Generalidades1
Los mormones arribaron a la región del noroeste chihuahuense hacia finales de siglo XIX, a través de los procesos y las políticas de colonización que el Estado mexicano promovió con la intención de volver productivas grandes extensiones de tierras despobladas (Aboites, 1995, p. 22; Martínez, 2010, p. 104), mientras que los ejidatarios fueron la nueva figura de propietarios que surgió en México con el proceso de reparto agrario avalado por la Ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917, donde se formuló un nuevo concepto de ejido convirtiéndolo en la nueva unidad de propiedad comunal (Ginzberg, 2015, pp. 552-53; Kourí, 2015, p. 54).
En este texto se analizan el racismo y la xenofobia, el primero entendido como un comportamiento que implica el odio y menosprecio de personas que poseen determinadas características físicas (Todorov, 2005, p. 155). Y, por otra parte, la xenofobia como “el comportamiento o actitud que desarrolla un grupo social o étnico … frente al temor o prevención respecto de otros grupos (étnicos, sociales, nacionales a los que se les considera extranjeros)” (Herranz, 2008, p. 112). Ambos conceptos estuvieron presentes en los procesos de colonización y distribución de la tierra, así como en la convergencia y las relaciones en los años posteriores al movimiento armado de 1910, entre estos dos grupos de propietarios.
Las políticas emprendidas por el Estado mexicano liberal de fines del XIX, pretendieron colonizar a través de extranjeros, teniendo una clara preferencia racial: el hombre blanco de origen europeo, como candidato perfecto, mientras se denostaba a los pueblos originarios, a los de origen asiático y africano, por considerarlos “razas inferiores”, prejuicio basado en el pensamiento naturalista de la época (Lomnitz, 2010, p. 25; Pérez Vejo, 2015, pp. 90-91).
El reparto agrario, por otra parte, inició posterior al conflicto armado y es considerado como uno de los productos primordiales de dicho proceso (Semo, 1989, p. 123); por ende, está impregnado del nacionalismo posrevolucionario y de la exaltación de lo mexicano sobre lo extranjero, al situar al mestizo como el centro de la narrativa de unidad nacional posrevolucionaria (Castillo y Guerra, 2012, p. 254; Pérez Monfort, 1999, pp. 178-80).
El objetivo central del trabajo es demostrar que estos episodios de xenofobia sucedidos en el México posrevolucionario son fracciones del rompimiento de esta parte de la sociedad mexicana con el discurso y algunos elementos remanentes del régimen porfirista, como lo fueron los procesos colonizadores y la complacencia ante el capital extranjero de esa época. A través de un análisis historiográfico, así como de fuentes hemerográficas y de archivo en torno a la formación de estos dos grupos sociales y de su convergencia en una temporalidad y un espacio definido, se aproximará desde la perspectiva discursiva al proceso de establecimiento del nuevo régimen social, cultural y político en el México rural de las primeras décadas del siglo XX, marcando distancia de enfoques que han estado centrados mayoritariamente en marcos legales o procesos productivos.
Aunque la historiografía ha estudiado ampliamente la colonización extranjera, la reforma agraria y el nacionalismo posrevolucionario, estos procesos han sido analizados de manera fragmentada. No se ha explorado de forma sistemática cómo los discursos de racismo y xenofobia operaron como factores en los conflictos agrarios entre colonos extranjeros y ejidatarios, particularmente en regiones como el noroeste de Chihuahua.
Trabajos pioneros como los de González Navarro (1993), marcaron la línea interpretativa de la política colonizadora del Estado liberal como mayoritariamente fallida, con excepción de las colonias mormonas. Posteriormente, Aboites (1995) propuso la noción de poblamiento precario, destacando la continuidad de las políticas colonizadoras más allá de la Revolución y su coexistencia con el reparto ejidal, así como la distinción entre colonización inducida y poblamiento espontáneo. Por otra parte, Lloyd (1987) analizó el impacto territorial y productivo de las colonias mormonas, así como los conflictos agrarios, pero dando privilegio al estudio de la modernización material de los colonos.
Desde otra vertiente, se ha abordado el papel de las compañías deslindadoras en el despojo de tierras comunales, influyendo en la comprensión de los orígenes del ejido y los conflictos agrarios, aunque con un énfasis legal-administrativo. Más recientemente, como señala Motis (2014, p. 145-74), se ha renovado el campo al analizar la colonización como política pública y espacio de construcción nacional, atendiendo los discursos raciales y nacionalistas; no obstante, persiste un vacío en el análisis de la relación entre ejidatarios y colonos en Chihuahua, particularmente en los conflictos por la tierra y el agua, y en los lenguajes de legitimación estatal.
Este texto examina los conflictos agrarios del noroeste chihuahuense no solo como disputas materiales, sino como escenarios en donde se activaron y resignificaron discursos de racismo y xenofobia, tanto en su versión liberal decimonónica como en el nacionalismo posrevolucionario. En ese sentido, propone un análisis que subraya la continuidad de prácticas y discursos discriminatorios en ambos regímenes. Al centrar la atención en la interacción entre colonos mormones y ejidatarios, este estudio aporta una lectura que permite observar cómo dichas narrativas operaron en la vida cotidiana, en la administración de los recursos y en la construcción de jerarquías sociales, contribuyendo así a ampliar la comprensión historiográfica sobre la persistencia del racismo estructural en México. Además, la relevancia de este trabajo proviene de la vigencia de la temática, donde grupos directamente ligados a estos procesos de propiedad de la tierra son los actores principales en los conflictos agrarios actuales de la región, de la cual hay pocos estudios historiográficos.
Proyectos colonizadores en el México del siglo XIX: discursos de racismo y xenofobia
Un objetivo primordial planteado por los gobiernos mexicanos del siglo XIX, fue poblar y volver productivas muchas de las zonas inhóspitas existentes en el país. Las ideas de población de estos vastos territorios fueron heredadas del virreinato, pues desde entonces se buscó el proteger los límites territoriales, tanto de potencias extranjeras como de las tribus nómadas que asolaban los asentamientos españoles (Domínguez, 2017, pp. 115-22). Bajo esa premisa y con miedos consolidados tras el conflicto de 1847 con Estados Unidos, los procesos de colonización se volvieron casi una obsesión para las élites políticas e intelectuales mexicanas del decimonónico (Taylor, 2004, p. 107). Para lograr esta empresa fueron esenciales leyes, como la Ley General de Colonización de 1824, el Decreto de Colonización de 1875 y la Ley de deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos de 1883. Cada una creada en un contexto político diferente: el naciente estado, el periodo liberal y el porfiriato (Martínez, 2013, p. 15).
El concepto de colonización que se utiliza para una mejor comprensión de las dinámicas sociales y políticas implicadas con el mismo, está basado en lo propuesto por Aboites (1995, pp. 15-16) y Martínez (2010, pp. 104-105), que lo define como un movimiento de población producido hacía el medio agrícola o rural, fomentado por el Estado a través de políticas, con la intención de atraer extranjeros para poblar y volver productivos territorios despoblados de la geografía nacional.
