Reorganización territorial en el Valle del Mezquital, 1869-1874

El Valle del Mezquital es parte del actual estado de Hidalgo, así que antes se revisará cómo se fue organizando. La región que comprende el actual estado de Hidalgo durante el periodo colonial estuvo divida en 12 alcaldías mayores: Actopan, Apan, Zempoala, Zimapan, Huejutla, Ixmiquilpan-Tetepango, Metztitlan-Zacualtipan, Pachuca, Xochicoatlan-Yahualica, Tula, Tulancingo y Huichapan - esta última pertenecía a Jilotepec. Para 1786, con las reformas Borbónicas, las alcaldías pasaron a denominarse subdelegaciones; posteriormente, con la organización gaditana se denominaron partidos que pertenecían a la provincia de México. Una vez que México logró su independencia, dicho territorio formó parte del estado de México hasta 1869, durante ese periodo sufrió varias modificaciones, pero para fines de este artículo solo se verán las últimas previas a su conformación como estado. En términos generales, el territorio se organizó en distritos o partidos y estos en municipios¹ con el objetivo de “alcanzar una mejor gobernabilidad” (Salinas, 1996, p. 36).

Con el triunfo de los liberales en el poder en 1856, el territorio del actual estado de Hidalgo quedó bajo su control; sin embargo, al poco tiempo, estallaron una serie de protestas campesinas e indígenas contra la orden de desamortización de las antiguas tierras comunales que establecía la Ley Lerdo.² Esta disposición se convirtió en un instrumento legal para despojar a los campesinos de sus ejidos y tierras comunales que poseían desde el periodo colonial, las cuales pasaron a manos de los grandes terratenientes. Evidentemente, esta medida generó levantamientos de campesinos e indígenas y, como respuesta, represiones gubernamentales. En este contexto comenzaron a sublevarse los pueblos de los alrededores de Tulancingo, Tutotepec y Tenango, que fueron secundados por las poblaciones de Tula, Ixmiquilpan, Huejutla y Metztitlán, hasta que tomaron la ciudad de Pachuca, que fue recuperada por las fuerzas armadas liberales (Terradas, 1980, p. 67).

Para contrarrestar las sublevaciones y evitar nuevas en la región, el gobierno ordenó en 1861 dividir el territorio en 11 distritos: Actopan, Apan, Huascazaloyam, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Pachuca, Tula,³ Tulancingo, Zacualtipan y Zimapán. Sin embargo, esta división territorial no duró mucho tiempo porque, al año siguiente, se reestructuró bajo criterios militares para defenderse de la presencia del ejército francés. De esta manera se creó el segundo distrito militar constituido por: Tula con su partido y los de Ixmiquilpan, Zimapán, Huichapan y Actopan; Pachuca con su partido y los de Apan y Huascazaloyam, y Huejutla con su partido y el de Zacualtipán. La capital de este segundo distrito militar se estableció en Actopan por su ubicación céntrica; no obstante, por la escasez de recursos se vieron imposibilitadas las autoridades juaristas y lo hicieron desde Pachuca (Guerra, 2017, p. 228). Ante el triunfo del ejército francés y de los conservadores, Benito Juárez estableció un gobierno itinerante y, en 1864, reestructuró el segundo distrito militar de 1862 para resistir al ejército francés y controlar los puntos conservadores, organizado en 14 distritos con 64 municipios (Tabla 1).

La llegada de Maximiliano de Habsburgo a México - y la instauración del Segundo Imperio - implicó, en 1867, una nueva organización del territorio en 50 departamentos que se conformaban por distritos y estos por municipios. El proyecto estuvo bajo la dirección de Manuel Orozco y Berra, y consideró las condiciones geográficas, vías de comunicación y elementos de producción económica. En el caso de nuestro espacio de estudio, se dividió en dos departamentos Tula y Tulancingo. Durante el gobierno del Segundo Imperio mexicano existieron dos organizaciones territoriales simultáneas, la establecida por Maximiliano de Habsburgo y la del gobierno itinerante de Juárez que planteó en 1864.

Con el triunfo del gobierno de Benito Juárez frente al Segundo Imperio, se dio inicio al periodo de la restauración.⁴ El 16 de enero 1869, el Congreso de la Unión decretó formal y definitivamente el establecimiento del estado de Hidalgo, conformado por 11 distritos: Actopan, Apan, Huascazaloyam, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipan y Zimapan, los cuales se conformaban por municipios y estos por pueblos, ranchos, barrios y haciendas (Figura 1).

