos de ocho años después, precisamente esa zona apareciera obstruida. Finalmente, en 2008 se publicó que el inmueble había sido vendido por 23 523 000 pesos a la empresa Controladora de Desarrollo Plus, S. A. de C. V., la cual de inmediato lo intervino y, en medio de secrecía, limpió el subterráneo y lo cubrió de concreto al mismo tiempo que procedía a la demolición interna conservando únicamente su fachada.⁵³

Por último, es necesario mencionar que en la documentación referente a las instalaciones de la DFS ya figuraba desde 1979 una sede en Magdalena Contreras que en ese momento fungía como almacén⁵⁴ y que para 1985 había comenzado a ser intervenida para construir, por fin, el proyecto del inmueble de la Seguridad Nacional que en ese momento aún era la DFS. Este lugar se ubicaba en una antigua fábrica textil llamada “La Magdalena, S. A.” que había sido expropiada en 1972 por el Estado para beneficio social o cultural de la comunidad y, en cambio, fue entregado a la DFS y transformado. Aún en 1985, los directivos de la DFS realizaron una visita para supervisar los cambios de ese último inmueble (Figura 19).

Fuente: AGN, DFS, leg. 3, exp. 009-005-007, fol. 4.

Los últimos reportes del archivo de la DFS sobre el inmueble de Magdalena Contreras documentan el rechazo de los vecinos organizados en la Coordinadora de Pueblos y Colonias del Sur. La controversia estalló en 1987, cuando se hizo público que el lugar albergaría a la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN) -primer sucesor de la DFS de 1985 a 1989 -, destinado a instalar a ‘la policía política’. Frente a esto, la comunidad exigía, en cambio, la regularización de la tenencia de la tierra, el acceso a agua potable y la implementación de transporte público.⁵⁵

El Comité ¡Eureka! se sumó a la lucha y documentó la resistencia de las comunidades contra el establecimiento de la “policía política en Contreras” (Figura 20). El 27 de mayo de 1987, un grupo de colonos tomó las instalaciones y denunció haber encontrado en su interior “hornos crematorios, separos, sótanos y aparatos para torturar física y mentalmente a seres humanos”.⁵⁶ Para entonces, la DFS y su sucesora ya llevaban ocho años ocupando el inmueble en el más absoluto secreto, consolidándolo como el último sitio negro de la institución.

Fuente: AHCE, Denuncia pública, instalaciones para la policía política en Contreras.

El carácter de sitio negro de las instalaciones trascendió la extinción formal de la DFS en 1985, evidenciando una inquietante continuidad operativa y de personal en los mecanismos represivos. Este legado se manifiesta en testimonios de víctimas de la década de 1990, quienes, al ser torturados, identificaron a sus represores como veteranos de los años setenta. Es el caso de detenidos como David Cilia Olmos y David Cabañas Barrientos en 1990, o Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente en 1999, quienes reportaron la intervención de antiguos agentes como Salomón Tanús⁵⁷ - a quien reconocieron por su historial (Cilia, 1992, pp. 115-21) - y la presencia de lo que denominaron “viejos expertos”, mismos que llegaban a los interrogatorios con “grandes archivos policiacos bajo el brazo” (Cabañas, 2011, p. 20). Estos elementos, que se hacían llamar ‘federales’ sin ser militares, dirigían las torturas, los traslados y la custodia en cárceles clandestinas.⁵⁸ Su participación activa años después demuestra que el saber hacer represivo, los archivos e incluso los agentes mismos migraron a las nuevas estructuras de seguridad, perpetuando el modus operandi de los sitios negros bajo una nueva fachada institucional.