Las intenciones de poblar y activar económicamente los territorios baldíos2 de la inmensa geografía mexicana, a través de la colonización, contenían un trasfondo peculiar: el racismo, dado que la clase gobernante mexicana preponderaba al extranjero sobre el indígena. Mientras se adulaba la imagen del indígena prehispánico, se discriminaba al coetáneo, considerado un lastre para el progreso del país; entonces, el hombre blanco europeo era quien podía cumplir la empresa colonizadora que el país necesitaba (Martínez, 2013, p. 16). Tal era el discurso.
La ciencia positivista decimonónica colocó al europeo blanco en la cúspide de la nomenclatura racial. A pesar de que Darwin en su propuesta había hecho hincapié que la especie humana era una sola, su teoría de la selección natural fue utilizada por élites intelectuales y políticas del XIX para justificar sus pensamientos sobre la superioridad de ciertas razas sobre otras (Pérez Vejo, 2015, pp. 90-91).
Como ejemplo, el intelectual conservador F. Pimentel, aseguraba que el indígena era “desprovisto de ingenio, melancólico por naturaleza, propenso a la embriaguez y a ser perezoso” (Kent, 2023, p. 39). Pero tal vez el discurso más propagado con base en la ciencia biológica decimonónica, fue que el indio era inmensamente inferior intelectualmente al europeo y al criollo (Kent, 2023, pp. 37-39). Este pensamiento fue propicio para que una colonización extranjera se convirtiera en una fijación en intelectuales y políticos.
Los conservadores veían en los extranjeros las claves para el éxito de la empresa colonizadora. Lucas Alamán consideraba que la clase agraria mexicana era “poco diestra y haragana”, refiriéndose a ella con adjetivos y frases como “indolente” o “degradados por la estupidez del estado de barbarie” (Aboites, 1995, pp. 52-53). Alamán creía que la llegada de europeos atraídos por concesiones de tierra, propiciaría una “transformación mágica”, como había sucedido en Estados Unidos (Aboites, 1995, pp. 44-45).
No obstante, tanto Alamán como José María Luis Mora expresaron su recelo a los movimientos colonizadores del vecino del norte, tras el conflicto armado entre ambas naciones. Coincidentemente, a mediados del siglo XIX hubo una gran inmigración de europeos al continente americano, casos particulares los de Brasil, Argentina y Canadá. Para los liberales mexicanos, estos ejemplos constituían una nueva clase campesina de propietarios particulares, en oposición a la propiedad comunal que prevalecía como remanente del virreinato, y bajo este régimen, presuntamente se beneficiarían los sistemas políticos y económicos del país (Aboites, 1995, pp. 21, 44-51).
Mora (1986) veía en la llegada de colonizadores europeos católicos, la solución al problema de la vagancia y la poca aplicación de los pueblos indígenas, pensaba ese mestizaje sería beneficioso. En sus palabras:
con una buena administración estas naciones indígenas podrían retirarse de la vida vagabunda y formar colonias pacíficas mezclándolas y civilizándolas por medio del establecimiento de familias de Europa, que … formen en ellas los hábitos de la industria y la laboriosidad. (p. 118)
Hacia mediados del XIX, durante la Reforma, los liberales buscaron que la tolerancia religiosa fuese factor dentro de los planes de colonización. Sin embargo, como se ha expuesto, tras la invasión norteamericana el recelo hacia esta comunidad persistió. El sajón protestante representaba al invasor. De acuerdo con Aboites (1995, p. 54), liberales como Mora, Mariano Otero y Guillermo Prieto concordaron con los conversadores en que se debía tener cierta discriminación hacia los prospectos de colonos. Mora pugnaba para que los futuros proyectos fueran a través de europeos latinos, como franceses, belgas y españoles.
Es hasta la promulgación de la Ley de Libertad de Culto de 1860, que se abrieron las puertas en México para las congregaciones protestantes, principalmente estadounidenses. Es de conocimiento general que esto se hizo con la intención de minar la influencia de la Iglesia católica sobre los mexicanos; sin embargo, la gran mayoría del país era católico, no solo los conservadores, y veían en los protestantes una - conquista silenciosa -, del país vecino hacia México. Aunque la idea central era la colonización con europeos católicos, se presentaba la dicotomía de que eran los países protestantes los que mayor número de posibles colonos podían aportar (González Navarro, 1993, p. 24; Trejo, 1988, p. 157). Dentro de esta discriminación religiosa, parte también de la xenofobia, los medios impresos nacionales jugaron un papel central, denostando a los futuros colonos mormones, por sus prácticas y costumbres; proceso que será analizado a detalle en el apartado siguiente.
Aunque también el credo se convirtió en uno de los factores para discriminar futuros colonos durante el siglo XIX, el elemento racial siguió siendo el preponderante en estas operaciones. Además del racismo expresado hacia los indígenas de México - cuando el debate sobre colonización subió a la palestra pública - a quienes más se denostó en el discurso público y en el oficial fueron a afrodescendientes y asiáticos. Ese discurso de vilipendios continuaría hasta entrado el siglo XX.
Por cuestiones de espacio no se ahondará sobre la problemática de estos grupos, además de que existen trabajos especializados sobre la historia de los mismos. Mas no por ello se deja de reconocer que, bajo esta tesis central, en la que la colonización en el México decimonónico serviría para llevar a cabo un ‘blanqueamiento’ de los indígenas mexicanos, cualquier otra comunidad era despreciable, no solo los africanos, sino también se les consideraban indeseables a los judíos, turcos, libaneses y chinos (Pérez Vejo, 2015, p. 99). Estos últimos, junto con los negros, probablemente fueron - como extranjeros -, quienes más rechazo y racismo sufrieron en la discursiva del siglo XIX en México.
A pesar de que la colonización fue un problema del que se habló durante la mayor parte del siglo XIX, y presentó todas estas variantes de fobias y filias hacia los extranjeros, fue hasta las últimas décadas del mismo, cuando más proyectos se concretaron sobre el tema. Sobre todo, basados en la legislación de 1883. Sin embargo, cómo lo explica De Vos (1984, p. 82) el éxito no fue el deseado debido a que las compañías privadas que se dedicaron al deslinde de terrenos para su venta a colonos, hicieron de la especulación un negocio alterno.
Así, de más de 200 contratos que se realizaron para vender predios y colonizar, resultaron solo en la conformación de 60 colonias, de las cuales 16 fueron establecidas por el mismo gobierno, mientras las 44 restantes se hicieron a través de las compañías deslindadoras. Las nacionalidades de los colonos extranjeros que arribaron fueron italianos, guatemaltecos, indígenas estadounidenses, franceses, belgas, españoles, japoneses, rusos, puertorriqueños, sudafricanos y estadounidenses, estos últimos, los que mayor número conformaron con 20 (De Vos, 1984, p. 83).
En el estado de Chihuahua se establecieron 16 de esas colonias estadounidenses; entre ellas, 6 de colonos mormones ubicadas en la región de Casas Grandes, en el noroeste chihuahuense, entre 1885 y 1894. Mismas que de acuerdo con Aboites (1995, p. 118) pueden ser uno de los pocos éxitos que el proceso colonizador del porfiriato tuvo, aunque posiblemente basó esta aseveración en el impacto positivo que tuvieron en la región. Como expone Lloyd (2001, pp. 165-229), aportaron a la agricultura y fruticultura con nuevas especies de sembradíos y técnicas agrícolas, sobre todo en materia de irrigación, además de sobresalir en la ganadería y el comercio del estado. Sin duda establecieron un modelo económico que prosperó y una prueba de ello es que al menos un par de estas colonias existen en la actualidad.