Fuente: Ramón Almaraz, Mapoteca Manuel Orozco y Berra, https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_del_Estado_de_Hidalgo_-_1869.jpg

En relación con la región del Valle del Mezquital, se ubica en el occidente del estado de Hidalgo y se caracterizaba por tener una población mayoritariamente otomí. Cuenta con un clima semidesértico con escasa precipitación, por lo que su territorio era propicio para el pastoreo y la siembra de temporal. En la parte oriental del Valle se establecieron grandes haciendas pulqueras, que fueron extendiéndose hacia las tierras de los pueblos, lo que generó una serie de conflictos entre pueblos y haciendas desde el periodo colonial hasta finales del siglo XIX. Su principal riqueza estaba en el subsuelo con los yacimientos mineros que se ubicaban en la parte centro-norte,⁵ lo que, a su vez, favoreció la arriería y el desarrollo de un circuito comercial (Moreno, Garret y Fierro, 2006, pp. 7-13). En un principio se organizó en cuatro distritos: Actopan, Huichapan, Ixmiquilpan, y Tula. Actopan se formó por los municipios del Arenal, Ixcuinquitlapilco, Mixquiahuala, San Salvador, Santiago Tlachichilco y su cabecera Actopan. Por su parte, Huichapan estaba constituido por Chapantongo, Nopala, Tecozautla y su cabecera Huichapan. Ixmiquilpan se estableció con Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla y su cabecera Ixmiquilpan. Por último, Tula se conformó Atitalaquia, Atotonilco, Tepetitlán, Tepeji del Río, Tetepango, Tezontepec, Tlaxcoapan y su cabecera Tula. A continuación, se enlistan los cambios que se realizaron por cada distrito, así como los solicitados por los pueblos y no fueron aprobados por el congreso estatal.

En el distrito de Actopan, en septiembre de 1870, se propusieron formar dos municipios: Tepatepec y Yolotepec. El primero estaría conformado por los pueblos de Tepatepec, San Juan Tepa y San Miguel Acambay, los dos primeros eran parte del municipio de Mixquiahuala y el tercero de San Salvador. En cuanto al proyecto del municipio de Yolotepec, se constituiría por los pueblos de Xuchitlán, Capulín, Ocosa y Gaxido, todos de la municipalidad de Santiago Tlachichilco. A final de cuentas, el proyecto de los dos nuevos municipios no fue aprobado por la comisión de división del territorio del Congreso estatal. Además, en septiembre de 1870, el pueblo de Tepeitic de la municipalidad de Mixquiahuala pidió no pertenecer al proyecto del nuevo municipio de Texcatepec.⁶

En el distrito de Ixmiquilpan, en febrero de 1870, por decreto número 30, se segregaron varios pueblos para formar el municipio de Bonanza que sería parte del distrito de Zimapán, estos fueron: Santa María Tepeji, Itatlaxco y Bonanza. En esas mismas fechas, el pueblo de Texcatepec, perteneciente al municipio de Chilcuautla, aspiró erigirse como municipio junto con el pueblo de Tuní; no fue aprobado por el Congreso porque no cumplía con el requisito del mínimo de población. En agosto de 1873, el municipio de Mixquiahuala solicitó extender su jurisdicción hasta el pueblo de Xuchitlán, que pertenecía a Chilcuautla, empero el Congreso no consideró oportuna la solicitud.

En el distrito de Tula, el pueblo de Xitri, del municipio de Atitalaquia, gestionó segregarse de este y anexarse a Tetepango, lo cual no fue aprobado. El pueblo de San Francisco Tlahuelilpan, junto con Atengo, solicitó constituirse como municipio, pero sus anexos se negaron a formar parte de este y no procedió la petición.

Generalmente, los pueblos se vieron motivados a gestionar la creación de los ayuntamientos o cambio de jurisdicción territorial porque las autoridades que tenían no les proporcionaban los recursos públicos necesarios para la prosperidad y desarrollo de sus intereses, así que buscaban nuevos horizontes que mejoraran su situación. Pueden considerarse estas solicitudes como un mecanismo para cuestionar a sus representantes y enfrentar sus condiciones en espera de recibir una mejor atención a sus demandas.

Las primeras tres legislaturas estatales fueron las encargadas de recibir estas solicitudes de los pueblos; de igual manera, los propios legisladores reconocieron la necesidad “indispensable [de] corregir la viciosa división territorial que hoy existe”.⁷ El proceso iniciaba por los vecinos y/o autoridades locales que enviaban la solicitud al jefe político del distrito, el cual anexaba un informe sobre el censo de población, las contribuciones, cuentas de egresos e ingresos, entre otros documentos que dieran certeza de que podrían ser autosuficientes para administrarse; posteriormente turnaba el expediente a las autoridades estatales. De igual manera, se solicitaba el parecer de los pueblos involucrados para mantener la estabilidad social y política entre los integrantes de los municipios. Aquí es de resaltar el papel de los jefes políticos en el distrito, ya que eran encargados de la seguridad, hacienda pública de los municipios y contaban con poderes jurisdiccionales para resolver litigios de tierras y juzgar a los criminales, sobre todo cuando ponían en riesgo la seguridad pública (Salinas, 1996, p. 38). Una vez que el Congreso recibía la solicitud la turnaba a la comisión de división territorial, la cual la regresaba con una propuesta para que fuera discutida en sesiones. ¿En qué se fundamentaban las decisiones del Congreso para aprobar o rechazar la solicitud? Estaban en función de que los cambios permitieran mejorar la administración y la conservación del orden público.