La colonización mormona del noroeste de Chihuahua
Dentro de estos procesos de la segunda mitad del siglo XIX estuvo inserta la colonización llevada a cabo por miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones. Esta se dio en el noroeste del estado Chihuahua, principalmente en la región de Casas Grandes, donde establecieron varias de sus colonias. Otros casos de colonización en el estado fueron las colonias Boers (Taylor, 2004, pp. 107-108) durante el porfiriato, y los menonitas (Aboites, 1995, pp. 187-96) y españoles (Sen Venero, 2014, pp. 2-12) en el México de la posrevolución. El caso que aborda Sen Venero, es la Colonia Santa Clara, formada en 1939 por miembros del exilio español; sin embargo, esa colonización estuvo más enfocada en el trabajo que realizaron las organizaciones de exiliados para conformarla, a diferencia de los otros ejemplos que se mencionan en nuestro caso de estudio, donde el Estado mexicano fue participe más directo a través de políticas y legislaciones para permitir se desarrollaran los procesos de colonización. Ambas temporalidades representan éxitos y fracasos de las políticas colonizadoras.
A diferencia de otros extranjeros - los cuales el Estado intentó atraer, para poblar regiones inhabitadas e improductivas de México - los mormones fueron quienes buscaron al gobierno mexicano para analizar la posibilidad de establecerse en el país. Esto, debido a las tensiones políticas entre los líderes de la Iglesia y el gobierno estadounidense, tras el asentamiento de la congregación en el territorio de Utah, a mediados del siglo XIX.
Para tratar de socavar el poder político de la Iglesia, el gobierno norteamericano promulgó entre 1862 y 1882 un par de legislaciones: la Ley Morril y la Ley Edmunds. La primera prohibía la bigamia y por ende la poligamia, lo cual era una práctica religiosa común entre los mormones (Romney, 1938, p. 49), además, limitaba la cantidad de capital económico que las iglesias podían poseer (United States of America Congress, 1863, pp. 501-502). La Ley Edmunds por su parte, prohibió a quienes fuesen polígamos votar o postularse para puestos públicos, ser funcionarios dentro de la administración federal y estatal, además de no poder servir como jurados dentro de los juicios que se presentasen en el territorio (Johnson, 1972, p. 3).
Bajo las cláusulas de dichas legislaciones, la Iglesia perdería el control político del territorio, por ello, iniciaron el proceso de prospectar lugares en donde establecer futuros asentamientos. De acuerdo con sus fuentes, desde 1876 algunos mormones visitaron el estado de Chihuahua y se entrevistaron con autoridades y miembros de las élites locales, como el terrateniente Luis Terrazas o el gobernador del estado, Antonio Ochoa. Incluso aluden, que Terrazas - aunque no fuese autoridad civil - les permitió dar un servicio religioso, el cual califican como el primero en suelo mexicano (Romney, 1938, p. 41).
Durante esta primera visita no se concretó un proyecto colonizador, pues como propone Vázquez (2006, p. 121), en esa coyuntura sucedió el levantamiento de Porfirio Díaz bajo el Plan de Tuxtepec y aunado a esto, murió el patriarca de Iglesia mormona, Brigham Young. Fue hasta 1882 que continuó el cabildeo por parte de los mormones para saber la opinión del gobierno mexicano sobre el establecimiento de colonias en su territorio, pero, sobre todo, cuál era el sentir de las autoridades mexicanas respecto de la poligamia (Romney, 1938, p. 46).
Tras una reunión con el presidente Díaz en la que sus emisarios expresaron interés por establecerse en México - aunque sus fuentes no confirman las fechas de dicha reunión - aseguran que el mandatario concedió su aprobación para su establecimiento en el territorio nacional. Al expresar, “no sólo son bienvenidos, si no que se espera con ansias ayuden con el desarrollo del país” (Romney, 1938, p. 59). También, Díaz los conminó a buscar lugares idóneos para su establecimiento en Sonora o Chihuahua, aunque eran bienvenidos en cualquier otra parte de la nación. En cuanto al asunto de los “matrimonios plurales” aseguran sus fuentes que el presidente les explicó no haber una ley en México que lo prohibiera, e incluso lo citan con una colorida respuesta “a México no le importa si conduces tus caballos en par o en fila de a cuatro” (Johnson, 1972, p. 14).
Así, con la indulgencia de Díaz y amparados en la Ley de Colonización de 1883,3 los primeros mormones adquirieron propiedades en el noroeste chihuahuense hacia 1885. Hardy (1963, p. 82) estima que las primeras compras de terreno rondaban entre 48 000 y 68 000 hectáreas aproximadamente, sobre la cuales fundaron las colonias Juárez, Dublán, Díaz y Pacheco: las primeras en las cercanías al pueblo de Casas Grandes, la tercera cerca del poblado de la Ascensión y la última en la serranía de Casas Grandes. Lloyd (1987, p. 86) afirma que, en un periodo menor a los tres años, solo alrededor del pueblo de Casas Grandes, los mormones habían adquirido un poco más de 61,000 hectáreas; esto sin tomar en cuenta lo adquirido cerca de Ascensión o las colonias de la sierra. Mientras que el diario El Tiempo reportó en marzo de 1889, basado en una carta enviada por un mormón de apellido Eyring al rotativo El Financiero Mexicano, que los colonos habían adquirido “200,000 acres” y se encontraban unas “150 familias” en estos asentamientos.4
Los ataques xenófobos contra este grupo se manifestaron tempranamente en la prensa nacional, inclusive años antes de su llegada. El Monitor Republicano señalaba en 1877 en torno a la posible colonización con mormones, “los americanos pretenden que sus desechos sean fuente de nuestro bienestar” (González Navarro, 1993, p. 250). En el mes de julio de 1883 el mismo periódico publicó una editorial criticándolos y prevenía a los lectores de estar atentos por que en caso de ser “mormonizados”, permitirán que este grupo termine su obra de “ignominia” y desmoralización.5
Recién llegados y ya encontraban descontento, no solo nacional sino local por su arribo. En 1885, Silvestre Quevedo, presidente municipal de Casas Grandes, solicitó al gobernador Carlos Fuero expulsar a los mormones, quienes desde febrero de ese año acampaban en las cercanías del poblado, en espera de concluir la adquisición de terrenos. A principios de abril recibieron una misiva del gobernador del estado, otorgándoles 15 días para que abandonaran el territorio chihuahuense. Al no tener éxito para hacer cambiar de parecer al gobernador, se trasladaron a la Ciudad de México, donde el 9 de mayo fueron recibidos por los ministros Ignacio Mariscal y Carlos Pacheco, quienes al tener cercanía con el presidente Díaz, lograron que el mandatario revocara la orden de expulsión y se comprometiera desde el gobierno federal a apoyar la colonización (Lloyd, 1987, pp. 87-88; Hardy, 1963, pp. 77-79).
Aun con el apadrinamiento de Díaz, los ataques en la prensa hacia la comunidad mormona no cesaron. El periódico El Faro publicó un artículo en 1886, donde aducía que sus prácticas conversivas y misioneras, no tenían otro objeto más que el de beneficiar económicamente a los jerarcas de la Iglesia y que dicha conversión solo funcionaba en “incautos”, “incrédulos” e “ignorantes”.6El Nacional en 1888 recriminaba al gobierno mexicano las atenciones y la cantidad de tierra hecha asequible para este grupo al cual consideraba una plaga: “una langosta a la que el gobierno americano no ha querido conceder ni el espacio de una arena”.7 En 1890, Diario del Hogar informó que se esperaba la llegada de más mormones a Chihuahua e invitaba al gobierno federal a detener la oleada de este grupo a territorio nacional. Los consideraba “una comunidad excluida a la obediencia al gobierno”. Esto, en el sentido de no haber respetado las leyes en su país de origen, porque lo harían un país ajeno. Además, la poligamia era causante de un “desquiciamiento moral”.8 Bajo esta premisa se consideraba que un futuro cualquiera persona que fuera acusada de bigamia decidiría no obedecer las reglas, pues si existían los mormones y ellos lo podían hacer, por qué los demás no.
A pesar de ser un grupo considerablemente hermético, los mormones intentaron amalgamarse con la sociedad local. Asistían a eventos organizados por mexicanos, como fiestas y bailes. No tomaban licor ni café o té, no fumaban y se retiraban temprano. Sus colonias no tenían cárceles, cantinas o prostíbulos. Entendían los deberes cívicos mexicanos, celebran las fechas importantes de su nación adoptiva, entre ellas el 5 de mayo y el 16 de septiembre, e invitaban a participar a los mexicanos (González Navarro, 1993, p. 252). En Nuevo Casas Grandes - población fundada en 1897 con la llegada del ferrocarril - organizaban eventos para celebrar el 5 de mayo, como recitales, números musicales, nombraban una reina de mayo y realizaban carreras de caballos, utilizaban la avenida Porfirio Díaz, la cual comunicaba la estación del ferrocarril con la Colonia Dublán.9
Los mormones innovaron en muchos sentidos las prácticas de agricultura, ganadería, el comercio y la industria; establecieron sistemas de irrigación similares a los implementados en la árida geografía del valle del Lago Salado; construyeron el primer pozo artesiano de la región; introdujeron variedades de frutas y cultivos nuevas a la zona; colocaron también molinos de trigo y otros granos en sus principales colonias y almacenes comerciales que estaban a la par de los mejores del estado (González Navarro, 1993, pp. 246-47; Lloyd, 2001, pp. 197-213).
A pesar de estos cambios surgidos gracias a sus contribuciones en la vida económica de la región y a sus sutiles intentos de agradar y socializar con sus vecinos mexicanos, fueron cultural y socialmente rechazados en gran medida por esa hermética organización social que ejercían dentro del grupo, además de sus costumbres, principalmente la poligamia, que fue tan atacada por la prensa de la época, así como a su ética industriosa y orientación económica que contrastaba con la de los locales. Aun así, los mormones significaron la victoria más representativa de la colonización porfirista; ninguna otra región del estado de Chihuahua tuvo un mayor crecimiento demográfico ni tampoco mayor desarrollo de la ganadería como el que se dio en la región noroeste (Aboites, 1995, p. 101; Lloyd, 1987, p. 50) proceso con el cual los mormones estuvieron íntimamente relacionados.
El nacionalismo posrevolucionario y el campesino como eje del discurso
Al disiparse en 1917 parte de la gran nube de violencia, fratricidio e incertidumbre, que se había apoderado de México por siete largos años y con la proclamación de una nueva constitución, surgían interrogantes que los políticos y los intelectuales que habían sobrevivido la transición de régimen, tenían que responder. Entre una mezcla de acto de contrición y crisis existencial, se lanzó en el constituyente de 1917 la pregunta: ¿qué es el pueblo y la nacionalidad mexicana? El diputado Paulino Machorro Narváez dio respuesta a su propia pregunta, “somos un conjunto de razas y cada una de ellas tiene su mentalidad, esa diversidad es la que nos ha presentado ante el mundo civilizado cómo un pueblo débil que carece de unidad nacional” (Yankelevich, 2019, p. 25).
La predilección por el elemento extranjero que se vivió durante el siglo XIX y que se acentuó durante el porfiriato, fue causante sin duda, de la gran heterogeneidad social que existía al estallido, durante y después del movimiento armado de 1910 y sobre lo cual el nuevo régimen tendría que actuar.
Los gobiernos posrevolucionarios concibieron la unificación de la nación bajo el entendimiento de la existencia de una sola raza: la mestiza. Sobre esta idea centraron el discurso legitimador revolucionario, en oposición a la exaltación de lo extranjero del régimen anterior; en este se enaltecería lo mexicano. Mientras en el porfiriato se había identificado al ‘pueblo mexicano’ con una burguesía nativa, la posrevolución consideraba como ‘el pueblo’ a los sectores de las clases bajas. Esta figura que identificaba el nuevo discurso, era la de los ‘pobres’, ‘humildes’, los ‘marginados’ por el gobierno porfirista; por lo general las clases menos favorecidas de los entornos rurales del país, como los campesinos, rancheros e indígenas y en raras ocasiones el asalariado urbano. En ellos presuntamente recaería esa riqueza territorial que antes había sido para los extranjeros, y tendrían la representación política antes negada. Ante esta revaloración de lo propio ante lo extranjero y de la redefinición de lo que era lo mexicano, nació el nacionalismo posrevolucionario (Pérez Monfort, 1999, p. 180; 2005, p. 72).
Bartra (1987, pp. 15-17) y Pérez Monfort (2005, p. 73) coinciden al exponer que esta figura a la que se le endilga ‘la mexicanidad’ o el ‘carácter nacional’ es una construcción de las clases políticas, construida desde estas élites y ayudada por una clase intelectual. Misma que a través de la literatura, el arte, la música y la educación oficial, buscó identificar elementos claves con lo popular, aunque esas élites gradualmente se alejaron de esos entornos populares. La imagen del mexicano que se creó para tratar de contrarrestar esa pluralidad de caracteres dentro de la cultura mexicana, que según los políticos causaba esa mínima unidad nacional, fue la de estereotipos con los que se reconoció al mexicano y lo mexicano dentro y fuera del país. Basada en estos entornos populares y rurales, llenos de paisajes, de héroes, momentos históricos y un humor variado.
Para Bartra (1987) son “estereotipos codificados por la intelectualidad … cuyas huellas se reproducen en la sociedad provocando el espejismo de una cultura popular de masas” (pp. 15-16). Mientras que Pérez Monfort (1999) considera que estos estereotipos se crearon con la intención de tener “una dimensión más o menos gobernable” o “entendible” de los diferentes aspectos culturales que salían a luz cuando se trataba de abordar al “indefinible” pueblo mexicano (p. 183).
Ese discurso de homogeneidad que se buscaba crear a través de este nacionalismo empezó a ser expresado en los medios, tal como lo publicó el rotativo El Demócrata en 1920:
El 16 de septiembre de 1810 comenzamos a vivir. Desde entonces pasaron a la historia y a la prehistoria los reinos toltecas y … aztecas, la Nueva España, la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya. Ya no hay más que méxico, México para siempre, México sobre todas las cosas en el corazón de sus hijos.10
En 1921, el presidente de la república, general Álvaro Obregón, precisó en contrastar su celebración del centenario de la consumación de la Independencia mexicana con los eventos realizados 10 años atrás, los cuales corrieron todavía por cuenta del régimen porfirista. Mientras la ostentación y la opulencia habían sido la nota de dichos festejos, en esta ocasión el mandatario solicitó se organizará la ‘noche mexicana’ en el castillo de Chapultepec, además de una exposición de arte popular, con lo cual buscó acentuar la importancia de rol que jugaba el pueblo en la construcción de la nación mexicana (Campos, 2014, p. 161). Al ser el Estado quien legitimó este tipo de eventos y celebraciones, permitió que a la postre se convirtieran en parte del discurso y la cultura popular de masas mexicana.