Para comprender estas solicitudes es conveniente conocer la concepción y el lugar estratégico que tenía el municipio. Antonio Annino señala que los pueblos, constituidos en ayuntamientos con la constitución gaditana, contaron con jurisdicción territorial para su autogobierno y se convirtieron en fuentes de los derechos político y fundamento de la representación política (1995, pp. 55-56). En términos generales, los ayuntamientos se ubicaron como sujetos políticos y representantes territoriales, además, de que asumieron el gobierno de su territorio, sustentado en el reclamo de soberanía. Este papel fundamental que tuvieron los ayuntamientos en el engranaje de la construcción de la nación y conformación del sistema de gobierno republicano estuvo evidente en la Constitución de 1857, con la peculiaridad que se les reconocieron como entidades emanadas de la soberanía popular que se reforzaba en la elección popular y directa de los cabildos.⁸ El municipio, en su funcionalidad, continuo siendo la base de la organización del Estado; sin embargo, sí se presentó cambio en su concepción tradicional porque dejó de ser una corporación de individuos ligados por la vecindad y propietarios de bienes comunes y, en su lugar, pasó a ser concebida como entidad administrativa “obligada en todo caso a convertir en propiedad individual lo que hasta entonces había constituido no sólo su patrimonio sino una de las bases más importantes de su identidad como gobierno de los pueblos” (Merino, 1994, p. 429). Como instancias administrativas continuaron con sus facultades, pero sus fuentes de financiamiento se vieron reducidas con la pérdida de los bienes comunes.

El establecimiento de la República Restaurada priorizó el fortalecimiento del poder Ejecutivo central frente a los caudillos regionales, para ello el municipio jugó un papel estratégico desde dos frentes. Por un lado, se le concedió facultades para organizar en primera instancia las elecciones federales - con ello, legitimar los cargos públicos - y garantizar las contribuciones fiscales impuestas a los pueblos, y por otro, “como punta de lanza para iniciar el difícil proceso de instauración de las ideas liberales” (Merino, 1994, p. 427) a través de la educación y, con ello, promover un cambio de conciencia ideológica y cívica.

El nuevo Estado, al momento de elaborar su constitución estatal, reconoció que el gobierno municipal, vinculado con el principio de la soberanía popular, estaba “en contacto con el pueblo, porque se acerca más al individuo y porque está destinado á atender más inmediatamente á las necesidades de los pueblos”.⁹ Desde ese contexto político y administrativo se planteaba establecer al municipio “como uno de los poderes del Estado”,¹⁰ donde los miembros del cabildo se establecieran por elección directa y contarán con facultades que garantizaran su independencia de otro. Para que los municipios alcanzaran tales fines, algunos diputados plantearon que se constituyeran como instituciones “libres en su régimen puramente municipal, para que así prosperen las municipalidades, pero sin contravenir en ningún caso á las estipulaciones y relaciones del pacto general”.¹¹ Es decir, autónomos y libres, por lo que proponían que se eliminaran las jefaturas políticas.

La constitución estatal reconoció al municipio como un poder, como se estipuló en el capítulo III del título IV, como la institución de gobierno que tenía el contacto inmediato del pueblo, por lo que debía atender las necesidades de los vecinos en beneficio de la comunidad y establecer las condiciones necesarias para que se gestionara adecuadamente la explotación de los recursos que proporcionaba el territorio y alcanzar su progreso y felicidad.¹² Esta lógica fue la que se siguió para indicar las condiciones necesarias para constituir un municipio: “cuando menos cuatro mil habitantes y los recursos suficiente para su existencia, a juicio de la legislatura”.¹³ Los municipios eran parte de una demarcación territorial más amplia que eran los distritos, que estaban a cargo del jefe político, sujeto al poder Ejecutivo, que intervendría en las cuestiones administrativas y era designado por el gobernador.

El proceso de solicitud para formar un nuevo municipio iniciaba con una solicitud que elaboran los vecinos y/o autoridades locales que dirigían al jefe político para que lo presentara ante el Congreso. Entre los argumentos que recurrieron los pueblos se encontraban, por un lado, a la historia y, por otro, a la prosperidad de la comunidad y su proyección como autosuficiente para gobernarse. Por ejemplo, al momento de la creación del municipio de Bonanza, el diputado Ignacio Sánchez señaló:

Las franquicias que los reyes dieron a las ciudades para poder debilitar el poder feudal, sirvieron después para afirmar los derechos de los pueblos, que a su vez pusieron a los reyes bajo el dominio de la ley, y han venido en fin a formar las instituciones democráticas que los sujetan todo a la división de las mayorías. Aumentar en la parte posible las municipalidades, ensanchar su poder, alejarnos más y más de la dictadura remota y eterna de los adelantos de los pueblos, el fomentar es desarrollar el principio democrático, esperanza del perfeccionamiento de la humanidad, principio que México se ha propuesto llevar adelante.¹⁴

Los diputados reconocían el papel histórico que habían tenido los cabildos para “afirmar los derechos de los pueblos”, por lo que en ese momento de organización territorial reconocían “ensanchar su poder”, como un poder más, para fomentar el municipio y sustentar los principios democráticos. En este sentido, la emancipación de los pueblos significa convertirse en representante legítimo de todos sus derechos y garantes de sus recursos.

Dentro de los argumentos de la reorganización territorial se encuentra, en forma constante, la cuestión de la distancia,¹⁵ así como los referentes de gobernabilidad y prosperidad y, en menor medida, la justicia. La cuestión de la distancia de un lugar a otro estaba vinculada con los caminos, es decir, con el tiempo, la seguridad y los riesgos que corrían al desplazarse a un punto. En el caso del Valle del Mezquital el camino principal iba de Pachuca hacia Actopan e Ixmiquilpan, de este se desprendían dos ramales: uno hacia Alfajayucan y el otro al mineral de El Cardonal; el resto de los pueblos se comunicaban por caminos de herradura.

Ejemplo claro de que se recurrió a la cuestión de la distancia para garantizar la prosperidad, fue la propuesta presentada por el Congreso estatal para reubicar la cabecera del municipio de Ixquincuitlapilco al pueblo de San Agustín, ya que este último se encontraba en un punto más céntrico que aquel, lo que iba a permitir una mejor comunicación de los pueblos con la cabecera y para la estabilidad de las oficinas municipales. Además, como cabecera municipal debía contar con requerimientos de urbanística y con una población ilustrada para que desempeñaran las funciones de administradores públicos. En esta solicitud están presentes las dos funciones estratégicas dadas a los municipios como parte de la política de la Republica Restaurada: fortalecer la administración local y promover el liberalismo. Como argumento el jefe político en su informe presentado al Congreso señaló:

Ventaja que se aprovecha no solo para darle impulso a su comercio y mejoramientos material, sino que puesta allí la cabecera de la municipalidad tendrá este elemento para recusarse arbitrios y darse una mejor existencia política, que hoy no puede hacerse por faltar en este pueblo la presencia física de la autoridad. Que el pueblo de San Agustín supera en mucho al de Ixquincuitlapilco, en su obra material y elementos propios para la vida, está probado con haberse trasladado allí el poder eclesiástico que no busca el buen gobierno de su iglesia, sino la comodidad de sus individuos.¹⁶

En el mismo decreto sobre las modificaciones en el municipio de Ixquincuitlapilco se dispuso que se segregara el pueblo de Chicavasco y se anexara al Arenal, ya que se encontraba en abandono “por la gran distancia” que se encontraba del primero.

No solo el factor distancia contribuía a los cambios territoriales, sino que se mejorara la administración de gobierno y justicia, la educación, entre otros. En términos generales, se recurrió a la felicidad pública como marco para justificar decisiones políticas. En las siguientes páginas, se analizan los dos referentes presentes en los argumentos que realizaban las elites locales: la gobernabilidad que permitía alcanzar el bienestar social a través de una mejor administración y educación y, en menor medida, las mejoras en la administración de justicia.

Una constante en los argumentos de los vecinos por solicitar un cambio de jurisdicción territorial fue la búsqueda de la prosperidad que vinculaban con el desarrollo y explotación de sus recursos naturales y humanos, para estos últimos había que proporcionarles educación. Estos argumentos eran parte del liberalismo y, en cierta medida, su antecedente estaba en la economía política.

Con la publicación del libro de Adam Smith La Riqueza de las Naciones, se recuperó la economía política como “la indagación de las fuentes de la pública prosperidad y la de los medios de franquear y difundir sus benéficos raudales” (Portillo, 2007). Es decir, la ciencia encargada de promover los medios para la prosperidad pública.¹⁷ En este contexto de consolidación del constitucionalismo, las leyes y sus disposiciones debían procurar la felicidad de los individuos que componían las sociedades, y ello dependía de que se antepusiera un principio moral evidente sobre los intereses particulares. El problema era que, desde el antiguo régimen, se había confundido interés público con la ley que, a la vez, coartaba el interés particular. Entonces, la promulgación de las leyes se enfrentaba a la tarea de regular una relación armónica entre el interés público y el privado, considerando la utilidad y la conveniencia. Esto formó parte de la necesidad de un orden constitucional dentro de una sociedad liberal, “una sociedad en que el interés particular había de actuar libremente, donde las pasiones se disciplinaban mediante la razón y la legislación acabaría requiriendo de una más directa intervención ciudadana en la política o de una constitución” (Portillo, 2007). Era evidente que se requería una constitución con una nueva visión de Estado ilustrado, que advertía reformar temas como: organización territorial, religión, justicia, costumbres sociales y libertades.

Si se aceptaba el interés individual como rector de las leyes, se debían garantizar los derechos que se le asociaban - propiedad, libertad y seguridad - para su libre acción, los cuales, a la vez, se concebían como fundamento de la acción política. Es así que los individuos empezaron a tener cabida en la actividad política por medio de la representación; para ello se requería que los nuevos ciudadanos fueran instruidos. En este contexto la educación se convirtió en una cuestión política que buscaba prevenir el ocio, vicio y costumbres decadentes. Es así como la educación tenía la función de fomentar virtudes desde la niñez; como señala Milano:

[...] los conceptos de educación y policía eran base de la prosperidad, controlando el aseo y vestido de los jóvenes, la enseñanza práctica de los oficios, subordinación de discípulos a sus maestros, rigor y justificación de los exámenes compromiso para lograr ciudadanos industriosos. (2017, p. 387)

A final, la educación se proyectó como formadora de ciudadanos útiles, por lo que debía establecerse un control sobre esta para transformar la mentalidad y las costumbres; el objetivo era alcanzar el bienestar individual y, con ello, beneficios públicos, por lo que se justificaba que fuera objeto de política pública. Así que la educación, como instrucción pública, garantizaba la prosperidad material individual y colectiva, porque “la prosperidad pública era la suma de los resultados de la buena fortuna de los individuos de un cuerpo social” (Milano, 2017, p. 387). De esta manera, se estableció un paralelo entre la educación y la felicidad pública.