El discurso posrevolucionario tuvo implicaciones también en lo político. Al hacer del nacionalismo uno de sus ejes, este tenía que contar con sus contrapartes; es decir, en la exaltación de lo nacional y la denostación de lo extranjero, existía un trasfondo. Como propone Pérez Vejo (2015), la nación y el nacionalismo están “indisolublemente unidos al racismo y la xenofobia” (p. 99), lo cual permeó en políticas que contenían elementos discriminatorios hacia diferentes grupos sociales y étnicos; ante esto, el discurso nacionalista se va considerar xenofóbico, al utilizarse en contra de extranjeros o a quienes se percibía como tales. Además, es evidente la apología que se hace de la mestizofilia, de forma tal, que no existe opción para el indígena, más que su incorporación al mestizo y a la causa de este (Pérez Vejo, 2015, p. 99).
De acuerdo a Yankelevich (2011, pp. 26-27) las legislaciones emanadas de la lucha armada, fueron esenciales para la creación de este nacionalismo. En específico la Constitución de 1917, la cual excluyó y limitó la participación del extranjero de la vida política del país y la ostentación de derechos, en oposición a lo ocurrido en el régimen porfirista. Los artículos que destacan algunas de estas medidas son: el 33 que prohíbe a los extranjeros participar en la cuestión política doméstica, y que además autoriza al presidente de la república expulsarlos sin juicio de por medio; 8 y 9, que excluyen al elemento extranjero de los derechos de petición en materia política, y los de reunión y asociación; el 11 que trata sobre la limitación a los extranjeros la libertad de tránsito que estaría sujeta a las leyes migratorias. Mientras que una fracción del artículo 27 estipula las limitaciones en cuanto a los derechos de propiedad, el 32 considera que el régimen jurídico debe tener preferencia hacia los mexicanos. Estos son algunos ejemplos sobre cómo este discurso nacionalista se introdujo en el discurso político del país a partir de la Constitución.
Con esto, el elemento nacional, en específico el campesino, fungió como centro de la narrativa del discurso político y del movimiento que exigía un cambio en las políticas de la propiedad y repartición de la tierra. Aboites (1995, p. 25) nombra a dicha corriente como ejidal-agrarista, misma que proponía un cambio de discurso, al aducir que México no era un país con mucho territorio y escasa población, sino uno en donde la población rural no poseía tierras. El carácter nacional y popular derivado de la Revolución se oponía al elitismo y racismo porfirista que buscó extranjeros habilidosos. La narrativa sobre la tierra cambió de la riqueza infinita, pero inexplotada, a una sobre despojo, confrontación y lucha por las tierras.
Los ejemplos más claros de xenofobia en el discurso nacionalista se encuentran en los documentos y comunicaciones de los ejidatarios con autoridades estatales y federales,11 donde se acusa al extranjero de todos los problemas, deficiencias y oprobios que le suceden al elemento de campo mexicano. Nunca analizan si la participación del Estado en el proceso de reparto de recursos y la resolución de controversias es la adecuada, toda culpa recae en el ‘extranjero ambicioso’, ‘acaparador’. De dicha situación se realiza también un pertinente análisis.
El reparto agrario en el noroeste Chihuahuense
La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 estipulaba en su artículo 3 que se concederían “ejidos” a los pueblos que los necesitaran o a los que no pudieran restituirlos por falta de títulos o porque se le “enajenaron legalmente”, para satisfacer con ello las necesidades de cada población, además de que menciona la intercesión del Estado para expropiar los terrenos que sean necesarios para cumplir con esta finalidad.12
El concepto de ejido que en la época virreinal era utilizado para designar a las tierras comunales en las postrimerías de los poblados y que no tenían uso agrícola, fue adoptado en 1916 durante los debates para la aplicación de la novel Ley Agraria. En esos debates el secretario de Agricultura y Fomento, Pastor Roauix, concebía al ejido de la siguiente manera:
cuando se trata de dotación de terrenos a los pueblos no debe limitarse a los que propiamente se llaman ejidos en la legislación antigua, sino que debe tomarse de manera genérica la palabra ejido, … cómo terreno que va a disfrutar un pueblo. (Ginzberg, 2015, pp. 552-53)
A pesar de que muchos de los ideólogos que participaron en la Ley Agraria y en la formulación del artículo 27 constitucional eran liberales, no estaban de acuerdo con un modelo de propiedad comunal y preferían un reparto encaminado a la propiedad privada, consideraron que la sociedad rural no estaba preparada para la segunda alternativa, por lo que decidieron utilizar el modelo ejidal como una solución transitoria. Entre estos intelectuales se encontraban Luis Cabrera, Andrés Molina Enríquez, Pastor Roauix, entre otros (Ginzberg, 2015, pp. 552-55).