En el caso de México, los principios de la economía política y el liberalismo estuvieron presentes desde que inició el proceso de independencia, y continuaron en la discusión hasta la Constitución de 1857. Como se observa, en ella se garantizaron los derechos civiles y las libertades individuales, se planteó la convicción de que la educación pública promovía la participación popular en el proceso y se apostó por el desarrollo de la economía mediante la iniciativa individual, la libertad del trabajo y la derogación de los privilegios (Laurens, 1974, p. 648). En el periodo que interesa para esta investigación, la República Restaurada, se planteó el establecimiento del modelo político liberal, favoreciendo el crecimiento económico, el progreso y el bienestar.¹⁸ El propio presidente Benito Juárez expresaba que “la misión del gobierno republicano es proteger al hombre en el libre desarrollo de sus facultades físicas y morales, sin más límite que los derechos de otro hombre”.¹⁹ Para ello, recalcaba, que se debía erradicar el egoísmo porque “permitía violar las leyes, [y] ultrajaba la libertad”, lo que conducía a la decadencia de las sociedades (Gutiérrez, Ávila y Buelna, 2009, p. 259). El fundamento del progreso que se resaltaba durante la Restauración estaba en la paz de la República, la presencia de la moral en la política y el respeto a la ley.

El presidente Benito Juárez consideraba que un problema a enfrentar, para lograr un cambio de conciencia cívica y alcanzar el establecimiento del modelo liberal, era la educación. Para ello había que establecer una educación laica y libre, como se había perfilado en el artículo 3 de la Constitución federal de 1857. En 1861, se dictaron disposiciones para ordenar la instrucción pública, la principal fue Arreglar la Instrucción Pública en el Distrito Federal y los Territorios, publicada el 15 de abril de 1861, donde la instrucción primaria se estableció como obligatoria y bajo la inspección del gobierno federal, para que las escuelas contaran con apoyo económico de los municipios y sujetas al plan de estudios que proponían, en el cual se suprimió todo contenido religioso e implementaron clases de urbanidad y moral.²⁰ Esta instrucción al pueblo, desde la visión de Juárez, era el “modo más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes” (Maciel, 1984, p. 114).

Como se mencionó previamente, tanto la idea de prosperidad como el fomento a la educación estuvieron constantemente presentes en los argumentos que presentaban los pueblos para cambiar su jurisdicción territorial. Ejemplo de ello fue la propuesta del diputado Ignacio Sánchez para crear el municipio de Bonanza en agosto de 1869, para lo cual se debían disgregar los pueblos de Santa María Tepeji e Itlataxco del municipio de Cardonal y el pueblo de la Bonanza del municipio de Ixmiquilpan, los cuales pertenecían al distrito de Ixmiquilpan; el resto de los pueblos que lo conformarían serían del distrito de Zimapán: Pechuga y Ferrería de Guadalupe, cuya cabecera sería el primero.²¹ El diputado Sánchez inició su solicitud resaltando el deseo de promover el bienestar de los pueblos, para lo cual necesitaban “esa especie de emancipación local, principio de la emancipación política a que por el orden natural caminan los seres y todas las sociedades de la tierra por la vía del progreso hacia su mejoramiento y perfección”.²² Planteaba la formación del municipio como la posibilidad que tenían los pueblos para administrar sus recursos y mejorar su gobierno interior, de esta manera alcanzar la prosperidad de la comunidad. Por ello resaltó que el nuevo municipio contaba con los elementos para constituirse como tal: una población de más de 3,000 habitantes, entre los cuales se podían encontrar hombres capaces para desempeñar los cargos municipales; además, la población podía subsistir de los ramos más productivos como cría de ganado, artilleros, agricultura y minería. Por eso planteaba que estos cuatro pueblos estaban en condiciones de que se “emancipen y arreglen su régimen interior tan luego como tengan los elementos necesarios”.²³

En cuanto al hecho de dejar el nuevo municipio de Bonanza en el distrito de Zimapán y no de Ixmiquilpan, Sánchez argumentaba que se debía a la dinámica económica del primero con la minería. Los yacimientos minerales de Zimapán contenían plomo, el cual se utilizaba en el mineral de Pechuga para la fundación de la plata. De esta manera, se permitió un crecimiento económico integral con la explotación de estos yacimientos. Por eso se reafirmó que “el mineral de Pechuga a parecer como risueña aurora para el porvenir del distrito de Zimapán, que vendrá con sus rayos a contribuir al gran sol del estado de Hidalgo”.²⁴ Sobre estos argumentos, el diputado Sánchez resaltó la conveniencia de la creación del municipio de Bonanza para una adecuada explotación integral de los recursos naturales y humanos, así como mejorar su representación y administración para la prosperidad no solo local sino también del estado. Cuando se discutió en el seno del Congreso estatal la propuesta del diputado Sánchez, primó en la discusión la idea de la distancia; los diputados resaltaron la distancia que existía entre cada pueblo con Zimapán frente a Ixmiquilpan, que iba de 5 frente a 10 leguas. La comisión terminó decretando la formación del nuevo municipio de Bonanza porque estaban convencidos de los “resultados tan prósperos como felices”.²⁵

En el mismo tenor por demandar la posibilidad de alcanzar la prosperidad, el pueblo de Tuní solicitó segregarse de la municipalidad de Chilcuautla del distrito de Ixmiquilpan para anexarse a Mixquihuala del distrito de Actopan, en diciembre de 1869. Los vecinos de Tuní iniciaron su representación retomando la idea del progreso económico como objetivo que debe alcanzar todo pueblo, lo cual estaba truncado bajo la jurisdicción de Chilcuatla, ya que este:

[...] siempre ha visto con indolencia la instrucción pública de nuestra juventud, no derraman sobre ella ese bautismo regenerador que le da vida política y pisan la senda del progreso y de la felicidad. Continuamente están haciendo válidas al pueblo las leyes de reforma con las exacciones de sumas considerables de dinero que le exigen por las actas del registro civil. En una palabra, con sus tendencias retrogradas no dejan que el progreso haga sentir su benigna influencia en nosotros.²⁶

Los vecinos de Tuní retomaron la educación como una cuestión de interés público que permitía alcanzar la formación de individuos útiles y productivos que fomentarían la prosperidad material de la comunidad. La anexión a Mixquiahuala se sustentaba en la cuestión de la distancia y lo inmediato para gestionar asuntos de gobierno, así como resaltaron las relaciones familiares, comerciales y políticas que existían. Las autoridades estatales aprobaron dicha solicitud.

Tres meses después de la solicitud de los vecinos de Tuní, otro pueblo del municipio de Chilcuatla solicitaba constituirse como municipio: Texcatepec.²⁷ De igual manera que los de Tuní, los vecinos de Texcatepec justificaron su solicitud desde la idea de alcanzar el progreso, pero en esta ocasión resaltaron que se lograría constituyéndose como municipio, en sus palabras: “estamos íntimamente penetrados de que la base más sólida sobre la cual un pueblo puede levantar felizmente el grandioso edificio de su progreso y bienestar es la emancipación con el debido ensanche del poder municipal”.²⁸ Los vecinos recalcaron los beneficios que podrían obtener si administraban sus propios recursos, tanto bienes como humanos - ya que planteaban fomentar la educación en los jóvenes -, así como atender sus necesidades públicas con autonomía, con el fin de maximizar el bienestar de la comunidad, en palabras de aquellos:

Nos parece inconcuso que nadie mejor que los vecinos de un pueblo pueden promover y realizar útiles mejoras en su localidad, y pueden atender más eficazmente a las necesidades públicas con tanto mejor éxito, cuanto que les son más conocidas, les afectan más de cerca y se encuentran más próximos a la ejecución del mismo modo que el dueño de una casa es el que mejor que nadie se encuentra capaz de dirigir bien los negocios de esta.²⁹

Resaltaban cómo las ciudades con sus cabildos se convertían en la base administrativa del gobierno y en la cual se fundamentaba la idea de progreso y democracia. Finalmente, la solicitud fue rechazada por el Congreso porque no cumplían con el requisito mínimo de población.

En septiembre de 1870, el diputado Fermín Viniegra presentó una propuesta a ley para formar los municipios de Tepatepec y Yolotepec. La comisión de división de territorios procedió a consultar a los pueblos involucrados. El pueblo de Yolotepec era parte del municipio de Santiago Tlachichilco, distrito de Actopan; en su conformación como municipio se integrarían el barrio del Capulín, la ranchería de San Miguel Ocosa y el pueblo de Xuchitlán, los cuales estaban de acuerdo porque se acortaría la distancia hacia la cabecera y se agilizarían varios asuntos de gobierno, como la educación pública que demandaban por estar abandonada. Un año después, el cabildo de Santiago Tlachichilco, como cabecera, expuso la propuesta de formación del municipio de Yolotepec para su votación y obtuvo siete en contra y seis en favor; los primeros argumentaron que no contaban con el número suficientes de habitantes ni con los recursos suficientes para cubrir su presupuesto. Además, en ese tiempo los vecinos de Ocosa se negaron a formar parte del nuevo municipio y evidenciaron viejas pugnas. El cabildo de Tlachichilco indicó en su conclusión que no merecían ser elevados de categoría porque no cumplían con los mínimos requisitos para sostenerse como municipio; además, en los dos últimos años, Tepatepec se había resistido pagar sus contribuciones desatendiendo sus compromisos, por lo que no debía ser premiado aceptando tal solicitud.³⁰ En cuanto a Tepatepec, pertenecía a Mixquihuala, distrito de Actopan; como municipio estaría integrado por los pueblos de San Miguel Acambay y el barrio de San José Fundo, los cuales se negaron a pagar las contribuciones porque se encontraban más cerca de la cabecera, pero en el trasfondo se revelaron problemas sobre la propiedad de terrenos de fundo. Además, el propio municipio de San Salvador no estaba dispuesto a que se le quitara el barrio de San José porque implicaba disminuir su territorio y habitantes, con lo cual podría perder su jerarquía territorial. No era el único que temía por su condición de municipio, Mixquihuala manifestó que posiblemente sin Tepetepec no podría subsistir con tal rango, pero igual reconoció que aquel podría “impulsar su marcha en el camino del progreso”.³¹