Los primeros poblados en solicitar ejidos en el noroeste chihuahuense fueron los de Pearson y Casas Grandes, quienes elevaron sus solicitudes ante el gobierno del estado en el mes de mayo de 1921, los días 1 y 18 respectivamente. Los habitantes de Pearson solicitaron dotación de tierras que arrendaban, pertenecientes a la Hacienda de San Diego,13 propiedad de Luis Terrazas, la cual al momento de resolverse dicha requisición se encontraba en manos de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura14 (Domínguez, 2003, pp. 34-35). Mientras que la solicitud que los pobladores de Casas Grandes realizaban era para restituir las tierras del pueblo que habían sido enajenadas y apropiadas por parte de los latifundistas nacionales y extranjeros a partir de la segunda mitad del siglo XIX.15
En las solicitudes puede observarse los indicios del discurso posrevolucionario enfocado hacia las clases populares y de zonas rurales. La resolución para el pueblo de Pearson menciona que, al elevarse la solicitud, los peticionarios dijeron ser una población de “3 006 habitantes”, de los cuales “573 eran jefes de familia” y de entre ellos “286 eran agricultores”. También alude que originalmente el poblado se estableció por los empleos ofertados por los aserraderos de la zona, lo cuales al volverse trabajos irregulares y poco estables, causaron que muchos de los habitantes tornaran sus actividades principales hacia la agricultura. En su solicitud declaraban “carecer de los terrenos indispensables para desarrollar la industria agrícola”, pues anteriormente arrendaban tierras a la citada hacienda. En respuesta el gobierno les dotó de 50 hectáreas por jefe de familia, un total de 14 300 hectáreas tomadas del latifundio Terrazas, manifestando la resolución presidencial lo conveniente de esta dotación, debido a que “el desarrollo de la industria agrícola servirá para mantener y conservar la existencia del pueblo mismo de Pearson”. El documento firmado por el presidente, Álvaro Obregón, establece que, al preservar la existencia del poblado por medio de la agricultura, se beneficia tanto al estado como a la nación.16
En la solicitud de restitución de tierras al pueblo de Casas Grandes, bajo un discurso de agravio, los pobladores manifestaron que “el lugar de su residencia compuesta en la actualidad por 6000 habitantes y fundado desde tiempo inmemorial, se encuentra en pésimas condiciones económicas debido al acaparamiento de los ejidos del pueblo”.17 Los causantes de dichos agravios “latifundistas como Luis Terrazas y … compañías como la de Corralitos, y otras diversas que poseen desde hace algún tiempo inmensas cantidades de terreno”. El reclamo también mencionaba sobre estas tierras, que una mínima parte era la trabajada por los dueños, resultando esto en un “monopolio que … ha impedido por completo a las clases trabajadoras desarrollar con libertad sus actividades”, causa de las famélicas condiciones en que se encontraba la población.18
El poblado de Casas Grandes recuperó por medio de la restitución un total de 112 358 hectáreas, mismas que le habían sido dotadas originalmente en 1778, por el comandante de las Provincias Internas, Teodoro De Croix, sumando las diferentes divisiones de tierras del pueblo y no solo ejidos. La restitución fue aprobada por el Ejecutivo estatal en marzo de 1923 y ratificada por el presidente de la República hasta enero de 1927. En la resolución presidencial se mencionaba quienes eran los particulares que habían afectado y enajenado las tierras del pueblo, entre nacionales y extranjeros se encontraban consorcios y particulares. Las haciendas de San Diego y anexos, además de otro adjunto a la de San Luis propiedad de Terrazas, el Rancho de Tapiecitas y anexos; una fracción de lo propiedad de George R. Look denominada “Fracción A”; Rancho El Espindoleño y otras propiedades pertenecientes a la Compañía Corralitos de capital extranjero.19
Durante esta década los gobiernos sonorenses (Obregón, Calles) no eran precisamente admiradores del reparto agrario y no veían en él la solución a los problemas del campesinado, por ello no atacaron a los latifundios para su desarticulación total de la manera que se esperaba (Aboites, 1987, p. 58). Obregón al ser el primer presidente del nuevo régimen buscaba la legitimación de las potencias mundiales, en específico de Estados Unidos (Domínguez, 2003, p. 17), mientras su sucesor, Calles, consideraba que los inversores extranjeros en el país veían con preocupación el reparto de tierras (Aboites, 1987, p. 58). Para ellos la solución se encontraba en la propiedad privada y no en la tierra comunal, por lo cual trataron de impedir que los estados formularan sus propias leyes de reparto y vetaron a los gobernadores que así lo hacían (Ginzberg, 2015, p. 580), incluyendo al jefe del Ejecutivo chihuahuense que inició la reforma agraria en el estado, el general Ignacio Enríquez.
Bajo el amparo del gobierno enriquista y su proyecto agrario se fundó el ejido de Pearson y se inició el proceso de restitución de tierras al pueblo de Casas Grandes, entregadas en forma ejidal; además, se crearon diversas colonias agrícolas dentro de estos dos ejidos, aprovechando para tomar posesión de tierras ejidales, algunas previo a los procesos iniciados en 1921.20 Colonias como Hidalgo, Madero, Morelos, Enríquez, Cuauhtémoc, Llano Largo, San Diego, Anchondo formaron parte de los nuevos propietarios de tierra de la región emanados del reparto agrario y que con el paso de los años entrarían en confrontación con las colonias mormonas y otros propietarios particulares cuyas propiedades provenían del siglo XIX.
Las confrontaciones entre ejidatarios y colonos de Casas Grandes
Como se ha establecido, la Constitución de 1917 proponía un discurso de corte nacionalista y proteccionista de los recursos de la nación. Y en ello en el artículo 27 jugó un papel determinante, al garantizar el reparto de tierras, el fraccionamiento de latifundios y la dotación de aguas a los pueblos que se crearían a partir del reparto de tierras, y que no contaran con el recurso hídrico.21 Al ser el estado mismo el encargado de administrar y concesionar dichos recursos, a través de una entelequia de agencias y departamentos del aparato estatal, ejerció un control de los mismos, además de dictar las formas sobre las que debían resolverse los conflictos que pudieran presentarse por el uso y los derechos de la tierra y el agua.
Basado en el artículo 27 constitucional, el gobierno inició un proceso de nacionalización de recursos naturales, por lo cual muchas corrientes y cuerpos de agua a lo largo del país fueron prospectados para su federalización. En conjunto con la Ley de Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal de 1910, se estimaba cuáles cuerpos acuíferos se mantenían en su carácter de privado y cuáles se convertían en propiedad de la nación; es decir, del “pueblo”. Las características que los cuerpos de agua debían cumplir o presentar para convertirse en propiedad nacional eran varias, entre ellas: si atravesaban varios municipios, si cruzaban límites entre estados o servían como tal, si sus aguas eran permanentes o intermitentes, y si eran afluentes o atravesaban lagunas.22
Bajo estas premisas, la Secretaría de Agricultura y Fomento declaró en julio de 1927, que eran de carácter nacional las aguas del río Casas Grandes,23 principal cuerpo de agua de la región noroeste de Chihuahua, lo cual desencadenó otros procesos en lo local, relacionados con el uso del recurso hídrico. Por ejemplo, los colonos y particulares que usaban las aguas del río previo a la Constitución de 1917 y del reparto agrario, utilizaban los usos y costumbres que provenían del siglo XIX para administrar el agua o en algunos casos intervendrían autoridades locales, lo cual era una práctica común en todo el país (Aboites, 1998, p. 26).
Ante la declaratoria estos usuarios tuvieron que hacer una revalidación de sus derechos. Comprobar ante las autoridades que eran parte del ‘pueblo mexicano’ y el uso que harían del recurso. Dichos trámites, que se hacían ante autoridades locales, estatales y federales, se volvían engorrosos, pues debían presentarse títulos de propiedad, si existían; las concesiones otorgadas por el gobierno del estado, o si era por uso y costumbre; notarizar su declaración de uso con testigos que dieran fe del tiempo de conocer al solicitante y desde cuándo se sabía hacía uso del recurso. Todo esto podía tomar años en resolverse, de acuerdo con los expedientes consultados.24
En otros casos los asentamientos establecidos con carácter de ejido o que ocupaban tierras que se esperara fueran otorgadas en el reparto agrario, buscaron el acceso a los derechos del agua también, alzando sus reclamos ante diferentes instancias dentro del estado y la federación. Los vecinos de Pearson elevaron su petición de acceso o derechos de agua directamente al presidente de la República, argumentando que desde 1913 se encontraban en uso de tierras pertenecientes a la hacienda de San Diego, y que desde 1916 el gobierno estatal les concedió permiso para utilizar las aguas del río Palanganas,25 por lo cual, solicitaban que el gobierno federal les validara dicha autorización. La solicitud pasó del despacho del secretario particular de Presidencia a la Secretaría de Agricultura y Fomento, y de ahí a varias dependencias gubernamentales más.26 El trámite se inició en 1921 antes de la declaratoria de nacionalización del río; sin embargo, hasta 1925 no había tenido resolución y probablemente no la tuvo hasta después de la declaración de 1927.