Después de presentar sus comentarios los pueblos y municipios, la cabecera del distrito hizo lo propio. Actopan indicó que los municipios se encontraban con una situación crítica en sus fondos de propios y arbitrios para el sostenimiento de las necesidades públicas. En su evaluación consideró que los pueblos de Yolotepec y Tepatepec como municipios podían procurar el bienestar porque “conociendo ellos mejor que nadie sus necesidades, y siendo, dueños de sus elementos y sus recursos pueden mejor remediar sus males y procurar el progreso”.³² Pero también reconoció que esa prosperidad no puede hacerse a consta de otro pueblo, “resultando de esto que por erigir una nueva municipalidad se destruiría otra ya antigua y estimada”.³³ Para el caso de Yolotepec, además de lo señalado, el municipio recalcó que “la antigua antipatía que hay entre ese pueblo y los habitantes de Ocosa que según el proyecto formará una parte de la nueva municipalidad, antipatía que será una causa de desorden”.³⁴ En este proceso de reacomodos municipales iba a ser evidente que salieran a la luz pugnas entre los pueblos involucrados, algunas viejas y otras no tanto, “los conflictos marcaban la continuidad o no de esas organizaciones municipales” (Salinas, 1996, p. 38). Finalmente, el 8 de agosto de 1872, la sala de comisión de división territorial del Congreso estatal consideró no aprobar la propuesta del diputado Viniegra sobre la formación de los municipios de Yolotepec y Tepatepec.

Un aspecto que ha estado presente en los argumentos fue el de garantizar la educación. Bajo esta demanda, el pueblo de Xitri, en enero de 1873, solicitó segregarse de Atitalaquia para anexarse a Tetepango que pertenecían al distrito de Tula. Su demanda se fundamentaba en que no contaban con escuelas, aunque la cabecera estaba a dos leguas no querían exponer a sus hijos a los peligros del camino; estaban convencidos que bajo la jurisdicción de Tetepango recibirían los auxilios necesarios para construirse una escuela. Por supuesto que la solicitud no fue del agrado de Atitalaquia, señaló que no había inconveniente en que los niños los mandaran a la Escuela Pública de Tetepango, sin que esto implicara la separación. Anexó que la necesidad de una escuela era solo el pretexto, el verdadero interés era pertenecer a Tetepango porque las haciendas de esa jurisdicción “no pagan rentas de pastos”.³⁵ Al solicitarse la opinión del municipio cabecera del distrito, Tula, reiteró que la principal inquietud del pueblo de Xitri para segregarse era la falta de instrucción primaria “que es de toda esencialidad y que todo buen ciudadano y padre de familia debe procurar la educación de sus hijos”.³⁶ Finalmente, el 29 de abril de 1873, la comisión de división territorial aprobó la solicitud de segregar a Xitri del municipio de Atitalaquia y anexarlo a Tetepango.

En los casos expuestos está presente la idea del progreso, el cual se alcanzaba con una buena gestión en la administración municipal. Hay una fuerte creencia en que a través del municipio se podía gestionar adecuadamente los recursos materiales y humanos para el beneficio de la comunidad, así como atender eficazmente las necesidades públicas; por eso cada vez que un pueblo solicitaba constituirse como municipio señalaban que su emancipación le permitiría alcanzar el progreso. Para las elites locales de Hidalgo, el progreso del nuevo estado se debía impulsar desde la base: los municipios, que promovían el desarrollo económico local y, como parte de un todo, contribuiría al estatal y nacional. Es así como el progreso se concibió como una acción del gobierno, en estos casos el municipal, que permitía aprovechar los recursos y mejorar las condiciones de la colectividad.

En esta emancipación de los pueblos del Valle de Mezquital hay dos aspectos a resaltar. Por un lado, la constitución estatal otorgó a los municipios mayor libertad en la administración de sus recursos y del propio cabildo que el resto de la República, lo que generó que los pueblos solicitaran constituirse como tal y no estar sujetos a otros.³⁷ Por otro lado, desde el gobierno central buscaron consolidar el poder Ejecutivo frente a los caudillos regionales, lo que implicó reorganizar y dividir los grandes territorios en municipios.

En esta idea del progreso, la educación jugaba un papel importante porque permitía formar gente útil e ilustrada, como señalaban, los cuales adquirirían cualidades para desarrollar su bienestar material individual que se proyectaría en el colectivo. Varios intelectuales de la época ubicaron en la difusión y masificación de la educación pública el motor del progreso, por eso durante la República Restaurada se reestructuró el sistema educativo, se “comprendió que parte fundamental del problema educativo en México se debía a la pobreza e ignorancia de las autoridades locales. Por esta razón en algunos estados se traspasó el manejo de las escuelas municipales a la autoridad estatal” (Staples, 2010, p. 124). La educación se convirtió en un elemento crucial para el desarrollo local al proporcionar a los jóvenes, cualidades y capacidades para desarrollarse productivamente y, más adelante, podrían desempeñar funciones como administradores públicos, ya que leer y escribir era un requisito indispensable.