El Comité Particular Administrativo de Colonia Enríquez, dirigió una solicitud al gobernador del estado de Chihuahua, quien la turnó a la Comisión Local Agraria.27 Esta petición hecha en marzo 1928 fue posterior a la nacionalización de las aguas. La respuesta pudo haberse perdido en alguno de los diferentes estancos burocráticos por los que circuló, pues en mayo de 1930, el mismo comité de dicho asentamiento solicitó nuevamente derechos de agua de un canal alimentado desde el río Casas Grandes, esta vez dirigida a la Secretaría de Agricultura y Fomento. La solicitud menciona que desde 1922 los vecinos habían hecho uso de esas aguas y la cantidad de hectáreas beneficiadas y el tipo de cultivos.28
Lo que demuestran estos ejemplos, es que había una variedad de instituciones ligadas a la administración de los recursos naturales, en este caso la tierra y el agua. Que ello solo podía complicar la tramitación y resolución de las problemáticas ligadas no solamente a los ejidatarios, sino también a los propietarios particulares y usuarios en general de los cuerpos de agua.
Estos problemas en la administración y uso de los recursos se volvieron frecuentes en la región y fueron expuestos a la Secretaría de Agricultura y Fomento por otras dependencias con presencia en la zona noroeste del estado. En junio de 1929, Manrique González, agrónomo adscrito a esa Secretaría, envió un informe a su director general, donde sugirió se reglamentará el uso de las aguas del citado río, para evitar abusos por parte de los ‘agraristas’ a quienes se les había dotado en los últimos años de tierra, ya que no respetaban los derechos de los propietarios con “títulos de más de cien años”. Menciona que la problemática debe ser de conocimiento de las autoridades, “aunque sea en contra de la política agraria que se ha venido siguiendo durante los últimos seis años”.29 Esta declaración evidencia el discurso político en favor del campesinado en esta temporalidad. También en su escrito alude que los ejidatarios no acatan los fallos de los jueces de distrito y con “carabina o con rifle en mano defienden las aguas que quieren poseer”.30
Mientras la Secretaría de Agricultura y Fomento realizaba las diligencias para dicha reglamentación, se organizó en noviembre de 1929, la “Asociación de Usuarios del Río Casas Grandes”31 para regular el uso de las aguas y obras de irrigación sobre este. El 10 de noviembre de 1929, en la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes se reunieron un total de 31 representantes de 18 centros de población - incluyendo Nuevo y viejo Casas Grandes - quienes eran usuarios particulares y ejidatarios, de los diversos canales y presas con los que se irrigaban aguas del río. En tal reunión se aprobaron los estatutos y el reglamento para los usos del agua del río Casas Grandes y sus afluentes.32
Lo que buscó ser alivio al fuego que encendía la problemática agraria de esta región, se convirtió en el combustible que permitió que los remanentes de los discursos del liberalismo xenófilo y el nacionalismo revolucionario chocaran en las negociaciones y mediaciones, entre los tipos de propietarios que conformaban esta organización, el propietario particular, el colono mormón y el ejidatario.
Apenas un par de semanas después de la conformación de la Asociación, se presentó la primera disyuntiva. Vecinos de la Colonia Cuauhtémoc escribieron al secretario de Agricultura para denunciar la actitud del ingeniero encargado de la zona ejidal, Fernando Patiño, acusándolo de discriminarlos y de haber restringido el acceso al agua del río Piedras Verdes. Esta colonia ubicada sobre la margen oriente de dicha corriente colindaba con la Colonia Juárez - asentamiento mormón - y estaban sus tierras rodeadas de propiedades mormonas, los cuales también tenían canales de riego en el área.
La retórica que Felipe Chávez, representante de los ejidatarios, utilizó en la misiva muestra la carga discursiva del nacionalismo posrevolucionario xenófobo; menciona que las tierras que utilizan:
fueron adjudicadas por el gobierno de la revolución que encabezo el apóstol de la democracia … la revolución a perseguido unos fines nobles, los cuales han tenido por objeto beneficiar el proletariado …” y “… confirmar las aspiraciones dignísimas, de la revolución, protegiendo los derechos del pueblo en sus terrenos y aguas.33
En otra desavenencia, el 5 de junio de 1930, los representantes de Colonia Enríquez, escribieron al presidente de la República, en la que acusaban que sus tierras no contaban con agua, mientras que los extranjeros mormones la acaparaban. El eruptivo discurso expresaba con claridad ese sentir nacionalista de la época:
Señor presidente con el cariño que ha manifestado por nosotros los hombres del campo, podrá hacernos justicia ordenando … una minuciosa investigación …, pues toda el agua del río Casas Grandes es acaparada y vendida por extranjeros norteamericanos.34
En octubre del mismo año, inconformes con la cuota de 5 pesos, que la Asociación había impuesto por concepto de derechos de riego. Los ejidatarios notificaban al secretario de Agricultura haber sido engañados para la conformación de la Asociación, misma que se había organizado sin el estudio adecuado conforme a la legislación de aguas vigente de 1929. Y que todo estaba orquestado por el ingeniero Manrique González, quien era parcial hacia los colonos mormones, pues este residía y ostentaba propiedades en la colonia de extranjeros. Concluyen el texto enarbolando el discurso nacionalista de la época:
ameritando este asunto la importancia que tiene, más aún cuando se trata de que en nuestra República, elementos que no son precisamente mexicanos, estén en forma privilegiada, … con perjuicio de … nuestros connacionales, y tomando a consideración su alto espíritu justiciero para ayudar eficazmente a la Agricultura Nacional, y con ello justipreciando el criterio del Gobierno de la Revolución, y con cuyo Gobierno siempre hemos estado identificados … nos evite los atropellos de que estamos siendo víctimas por extraños.35
Ante las constantes críticas que recibía por parte de los sectores agrarios de la región, y sobre todo después de una nota del periódico La Voz de Chihuahua publicada el 8 de noviembre de 1930, el ingeniero González replicó para aclarar lo que consideraba groseros ataques a su persona y a los colonos mormones. Además, su defensa incluía a la Asociación de Usuarios, de la cual fue asesor para su creación y de cuya mesa directiva formaba parte.36
Aclaró que la asociación estaba conformada por “653 usuarios mexicanos y 90 colonos norteamericanos … muchos de los cuales son nacidos de padres de origen americano pero naturalizados ciudadanos mexicanos”.37 Sobre la mesa directiva del organismo, recalca que estaba conformada por “personas honradas, trabajadoras y muy apartadas de la política”, en total eran 6 miembros, de los cuales solo Harvey Taylor era mormón, aunque en la carta no menciona que puesto ocupa en la organización. Otros documentos revisados en el mismo expediente demuestran que Taylor fungió como el primer presidente de la Asociación.38
González replicó señalando que el informante del periódico, estaba mal informado y solo trataba de “desprestigiar a los elementos honrados y trabajadores tanto de los empleados como de los colonos”. Expuso que no había existido arbitrariedad alguna en la conformación y el funcionamiento de la Asociación, que estaba apegada a las legislaciones vigentes; consideró los ataques recibidos como provenientes de “un grupo de políticos aliados a los campesinos indisciplinados”, los cuales “nunca podrán sacar al estado de su lamentable situación económica”. Finalmente dijo: “No es así como se obtiene el éxito en el campo y la prosperidad en las poblaciones rurales”.39
Con esta respuesta González demuestra que los remanentes del discurso del progresismo liberal y xenófilo del siglo XIX seguían aún presentes en esta región. Al referirse a los ejidatarios como indisciplinados y aducir que sus formas no permitirían tener éxito y prosperidad en la agricultura, comparándolos con la bonanza que las colonias mormonas - que él representaba - habían obtenido. Su crítica hacia al ejidatario poco exitoso, considera que este carecía de las habilidades o el carácter de los colonos. Repetía el discurso decimonónico del elemento extranjero como el único capaz de dominar la técnica para hacer el campo productivo.