Es evidente que los referentes y argumentos que presentaban los vecinos y autoridades locales para reestructurar el territorio habían cambiado con otro momento coyuntural de organización que fue la instalación de las intendencias con las reformas borbónicas y, posteriormente, las diputaciones provinciales con la constitución de Cádiz. En aquellos momentos, el referente recurrente y constante fue la demanda por una pronta administración de justicia, lo cual tenía sentido porque la concepción de territorio estaba ligada a la jurisdicción de justicia,³⁸ como se mostraba en el Diccionario de Autoridades: a) “el sitio, ó espacio, que tienen una ciudad, villa o lugar”; y b) “se llamaba también el circuito, ó término, que comprehende la jurisdicción ordinaria” (Real Academia Española, 1739, p. 260). Este vínculo entre territorio y justicia, de acuerdo con Darío Barriera:

Se trata del rol que agentes de muy distinta naturaleza y capacidad de acción política hacen o pretenden hacer jugar a las distancias en el marco de argumentaciones sobre comportamientos deseables o indeseables destinados a dirimir una cuestión crucial: la calidad de la justicia administrada en función de un horizonte de buen gobierno (2013, p. 136).

Esta concepción de la distancia territorial llevada al ámbito de la administración de justicia expedita y se traducía en un buen gobierno.

La maquinaria de la monarquía hispánica se estableció bajo el precepto de la cultura política jurisdiccional, donde el poder político estaba indisolublemente ligado a lo jurídico y el buen gobierno que buscaba restablecer el equilibrio del orden dado por Dios. Por lo tanto, la noción de buen gobierno estaba vinculada a la idea de index perfectus - i.e., el rey. Ante la realidad de un juez supremo que estaba ausente y distante, debía delegar su jurisdicción en jueces que promovieran la justicia en todo el territorio; por ello lo organizó bajo una arquitectura institucional que permitía que estuviera presente el juez perfecto. Además, los pueblos que contaban con jurisdicción establecieron mecanismos para recuperar costumbres dentro de la normativa local, entendida como acto de jurisdicción de un pueblo que interpreta (Agüero, 2007, p. 35). La jurisdicción era planteada como una propiedad inherente a cada comunidad política que se encontraba adherida a su territorio. Esta concepción de estructurar el territorio con miras a la jurisdicción permeó hasta las primeras décadas del siglo XIX, y para la segunda mitad se encuentran esporádicas referencias.

Los dos ejemplos que se encontraron, donde los pueblos solicitaban cambios territoriales y demandaban una expedita administración de justicia, no era el argumento principal sino complementario. Tasquillo siempre había pertenecido al distrito de Ixmiquilpan y en 1862 fue anexada a Zimapán. Posteriormente, durante el gobierno del Segundo Imperio, Tasquillo pasó al distrito de Ixmiquilpan; no obstante, después de la derrota el emperador, se derogó dicha disposición. Para el municipio de Tasquillo, la medida tomada fue gubernativa y demandaba una reforma porque eran otros tiempos y circunstancias. En esta situación, Tasquillo distaba 7 leguas de Zimapán, sin contar que el camino era demasiado accidentado, por lo que a pie podían tardar un día y en caballo ocho horas. En este contexto, los vecinos demandaban que era costoso y tardado realizar trámites de gobierno o judiciales hasta la cabecera del municipio, por lo que demandaron volver a ser integrados a Ixmiquilpan, con el cual tienen una corta distancia: “la igualdad de intereses; por nuestro comercio; por los lazos de intereses que con ella nos une”.³⁹ En respuesta, la cabecera de Zimapán indicó que se habían hecho mejoras en el camino y, respecto de los asuntos contenciosos, señaló que el juez “esta[ba] interesado en no causar demora alguna a las personas de fuera de la cabecera”, por lo que se contaban con dos escribientes que facilitaban los procesos judiciales.⁴⁰ Zimapán solicitaba al Congreso que no se considerara la solicitud de Tasquillo, ya que implicaría quitarle una cuarta parte de su censo y se le “privaría también de los elementos y recursos de aquel municipio para sus urgentes necesidades que le proporciona con sus rentas”.⁴¹ La comisión de gobernación y división territorial indicó que no era conveniente la segregación de Tasquillo del distrito de Zimapán porque pondría en prejuicio el censo necesario de este. En cuanto a la demanda de una mejor administración de justicia, propuso que Tasquillo pudiera pertenecer al distrito judicial de Ixmiquilpan y políticamente a Zimapán.

En el mismo sentido, el pueblo de Xuchitlán aprobó la propuesta de formación del municipio de Yolotepec porque se acortaría la distancia de 7 a 2 leguas, además, se vería mejorada la instrucción pública y “la administración de justicia comisaria con la prontitud y eficacia que requieren los diversos casos que se presentan”.⁴²

La noción que se planteó en la cultura jurisdiccional de buen gobierno vinculado a dar justicia se había perdido, los planteamientos sobre la división de poderes permitían que un pueblo estuviera vinculado a uno en términos de gobierno y elecciones y a otro en el ámbito de la justicia. Además, de que lo primaba en ese momento era establecer las condiciones económicas y de gobierno necesarias para que los pueblos pudieran progresar.