La problemática por los usos del agua continuaría por el resto de la década de 1930, para entonces el uso de la retórica nacionalista xenófoba se encontraba amalgamada en la cotidianidad del elemento agrario. Para 1934, la Liga Regional Campesina del Distrito Galeana, protestó ante La Liga de Comunidades Agrarias en el Estado, al expresar que varios miembros del Ejido Casas Grandes no contaban con el agua elemental para sus parcelas. Acusaban de acaparamiento a la compañía Lagunas de Riego S. A., establecida en Colonia Dublán por colonos mormones. Esta compañía administraba dos depósitos artificiales y varios canales de riego de dicha colonia y habían sido creados por los mormones a principios del siglo XX.40
En la misiva el representante del ejido consideró que la nacionalidad mexicana le otorgaba el derecho de utilizar la infraestructura de esta compañía de riego:
carecemos del líquido indispensable para regar nuestras parcelas, están siendo la causa del estado de pobreza en que nos encontramos y siendo de justicia que nosotros también tenemos quizá más derecho del aprovechamiento del sistema en cuestión ya que somos mexicanos y siempre hemos trabajado por el sostenimiento de los ideales revolucionarios.41
En julio de 1936 representantes de las colonias Hidalgo y Guadalupe Victoria escribieron al presidente Lázaro Cárdenas para informarle de su raquítica situación en cuanto a riegos, solicitándole intervenir por ellos para que pudieran utilizar el agua de las lagunas. En su escrito también afloraba el discurso patente de la década:
el terreno que tiene acaparado es aquel que defendimos con las armas en la mano en la lucha armada de 1910, y las lagunas es el campo que se regó con sangre de nuestros hermanos, que causó tantas vidas y que se quieren adueñar lo extranjeros ambiciosos.42
La solución a los conflictos no estaba cerca, como se ha expuesto, estos continuarían el resto de la década; algo que contribuyó a ello fue que ante la presión del gremio agrario la Secretaría de Agricultura y Fomento no legitimara a la Asociación de Usuarios, manteniéndola en carácter de provisional y sin autorización de su reglamento ni asignación de un presupuesto. En el mes de julio de 1937 la Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología, perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Fomento, desconocía a la Asociación de Usuarios, pues en la más reciente legislación en materia de aguas, de 1934, esa figura había sido reemplazada por las Juntas de Aguas, por lo cual se requería una reorganización hacia este tipo de organismo. Al menos hasta 1940 los ejidatarios de la región seguían en espera de atención a sus solicitudes, para que les fuera reglamentado el uso de las aguas del río Casas Grandes, como parte de la justicia que predicaba el discurso posrevolucionario.43
Conclusiones
Los procesos de colonización de finales del siglo XIX y los repartos agrarios de principios del XX, difieren en la naturaleza de su origen y no solo en su temporalidad. Son producto de dos proyectos políticos diametralmente opuestos, como lo fueron el porfiriato y los gobiernos posrevolucionarios, por ello las ideas sobre las que se materializaron produjeron el contraste y el choque entre ambos. El proyecto colonizador emanado del pensamiento liberal positivista estuvo impregnado de racismo, por lo cual consideraba al elemento extranjero - europeos blancos - como único redentor de la problemática de la baja densidad poblacional y de inefectividad del sector agrario del México decimonónico. Los colonos mormones fueron simultáneamente modelo de progreso y sujetos de exclusión, dependiendo del régimen discursivo dominante. En contraste, el movimiento de reparto agrario estuvo enmarcado en el nacionalismo posrevolucionario que exaltaba la figura del mexicano, hombre de campo, sobre el extranjero. El ejidatario fue construido así, simbólicamente como sujeto legítimo, aun cuando en la práctica enfrentó precariedad administrativa y conflictos internos.
Cuando estos dos proyectos convergieron en el noroeste chihuahuense durante las décadas de 1920 y 1930, se inició un conflicto por los derechos de los recursos naturales, en específico la tierra y el agua. Mientras los ejidatarios elevaban sus reclamos a la élite política que los había creado, los colonos del porfiriato se aferraban a los derechos y a las prácticas que ese régimen les había heredado. La ideología con la que ambos grupos habían sido conformados estaba muy presente en sus relaciones sociales. Los colonos que representaban el elemento extranjero que había sido capaz de revertir la condición agraria de una región y habían construido una infraestructura para lograrlo. Los ejidatarios se consideraban herederos directos del conflicto armado de 1910 y que había logrado entre otras cosas acabar con el régimen que favorecía lo extranjero sobre lo mexicano, por ende, se consideraban legitimados para poseer los recursos.
Cuando el Estado mexicano intentó participar en la resolución de conflictos solo logró estancarlos dentro de los diferentes niveles y organismos del aparato burocrático estatal, pues no pudo dictar más que soluciones provisionales y tampoco pudo mejorar la situación del ejidatario, quien era creación del mismo régimen que creó estas instituciones.
El análisis realizado permite identificar hallazgos relevantes. Por una parte, se observó que los discursos de racismo y xenofobia no fueron erradicados por la Revolución, sino que fueron reconfigurados manteniendo mecanismos de exclusión hacia determinados grupos a través de un cambio en el discurso, del positivismo racial al nacionalismo mestizo. Se evidenció, además, que la gestión de los recursos hídricos funcionó como un espacio privilegiado para la materialización de estos discursos, al jerarquizar a los usuarios según su pertenencia nacional, su adscripción política y su cercanía con el Estado. Se mostró también que la confrontación entre colonos mormones y ejidatarios - más allá de los aspectos estrictamente legales o productivos - estuvo atravesada por una disputa simbólica sobre la legitimidad para poseer y administrar la tierra y el agua. Finalmente, el trabajo permite rastrear la persistencia de estas tensiones en el largo plazo y aportar elementos para comprender los conflictos agrarios contemporáneos en la región desde una perspectiva histórica.
Al final, dentro de la temporalidad estudiada, ninguno de los dos grupos vio una mejora en su situación. El impase creado por la burocracia, al tratar de que fuera esta quien resolviera los conflictos, pudo haber orillado a que los bandos intentaran de nuevo los métodos para resolver controversias que les habían funcionado, inclusive antes de que los dos grupos existieran, lo cual fue crear acuerdos a partir de la costumbre. La coexistencia de ambos grupos y sus relaciones conflictivas continuó en las siguientes décadas, y esta aproximación solo devela el inicio de una problemática que persiste en la actualidad.
Archivos y Repositorios
AHCA - Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua.
AHECH - Archivo Histórico del Estado de Chihuahua.
Hemerografía
Diario del Hogar. Ciudad de México
El Demócrata. Ciudad de México
El Faro. Ciudad de México
El Monitor Republicano. Ciudad de México
El Nacional. Ciudad de México
El Paso Daily Herald. El Paso, Texas
El Pueblo. Ciudad de México
El Tiempo. Ciudad de México
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua. Chihuahua